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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Alertando a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en el hemisferio
Juana [1] padece problemas respiratorios y su hermana tiene asma. Vive en La Oroya, una pequeña ciudad ubicada en los Andes centrales de Perú. Pasaron años antes de que ella accediera a la información necesaria para entender el origen de sus males: la contaminación tóxica proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. A la fecha, aunque ha habido avances, Juana y el resto de las personas afectadas por el aire contaminado de La Oroya no reciben la atención médica integral y especializada que requieren. En casos como el descrito, las víctimas no siempre encuentran justicia en sus países y es necesario elevar sus reclamos a nivel internacional. Un espacio para hacerlo, además del sistema de peticiones y casos, son las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra dos veces al año, en marzo y octubre. AIDA ha participado activamente en estas audiencias, en aquellas referidas a casos específicos como el de La Oroya o en audiencias temáticas sobre problemas que aquejan a países de América Latina o a la región en su conjunto. Hemos participado solos y en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. "Al proporcionar información y argumentos, buscamos que la Comisión visibilice situaciones preocupantes de violaciones de derechos humanos causadas por la degradación del ambiente, y que haga algo al respecto: que desarrolle estándares, realice el seguimiento respectivo y le haga recomendaciones a los Estados", explica María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. De ese modo, por ejemplo, en octubre del año pasado, AIDA y organizaciones aliadas llamamos la atención de la Comisión sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. Además, solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. "Estas audiencias son la herramienta más amplia y flexible para que la Comisión reciba información sobre los temas que preocupan a la región. Son tantas las preocupaciones y tantas las organizaciones que buscan ser escuchadas que el tiempo no es suficiente. Las audiencias son un indicador de las problemáticas más relevantes en un momento determinado y a través de ellas la sociedad civil establece una agenda", dice Ana María Mondragón, abogada de AIDA. AIDA regresó este mes a Washington D.C., sede de la CIDH, para participar de una audiencia en la que puso sobre la mesa una preocupación actual y cada vez más profunda: el rol preponderante que las empresas están jugando en la violación de derechos humanos en América Latina. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Máxima Acuña Chaupe en Cajamarca, Perú. La empresa minera Yanacocha busca desarrollar un proyecto minero en sus tierras y a fin de conseguirlo, la acusó de usurpación de predios. Aunque un fallo judicial estableció la inocencia de Máxima, ella y su familia viven con el miedo de que intenten quitarles su hogar nuevamente. El caso de la familia Chaupe y de muchas otras en la región evidencia la importancia de llevar el tema ante la Comisión. "En la audiencia presentamos información para alimentar el debate sobre las oportunidades que tiene la Comisión para crear, implementar y fortalecer estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Al hacerlo, la Comisión podrá instar a que los Estados controlen y/o sancionen las actividades de empresas que como Doe Run Perú o Yanacocha generan daños en el ambiente y los derechos humanos, y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas", señala Veramendi Villa. [1] El nombre real de la persona se mantiene en reserva para su protección.
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Organizaciones piden a la CIDH fortalecer la obligación de los Estados de supervisar la actividad de las empresas ante violaciones de derechos humanos
En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirieron a las oportunidades que tiene esa entidad para atender la problemática mediante la creación, fortalecimiento e implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Washington D.C. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil solicitaron que esa entidad brinde una atención adecuada a la problemática, cada vez más reiterada en el hemisferio, de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. La audiencia fue solicitada de forma conjunta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú; el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; y Justiça Global de Brasil. Las organizaciones destacaron positivamente la apertura de la Comisión para tratar por primera vez y de manera directa al tema de empresas y derechos humanos en una audiencia pública. “A través de diferentes mecanismos y en años recientes, la Comisión ha recibido un gran volumen de información sobre situaciones y casos de violaciones de derechos humanos en los que actores empresariales han jugado un papel central, pero la problemática se profundiza ante la falta de soluciones efectivas. En ese sentido, uno de los mayores retos de la Comisión es encontrar vías para abordar el tema adecuadamente y ayudar a que los Estados y las mismas empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explicó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Como parte de su trabajo, las organizaciones han visto que entre los aspectos más recurrentes del problema están los impactos de megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente; las dificultades para garantizar el derecho a la participación y acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales; la ausencia de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos; violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado; la privatización de la fuerza pública para resguardar actividades empresariales; así como agresiones y criminalización de personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos. En la audiencia, las organizaciones recordaron que ya existe camino recorrido en el desarrollo de estándares internaciones en materia de derechos humanos y empresas. Un ejemplo de ello, detallaron, son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sin embargo, dicho instrumento no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que la vulneración de derechos