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Foto: #RealChile

Protegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón

En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.

Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.    

En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.

Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.


Lee nuestro informe sobre los riesgos de la expansión salmonera

 

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AIDA Cuestiona las Fumigaciones de Colombia en la Frontera con Ecuador

AIDA cuestiona las fumigaciones en la frontera con Ecuador y establece en nuevo análisis que las fumigaciones aéreas en Colombia no son seguras para el ambiente El gobierno colombiano está violando un acuerdo bilateral con Ecuador al fumigar con una mezcla de herbicidas dentro de la zona de 10 kilómetros de la frontera ecuatoriana, con el fin de destruir cultivos de coca. Colombia se basa en estudios realizados por un equipo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para sostener que la mezcla de herbicidas utilizada es segura. Sin embargo, una revisión de AIDA a los informes recientes de la CICAD muestra que realmente no se ha probado que la mezcla de herbicidas utilizada sea segura para el medio ambiente y que, por lo tanto, Ecuador tiene sólidos motivos para oponerse a las fumigaciones. La primera Evaluación del Ambiente y la Salud Humana del Programa de Fumigación Aérea para el Control de la Coca y la Amapola en Colombia, publicada en 2005, no evaluó gran parte de los mayores riesgos potenciales para la ecología y la salud humana que plantea el programa de erradicación aérea en Colombia. El Congreso de los Estados Unidos solicitó estudios adicionales para determinar si la mezcla es verdaderamente peligrosa. Resultados preliminares de los estudios de seguimiento, publicados en agosto del 2006, muestran que, en efecto, la mezcla utilizada es potencialmente peligrosa para el medio ambiente y en particular para los anfibios, ya que dentro de las 96 horas de la aplicación, mató el 50% de los anfibios expuestos. El Departamento de Estado de EEUU tampoco ha proporcionado información adecuada sobre la ubicación y el riesgo por las fumigaciones a cuerpos de agua vulnerables, ni ha hecho nada para evaluar si es probable que otras especies amenazadas se estén perjudicando. Sin considerar estas conclusiones, la afirmación del gobierno colombiano de que la mezcla de herbicidas es suficientemente segura para ser asperjada a lo largo de la frontera ecuatoriana no es exacta.

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AIDA Evidencia Necesidad de Programas de Desarrollo Alternativo en Colombia

AIDA Evidencia Necesidad de Programas de Desarrollo Alternativo en Colombia Después de seis años, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) no alcanzó el objetivo inicialmente planteado de eliminar el 50% de los cultivos ilícitos existentes en Colombia. A pesar de invertir US$1,200 millones y de haber fumigado más de cuatro veces el área inicial, todavía hay casi la misma área de cultivos de uso ilícito que existía al comienzo. Adicionalmente, las fumigaciones han causado graves impactos sociales y riesgos a la salud humana y al ambiente que se desconocen con exactitud. Por lo anterior, AIDA elaboró un informe analizando algunos programas participativos sostenibles de desarrollo alternativo como una opción a las fumigaciones aéreas. Este informe recomienda a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos la reevaluación de la política actual y un incremento significativo para dichas alternativas, dentro de una estrategia integral que tenga en cuenta las verdaderas causas para estos cultivos. El documento estudia cinco programas diferentes –incluyendo los implementados por la Unidad de Parques Nacionales Naturales, ECOFONDO y algunos de la Presidencia de la República-- que si bien tienen aspectos a mejorar, arrojan resultados positivos. El estudio concluye que estos programas de desarrollo alternativo son más efectivos y menos costosos que las fumigaciones aéreas con glifosato, por lo cual, con las mejoras necesarias, constituyen una opción a fortalecer.

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¡Victoria legal! - El Tribunal Constitucional Peruano Ordena al Gobierno Atender la Emergencia de Salud Pública en La Oroya

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 12 de mayo de 2006 Contactos: Dra. Anna Cederstav, Earthjustice/AIDA, (510) 457-4010 [email protected] Dr. Carlos Chirinos, SPDA, (+511) 441-9171 [email protected] Hunter Farrell, MOSAO/Mesa Técnica, (+511) 97094921 ¡Victoria legal!   Tribunal constitucional ordena al Ministerio de Salud disponer urgente Atención de niños y gestantes contaminados con plomo en La Oroya Dispone además que se realicen acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en esta ciudad   LIMA, PERÚ — El Tribunal Constitucional (TC) dispuso ordenar al Ministerio de Salud, para que en el plazo de 30 días, implemente un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre en el caso de la ciudad de la Oroya, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas a que hubiera lugar. Así lo señala en la sentencia que declara fundada la demanda de cumplimiento, recaída en el Exp. Nº2002-2006-PC/TC.   El TC encuentra que tal como se aprecia en una serie de estudios, desde el año 1999, la propia Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), así como diferentes instituciones, acreditaron la existencia de exceso de contaminación en el aire de la ciudad de La Oroya, y que en el caso de contaminación por plomo en la sangre, sobre todo de niños, se sobrepasó el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud.   Del mismo modo el TC ordena que el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, que en el plazo de 30 días, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la expedición del diagnóstico de línea base conforme lo exige el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, de modo tal que a la brevedad posible puedan implementarse los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya.   También se ordena al Ministerio de Salud, para que en el mismo plazo, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en la ciudad de La Oroya conforme lo exigen los artículos 23º y 25º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y el artículo 105º de la Ley Nº 26842.   En el caso concreto de la población de la ciudad de La Oroya, sobretodo de los niños y mujeres gestantes, considerando que desde el año 1999, en que se realizaron los primeros estudios que determinaron la existencia de población contaminada con plomo en la sangre, hasta la actualidad, han transcurrido más de 7 años, sin que el Ministerio de Salud haya implementado un sistema de emergencia que proteja, recupere y rehabilite la salud de la población afectada. Por ello, al profundizar el análisis del problema, el TC plantea la siguiente interrogante: ¿Qué más se debe esperar para que el Ministerio de Salud cumpla su deber de dictar las medidas indispensables e inmediatas para que se otorgue atención médica especializada a la población de La Oroya cuya sangre se encuentra contaminada con plomo?.   En su extensa sentencia el TC considera que si bien en la labor de atención de la salud de la población resulta importante la actuación conjunta entre el Ministerio de Salud y empresas privadas, es necesario precisar que ante situaciones de grave alteración de la salud como la contaminación por plomo en la sangre, como sucede en el caso de los niños y mujeres gestantes de la ciudad de La Oroya, el Ministerio de Salud, en tanto ente rector del Sector Salud, es el principal responsable de la recuperación inmediata de la salud de los pobladores que se encuentran afectados en las situaciones antes descritas. Finalmente, el TC exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional del Ambiente y empresas privadas tales como la Empresa Doe Run Perú SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la referida localidad, así como la del medio ambiente de La Oroya, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres gestantes.

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