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Por qué es importante incluir derechos humanos en el acuerdo de París

El cambio climático ya está causando gravísimos impactos en Colombia y todo el mundo. Ejemplos se presentan todos los días y son más graves cada año: temperaturas extremas, huracanes, sequías, inundaciones, incendios y pérdida de glaciares que comprometen la disponibilidad de agua dulce.  Hay países como los pequeños Estados insulares, que perderán su territorio en unas cuantas décadas si los gobiernos no implementan acciones efectivas inmediatas. Hoy Úrsula Rakova de Papúa Nueva Guinea habló en la COP de los impactos que ella y su comunidad están sufriendo y que a menos que se tomen acciones ella no podrá ni heredarle sus tierras a su hija o a su nieta. Todo su territorio y cultura quedará bajo el mar en unas cuantas décadas. La pregunta entonces no es si vamos a sufrir por cambio climático, sino en qué medida. Por ello el acuerdo de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se negocia en París debe incluir la protección de los derechos humanos. Aunque la respuesta parece sencilla, no lo es. Por esto el tema de cómo y dónde incluir derechos humanos en el acuerdo climático ha sido uno de los temas de mayor discusión en la COP21 de París. La inclusión de los derechos humanos en el acuerdo de Paris es esencial porque, primero, reconoce las realidades del cambio climático y su impacto en el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Segundo, recuerda a los Estados sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos.Estas obligaciones son compartidas con empresas y entidades internacionales. La incorporación de los derechos humanos en el acuerdo climático no creará nuevas obligaciones. Nos permitirá, en cambio, ser consistentes y cumplir los compromisos existentes. Tercero, promueve la estabilidad mundial que ha sido vinculada con cambio climático por impactos como: competencia por recursos naturales locales, inseguridad de modos de vida, migración, eventos y desastres climáticos extremos, volatilidad de precios de alimentos, manejo de agua transfronteriza, aumento de nivel del mar, degradación costera y efectos no intencionados de las políticas climáticas. Finalmente, porque pueden ayudar a promover soluciones efectivas como el replanteamiento de nuestra energía. Ese tipo de soluciones no han sido alcanzadas aún debido a la falta de ambición y voluntad política. Como en bienes raíces, la ubicación es todo. Así que para que tenga impacto en la implementación, la inclusión de derechos humanos, equidad de género, pueblos indígenas, equidad intergeneracional, seguridad alimentaria, justa transición laboral e integridad de los ecosistemas, debe incorporarse en el preámbulo y en la parte operativa. Ello permitirá realmente que la implementación de todas las acciones de cambio climático consideren los derechos humanos, como las partes ya acordaron en la COP16 en Cancún en 2010.

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Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México

La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo  En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.

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SOS: ¡Necesitamos gobernar el agua!