humanos continúe porque su cumplimiento es voluntario y porque presenta vacíos jurídicos. Tampoco existe una regulación efectiva de las obligaciones territoriales y extraterritoriales del Estado con relación a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Ese vacío impide la salvaguarda de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas”, dijo Alexandra Montgomery, de Justiça Global. En ese sentido, las organizaciones presentaron información sobre las oportunidades que tiene la Comisión para fortalecer la implementación de los estándares existentes. Al respecto, resaltaron los siguientes puntos: La Comisión debe impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Ello incluye la necesidad de que los Estados supervisen adecuadamente la actividad empresarial y establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ya que el carácter voluntario de los Principios Rectores compromete y pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Con base en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativa a las obligaciones estatales de respeto y garantía, la Comisión puede desarrollar medidas específicas para que los Estados supervisen las actividades empresariales para asegurar que en ellas no se violen los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos por parte del Estado y las empresas no está sujeto a consideraciones económicas o políticas. Es necesario fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales a través de recomendaciones para el mejoramiento e implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y de espacios internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que como resultado de la audiencia, la Comisión inicie un proceso de diálogo en el que incorpore la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de Naciones Unidas para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en la región”, concluyó Gloria Cano, de APRODEH. CONSULTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA VIDEO DE LA AUDIENCIA:
Leer másLos humedales: Vitales y en riesgo
Los humedales son extensiones de terreno que están inundadas temporal o permanentemente. ¿Cómo se originan? El suelo, al cubrirse de agua regularmente, se queda sin oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido que combina las características de uno acuático y uno terrestre. Atendiendo a su definición, se considera humedales a los pantanos, páramos, ciénagas, marismas, esteros(zonas pantanosas), turberas (cuencas lacustres cubiertas por material vegetal) y a las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros como los manglares y arrecifes de coral. No todos conocen a estos entornos únicos y menos los beneficios que brindan a las personas: Los humedales son supermercados biológicos porque albergan un cantidad enorme de biodiversidad: más de 100,000 especies conocidas de agua dulce. Al capturar y almacenar el carbono de la atmósfera, los humedales son nuestros aliados en la lucha contra elcambio climático. Se estima que en periodos largos, una hectárea de manglar captura 50 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical. Los humedales contribuyen a la reducción de riesgos por desastres naturales. Así ocurrió en 2011, cuando la barrera coralina del Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicado en el Golfo de México, protegió a la ciudad de Veracruz del embate del huracán Karl de categoría cuatro. Los humedales son fuente de subsistencia y empleo para millones de personas. Tan sólo en Panamá, el 90% de los ingresos económicos por pesca provienen de la captura de especies que en alguna etapa de su ciclo biológico dependen de los humedales de la Bahía de Panamá. Además, el agua para el riego de 570 millones de cultivos agrícolas en ese país proviene de esos ecosistemas. Al formar paisajes hermosos, los humedales son centro de actividades recreativas y turísticas como la observación de aves. Bajo amenaza Aunque son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, más del 64% de los humedales del mundo han desaparecido. Las causas de su degradación son: Actividades como la agricultura que promueven el cambio de uso de suelo. Éstas contribuyen a la pérdida de cobertura de los humedales. Un ejemplo de ello es la Ciénaga Grande de Santa Marta en Colombia, en riesgo por las afectaciones que la agricultura ha causado en el agua que la abastece. El desarrollo urbano mal planificado como el que puso en riesgo a la Bahía de Panamá, sitio en el que se permitió el relleno y tala de manglares para la construcción de viviendas y carreteras. La obstrucción del flujo hídrico que alimenta a los humedales como se pretende hacer en México con la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, del cual depende Marismas Nacionales, uno de los bosques de manglar más importantes de ese país. La contaminación de fuentes de agua subterránea por actividades como la minería. ¿Qué hacemos por ellos? En AIDA trabajamos para proteger los humedales del continente americano. Abogamos por la preservación de los páramos colombianos y de humedales mexicanos como Cabo Pulmo, Marismas Nacionales y el Sistema Arrecifal Veracruzano con base en argumentos legales y científicos. Además, hemos elaborado informes rigurosos sobre las obligaciones internacionales que Costa Rica tiene para cuidar sus corales, y acerca de los criterios de protección de los corales en México. ¡Vamos por más! Nos preparamos para participar en junio de la Conferencia de las Partes (COP12) de laConvención Ramsar, un tratado intergubernamental que desde 1971 promueve la protección de los humedales y establece los principios para su conservación y uso sostenible mediante acciones nacionales y de cooperación internacional. Los países que firman y ratifican la Convención incluyen humedales de su territorio en la Lista Ramsar y se comprometen a tomar las medidas necesarias para mantener las características ecológicas de esos sitios, los cuales adquieren un valor significativo para cada país y para la humanidad. La Conferencia pondrá a prueba el compromiso de los países de América Latina para proteger sus humedales pues de ella saldrá el plan estratégico 2016-2021, el cual sentará las bases para la conservación de estos ecosistemas en la región. ¡Allí estaremos para contribuir al logro de ese objetivo!
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