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Los páramos: protegidos por la Corte

El fallo de la Corte Constitucional que hace unos días prohibió la minería en los páramos vino a zanjar una prolongada controversia sobre el tema. Ahora queda claro que los derechos o expectativas económicas de particulares deben subordinarse al interés general. Pero la disputa seguirá y habrá reacomodo de fuerzas en torno a la interpretación del  fallo. La sentencia en cuestión responde a una demanda contra el Plan de Desarrollo 2014-2018 interpuesta por la Cumbre Agraria y el Polo Democrático Alternativo, y sin duda es el pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional en materia ambiental en su historia reciente. El debate sobre extractivismo en páramos es uno de los pulsos ambientales más intensos que hayamos visto en Colombia en los últimos años. A diferencia de otros temas, esta cuestión se instaló para quedarse en el debate nacional. El movimiento ambiental fue muy hábil al conectar la importancia de los ecosistemas de páramo con el agua que los ciudadanos del común reciben en sus casas y con ello logró el consenso en la opinión sobre la necesidad de protegerlos. El asunto fue ampliamente comentado por los medios y por las redes sociales, de modo que hoy la gente sabe bien que sin páramos no hay agua en las ciudades. Esto tuvo una gran influencia sobre el “ambiente” que rodeó el litigio en la Corte. El gobierno perdió el caso ante la opinión y volvió a perderlo ante el tribunal. Antes de la sentencia, no había un pronunciamiento autorizado que impidiera contundentemente la minería en páramos. Pese a algunas decisiones de la propia Corte y a un concepto del Consejo de Estado, este debate seguía estando en vigencia. Pero cuando el gobierno incluyó el tema en el Plan de Desarrollo, cometió un error estratégico porque lo expuso a la competencia de la Corte. En resumen, la Corte sostuvo que: La minería en páramos pone en peligro el derecho al agua porque desconoce la obligación del Estado de proteger sus fuentes. La licencia ambiental no otorga derechos adquiridos en los páramos y el Estado puede prohibir la minería en esas zonas incluso después de haberla expedido. Es desproporcionado afectar los páramos para garantizar derechos patrimoniales de privados. Los páramos tienen un déficit de protección inaceptable desde el punto de vista constitucional, pues no todos ellos se encuentran en áreas protegidas y no hay reglas claras sobre hasta dónde llega la discrecionalidad del gobierno en la delimitación. Los páramos son interdependientes con otro tipo de ecosistemas y dañarlos libera carbono y contribuye al cambio climático. El primer Plan de Desarrollo del gobierno Santos le quitó piso jurídico a la minería en páramos, pero el segundo se lo devolvió y esa regresión es inconstitucional. Asimismo, la Corte hizo uso del derecho ambiental internacional y reconoció que los páramos son sumideros de carbono, reservas de biodiversidad y fuentes de agua dulce. También utilizó datos científicos para demostrar que son ecosistemas muy frágiles y difíciles de restaurar. Con esta decisión el tribunal avanzó bastante en la jurisprudencia y demostró que el litigio ambiental por tipo de ecosistemas es más comprehensivo que aquel que se realiza por especies. Además, envió un mensaje a los países de la región que también tienen páramos, pues la minería avanza a paso firme en áreas protegidas de Ecuador y Bolivia. La cuestión de los páramos es un debate andino y el movimiento ambiental en esos países está seriamente debilitado. Pero, sobre todo, la Corte innovó con la regla según la cual el gobierno no puede apartarse de la delimitación de páramos hecha por el Instituto Humboldt, a menos que tenga una base científica y que ello represente un mayor nivel de protección para los páramos. Este es un diseño constitucional de incentivos sin precedentes que, al tiempo que garantiza la independencia del Instituto, mantiene cierto margen de discrecionalidad para el Ministerio de Ambiente. Por último, la Corte reconoció implícitamente que el sistema de licencias ambientales no da garantías de protección a los páramos y que el margen de discrecionalidad del gobierno en la delimitación, tal como venía operando, no podía seguir. Este es un claro llamado de atención al funcionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las CAR, y un reconocimiento de la necesidad de fortalecer nuevamente el Sistema Nacional Ambiental. Sin duda, la Corte sentó un precedente que dificulta el avance de la minería en los páramos. Pero la disputa por el sentido del fallo y las presiones sobre el tribunal continuarán, porque el diablo está en los detalles. La Ley 1450 de 2011 daba como referencia mínima para hacer efectiva