Después de Medellín, Bucaramanga y Manizales, los Conversatorios Regionales por el Agua, terminaron su recorrido en Bogotá, donde se concluyó que el problema del agua en Colombia no es su cantidad, sino cómo se gestiona. Fortalecer iniciativas como el Consejo Nacional del Agua, involucrar la participación ciudadana y aprovechar la riqueza acuífera del territorio fueron las principales propuestas para solucionarlo. “La actual situación del agua nos está mostrando una realidad. De las crisis se han sacado las mejores políticas, por eso esta es nuestra oportunidad para decidir una nueva ruta de gestión del recurso hídrico”, aseguró Ricardo Lozano, director de People and Earth y moderador de los cuatro conversatorios. Después de conocer las visiones regionales y hacer un repaso de cómo se gobierna el agua en otros países, Lozano resolvió que lo más importante es garantizar la participación de los usuarios en la toma de decisiones. “Colombia tiene tres veces más agua que México, pero menos población”, señaló el ingeniero Manuel Rafael Rosales Gonzáles, subgerente de Análisis Hidrológico de la Comisión Nacional de Agua Mexicana, al exponer cómo ha sido el recorrido en su país para desarrollar esta política. Dentro de su sistema de gobernanza del agua, además de tener la Ley Nacional de Aguas, México ha definido zonas de veda, de reserva y reglamentadas, con el fin de garantizar que siempre haya disponibilidad del recurso. En las primeras no se puede hacer ningún aprovechamiento legal, debido a que podría darse un deterioro en su calidad o cantidad; las segundas están reservadas para el uso a futuro de alcantarillados, generación de energía del servicio público y garantizar los flujos mínimos para la protección hidrológica, mientras en las terceras se debe llegar a un acuerdo con las comunidades para establecer cómo se van a usar, debido al déficit que existe.     Para Luis Fernando Rico, gerente de Isagén, esto demuestra que el Estado colombiano se ha ausentado en el tema de las hidroeléctricas. “La sociedad no debería renunciar a la fuente de energía más económica que se conoce. Los embalses producen sus impactos y ante crisis como esta hay reducciones, pero el sector eléctrico está preparado para afrontarlo. Claro, hubo una falla financiera importante, porque en un período normal la demanda del país es 80 % de origen hídrico, pero en sequía se reduce a 51 %”, recordó. Frente al fenómeno de la sequía, Nelson Ómar Vargas, subdirector de hidrología del Ideam, recordó el valor de los acuíferos. “Tenemos una oferta invisible que no se está mirando, un oro azul enterrado que no conocemos: el agua subterránea. Su cantidad es tres veces mayor que la superficial disponible y 74 % del territorio nacional guarda este potencial. De hecho, 280 de los 318 municipios categorizados en riesgo de desabastecimiento tendrían la posibilidad de hacer un uso mixto del agua”, afirmó Vargas. Por esto, de acuerdo con Carlos Lozano Acosta, asesor legal del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se debe garantizar el derecho al agua, lo cual implica el acceso a la información y a datos confiables. “En Colombia ha habido un gran avance en la información respecto a que la situación del agua se haga pública, como sucedió con el Estudio Nacional del Agua 2014. Sin embargo, acceder a información de proyectos e infraestructura muchas veces no se nos permite. Hay unos proyectos mineros con una influencia grande sobre el agua y no hemos sabido nada de esta información”. El conversatorio terminó con un segundo panel sobre la necesidad de fortalecer la capacidad interinstitucional, incluyendo la creación del Consejo Nacional del Agua según se estableció en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Ante esto, Ximena Barrera, directora política de WWF, dijo que a partir de lo demostrado por experiencias de gobernanza como la francesa y la mexicana, es muy importante establecer una política multinivel que garantice la participación, además de “entender la importancia de contar con un buen sistema de información y conocimiento”. Pensar en esos retos será una de las funciones del Consejo Nacional del Agua, pues en los conversatorios quedó claro que se necesita un espacio que articule los problemas alrededor del líquido. Según Carlos Arturo Álvarez, asesor de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de Ambiente será su secretaría técnica, pero queda en el aire la pregunta de quién será el doliente. ¿A quién entregarle la dirección para que se comprometa con las comunidades? ¿De dónde podrían venir los recursos para asegurar la disponibilidad del agua? ¿Cómo exigir una educación que forme más especialistas en estos temas? Preguntas que deberán responderse cuando se cree el esperado Consejo.

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Un proyecto de mina de Odyssey y AHMSA amenaza en BCS a especies que México y EU defienden

