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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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"Informe EPU Panamá 2010" / "UPR Report Panama 2010" Ciudad de Panamá, Panamá – Una coalición de catorce organizaciones ambientales y de derechos humanos denunció problemas graves para la protección de los derechos humanos, vinculados con afectaciones al ambiente en Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Las organizaciones formularon recomendaciones que deberían implementarse para atender esta situación. “El gobierno panameño está promoviendo un aumento escalofriante en el número de grandes proyectos en el país sin respetar los derechos humanos o el ambiente, especialmente los derechos de las comunidades afectadas,” dijo Félix Wing, Director Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). CIAM y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) lideraron una coalición de 14 organizaciones de la sociedad civil en la presentación del informe. El informe señala tendencias alarmantes que amenazan la protección del ambiente a tal punto que están agravando la situación de derechos humanos en el país. Dentro de los problemas más graves que se identificaron están la existencia de cientos de nuevas concesiones mineras, otorgadas o en trámite, que cubren el 35% del territorio panameño; el desarrollo de más de ochenta nuevos proyectos hidroeléctricos; y varios nuevos proyectos turísticos que afectarían los recursos hídricos y costeros del país. “Nos preocupa especialmente la falta de aplicación de normas nacionales e internacionales obligatorias en la planeación y desarrollo de estos proyectos”, señala Astrid Puentes Riaño, co directora de AIDA. “De continuar esta situación, podrían violarse varios derechos humanos vinculados con el desplazamiento de poblaciones, la devastación irreversible del ambiente y el empeoramiento de la calidad de vida; con pérdidas económicas y sociales incalculables”. Entre los mayores problemas presentados en Panamá, el informe destaca los impedimentos a la participación ciudadana y la falta de consulta a los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, han surgido nuevas barreras legales para acceder a la información pública que impiden conocer los impactos reales de un proyecto. “La participación pública y el acceso a la información son derechos humanos esenciales para proteger a las personas y al ambiente”, aclaró Félix Wing de CIAM. El informe también denuncia hostigamientos hacia defensores ambientales y el incumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. El próximo 23 de noviembre, el Estado panameño será objeto del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Durante el Examen se evaluará información sometida por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno y se plantearán recomendaciones para que Panamá mejore la protección de derechos humanos. A través de estos esfuerzos, las organizaciones de la sociedad civil buscan aportar su experiencia directa respecto a las violaciones a derechos humanos, como parte del diagnóstico de la situación de Panamá frente a sus obligaciones internacionales en esta materia, con el objeto de lograr una protección más efectiva de los derechos humanos. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Félix Wing, Director Legal de CIAM, Tel. 236-0866/236-0868, [email protected] Jacob Kopas, Asesor Legal de AIDA (Colombia), Tel. (+57-1) 338-1277, [email protected] INFORMACIÓN ADICIONAL: Para bajar una copia del informe y más información: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/refDocuments/UPRjointsub_envhrgroups_Panama.pdf El informe establece que, para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en Panamá, particularmente los derechos a un ambiente sano, a la vida, la salud, la integridad y la participación pública, así como el acceso a la justicia y a la información, se hace necesario que el Estado: Reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales; Adopte las recomendaciones anteriormente emitidas por órganos internacionales de derechos humanos; Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna; Atienda las limitaciones al acceso a la justicia en casos de protección del derecho a un ambiente sano mediante modificaciones constitucionales y legales necesarias, la implementación de medidas para mejorar los tiempos y calidad de respuesta del sistema judicial, y la adopción de estándares proteccionistas de los derechos humanos, entre otros. Reconozca la importancia de la labor de las personas que defienden los derechos humanos e implemente medidas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos; Elimine cualquier obstáculo a la participación pública y el acceso a la información en la práctica. Las conclusiones de este informe fueron incluidas también en un documento presentado por otra decena de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de distintos derechos humanos, que incluyó, además, el planteamiento de violaciones al derecho a la justicia, de los privados de libertad, de la mujer, a la no discriminación racial y al trabajo. El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de todos los derechos humanos en todos los países del mundo. En el proceso, el Consejo de Derechos Humanos examinará información proporcionado por el Estado panameño, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. ## El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (http://www.ciampanama.org) es una organización no gubernamental que defiende activamente los invaluables recursos naturales de Panamá ante las graves amenazas que representan las actividades incompatibles con el desarrollo sostenible. Su misión es promover la protección del ambiente, motivando la participación ciudadana, a través de la difusión del conocimiento, la construcción de redes, y la rendición de cuentas, para incidir en las decisiones y políticas relevantes. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) (http://www.aida-americas.org) es una organización de carácter hemisférico que trabaja con organizaciones no gubernamentales de derecho ambiental de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, cuya misión es fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional.
