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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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En junio de 2010, el Gobierno de Panamá sancionó la Ley 30, conocida también como "Ley Chorizo, la cual dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en ese país. Una de ellas era la eliminación de las evaluaciones de impacto ambiental para obras que sean declaradas de interés social. La norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente. Estas modificaciones causaron grandes manifestaciones públicas entre junio y julio de 2010 por parte de la sociedad civil panameña, las cuales fueron objeto de una violenta represión. La situación fue tan seria que muchos panameños expresaron su indignación. “Nos recuerda lo vivido durante la dictadura de Noriega”, comentó Jacob Kopas, abogado de AIDA. Entre otras cuestiones, la ley le restaba control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y limitaba el derecho sindical a realizar huelgas y llevar a cabo convenios colectivos de trabajo. La polémica norma establecía también que cuando un policía sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el cumplimiento de su deber, por motivos de uso excesivo de la fuerza, no se ordenaría su detención preventiva ni se decretaría la suspensión provisional de su cargo. En el pasado, el Gobierno panameño había declarado su intención de remplazar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) por mejores prácticas como una forma de eliminar impedimentos para la inversión extranjera y el desarrollo. Las EIAs, cuya aplicación es obligatoria prácticamente en todos los países del mundo, constituyen un documento de salvaguarda esencial que previene proyectos potencialmente perjudiciales para el ambiente. En septiembre de 2010, gracias a la incansable presión de la sociedad civil, el Gobierno panameño subrogó la Ley 30 con otra ley. Sin embargo, a más de un año de esto, aún no se ha emitido el reglamento. Debido a la tardanza, la nueva ley carece de efecto práctico, aunque se espera que los proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental no queden exentos de ella. Además, el borrador del reglamento debe ser sometido a participación ciudadana, a fin de definir cuáles proyectos no requerirán EIA. Ante tal situación, todavía existe cautela sobre las potenciales amenazas al ambiente y a los derechos humanos que la falta de EIA podría implicar. En AIDA estaremos atentos al tema y apoyaremos a las organizaciones panameñas, en especial al Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, nuestra organización amiga, con herramientas de derecho ambiental internacional.
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Autoridades ambientales no aplicaron solicitud del organismo internacional regulador para proteger humedales que podrían sufrir afectaciones a su ecosistema por complejos turísticos en la costa de Sinaloa y Nayarit. México, Distrito Federal. Con el fin de proteger los humedales de la Laguna Huizache-Caimanero y Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más extenso del Pacífico mexicano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), solicitan al gobierno de México hacer del conocimiento público las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento a estos sitios y enlistarlos en el Registro Montreux. AIDA participó el pasado 29 de septiembre en la última reunión en la ciudad de México del Comité Nacional de Humedales Prioritarios, convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), donde se discutió entre otros temas, la necesidad de elaborar una política nacional de humedales protegidos en México. En dicha reunión se habló del proyecto turístico Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico (ahora llamado Playa Espíritu), promovido por el Fondo Nacional del Turismo del gobierno federal, el cual pone en riesgo dichos humedales. También se informó de la segunda sesión de asesoramiento de la Misión Ramsar al sitio Marismas Nacionales. Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, quien participó en el evento, afirma que una de las recomendaciones del Secretariado de la Convención Ramsar (máximo órgano internacional de protección y regulación de humedales prioritarios en el mundo ) derivadas de la misión realizada en agosto del 2010 consistía en incluir en el Registro Montreux los humedales que se encuentran en Marismas Nacionales y Huizache Caimanero en Sinaloa y Nayarit, respectivamente. Dicho registro es una afiliación que recomienda la Misión Ramsar de sitios “en los que se hubieran producido, se estuvieran produciendo o pudieran producirse modificaciones en las condiciones ecológicas", de acuerdo a sus políticas internas. “El Registro Montreux tiene como propósito atender los cambios negativos en las características ecológicas de los sitios Ramsar. México consolidaría su liderazgo en América Latina en el tema relativo a humedales al demostrar voluntad política para el cumplimiento de los tratados internacionales y la verdadera protección de los manglares en nuestro país”, afirmó la abogada. Agustín Bravo, coordinador de la Oficina Noroeste de CEMDA, señaló que “actualmente se habla en medios de comunicación de un CIP de 40 mil cuartos cuando únicamente se autorizaron 10 mil. Si bien se trata de un mecanismo