Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Los Arrecifes de Coral en Costa Rica: Valor Económico, Amenazas y Compromisos Legales Internacionales para Protegerlos
Este novedoso informe, elaborado con el apoyo financiero de Conservación Internacional, busca ser la base para la instauración de una legislación específica sobre protección de corales en Costa Rica, y para contribuir a su conservación en América Latina y el Caribe, una tarea crucial actualmente. En su primera sección, el informe resalta la riqueza de los arrecifes en función de los servicios que prestan: protección de ciudades y comunidades de la erosión costera producida por huracanes y tormentas (absorben hasta 90% del impacto de las olas), o mitigación del cambio climático; provisión de abundante pesca e información valiosa para la investigación médica (podrían ser fuente de cura para males como el cáncer); turismo, recreación o deleite estético; y mantenimiento de otros hábitat ricos en biopersidad (son criaderos, refugios y comedores para infinidad de seres vivos; y abastecen al hombre de toneladas de marisco). La publicación está respaldada en cifras. Así, el reporte da cuenta que el valor económico aproximado de un arrecife sobrepasa el millón de dólares por hectárea. Ello se traduce a cerca de US$ 582 millones en el caso costarricense. Sin embargo, el cálculo por daños a estos recursos hídricos subterráneos puede arrojar un valor superior (10 veces o más) si consideramos las acciones judiciales que al respecto se tomaron en países como Belice y Estados Unidos. El documento evidencia la urgencia de crear en Costa Rica un instrumento legal que proteja los arrecifes de coral para beneficio de ésta y futuras generaciones. Lee y descarga el informe
Leer másEstados Unidos en la COP18: Los testarudos de siempre
Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortuzar, asesoras legales de AIDA DOHA, QATAR. La representante de AIDA en la COP18, Andrea Rodríguez, y miembros de CAN Finance se reunieron en Doha con tres de los delegados del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos un miembro del Standing Committee por ese país. Tres fueron los puntos principales que se abordaron en el encuentro. En primer lugar, los delegados mencionaron un informe sobre el Financiamiento de Rápido Arranque (FSF) que habrían presentado recientemente, en el que se justifica que Estados Unidos ha entregado el dinero correspondiente a los compromisos que adquirió. El problema, señalaron nuestros representantes, es que el dinero que sale del Congreso estadounidense genéricamente como “presupuesto para cambio climático” no cumple con el requisito de ser “new and additional”. Ante la ausencia de un órgano que verifique el destino de los fondos, éstos se mezclan y sus denominaciones cambian para cumplir con una y otra obligación. El concepto “new and additional” significa que los fondos aportados para el cambio climático deben ser independientes de aquellos desembolsados para compromisos anexos. Por ejemplo, lo que el Gobierno de Estados Unidos entrega como asistencia para el desarrollo, se debería aprobar como otro ítem. Pero sucede que el Congreso autoriza una determinada suma de dinero para cambio climático sin importar hacia dónde se dirije. Los delegados estadounidenses parecen considerar que si dicho presupuesto sube un poco cada año, ya se estaría cumpliendo con el requisito de “new and additional”. Según los delegados, Estados Unidos aportó 7.5 billones de dólares por el FSF, cifra que sumada a los aportes de otros países llegaría a los 30 billones comprometidos. Nuestros representantes insistieron en que el dinero debe ser, por mandato, “new and additional”. Para los delegados estadounidenses, los fondos que salen anualmente del Congreso cumplen siempre con ese requisito. Ante esto sólo queda comentar lo absurdo que resulta su percepción ya que existe una concepción legal de lo que significa “new and additional”. Entre lo privado y lo público El segundo punto discutido en la reunión fue el Standing Committee, organismo creado para mejorar la coherencia y coordinación del financiamiento para mitigar los efectos del cambio climático. Uno de los delegados de Estados Unidos es parte del comité, razón por la cual resultó preocupante y sorprendente cuando éste manifestó simplemente que dicha instancia “le parecía útil”. Finalmente, se abordó el financiamiento a través de dinero privado o público. Estados Unidos pareció adoptar la postura de que el dinero privado debe ser usado sin más si es que así se puede solucionar un problema. Esta posición es contraria a los principios de responsabilidad que rigen las negociaciones sobre cambio climático. Es claro que nosotros no querríamos cerrar las puertas a cualquier ayuda económica, incluso si ésta viene del ámbito privado. Pero se debe actuar con cautela y teniendo siempre en cuenta que el financista privado no tiene una convención mundial que le gobierne. El financiamiento privado debería ser considerado como complementario al público, pero no puede ser el único en usarse para cumplir las obligaciones que los países desarrollados deben prestar a los países en desarrollo. No estamos tranquilos dejando el peso de la responsabilidad al mundo privado, el cual no constituye una entidad de derecho internacional, por lo que no puede asumir las obligaciones de un país. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha
Leer másA pesar de críticas, el BNDES aprueba un préstamo sin precedentes para la controversial represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña
