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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Organizaciones ciudadanas inician proceso de construcción y diálogo hacia una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático
Para publicación inmediata 4 de noviembre, 2010 Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M., Sakbe Comunicación Ambiental, Tel. (55) 5525 6136 / Cel. (55) 1850 6827, [email protected] Enviarán a la Cámara de Diputados propuesta de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efecitva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, agricultura, transporte y bosques Ciudad de México, México – El cambio climático es el reto más grande que enfrenta la humanidad y sus impactos traerán severos costos económicos y sociales a México. Por ello y con el objetivo de lograr una asignación, manejo y distribución adecuada y transparente de los recursos federales para la adaptación y mitigación al problema, más de 10 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores independientes lanzan una iniciativa de construcción y diálogo para una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático. De acuerdo con las organizaciones que conforman este esfuerzo, un primer paso elemental en la consecución de los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia1, es modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, para dar prioridad y redireccionar recursos a aquellos sectores considerados clave para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazo1, tales como el transporte, forestal, energético y agropecuario. “Como ciudadanas y ciudadanos activos, con experiencia en presupuestos sectoriales e investigación y análisis sobre la situación de los sectores energía, agricultura, transporte, bosques y protección ambiental, hemos adoptado el tema de financiamiento como articulador de sinergias. Es así que hemos venido trabajando en la conformación de propuestas de financiamiento posibles, inmediatas y efectivas, para el cumplimiento de objetivos concretos en materia de cambio climático para los sectores señalados, mismas que consideramos fundamentales para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2011, basadas en la premisa de que el cambio climático es un tema transversal cuya atención depende de la participación de todos los sectores causantes del problema así como de aquellos que padecen sus consecuencias”, dijo Dolores Rojas de Oxfam, México. Las organizaciones presentarán al Congreso una serie de recomendaciones sectoriales, mismas que esperan sean tomadas en cuenta por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no sólo para su trabajo durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la COP16 a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas. “Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa consideramos que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia en la política climática, para que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas no sólo en su Programa Especial de Cambio Climático (PECC), sino también de otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. Lo anterior es importante porque México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional y si bien, contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno, para promover medidas efectivas de combate y adaptación al problema”, afirmó Jorge Villareal de la Fundación Heinrich Böll. Entre las recomendaciones de las organizaciones, para el Sector Energía se señala la necesidad de reasignar más recursos para la eficiencia energética a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y sus programas de ahorro energético; así como el impulso al aprovechamiento de energías renovables, para lo cual se le deben destinar al menos 3 mil millones de pesos anuales al Fondo para la Transición Energética. Al respecto, Sandra Guzmán del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que estas medidas son posibles si se priorizan aquellos programas y acciones dirigidas a promover la eficiencia energética en todos los sectores económicos y sociales, en vez de contemplar la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica para cubrir la demanda creciente y evitar la construcción de más proyectos que utilizan combustibles fósiles como los que aparecen en el presupuesto. Respecto al Sector Transporte, Gabriela Niño del Centro de Transporte Sustentable resaltó que es necesario destinar más recursos a la reactivación de las vías férreas por ser una alternativa eficiente e inmediata para reducir emisiones y restar recursos al sistema carretero que contribuye con la mayor parte de las emisiones del sector; y asegurar la continuidad y los recursos del programa de transporte masivo (PROTRAM) –parte del Fondo Nacional de Infraestructura - con el cual se promueve la implantación de sistemas de transporte urbano masivo, como catalizador de calidad de vida, salud y reducción de emisiones. “En el Sector Forestal se deben redireccionar al menos 600 millones hacia programas que promuevan el manejo forestal sostenible para lograr la conservación activa de los ecosistemas forestales terrestres, los manglares y los almacenes de carbono”, afirmó Iván Zúñiga del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). Para el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación2, es necesario asignar recursos para la constitución urgente del fondo de agua y energía el cual deberá convertirse en el instrumento para la recarga, conservación y mantenimiento de los mantos acuíferos, la reducción de la energía para el bombeo de agua y la tecnificación del riego agrícola. “Este fondo será la base para llevar acabo acciones de mitigación y adaptación en la agricultura ante el cambio climático, mediante un esquema de acceso al financiamiento para el ordenamiento sustentable de acuíferos y tecnologías para el ahorro de agua y energía”, señaló Alfonso Cuellar del Barzón. Las organizaciones abajo firmantes confían en que el Poder Legislativo,en respuesta a esta iniciativa ciudadana sobre ajustes estructurales, fortalecimiento de capacidades, establecimiento de mecanismos económicos y la respectiva asignación de presupuesto; acoja estas recomendaciones y sea un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente de manera contundente al cambio climático. Dichas recomendaciones serán enviadas en los próximos días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el proyecto PEF 2011. Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México. Notas: El Gobierno Federal ha establecido metas a nivel internacional para combatir el fenómeno tales como la reducción de 50 millones de toneladas de CO2 en 2012, la reducción de 30% de las emisiones en 2020 y 50% en 2050 De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones al 2006, la categoría de agricultura, bosques y otros usos del suelo contribuyó con casi 19 por ciento de las emisiones totales del país. Por su parte, el sector transporte es responsable del 34 por ciento de las emisiones de CO2e en nuestro país, mientras que la generación de energía representa el 27.3 por ciento de las emisiones GEI totales del país. El sector forestal es responsable del 12.4% de las emisiones del país por la deforestación, la degradación y el cambio de uso de suelo.