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Por medio de una carta dirigida a Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de Baja California Sur (BCS) realizó algunas observaciones técnicas del proyecto de minería submarina “Don Diego” con las que concluye que no es ambientalmente viable. Dicho proyecto, promovido por la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations, a través de su filial Exploraciones Oceánicas y con participación de Minera del Norte S.A., subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), es el primero en su tipo a nivel mundial y pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa en aquel estado. Actualmente, “Don Diego” se encuentra en una segunda evaluación de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat, después de haber desistido en una ocasión y tras la acusación de organizaciones de que el proyecto representa un riesgo para los ecosistemas marinos y la actividad pesquera y turística de la región. Ahora, el Gobierno de BCS a través de Rodrigo Guerrero Rivas, Secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, advierte que el desarrollo minero no es viable ambientalmente y que podría exacerbar un conflicto de índole internacional, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). A través de la carta –hecha pública por el Cemda– la instancia local emite opiniones técnicas que hacen referencia a que en la MIA de “Don Diego” se puede detectar conflictos ambientales con el sector minero y conflicto internacional por mortalidad de tortuga marina amarilla, así como metodologías, estudios y estadísticas insuficientes para establecer el grado de afectación a especies locales, dispersión de sedimentos, resiliencia y ecotoxicidad y manejo de combustibles. La zona en que Exploraciones Oceánicas pretende echar a andar su proyecto, está considerada como Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y también como zona de abundancia de tortugas marinas y tránsito de ballenas azules, grises y jorobadas, además de ser hábitat de lobos marinos y de una variedad de especies de algas, poliquetos, moluscos e invertebrados. En un primer análisis del desarrollo minero, la institución estatal utiliza como referencia el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte, mediante el que detectaron dos conflictos ambientales con el sector minero: El primero es de conservación pues, señalan, el desarrollo provocaría afectaciones a ecosistemas bentónicos, succión o daño físico de organismos por la draga (aparato utilizado para succión de productos marinos), daño o muerte de organismos, bioacumulación de metales pesados y elementos radiactivos, así como incremento de mortalidad de mamíferos y tortugas marinas. Adicionalmente, la misiva señala que el proyecto minero se ubica dentro de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) en las que, entre otras cosas, se establece que no se “permitirán actividades mineras cuando éstas puedan afectar poblaciones y hábitat de especies en riesgo y prioritarias de conservación o causen efectos de acumulación de metales pesados que pongan en riesgo la salud pública por consumo de productos pesqueros”. En contraste con la afirmación que se lee en la página oficial de “Don Diego” y afirma que utiliza la experiencia de los mejores consultores y científicos del medio ambiente en el mundo y que se realizaron numerosos y extensos estudios, el Gobierno de BCS indica que ciertas metodologías, estudios y estadísticas son insuficientes para establecer el grado de afectación por las actividades que el proyecto pretende realizar durante 50 años. Tal es el caso de la evaluación de resiliencia y ecotoxicidad, mediante la que Don Diego sostiene que “no existen evidencias de contaminación que afecten a la fauna marina”, pero que realizó sin hacer mención a investigaciones oceanográficas locales-regionales, sino con datos marinos que incluyen a especies costeras del Reino Unido. Además de no haber evaluado el impacto de su actividad con especies locales, los promoventes del proyecto, señala la carta, realizaron un estudio que “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales producidos por el ruido en otras especies marinas (incluyéndose a las tortugas marinas)”. Además de concluir con que el proyecto “Don Diego” no es ambientalmente viable, el Gobierno de BCS hizo mención de que su desarrollo podría “exacerbar de una manera muy significativa” la intención del Gobierno de Estados Unidos de implementar un embargo pesquero “que tendría graves impactos socioeconómicos no sólo en el estado de BCS, sino también en el resto del país”. El embargo al que se hace referencia es una posibilidad que surgió luego de que, en agosto pasado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendiera a México una certificación negativa por no adoptar un programa regulatorio comparable al de aquel país para afrontar la pesca incidental de la tortuga amarilla –una especie en extinción– en el Golfo de Ulloa, donde se pretende echar a andar el proyecto. La tortuga amarilla o caguama (caretta caretta) es una especie catalogada En Peligro de Extinción y considerada como Especie Prioritaria para la Conservación en México, por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), pero diversas asociaciones civiles han denunciado que “Don Diego” es una amenaza latente. Recientemente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) pidió al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) hacer un análisis de dicho proyecto y a instar al Gobierno Mexicano a proteger a la especie. Ante el riesgo, indica un comunicado del Cemda, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que “ahora, con un embargo en puerta por parte del gobierno estadounidense, lo menos que Semarnat debería hacer es aprobar el proyecto”. Finalmente, la misiva dirigida al funcionario de la Semarnat, insta a considerar la aplicación del Principio Precautorio para evaluar el proyecto minero y con ello apegarse a la legislación en materia internacional y nacional pues, de lo contrario podría incurrirse en “la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Entre los acuerdos internacionales que, mencionan, hay que cumplir, se encuentran la Declaración de Río de Janeiro y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

