Diez años de Belo Monte: Llegó el momento de la justicia

Verena Glass / Movimiento Xingú Vivo para Siempre

05 May 2026

El décimo aniversario de la operación de la hidroeléctrica reaviva el debate sobre la rendición de cuentas y la respuesta institucional.


Brasilia. Al cumplirse diez años de su inauguración, la Central Hidroeléctrica Belo Monte, en el estado de Pará, vuelve al centro del debate público, esta vez bajo el escrutinio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Más que un balance, la fecha refuerza la urgencia de una respuesta institucional efectiva y deja claro que la justicia no puede seguir postergándose.

El caso, que actualmente está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reúne un conjunto de pruebas de violaciones de derechos humanos asociadas a la hidroeléctrica Belo Monte. La petición presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI)— consolida denuncias de violaciones de los derechos a la vida, la salud, la consulta previa y un ambiente sano. El caso se encuentra en una etapa avanzada de análisis y podría ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una década después de su inauguración, los impactos socioambientales siguen siendo significativos y, en gran medida, no se han mitigado. La Volta Grande do Xingú, un tramo de aproximadamente 130 km directamente afectado por la reducción artificial del caudal del río, concentra el principal riesgo del proyecto. La alteración del régimen hidrológico, agravada por eventos extremos asociados al cambio climático, ha comprometido los ecosistemas locales y afectado el ciclo reproductivo de las especies, la navegabilidad y la seguridad alimentaria e hídrica de las poblaciones que dependen directamente del río.

En este contexto, las comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras artesanales enfrentan un deterioro sostenido de sus modos de vida, con una menor disponibilidad de pescado y repercusiones en la actividad pesquera. A ello se suman reasentamientos inadecuados, aumento de la violencia, problemas de salud mental y repercusiones en el mantenimiento de sus prácticas culturales.

A diferencia de los debates que marcaron la fase de implementación del proyecto, el debate actual se intensifica debido a la emergencia climática y a los nuevos parámetros normativos internacionales. La Opinión Consultiva OC-32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proporciona directrices claras sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática, reconociendo el derecho a un ambiente sano como un elemento estructurante. En este escenario, el caso de la Central Hidroeléctrica Belo Monte es un ejemplo significativo de los desafíos que implica conciliar el desarrollo energético, la preservación del ambiente y la garantía de los derechos de la población.

Las organizaciones que monitorean el caso señalan el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión, lo que refuerza la necesidad de avanzar a la siguiente etapa ante la Corte. La sostenibilidad jurídica del proceso, junto con la relevancia internacional del tema, sitúan el caso como listo para juicio.

"Más de una década después del inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, los impactos en el río Xingú persisten y se agravan, amplificados por la presión de nuevos proyectos y la crisis climática. Las comunidades siguen movilizadas en busca de justicia y confían en las acciones de la CIDH para llevar el caso ante la Corte, paso clave para garantizar la reparación integral y la protección del territorio y sus formas de vida", afirma Marcella Torres, coordinadora legal del Programa de Derechos Humanos de AIDA.

Según Melisanda Trentin, coordinadora de Justicia Socioambiental y Climática de Justicia Global, el proyecto minero Belo Sun avanza en la Volta Grande del Xingú con fallas en el proceso de consulta idénticas a las de Belo Monte. "Lo que está en juego en la región es la acumulación de daños y violaciones de los derechos humanos y ambientales. Un río con caudal reducido, comunidades con inseguridad alimentaria y modos de vida alterados, y ahora un nuevo proyecto que repite las mismas violaciones ya denunciadas en el Sistema Interamericano hace más de 10 años", señala.

Para las organizaciones firmantes, el décimo aniversario representa una oportunidad crucial para avanzar en la administración efectiva de justicia. El caso de Belo Monte deja de ser un episodio aislado y se proyecta como un referente para la aplicación concreta de la justicia ambiental en la Amazonía, en un contexto de creciente presión climática y demanda de rendición de cuentas por parte del Estado.

ACERCA DE BELO MONTE: Es la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo, construida sobre el río Xingú, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña. Cuenta con una capacidad instalada de 11.233 MW y fue inaugurada el 5 de mayo de 2016. Su funcionamiento desvía el 80% del caudal del río Xingú a través de un canal de 500 metros de ancho y 75 km de largo. La zona inundada entre el canal y el embalse abarca 516 km², una superficie mayor que la de la ciudad de Chicago, de los cuales 400 km² corresponden a bosque nativo.

#JusticiaEnElXingu

Lee la carta abierta de los demandantes del caso de Belo Monte ante el CIDH

 

Conoce lo que dicen las organizaciones demandantes del caso:

Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)
"No hay seguridad jurídica sin el respeto a los derechos originarios de los pueblos indígenas. En la Amazonía, esta defensa va más allá del ámbito jurídico, es un compromiso con la vida, con la integridad de los territorios y con el equilibrio climático del planeta. Los daños que la construcción de la central de Belo Monte ha causado a las poblaciones indígenas y al medio ambiente se han hecho realidad y son irreversibles. La Asesoría Jurídica de COIAB trabaja para garantizar que la Constitución, los tratados internacionales y la autodeterminación de los pueblos indígenas sean respetados efectivamente en todas las instancias de decisión", afirma Gabriele Baré, coordinadora de la Asesoría Jurídica de COIAB.

Movimiento Xingú Vivo para Siempre
"Belo Monte arrancó a la gente de la ribera y dispersó a los habitantes del Xingu por todas partes, lejos del río, de la comunidad, de la vida cotidiana que les era familiar y querida. El ribereño dejó de serlo, la pescadora dejó de serlo, se convirtieron en una nada, muchos de ellos vagando por las periferias de las ciudades. Estas personas perdieron su identidad y, con ello, su alma. Solo quedó vacío y soledad. El impacto de la pérdida de la existencia no puede compensarse, pero debe reconocerse para que haya algún tipo de reparación", afirma Ana Laide Barbosa, educadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre.

Observatorio de los Pueblos Indígenas Aislados (OPI)
"La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte ha agravado las amenazas y presiones sobre los pueblos indígenas de la región del Medio Xingú, de manera similar a lo que ocurrió durante el periodo dictatorial con la apertura de la carretera Transamazónica en la misma región. Los pueblos de contacto reciente, como los parakanã y los arara, han sufrido índices alarmantes de invasiones y deforestación ilegal en sus tierras, y el refugio de los grupos indígenas aislados de Ituna Itatá llegó a ser uno de los más deforestados de Brasil. Al mismo tiempo, el desvío de las aguas del Xingú provoca daños ecocidas a los indígenas de la Volta Grande; y las políticas perjudiciales de compensación de impactos tuvieron efectos desintegradores y etnocidas sobre casi todos los pueblos. Por todo ello, la hidroeléctrica se ha convertido en un ejemplo más de la relación colonial establecida por el Estado brasileño con los pueblos amazónicos y en una deuda de reparación que debe ser reconocida y subsanada", afirma Helena Palmquist, coordinadora adjunta del Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente (OPI).