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Por ello y con el objetivo de lograr una asignación, manejo y distribución adecuada y transparente de los recursos federales para la adaptación y mitigación al problema, más de 10 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores independientes lanzan una iniciativa de construcción y diálogo para una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático. De acuerdo con las organizaciones que conforman este esfuerzo, un primer paso elemental en la consecución de los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia1, es modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, para dar prioridad y redireccionar recursos a aquellos sectores considerados clave para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazo1, tales como el transporte, forestal, energético y agropecuario. “Como ciudadanas y ciudadanos activos, con experiencia en presupuestos sectoriales e investigación y análisis sobre la situación de los sectores energía, agricultura, transporte, bosques y protección ambiental, hemos adoptado el tema de financiamiento como articulador de sinergias. Es así que hemos venido trabajando en la conformación de propuestas de financiamiento posibles, inmediatas y efectivas, para el cumplimiento de objetivos concretos en materia de cambio climático para los sectores señalados, mismas que consideramos fundamentales para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2011, basadas en la premisa de que el cambio climático es un tema transversal cuya atención depende de la participación de todos los sectores causantes del problema así como de aquellos que padecen sus consecuencias”, dijo Dolores Rojas de Oxfam, México. Las organizaciones presentarán al Congreso una serie de recomendaciones sectoriales, mismas que esperan sean tomadas en cuenta por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no sólo para su trabajo durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la COP16 a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas. “Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa consideramos que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia en la política climática, para que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas no sólo en su Programa Especial de Cambio Climático (PECC), sino también de otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. Lo anterior es importante porque México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional y si bien, contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno, para promover medidas efectivas de combate y adaptación al problema”, afirmó Jorge Villareal de la Fundación Heinrich Böll. Entre las recomendaciones de las organizaciones, para el Sector Energía se señala la necesidad de reasignar más recursos para la eficiencia energética a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y sus programas de ahorro energético; así como el impulso al aprovechamiento de energías renovables, para lo cual se le deben destinar al menos 3 mil millones de pesos anuales al Fondo para la Transición Energética. 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Respecto al Sector Transporte, Gabriela Niño del Centro de Transporte Sustentable resaltó que es necesario destinar más recursos a la reactivación de las vías férreas por ser una alternativa eficiente e inmediata para reducir emisiones y restar recursos al sistema carretero que contribuye con la mayor parte de las emisiones del sector; y asegurar la continuidad y los recursos del programa de transporte masivo (PROTRAM) –parte del Fondo Nacional de Infraestructura - con el cual se promueve la implantación de sistemas de transporte urbano masivo, como catalizador de calidad de vida, salud y reducción de emisiones. “En el Sector Forestal se deben redireccionar al menos 600 millones hacia programas que promuevan el manejo forestal sostenible para lograr la conservación activa de los ecosistemas forestales terrestres, los manglares y los almacenes de carbono”, afirmó Iván Zúñiga del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). 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AIDA busca que instituciones financieras se unan a la lucha contra el cambio climático
