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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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La Convención para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convención de Cartagena) y su Protocolo para las áreas y la vida silvestre especialmente protegidas (Protocolo SPAW) establecen que los Estados parte tienen la obligación de regular la protección de las especies y ecosistemas vulnerables de la región.Los criterios revisados de nominación de especies (1, 3, 4, 5, 6 y 10) determinan la necesidad de incluir a las especies esenciales para ecosistemas vulnerables —como los arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos— en las listas de especies de los Anexos II y III del Protocolo SPAW.Las medidas nacionales o regionales implican de forma diferenciada procesos de protección, monitoreo biológico de especies, zonas de recuperación pesquera; análisis de datos de capturas, estado de salud de los ecosistemas, dinámica y tamaño de poblaciones; períodos de veda; y reglamentación de la captura, posesión, transporte, comercio o prohibición total del uso de las especies.En 2018, el Comité Asesor Científico y Técnico (STAC) priorizó la evaluación de los peces herbívoros y actualmente el Grupo de Trabajo de Especies lleva a cabo la evaluación de los peces loro mediante la integración y análisis de datos científicos y regulatorios.Once de los 17 países que han firmado el Protocolo han generado medidas de regulación sobre peces herbívoros. Algunas experiencias de regulación están vigentes, otras no y están aquellas que entraron en vigor recientemente. Descarga la hoja informativa en español Descarga la hoja informativa en inglés Descarga la hoja informativa en francés
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Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.
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Columna publicada originalmente en Animal Político El 12 de diciembre de 2015 se concertó el Acuerdo de París. A cinco años, su importancia y en especial su cumplimiento efectivo son más evidentes que nunca. Uno de los avances más importantes del acuerdo fue reiterar que los Estados deben «respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y rurales, los migrantes, los niños y las niñas, las personas en condición de discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional». Ese aspecto es uno de los grandes pendientes, y también de las grandes oportunidades, del Acuerdo de París. En 2015, tuve el privilegio de participar en la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se aprobó el acuerdo. Gracias a la transmisión en vivo, vi el último martillazo de esta histórica cumbre en mi teléfono mientras iba en tren al aeropuerto. Cambié los abrazos de celebración con docenas de colegas por llegar un día antes a celebrar con mi familia. Valió la pena. Al fin de cuentas, mi contribución había terminado unas horas antes. En los cinco años anteriores y con total intensidad durante la Cumbre, revisé borradores, hablé con misiones y colegas sobre lo esencial de incluir los derechos humanos en el acuerdo climático. Mi prioridad —compartida por colegas de organizaciones, representantes de algunos gobiernos y entidades internacionales— era asegurar un acuerdo sólido, incluyendo la obligación de considerar y respetar derechos humanos. Para algunas personas, esto era inoficioso e incluso inadecuado pues veían la crisis climática como un asunto meramente técnico. Los asuntos de derechos humanos son de otro ámbito, me dijeron algunas delegaciones. Insistimos en el punto hasta que lo logramos, no por terquedad (aunque quizás hubo algo de eso), sino porque en esencia la crisis climática nos afecta a todos y todas, a nuestros derechos. Por ello es vital incluir la cara humana, que los derechos humanos estén en el centro de las acciones por el clima. De lo contrario, estarán incompletas. Así lo evidencia la realidad de la crisis climática, traducida por ejemplo en los daños a millones de personas y comunidades por los huracanes y tormentas que en los últimos meses arrasaron áreas costeras en Nicaragua, Guatemala, México y a lo largo del Caribe; las inundaciones en el Sur de Asia; las sequías en el norte de México; y los incendios devastadores en la Amazonía, California y Australia. Las personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad y quienes menos han contribuido a la crisis, sufren desproporcionadamente los daños. Por ello es posible—y necesario— encontrar un balance a esta desproporción mediante un abordaje de derechos humanos. Es necesario de lograr que Estados, empresas e incluso algunos sectores de la población, se hagan responsables. Responsabilidad con sentido de equidad, que es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. De hecho, el informe de Naciones Unidas sobre la brecha en las emisiones de 2020 concluye que «la equidad es un pilar fundamental para abordar los modos de vida (pues) las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre». Comunidades, movimientos y pueblos alrededor del mundo han demandado —incluso judicialmente — una acción climática efectiva que respete sus derechos. Ello ha sido reiterado por Naciones Unidas. Pero la acción climática aún es considerada mayormente una cuestión de cifras, toneladas de emisiones a reducir y hectáreas a conservar. Las personas y comunidades, pese a ser quienes viven las consecuencias, permanecen en la periferia de esta acción. Asegurar una verdadera perspectiva de derechos humanos ayudaría a elevar la ambición y el nivel de obligaciones y resultados. También permitiría considerar los impactos de forma integral y, como concluyó el IPCC, tener en cuenta el conocimiento ancestral y la justicia social, elementos centrales para dar con soluciones afectivas. Allí recae la oportunidad que se está perdiendo. La comunidad científica confirma hoy la ampliación de la brecha entre la situación actual y dónde deberíamos estar en la reducción de emisiones. Según el reciente informe sobre la brecha global de emisiones, estas se redujeron en el último año debido a la suspensión de actividades por la pandemia, mientras que en el año anterior continuaron aumentando. De hecho y pese a la pandemia, vinculada también con degradación ambiental, países de América Latina y el Caribe, como en otras regiones, continúan apostando en su mayoría a los combustibles fósiles, incluso para la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Esa tendencia ignora lo dispuesto en el Acuerdo de París sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos, un elemento incluido allí para cumplirse; y una herramienta fundamental para que los Estados aumenten su ambición y avancen hacia las soluciones hasta hoy esquivas. El quinquenio de este acuerdo es un buen momento para recordarlo y exigir que se cumpla. De no hacerlo, las comunidades y personas en mayor situación de vulnerabilidad continuarán sufriendo aún más las consecuencias, y las desigualdades globales seguirán profundizándose. Pero también aumentarán las acciones judiciales y reclamos para alcanzar una solución que el propio acuerdo incorporó. Un elemento de liderazgo sería poner a las personas y comunidades al centro de la acción climática. A ello me refiero cuando hablo de justicia climática, una gran oportunidad que muchas personas continuaremos promoviendo.
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