voluntario, la inclusión de Marismas en el Registro Montreux apoyaría la rendición de cuentas del gobierno federal respecto al manejo del sitio”. ”El proceso de evaluación de impacto ambiental, contrariamente a las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento, no reconoce los impactos que generará el Centro Integralmente Planeado (CIP) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y los asentamientos humanos asociados al desarrollo turístico en el ecosistema de Marismas Nacionales por cambios de uso de suelo y manejo de residuos sólidos. Dicho organismo tampoco relaciona estos impactos con los que generan la agricultura intensiva y la acuacultura”, dijo René Córdova, coordinador de ALCOSTA una coalición formada por 24 organizaciones conservacionistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. AIDA y el CEMDA, junto con otras organizaciones civiles, presentaron en 2009 una petición donde se solicitó la intervención por el Secretariado de la Convención Ramsar para la defensa legal de la zona. En mayo de 2011 la autoridad ambiental Mexicana aprobó la autorización de impacto ambiental para la construcción y operación del proyecto. La autorización es cuestionable debido a que deja abierta la posibilidad de presentar una modificación para construir los 40 mil cuartos originalmente contenidos en el proyecto, en lugar de 10 mil como se autorizó. Para ello, la autoridad requiere la presentación de estudios y permisos posteriores a la autorización. Dichas organizaciones han denunciado que si el proyecto se ejecuta como está planificado, pondría en peligro los humedales cercanos que salvaguardan al 10% de los manglares que le quedan a México y 60 especies en peligro de extinción. Por la importancia de los humedales en Marismas Nacionales y la protección y crecimiento de las especies de peces en el Mar de Cortés, estas afectaciones implicarían una gran pérdida económica para la industria pesquera en la zona. Más información sobre humedales en México: Marismas Nacionales fue registrado en la lista de humedales de importancia prioritaria internacional de la Convención Ramsar, el 22 de junio de 1995. El humedal se encuentra situado en los límites de Sinaloa y Nayarit, zona aproximadamente con un extensión de 2 mil 381 hectáreas y con carácter de Área Natural Protegida en la parte de Nayarit. México es el segundo país en el mundo con más humedales registrados bajo la Convención Ramsar y el quinto con más extensión de este tipo de ecosistemas ubicados en los trópicos y subtrópicos del continente americano. Desde el cuatro de noviembre de 1986, México suscribió a la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Actualmente han sido identificados 121 sitios designados como “humedales mexicanos de importancia internacional”, con una superficie de 8 millones 225 mil 926 hectáreas en todo el país.
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Demandantes responden que arbitraje internacional entre Doe Run y el Gobierno del Perú no debe retrasar la justicia para los niños que sufren por la contaminación de plomo. San Luis, Missouri, EE.UU. La empresa Doe Run Resources y sus afiliados solicitaron el pasado agosto a la corte de Missouri, que suspenda la determinación de responsabilidad por los daños a la salud de 35 menores peruanos causados por las emisiones tóxicas de su metalúrgica ubicada en la ciudad de La Oroya, mientras no se resuelva una demanda internacional arbitral presentada por la mencionada empresa contra el Estado Peruano, bajo el Tratado de Libre Comercio entre PERÚ-EE.UU. Esta semana, los abogados de los niños respondieron ante la corte que lleva el caso, argumentando que los daños severos y acumulativos en la salud de los niños de La Oroya, causados por la contaminación de metales pesados ocasionada por esta empresa, no permite una mayor postergación. Renco Holding Company, el dueño de Doe Run Resources y Doe Run Peru (DRP), presentaron una demanda de arbitraje contra el Gobierno del Perú ante un tribunal internacional en abril de 2011. Con este proceso, Doe Run busca asignar la responsabilidad económica por daños a la salud de la comunidad de La Oroya al Gobierno Peruano. Renco, a través de Doe Run Perú compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya al Gobierno Peruano en 1997. Desde el 2009, DRP mantiene paralizado el mencionado complejo y mantiene negociaciones con el Estado Peruano para poder reiniciar sus operaciones. En julio pasado, la corte en Missouri le impuso una multa de $320 millones de dólares a Doe Run Investment Holdings Company y otros, los antiguos dueños de la metalúrgica de esta ciudad, por ser responsables de los problemas de salud (similares a los de La Oroya), presentados en 16 menores de edad que residían dentro de la zona donde operaba la mencionada metalúrgica, entre los años 1986 y 1994. “Cada día que no procede esta demanda en esta corte, los daños a estos niños siguen aumentando,” dijeron los abogados de los demandantes en la contestación a la apelación de Doe Run para la suspensión del juicio. “Con esta solicitud, Doe Run intenta impedir otra vez la justicia y el remedio para la comunidad de La Oroya, buscando tan solo proteger sus intereses económicos,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente.
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