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Paso histórico en el aire

Columna de opinión de Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sobre lo que ha sucedido pasados tres meses del anuncio del Gobierno Colombiano de suspender las fumigaciones con Glifosato.    El 14 de mayo pasado, el gobierno colombiano anunció con bombos y platillos un gran cambio en la política antidrogas: la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito de coca y de amapola.  La decisión tuvo repercusión internacional y fue ampliamente celebrada dado que Colombia es el único país que todavía aplica dichas fumigaciones, pese a que, tras décadas de implementación, éstas han demostrado ser inefectivas y causado graves impactos ambientales y sociales.   Pero, a tres meses del anuncio, las fumigaciones continúan. Cabe entonces preguntarse en qué va la implementación de la decisión histórica tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).   La medida fue precedida por semanas de intenso debate generado a partir del informe de la OMS que concluyó que el glifosato podría causar cáncer. Con base en ello y en decisiones de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud recomendó aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones con glifosato para evitar posibles daños graves e irreversibles a la salud y al ambiente en Colombia.   Por siete votos a favor y uno en contra (el de la Procuraduría General de la Nación), el CNE hizo historia al anunciar la suspensión de las fumigaciones, se impusieron dos condiciones: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permite la aspersión con glifosato en el país; y que, en el plazo de un mes, un comité técnico creado por el CNE formule recomendaciones para ajustar la política antidrogas.   La información disponible sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) da cuenta que ambas condiciones aún no se cumplen. Mientras tanto, las fumigaciones en Putumayo y otras zonas del país, continúan.  El 11 de agosto, la Asociación Campesina del Catatumbo publicó un comunicado del Ministerio del Interior según el cual esa entidad “no ha tomado una decisión sobre la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo”.   Lo anterior es incoherente con la decisión del CNE de suspender del todo las fumigaciones. ¿Por qué hacer una diferencia con el Catatumbo? ¿Existe realmente intención alguna de implementar la suspensión?   ANLA puede y debe revocar el Plan de Manejo Ambiental para las fumigaciones   Hay al menos tres razones para ello: La ANLA tiene la facultad de suspender o revocar licencias ambientales o autorizaciones para los planes de manejo ambiental cuando éstas o las condiciones y exigencias establecidas no se cumplen.  Para hacerlo, no requiere autorización del beneficiario del permiso. La evidencia de que el glifosato podría causar cáncer a las personas y la correspondiente decisión del CNE deberían ser razón suficiente para que la ANLA revoque de inmediato el Plan de Manejo del PECIG.  La ANLA puede tomar esa decisión de oficio, sin ninguna solicitud de por medio, en especial ante situaciones de riesgo grave para la salud y el ambiente.  Para ello fue precisamente para lo que fue creada. La ANLA cuenta con información suficiente y adicional para revocar o suspender la autorización el Plan de Manejo Ambiental del PECIG.  Incluso en junio y julio, el Ministerio de Salud le envió la documentación científica en la que basó su recomendación.  En mayo pasado la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia concluyó que las fumigaciones son poco efectivas y que generan muy graves daños ambientales y en la salud.    Desde marzo pasado, el famoso PMA del PECIG está en proceso de actualización debido  a nuevas condiciones presupuestales y de reglamentación, y al acuerdo con Ecuador en la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, organismo ante el cual Colombia se comprometió a no fumigar alrededor de la frontera.    Dado el riesgo de cáncer que el uso del glifosato implica, la ANLA debería revocar el Plan de Manejo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, en lugar de actualizarlo.  Además, si el CNE decidió suspender del todo las fumigaciones con glifosato, el programa que ampara esa práctica carece de sentido.  Hasta el nombre habría que cambiar.   ¿Qué espera la ANLA para viabilizar la decisión del CNE y suspender las fumigaciones?   Nuevas sustancias requieren nuevos permisos   Respecto de la segunda condición para implementar la suspensión de las fumigaciones, el Ministerio de Salud dijo en respuesta a un derecho de petición enviado por varias organizaciones a mediados de junio, no tener conocimiento de las sustancias usadas como alternativa al glifosato.  Un mes antes, en mayo, medios de comunicación informaron que la Policía está probando otras sustancias químicas. ¿Está la Policía haciendo pruebas sin las autorizaciones sanitarias requeridas?   Después de todo, si el gobierno colombiano está buscando sustancias químicas o incluso biológicas para reemplazar al glifosato en la erradicación de cultivos de coca y de amapola, debería tener los permisos ambientales y sanitarios del caso.  Las normas colombianas son claras: El uso de sustancias químicas requiere de una licencia ambiental, la cual requiere a su vez de un estudio de impacto ambiental previo en el cual se analicen los posibles daños al ambiente y la salud, así como las maneras de prevenirlos o mitigarlos.    Cuando el programa de fumigaciones aéreas con glifosato parte del Plan Colombia comenzó a implementarse, se insistió en la necesidad de tener una licencia ambiental nueva. Las autoridades argumentaron en ese entonces que la erradicación era parte de un programa anterior y que una nueva licencia no era necesaria.  Negarse a una nueva licencia ambiental y continuar usando el mismo plan de manejo ambiental para el PECIG, incluso ante el cambio de la sustancia, sería ignorar abiertamente las exigencias normativas y por ende, la obligación del Estado de proteger la salud y el ambiente, y el estado de derecho.   Por ahora es claro que las condiciones establecidas para suspender las fumigaciones están dadas.  Hay evidencia suficiente que la política no es efectiva y que causa graves daños en la salud y en el ambiente.  Colombia y el mundo están pendientes.  ¿Cuánto más tendremos que esperar?