la prohibición de minería en páramos el Atlas del Humboldt, si no se tenía una más detallada. Esa regla desapareció con en la Ley 1753 de 2015. Si bien la Corte hizo ajustes en su reciente decisión, el argumento según el cual si no hay delimitación no hay prohibición de minería, será utilizado para seguir pidiendo licencias en zonas de páramo, o para defender las que ya han sido aprobadas. Por otro lado, los ambientalistas sostendrán que las licencias en esas zonas, al ser actos administrativos, pierden sustento jurídico con la sentencia de la Corte y deben ser revocadas o anuladas. En todo caso, la protección de los páramos no debe estar supeditada a la delimitación. Las decisiones de la Corte tienen efectos inmediatos y la protección de los derechos fundamentales relacionados con páramos no puede estar sujeta a la expedición de un acto administrativo. El otro desafío que surge tras la decisión es qué hacer con los pequeños mineros. Si bien la Corte dijo que los derechos patrimoniales no están por encima del interés general, en el caso de productores artesanales el acceso al trabajo o al mínimo vital puede verse en peligro, particularmente en Santander y Boyacá. El gobierno debe ofrecer alternativas para evitar el desplazamiento de estos grupos. Finalmente, vendrá la discusión sobre los costos económicos de la decisión. Sin duda habrá un ajuste en los planes de inversión e incluso pérdidas en el sector minero, que cuenta con vías legales para reclamarlas frente al Estado. Pero los costos de los pasivos ambientales por la explotación (pérdida de servicios ecosistémicos, impacto de la contaminación sobre la agricultura y la salud) son mucho más importantes y, en últimas, también tendrán que ser asumidos por el Estado y por los ciudadanos. El problema radica en que esos costos ambientales normalmente no son contabilizados. Con esta decisión ganó la Corte, que demostró ser capaz de decisiones audaces para proteger los ecosistemas del país. También ganó el movimiento ambiental, que supo combinar la movilización ciudadana con el litigio estratégico. Pierden el gobierno, porque su punto de vista sobre el tema resultó derrotado (por ahora), así como el sector minero, que sin duda verá reducidas sus expectativas de ganancias. Pero el debate sigue y la implementación de la sentencia puede ser aún más disputada que el litigio.

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Activistas lamentan el daño a Tajamar en Cancún

Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que no hubo “ecocidio” ni “devastación ambiental” en el desmonte del Proyecto Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, habitantes del municipio de Benito Juárez aseguran que ese sitio era “uno de los últimos pulmones de la ciudad”, donde familias hacían ejercicio, actividades recreativas y  convivían con la naturaleza. “No es posible hablar, ratificar o avalar que se trata de un ecocidio, ni mucho menos que se trate de una devastación ambiental”, indicó el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, a pesar de la existencia en ese sitio de especies de flora y fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, ante lo cual activistas calificaron de tardía la llegada al lugar de la Profepa. Aun cuando se refirió a “ecocidio” y “devastación ambiental”, sin citar la fuente, para negar el daño en el malecón de tajamar, abogados ambientales consultados por Excélsior destacaron que esos términos ni siquiera existen en la legislación mexicana. Cuestionamientos Sandra Moguel Archila, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y Agustín Bravo Gaxiola, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideraron que Haro Bélchez emitió una declaración política para salir del paso en un tema ambiental que preocupa no sólo en el país, sino en el mundo. El pasado 28 de enero, el titular de la Profepa reconoció en conferencia de prensa que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “incumplió parcialmente” con el programa de rescate de fauna, condicionante en la autorización de impacto ambiental otorgada en 2005 por la Secretaría de Medio Ambiente. “En la visita y en la observación que hicimos, y que está documentada el pasado 26 de enero, se observaron cinco cocodrilos, tres adultos y dos crías, y eso significa que no se completó este programa de rescate de fauna”, indicó. Aunque Haro Bélchez dijo que emplazaría a Fonatur a completar el rescate de flora y fauna, “y en su caso valorar la oportunidad, la pertinencia, de una sanción administrativa en términos de ley”, el resolutivo de la Semarnat en sus condicionantes es muy claro: “Décimoprimero.- Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la presente autorización. De tal efecto, el incumplimiento por parte del promovente (Fonatur) a cualquiera de los términos y/o condicionantes establecidos en esta autorización invalidará el alcance del presente oficio sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los ordenamientos que resulten aplicables”. Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que un “incumplimiento parcial” es no cumplir con las condicionantes, por lo que la Semarnat debe revocar la autorización de impacto ambiental y aplicar sanciones. Fonatur insiste en que reubicó la fauna de Tajamar, un total de 43 animales, incluido un cocodrilo trasladado a la Laguna de Nichupté, un día antes de que maquinaria pesada arrasara con todo. Rechazan versión Katherine Ender Córdova, vocera de la agrupación Guardianes del Manglar Cancún, quien lleva seis meses cuidando los tres accesos al malecón, asegura que no hubo ni una sola reubicación de fauna. “Nunca reubicaron, hacíamos guardias las 24 horas del día, tenemos cómo probarlo.” En cuanto a la flora protegida de Tajamar, en agosto de 2015 Fonatur realizó una reubicación de 10 mil plántulas de especies protegidas por la legislación ambiental como el mangle rojo, negro y botoncillo, así como la palma Chit. Pero la vegetación supuestamente rescatada de su hábitat está seca, en bolsas de plástico negras, muriendo lentamente en el vivero del Parque Kabah, en Cancún, como constató este diario. En el sitio están amontonados los ejemplares  y el personal que ahí labora confirmó que se trata de los mangles y palmas traídas desde el año pasado de Tajamar. “Lo que está haciendo el gobierno es meterse en un pantano e irse hundiendo cada vez más y más y más, y sus declaraciones son cada vez más inoportunas y grotescas”, dijo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab. Lamentó que la Profepa haya “llegado tarde como siempre”, 10 días después del ecocidio y la devastación en Tajamar y por ello, dijo, sus inspectores ya no pudieron encontrar cuerpos de los animales que fueron aplastados y enterrados por los trascabos bajo el amparo de la policía y la oscuridad de la noche.     “Ecocidio” En abril de 2010, la abogada británica Polly Higgins presentó una enmienda al Estatuto de Roma para que se incluya al “ecocidio” como el quinto crimen internacional contra la paz,  junto con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. La propuesta presentada ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional define al “ecocidio” como “la destrucción, daño o pérdida de los ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otras causas, a tal punto que el disfrute pacífico por los habitantes de ese territorio se haya visto seriamente disminuido”. Se busca que el “ecocidio” sea juzgado por la Corte Penal Internacional.

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El primer paso de Ibagué para frenar explotación minera

El alcalde de la capital tolimense, Guillermo Alfonso Jaramillo, quiere evitar la explotación de una de las minas de oro más grandes de Colombia. Sin embargo, ese mecanismo aún se encuentra en un limbo jurídico. Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora, después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué. El pasado lunes su nuevo alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Salud de Bogotá, radicó en el Concejo de la ciudad un proyecto para empezar el trámite de una consulta popular que detenga las operaciones de La Colosa. Según él, la explotación de la “megaminería a cielo abierto” también tiene en vilo los recursos hídricos de la capital tolimense, no sólo de Cajamarca. Principalmente, dice, si se concreta, la explotación afectará la cuenca del río Coello. “Y de ese afluente es de donde se va a alimentar un acueducto complementario con el que contarán los ibaguereños. Por eso estamos interesados en decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestro territorio. Se puede presentar una clara situación de degradación de suelos, erosión y alteraciones de topografía que afectan el medioambiente y las cuencas. Además, nuestra vocación es agrícola y queremos seguir gozando de esta autonomía para decidir si queremos seguir teniéndola”, asegura. La autonomía a la que se refiere Jaramillo es el centro de un álgido debate que empezó cuando Piedras hizo su consulta popular y el cual el país aún no ha sido capaz de solucionar. En términos muy concretos, el tema engloba una pelea jurídica para definir si los municipios pueden decidir si hacer o no minería en sus territorios. Y pese a que el Gobierno Nacional ha tratado de zanjar la discusión a punta de decretos y a que la Procuraduría ha intentado limitar a los alcaldes por medio de sanciones disciplinarias, hoy la pelea sigue en el limbo. En el caso de Cajamarca, donde Anglogold Ashanti espera comenzar a excavar en 2020 