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) tienen una influencia significativa en los proyectos de gran infraestructura y desarrollo energético en el hemisferio. Muchas de ellas financian proyectos que aceleran el cambio climático: grandes represas que emiten gas metano, minas que perturban sumideros de carbono, y plantas energéticas que usan de forma ineficiente y altamente contaminante tecnologías basadas en carbón y aceite. Ese financiamiento está, por ejemplo, detrás del enorme proyecto de la mina de oro “La Colosa” en Colombia, el cual podría afectar a páramos de gran altitud, liberando tremendas cantidades de dióxido de carbono retenidas gracias a esos ecosistemas El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo del Banco Mundial (GBM) y su institución miembro, la Corporación Financiera Internacional, llevaron a cabo un proceso de investigación para rediseñar sus estrategias de inversión energética. AIDA participó del mismo y presionó a estas IFIs para que priorizaran el desarrollo limpio y sostenible de las fuentes de energía. Les exhortó a: Considerar el cambio climático y los derechos humanos en cada etapa del proceso; Incorporar las normas más estrictas sobre derechos humanos, equidad social, eficiencia energética y planeación de recursos naturales en la toma de decisiones; Establecer objetivos agresivos pero alcanzables de reducción de las emisiones de dióxido de carbono permitidas para los proyectos con los que trabajan; y Priorizar la eficiencia energética y de las fuentes de energía renovables mientras se desalienta la continua fiabilidad en el uso de combustibles fósiles. Asimismo, AIDA participó en la consulta pública a la que llamó el BID para hacer comentarios a la actual política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Pese a que el MICI no es perfecto, es el único sistema de quejas disponible para las personas perjudicadas por las actividades financiadas por la institución. AIDA, junto con otras organizaciones de la región, enviaron una carta con dichos comentarios, lo que significó una gran oportunidad para aumentar la transparencia, rendición de cuentas y eficacia del mecanismo. A la par del BID y las instituciones que son parte del GBM, está el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) que, aunque no es oficialmente una IFI, se comporta como tal y ejerce una enorme influencia en la región. La entidad se ha consolidado con una fuerza financiera que le ha permitido salir de su país y participar en grandes proyectos de inversión en más de 11 países de América Latina. Lo preocupante es que el BNDES no cuenta con salvaguardas socioambientales y políticas de transparencia y participación acordes a su tamaño e influencia, sino que se rige por estándares mucho más bajos que las IFIs que actúan en la zona. No tiene mecanismos que aseguren la protección del ambiente y de las comunidades afectadas por los proyectos que financia, ni un sistema efectivo para atender quejas o reclamos. De hecho, los proyectos apoyados por el BNDES han estado llamando la atención de ambientalistas y defensores de derechos humanos en la región desde hace años. Por ello hemos enfocado parte de nuestro trabajo en influir en esta entidad y lograr en ella la pronta implementación de políticas socioambientales adecuadas. Lo interesante y esperanzador es que no estamos solos en esta tarea. En noviembre de 2012, creamos una coalición llamada “BNDES na Mira”, que reúne a más de 90 personas de más de 25 organizaciones de la región. El grupo es el reflejo de la necesidad que existe de trabajar unidos para lograr resultados ambiciosos, pero necesarios. Al mismo tiempo y como parte de una capacitación constante a nuestro equipo y al grupo en general, estamos elaborando un documento que explicará los mecanismos internos del BNDES y permitirá entender su proceso de toma de decisiones y los puntos de presión, así como generar los posibles contactos que nos ayuden a incidir dentro y fuera del Banco. Finalmente, y para combatir la falta de reconocimiento de que el BNDES es una IFI y que por tanto debe cumplir con las responsabilidades que ello implica, AIDA está trabajando en un tercer documento que desarrollará ese argumento y ofrecerá una comparación entre las políticas de salvaguardas y transparencia del BNDES y las de otras IFIs que operan en la región, como el Banco Mundial y el BID. Además, como parte del grupo, participamos de diversos talleres y seminarios para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto, el intercambio de información, la elaboración de estrategias comunes para el futuro y un posible canal de comunicación a largo plazo con representantes del Banco. Al mover enormes cantidades de dinero para proyectos y programas en el continente, la influencia que podemos ejercer a través de las IFIs y el BNDES puede derivar en importantes reducciones de las emisiones que causan el cambio climático. Estas instituciones tienen la posibilidad de optar por nuevas herramientas para reorientar su camino hacia un desarrollo verdaderamente sostenible, y así ayudar a proteger nuestra salud y el ambiente del cambio climático. AIDA continuará examinando e incidiendo en las IFIs y en el BNDES, como una IFI más, de manera constante y en especial durante sus procesos de reformulación de políticas internas.
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