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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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25 de noviembre de 2010, San José, Costa Rica – El Tribunal Contencioso Administrativo sentó un histórico precedente en la región al cancelar ayer la concesión otorgada a Industrias Infinito para desarrollar el Proyecto Minero de Oro Crucitas, en Curtis de San Carlos. El Tribunal anuló esta concesión porque viola las normas y por el daño ambiental que causó la empresa. “Celebramos la decisión del Tribunal pues hace cumplir las normas nacionales e internacionales a un proyecto que pretendía imponerse contra la ley”, dijo Gladys Martínez De L., abogada costarricense de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Felicitamos a las organizaciones ambientales nacionales, especialmente a nuestra organización participante el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), por el incansable esfuerzo en este proceso judicial en la defensa del ambiente”, agregó Martínez. “Esperamos que este ejemplo de Costa Rica sea imitado por otros Estados”, dijo Astrid Puentes R., Co-Directora de AIDA. “Las minas a cielo abierto son casos reiterados de daños ambientales irreparables y violaciones a los derechos humanos, por lo cual el estricto cumplimiento de las leyes es esencial”, agregó Puentes. En agosto de 2008 AIDA envió al entonces Presidente de Costa Rica, Sr. Oscar Arias, un documento alertando acerca de las violaciones al derecho internacional que el Proyecto Crucitas implicaría, dada la posible afectación a territorio nicaragüense y al Río San Juan. La reciente decisión del Tribunal está en la línea de los argumentos de AIDA y reitera la importancia de cumplir con estos requerimientos. De hecho, el Tribunal en la decisión de ayer, recomendó al Ministerio Público investigar penalmente al ex Presidente Arias por haber autorizado el proyecto contrario a las normas mediante un Decreto del Ejecutivo. AIDA es una organización no gubernamental de derecho ambiental internacional que ha luchado por la prevención de los impactos de la minería a cielo abierto en el continente americano, como parte de su misión para proteger el derecho al medio ambiente sano de las personas y comunidades. AIDA trabaja con organizaciones participantes en el hemisferio, así como con otras organizaciones y comunidades para cumplir con su misión. Para conocer más sobre nuestro en minería por favor visite: http://www.aida-americas.org/en/freshwater
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Noviembre 11, 2010 Contactos: Astrid Puentes Riaño, AIDA - +1 510 984 4610, (5255) 52120141 [email protected] Andressa Caldas, Justiça Global: +55 21 2544 2320 / 21 8187 0794, [email protected] Renata Pinheiro, Movimiento Xingu Vivo para Sempre: + 55 93 9172 9776, [email protected] Christian Poirier, Amazon Watch: +1 510-666-7565, [email protected] Ahora que el Gobierno se prepara para otorgar la Licencia Previa de Instalación, las comunidades urgen a la CIDH que evite las violaciones a derechos humanos Washington, D.C., Brasil- El día de hoy, organizaciones de derechos humanos y ambientales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las comunidades afectadas y con carácter urgente, medidas cautelares para la suspensión de la hidroeléctrica Belo Monte en el Río Xingú, Pará, Brasil. Argumentan graves e irreversibles amenazas a los derechos de por lo menos cuatro comunidades indígenas y ribereñas por la construcción inminente de la que sería la tercera represa más grande del mundo. La petición fue presentada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), Justiça Global, Prelazia do Xingu, la Sociedad Paranense de Derechos Humanos (SDDH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con la participación de más de veinte organizaciones y movimientos sociales que la apoyan. “A pesar de la gravedad e irreversibilidad de los impactos de la obra para las comunidades locales, no fueron realizadas medidas adecuadas para garantizar la protección de los derechos y del ambiente” concluye la petición. "El gobierno afirma que los Juruna no serán afectados, pero no lo creemos. No fuimos consultados y no queremos que hablen por nosotros. Estamos en contra de esta represa y estamos empeñados en la lucha con nuestros cuerpos y almas para defender nuestra vidas y la vida de nuestro río", afirmó Sheyla Juruna indígena de los Juruna do km 17. La denuncia destaca los inminentes impactos para las comunidades Arroz Cru, Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17 y Ramal das Penas, entre otras. También resalta problemas graves como el posible desplazamiento forzado, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, amenazas a la seguridad alimentaria, al acceso al agua potable, a la vida, la supervivencia y al ambiente. Uno de los principales problemas es que el gobierno no tiene certeza de los impactos a las comunidades del Río Xingú. La petición se fundamenta en