La Colosa para extraer unos 29 millones de onzas de oro, el ente de control había anunciado sanciones si su alcalde hacía una consulta. Por otro lado, el Minambiente y el Minminas han querido ponerle punto final a la discusión con polémicos decretos. El último de ellos, expedido hace un año y recordado como el “decreto navideño” (por haber sido sancionado el 23 de diciembre), resultó tan controversial que el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente. De manera que ahora, como explica César Rodríguez Garavito, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y quien les ha hecho seguimiento detallado a estas consultas populares, el asunto sigue en el limbo. Eso, pese a que la Corte Constitucional aseguró en 2014 que el Gobierno y las autoridades locales tenían que conciliar las acciones que se iban a llevar a cabo en los suelos de los municipios. A sus ojos, el Gobierno ha querido sacarle el cuerpo a la sentencia del alto tribunal. “Y lo que hoy es completamente claro es que el alcalde de Ibagué tiene toda la potestad para hacer esa consulta”, afirma. Con él concuerda Carlos Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Jurídicamente esta operación es viable”. Sin embargo, el paso que dio Ibagué es apenas el primero de un largo proceso. Primero, como dice Jaramillo, la consulta debe ser aprobada por el Concejo. El alcalde espera encontrar el apoyo de sus funcionarios, en parte porque la iniciativa venía siendo promovida desde mucho antes por organizaciones de la sociedad civil. En caso de que esa entidad le dé el visto bueno, el Tribunal Administrativo de Tolima debe dar su aprobación. Y cuando pase por este par de etapas, los ibaguereños decidirán si quieren o no que la multinacional minera explote el oro de La Colosa. Para hacerlo, dice Jaramillo, deberán superar el umbral, que puede ser cercano a los 120.000 votantes. Si todo marcha bien, es posible que el 5 de junio la ciudadanía de la capital tolimense se encuentre con un tarjetón con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Y aunque para Jaramillo la cuenca del río Coello es la que está en juego, algunos rumores indican que el proyecto La Colosa requiere de territorios cercanos a Cajamarca. Según fuentes cercanas al proceso, en Ibagué ya se han comprado lotes que pueden funcionar para depositar escombros y separar los materiales, pues la Anglogold Ashanti tendría la posibilidad de ubicar infraestructura para sus operaciones a 100 kilómetros a la redonda. Después de todo, el municipio de Piedras se opuso a la minera porque en sus tierras, justamente, se iba a construir el centro de procesamiento del oro.

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Pese a las advertencias, explotación del fracking se expande sin freno en América Latina

Especialistas en industrias extractivas alertaron que la extensión de la fractura hidráulica en América Latina se debe a la baja producción de energéticos y a que las leyes sobre explotación de cada país son muy laxas, además de que las prospectivas sobre los recursos sólo impulsan el uso de energías fósiles en lugar de las renovables.  Ciudad de México, 28 diciembre (SinEmbargo).– Comenzó en Estados Unidos, llegó a México y poco a poco se ha extendido hacia el resto de América Latina, sin embargo organizaciones civiles alertan que de no detenerse, los daños podrían ser irreversibles. Se trata del fracking o fractura hidráulica, una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos que afecta al medio ambiente, vulnera los derechos sociales y causa problemas a la salud. A principios de diciembre de este año, el portal estadounidense especializado en temas de energía Truthout informó que este método se está expandiendo rápidamente en Latinoamérica y aunque “puede provocar cáncer y enfermedades en la sangre, entre otros efectos inmunológicos, ya se realiza en Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay , Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y México”. Al respecto, Aroa de la Fuente, especialista en industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las naciones recurren al fracking porque las estimaciones que se tienen para explotar los recursos son altas y con ello se pretende mitigar la caída de la producción de energéticos. En el caso de Argentina comentó que hay un mayor desarrollo de proyectos de este tipo e incluso ya la explotación es con fines comerciales, pero reiteró que las visiones prospectivas que tienen los países sobre sus recursos no son siquiera cien por ciento seguras, además de los daños que implica su desarrollo. Asimismo, la publicación norteamericana detalló que “el fracking emite benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, componentes considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nocivos