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América Latina, unida contra el fracking
. ¿Cómo organizarnos para evitar sus impactos?

Mientras en los países del Norte y varios de Europa el fracking se ha prohibido o suspendido, en América Latina, se expande. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es sí. Ante la incertidumbre de sus impactos y con la necesidad de generar información y debate, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas trabajan uniendo esfuerzos para evitar y detener los impactos negativos del fracking en el continente. A favor y en contra El fracking o fracturación hidráulica consiste en taladrar miles de metros verticalmente y luego horizontalmente bajo la tierra. Después se inyecta, a muy alta presión, un fluido compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes para fracturar rocas que contienen hidrocarburos (gas y petróleo) de difícil acceso y liberarlos. Entre los impactos graves e irreversibles asociados a esta técnica están el uso intensivo y la contaminación del agua, daños a la salud humana (cáncer, malformaciones, alergias y otros) y a otros seres vivos causados por los fluidos, emisión de metano que tien un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del CO2, e incluso la generación de sismos.   Ante los riegos y la falta de información sobre los impactos, países como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda, Irlanda y, gobiernos subnacionales como el del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Los países de América Latina, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través del fracking. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. Algunos ejemplos evidencian dicha tendencia: México le  abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. Se conoce que en el país existen al menos 924 pozos de fracking. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente. Existen más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenasde mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo a través de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor Con la facilitación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 32 organizaciones de la sociedad civil —incluida AIDA— e instituciones académicas de siete países de la región, se unieron para conformar un Grupo Regional para prevenir los impactos del fracking a través de la generación de información y debate. El grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. Su estrategia consiste en priorizar las siguientes acciones: Identificar las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 50 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del frackingen municipios de Argentina, Brasil y Uruguay . Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar frackingen cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México (). Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en comunidades y promover un futuro energético humano y renovable.