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COMUNICADO DE PRENSA Para Publicación Inmediata 19 de Marzo de 2010 Contactos: Astrid Puentes Riaño - AIDA, +(52-1-55) 23016639, [email protected] Informe: Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? AIDA PRESENTA DOCUMENTO ANTE EL BID El objetivo del documento es el de promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar. Cancún, México. – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, presentará el informe: “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La presentación se hará en el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del BID que se celebra en Cancún, hasta el 23 de marzo. En esta reunión, entre otros, el BID decidirá acerca de la recapitalización del Banco para promover mayores inversiones en el hemisferio. “Esperamos que las futuras inversiones financiadas por el BID y otras Instituciones Financieras Internacionales tengan en cuenta este informe, así como los estándares internacionales para estos proyectos, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas” declaró Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Esto podría Así podrían evitar graves impactos ambientales y a los derechos humanos, y promover verdaderos proyectos de energía limpia”. El objetivo del Informe es evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar y motivar la implementación de proyectos de energía adecuados. Para ello, se analizan cinco estudios de caso de distintas regiones de América Latina: La Parota (México), Chan 75 (Centroamérica), Baba (región Andina), Río Madeira (Brasil) y Yacyretá (Cono Sur). El informe preparado por AIDA en coordinación con International Rivers y con la cooperación de múltiples organizaciones no gubernamentales y de comunidades afectadas por las grandes represas en el hemisferio, se presentó también en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. La CIDH celebró esta audiencia dada la importancia del tema para la adecuada protección de los derechos humanos en la región. Entre los impactos más graves generados por las grandes represas, abordados en el Informe, se incluyen: el empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas; la degradación de ecosistemas acuáticos; los impactos a la biodiversidad; los impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero dada la descomposición de materia orgánica inundada; el posible aumento de actividad sísmica; la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades típicamente en situación de vulnerabilidad, como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños y las niñas; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; la falta de consulta y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de comunidades afectadas; y criminalización de la protesta social hacia personas o comunidades que defienden sus derechos. “Buscamos evitar estas consecuencias negativas y promover alternativas efectivas a las necesidades energéticas, para lograr un verdadero desarrollo sostenible”, puntualizó Jacob Kopas, abogado de AIDA y coautor del Informe. Versión completa del informe y Resumen Ejecutivo: http://www.aida-americas.org/node/1536 Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: www.aida-americas.org, www.internationalrivers.org, www.redlar.org/
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O continente americano foi a primeira região do mundo a reconhecer o direito humano a um meio ambiente sadio. Várias constituições da região também reconhecem esse direito. Tal reconhecimento trouxe muitas esperanças, dada a evidente relação do ambiente com a proteção dos direitos humanos e a possibilidade de garantia que esta consagração implica para milhões de pessoas de melhorar as condições ambientais, e por consequência, sua qualidade de vida. Não obstante, quase duas décadas depois, a situação na região é bem distante de ser a ideal. Os exemplos são, desafortunadamente, muito diversos e extensos. Diminuir a diferença entre o reconhecimento das normas e a realidade é vital. Por tal razão, a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) decidiu publicar esse guia. Para promover o conhecimento do sistema regional de proteção dos direitos humanos, abordando elementos jurídicos e estratégicos que possam ser implementados em situações de violações dos direitos humanos derivados da degradação ambiental. Esperamos que esta publicação seja consultada e utilizada pelas comunidades, organizações, advogados e autoridades, que de diferentes perspectivas abordem estes casos, contribuindo com a implementação de suas iniciativas. Nesse sentido, as discussões e comentários que surjam no decorrer da leitura são bem-vindas e ajudarão a consolidar o esforço para lograr uma proteção universal e efetiva dos direitos humanos.
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