para la salud”. Por su parte, varias organizaciones en contra del la fractura hidráhulica, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Observatorio de Petróleo Sur, entre otras, explican que “aunque persisten las iniciativas y operaciones de exploración y explotación a través de fracking en varios países, la caída de los precios del petróleo mantiene frenado un proceso que era promovido como una de las grandes soluciones energéticas para la región: la explotación de yacimientos de lutitas o gas shale”. Las asociaciones informan a través del documento titulado Mapa de Fracking en América Latina que “en la formación Vaca Muerta, en Argentina, se sostiene el único proyecto de desarrollo masivo de Hidrocarburos No Convencionales (HNC) por fuera de Estados Unidos. En tanto, en México, sin la participación estatal de Pemex, se realizó la Ronda Uno de concesiones, considerada como el banderazo de salida para el nuevo escenario liberalizado y transnacionalizado”. Asimismo, el mapa indica que Argentina y México “son la punta de lanza de los HNC en la región, seguidos con incipientes actividades de exploración por Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay; y anuncios oficiales sin resultados concretos en Perú y Paraguay”. En ese sentido, Aroa de la Fuente, quien también es integrante de Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, dijo que la situación en Argentina responde a la apertura de los gobiernos hacia la industria privada “a ese país llegó Chevron e hizo un contrato leonino con la empresa estatal para explotar este tipo de hidrocarburos con la argumentación de la disminución de las reservas”. En tanto, el documento menciona que en el resto de América Latina “al mismo tiempo se abren escenarios de explotación de otros tipos de energías extremas, como gas asociado a mantos de carbón en Colombia y Argentina y las aguas profundas de Presal, en Brasil”. Por su parte, Truthout confirmó que “de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicados en 2015 , sólo Estados Unidos, Canadá, y más recientemente Argentina y China producen grandes volúmenes de gas de esquisto; estos dos últimos países están impulsando el desarrollo de la extracción esquisto”. Sin Embargo, la experta en industrias extractivas aseguró que “para realizar la exploración y ver si es viable la explotación no necesitan fracturar los yacimientos y generar los impactos que vienen asociados a ellos, además que esta política es totalmente contraria a los compromisos que tienen los países para la región contra lucha del cambio climático”. Según datos de la AIE, México cuenta con 454 billones de pies cúbicos de gas shale, mientras que estimaciones de Petróleos Mexicanos dicen que son 13 mil 100 miles de millones de pies cúbicos. En tanto, la organización civil Cartocrítica dio a conocer en este año que Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son las entidades donde más se han registrado pozos por fracking. De acuerdo con la información presentada por la organización, los estados que más pozos registran en funcionamiento son Veracurz con 349 y Puebla con 233, seguido por Nuevo León con 182 y luego el resto. Cartocrítica asegura que al menos 924 pozos han sido perforados en seis de los 32 estados del país, incluyendo 349 de ellos en Veracruz. Al respecto, OilPrice, portal estadounidense especializado en temas energéticos, publicó en julio pasado que dado el estado de los precios del petróleo y los recursos que México tiene a su disposición, “hasta el momento el fracking aparece concentrado en el gas natural, en lugar del crudo”. Para Cartocrítica, el fracking se está expandiendo en silencio en México, de forma no regulada y envuelto en la opacidad. En ese sentido, la especialista de Fundar opinó que Pemex ha anunciado sus prospectivas “pero tampoco estamos seguros, lo que necesitamos es tener más información del gobierno para saber qué tipo de yacimientos son”.   En el marco de la Cumbre sobre Cambio Climático COP 21 integrantes de organizaciones civiles se pronunciaron en contra de esta práctica con la demanda de que “el Fracking debe ser prohibido para enfriar al planeta”. Las organizaciones expusieron ante los líderes mundiales que “pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminantes, varios países de la región, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del la fractura de hidráulica”. Asimismo, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking explicó en su pronunciamiento que la fractura hidráulica afecta a las comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas por el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura cuya convivencia con esta técnica es imposible . Al