informes de órganos federales como el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA) y el Ministerio Público, así como en opiniones técnicas de especialistas. Estos concluyen que Belo Monte ocasionaría el aumento de enfermedades y de la pobreza en la zona, además de causar la llegada masiva y desordenada de migrantes que sobrecargarían los precarios servicios públicos de la región, entre otros. “Nos preocupa la manera en que el gobierno de Brasil está ignorando los estándares nacionales e internacionales para acelerar este proyecto, aún a costa de los derechos humanos y del ambiente”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Seguir adelante sin tomar las precauciones requeridas por la normatividad internacional resultaría en la afectación de miles de personas y la destrucción irreversible de una zona muy importante para el Amazonas y el mundo”. Por tratarse de un pedido urgente de medidas cautelares por un riesgo de violaciones inminentes a los derechos humanos, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiría inmediatamente esclarecer los hechos al Estado brasileño. En caso de que la solicitud sea concedida, el Gobierno Federal deberá cumplir con lo ordenado por la CIDH en su resolución. En otros casos de grandes proyectos de infraestructura en el hemisferio, la CIDH concedió medidas cautelares requiriendo la suspensión, entre otros, de la construcción de la gran represa Chan-75 en Panamá en 2009, y también la suspensión de un proyecto minero en Guatemala en mayo pasado, debido a las amenazas para los derechos humanos. ### Para más información acerca de la Represa Belo Monte, visite: http://xingu-vivo.blogspot.com http://www.aida-americas.org http://www.internationalrivers.org http://amazonwatch.org /
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Para publicación inmediata 11 de noviembre, 2010. Diputados representantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión de Medio Ambiente se suman a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para la construcción y diálogo de una Política Efectiva de Financiamiento en materia de Cambio Climático Ciudad de México, México – A unos días de la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PPEF 2011), representantes de la iniciativa denominada “Grupo de Financiamiento para Cambio Climático” de la sociedad civil, hicieron entrega a las comisiones de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Cuenta Pública, Cambio Climático, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Género y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; un documento de recomendaciones de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura. Al respecto, el Diputado César Daniel González Madruga, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que la colaboración entre el Poder Legislativo y la sociedad civil es fundamental y estratégica en términos de avanzar hacia la construcción de una política de financiamiento que considere objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a nivel mundial”. Los representantes de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa comentaron que el Poder Legislativo es una actor clave capaz de hacer la diferencia en la política climática nacional, a fin de que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas tanto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), como en otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. “México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional, y si bien contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno para promover medidas contundentes de combate y adaptación al cambio climático. En este contexto, el trabajo del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático -en colaboración con las comisiones de Cambio Climático- marca un precedente importante, no sólo para dar a conocer las propuestas de modificación al proyecto PEF 2011 en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas que avalen su compromiso con la atención a dicho fenómeno. Finalmente, los representantes de las más de 10 organizaciones además de los diversos actores que conforman dicha iniciativa confiaron en que el Poder Legislativo, en respuesta a esta propuesta ciudadana sobre ajustes estructurales al proyecto de Presupuesto de Egresos y la respectiva asignación de presupuesto para acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático; acogerá estas recomendaciones y será un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente al cambio climático de manera decisiva. Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México. Notas: La versión electrónica del documento de recomendaciones al proyecto PEF 2011 está disponible en la página: www.cemda.org.mx Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M. / [email protected] / Cel. (55) 1850 6827 Mariana Gutiérrez / [email protected] / Cel. (55)1502 0125 Sakbe Comunicación Ambiental / Tel. (55) 5264 3777
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