Los cuestionamientos señalan que el financiamiento ignora las violaciones a derechos humanos y salvaguardas ambientales, afectando así la reputación del banco. Brasilia, Brasil. El lunes 26 de noviembre, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) anunció la aprobación de un préstamo sin precedentes de 22,5 billones de reales (aproximadamente US$10.8 billones) para la construcción de la controversial represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, un gran afluente del Amazonas. Es el crédito más grande en los 60 años de historia del banco. El BNDES otorgará 13.5 billones de reales a través de financiamiento directo; mientras que la Caja Económica Federal (CEF), un banco público, transferirá siete billones de reales y el banco de inversión privada BTG, otros dos billones. En respuesta al anuncio del BNDES, nueve organizaciones de la sociedad civil brasileña presentaron ayer una petición al Ministerio Público Federal solicitando una investigación por la presunta violación de requisitos legalmente vinculantes relativos a los impactos sociales y ambientales del proyecto, sus riesgos y su viabilidad económica. La petición hace un llamado a que los Procuradores tomen medidas urgentes para evitar que el BNDES transfiera el préstamo al desarrollador de la represa (Norte Energía, S.A.) antes de que se investigue el caso. El controversial proyecto ha sido paralizado al menos en seis oportunidades por las comunidades indígenas y de pescadores afectadas, quienes han protestado ante la incapacidad de Norte Energía y las agencias gubernamentales de cumplir con los requerimientos ambientales y sociales. Recientemente, ocho mil trabajadores del proyecto cerraron el complejo, incendiaron los campos de construcción y la maquinaria y bloquearon carreteras en reclamo por la violación de la legislación laboral por parte de la empresa. “Mientras Norte Energía y el Gobierno brasileño, incluyendo el BNDES, continúen ignorando las demandas de los afectados, habrá resistencia y aumentará la conflictividad. Al aprobar este préstamo mientras existe un grado alto de conflictividad en la zona se demuestra la falta de compromiso del BNDES para garantizar derechos y salvaguardas ambientales. El banco debería reconsiderar la aprobación del préstamo para evitar más conflicto”, señaló Maíra Irigaray, Asesora de Financiamiento Internacional de Amazon Watch. Jueces federales suspendieron las obras de Belo Monte en dos ocasiones durante 2012 con base en la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo estipula la Constitución de Brasil y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han determinado que el proyecto pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Asimismo, análisis expertos e independientes han evidenciado que la represa es económica, social y ambientalmente inviable. Norte Energía y el Gobierno Federal responden por 15 acciones civiles en la justicia brasileña promovidas por el Ministerio Público, la defensoría pública e instituciones de la sociedad civil, así como por acciones a nivel internacional que cuestionan las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas desde el inicio de las obras. A pesar de los grandes riesgos legales, financieros y de reputación que rodean Belo Monte, el BNDES ha decidido financiar el proyecto, aparentemente bajo la intensa presión del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Con la aprobación de este crédito, el BNDES se convierte en el mayor financiador de un proyecto que adolece de graves violaciones a los derechos humanos y la legislación ambiental, incluida la integridad cultural de los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas. Entre sus impactos ambientales, Belo Monte causaría importantes emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo de metano, un gas 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono. “Las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte han sido denunciadas ante instancias internacionales, por lo cual el Estado de Brasil y por ende ahora también BNDES, podrían ser responsables”, afirmó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas. En 2011, la CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas contactadas y no contactadas de la cuenca del río Xingú, afectadas con la construcción de la represa. Las medidas están vigentes pese a que el Estado ignoró las solicitudes de la Comisión. “El BNDES no aplicó ninguna salvaguarda social y ambiental seria para la aprobación de un préstamo que utiliza el dinero de los impuestos de los brasileños”, sostuvo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “El banco dice que parte de los recursos deberá ser utilizado en la mitigación de los problemas. Eso es discurso, nadie garantiza que ese dinero va a minimizar el sufrimiento de los afectados ya que hasta ahora prácticamente todas las promesas que Norte Energía le hizo a los indígenas, ribereños y pescadores no han sido cumplidas. El BNDES ya transfirió más de tres billones de reales para Belo Monte sin ningún análisis de riesgo y hay que ver la situación desastrosa de la población de la región, la deforestación y la falta de infraestructura en Altamira”. El préstamo sin precedentes para Belo Monte, la que sería la tercera represa más grande del mundo, es el más cuantioso en los 60 años de historia del banco. Los críticos del proyecto argumentan que éste es económicamente inviable debido a factores como los crecientes costos de construcción, que pasaron de 4.5 billones de reales en 2005 a un estimado actual de 28.9 billones. Se prevé que el proyecto utilice sólo el 39% de su capacidad instalada: 11,233 MW. De acuerdo con Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía en International Rivers, “si los costos sociales y ambientales, junto con los riesgos financieros, legales y de reputación de Belo Monte hubiesen sido seriamente tomados en consideración, el BNDES nunca se hubiese acercado al proyecto”.
Leer más