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México aún puede salvar los arrecifes de Veracruz

Veracruz es hogar de una cordillera submarina formada por al menos 23 arrecifes de coral que recorren seis islas y se extienden por kilómetros. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV): el ecosistema de coral más extenso del Golfo de México y que ahora está en peligro. Hace más de 20 años, en 1992, el Gobierno mexicano declaró al SAV Área Natural Protegida bajo la figura de Parque Nacional. Y, en 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo laConvención de Ramsar por ser un ecosistema único y amenazado por la contaminación y las actividades portuarias de Veracruz. Pero, en 2012, dio un paso atrás al decretar la modificación de los límites del sitio para ampliar el puerto de Veracruz, proyecto que dañará gravemente la rica biodiversidad que los arrecifes albergan. En marzo de 2014, el daño fue confirmado cuando el Juez Tercero de Distrito del Estado de Veracruzdeclaró válida la modificación. México tiene una gran deuda que saldar con el sitio y con la población que depende del mismo, pues vulneró la protección que le había otorgado. Dicen que es de sabios rectificar y el Gobierno mexicano todavía puede evitar la degradación de este entorno vital, el cual alberga una gran variedad de fauna marina y es barrera natural contra olas, tormentas y huracanes (más frecuentes e intensos debido al cambio climático). La oportunidad para hacerlo es más que propicia pues el país será sede el próximo año de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. México firmó ese Convenio y en virtud del mismo está obligado a salvaguardar la diversidad biológica y el patrimonio natural de su territorio. En diciembre de 2014, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, enviaron una carta al Secretariado del Convenio solicitándole dos cosas: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los serios impactos que tendrá sobre la diversidad de vida en el SAV.   El proyecto contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. Además de revocar el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio al proyecto de ampliación del puerto en 2013, México tiene en sus manos la oportunidad de obtener asesoría técnica y financiamiento internacional para preservar el Sistema Arrecifal Veracruzano. Para ello, el país debe incluir al sitio en el Registro Montreux, mecanismo contemplado por la Convención de Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales que estén amenazados gravemente o que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra actividad humana. El SAV encaja muy bien en ese perfil. Al incluir al SAV en el Registro Montreux, una misión de asesoramiento de Ramsar visitará el sitio y brindará al Gobierno mexicano apoyo y recomendaciones sobre las acciones adecuadas para su conservación. Es sin duda una forma rápida de atender ecosistemas en riesgo con una suma de esfuerzos nacionales e internacionales. Durante la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar, realizada hace poco en Punta del Este, Uruguay, AIDA abogó ante la delegación del Gobierno mexicano por la inclusión de los arrecifes veracruzanos en el Registro Montreux. Otro entorno amenazado por la ampliación del puerto de Veracruz es la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. En junio de 2014, la SEMARNAT otorgó a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) laautorización ambiental para explotar roca basáltica en la reserva. Lo hizo a pesar que el Programa de Manejo del sitio prohíbe el uso de explosivos, actividad que alterará para siempre la zona, y la hará más vulnerable de lo que ya es a fenómenos climáticos. Además, el ruido y la presencia de personal en el lugar afectará el comportamiento de la fauna, en especial del mono aullador, especie en peligro de extinción. La roca extraída servirá a la construcción de las escolleras del nuevo puerto. En abril de 2015, AIDA y CEMDA lanzaron una petición ciudadana a través del sitio de internet Change.org para solicitar que el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, revoque el permiso concedido para la explotación de roca en Los Tuxtlas, y que Alejandro del Mazo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, incremente la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano inscribiéndolo en el Registro Montreux. La petición ha sido firmada al momento por más de 34,000 personas y está entre las más apoyadas. El Estado de Veracruz es famoso por su tradición pesquera y su gastronomía basada en peces y mariscos. Que ambas características continúen depende en gran medida de la preservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, albergue esencial para las larvas de peces no sólo de Veracruz, sino de todo el país. En 2010, esa barrera coralina amortiguó el embate del huracán Karl de categoría cuatro en la ciudad de Veracruz. ¿Valdrá entonces la pena que el Gobierno de México reconsidere sus decisiones y le devuelva a los arrecifes de Veracruz la protección sólida que una vez les dio? ¿Es el desarrollo portuario válido cuando implica la degradación de ecosistemas frágiles y valiosos para la biodiversidad y la seguridad de las personas?

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