respecto, Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking en México, y quien estuvo presente en la Cumbre, comentó a este medio que respecto a este tema los líderes mundiales no detallaron nada y que incluso algunos de los acuerdos alcanzados en la cumbre “están fuera de la realidad”. Comentó además que tampoco se tocaron temas como los sistemas hídricos “es algo que se ha olvidado, todo el desplazamiento que se ha hecho del agua a través de grandes represas y que ha impactado en los ecosistemas también es muy responsable del cambio climático”. En ese sentido abundó sobre la importancia del agua en todos los sentidos y recordó que para realizar la fractura del suelo se requieren millones de litros del vital líquido. ¿HACERLO BIEN? Para el Gobierno Federal y algunos especialistas, el fracking puede ser eficiente siempre y cuando se haga mediante prácticas cuidadas, tecnología indicada y con un correcto sondeo sobre las características del suelo y la región. En noviembre pasado, durante la presentación de una serie de recomendaciones realizadas por la empresa de investigación en energía IFC International para que México reduzca las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química, calificó dicha técnica como una alternativa de transición energética y dijo que “posiblemente vayamos a tener y nos conviene como una fuente adicional de gas y de hidrocarburos ligeros”. Para otros, “el país no puede renunciar al fracking. Sería darle a Estados Unidos una ventaja competitiva enorme sobre México o convertirnos en un país para siempre importador del gas que produce Estados Unidos. Pero sí podemos hacerlo con prácticas ambientales probadas y en esa dirección vamos a caminar”, declaró Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía de este país tras ser cuestionado sobre los riesgos de esta técnica durante una conferencia magistral en la maestría sobre políticas públicas que ofreció la Fundación Colosio el 28 de septiembre del año pasado. Sin embargo las especialistas en el tema coinciden en que pese a esta práctica se pretenda implementar bajo un discurso “ambientalista” no es la mejor vía para la explotación de energía. Para la especialista de Fundar “además esta técnica es muy cara, la explotación de hidrocarburos fósiles se está haciendo más costosa y va en detrimento, porque mientras se apueste a un tipo de energía, es más difícil desarrollar otra”, y en esa vía comentó que los gobiernos de América Latina, como de México, deben apostar por las energías renovables. En ese sentido, Claudia Campero agregó que “lo que tenemos que hacer es dejar de manera universal el 80 por ciento de los combustibles fósiles que no se han extraído bajo tierra y los no convencionales”.

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Por qué es importante incluir derechos humanos en el acuerdo de París

El cambio climático ya está causando gravísimos impactos en Colombia y todo el mundo. Ejemplos se presentan todos los días y son más graves cada año: temperaturas extremas, huracanes, sequías, inundaciones, incendios y pérdida de glaciares que comprometen la disponibilidad de agua dulce.  Hay países como los pequeños Estados insulares, que perderán su territorio en unas cuantas décadas si los gobiernos no implementan acciones efectivas inmediatas. Hoy Úrsula Rakova de Papúa Nueva Guinea habló en la COP de los impactos que ella y su comunidad están sufriendo y que a menos que se tomen acciones ella no podrá ni heredarle sus tierras a su hija o a su nieta. Todo su territorio y cultura quedará bajo el mar en unas cuantas décadas. La pregunta entonces no es si vamos a sufrir por cambio climático, sino en qué medida. Por ello el acuerdo de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se negocia en París debe incluir la protección de los derechos humanos. Aunque la respuesta parece sencilla, no lo es. Por esto el tema de cómo y dónde incluir derechos humanos en el acuerdo climático ha sido uno de los temas de mayor discusión en la COP21 de París. La inclusión de los derechos humanos en el acuerdo de Paris es esencial porque, primero, reconoce las realidades del cambio climático y su impacto en el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Segundo, recuerda a los Estados sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos.Estas obligaciones son compartidas con empresas y entidades internacionales. La incorporación de los derechos humanos en el acuerdo climático no creará nuevas obligaciones. Nos permitirá, en cambio, ser consistentes y cumplir los compromisos existentes. Tercero, promueve la estabilidad mundial que ha sido vinculada con cambio climático por impactos como: competencia por recursos naturales locales, inseguridad de modos de vida, migración, eventos y desastres climáticos extremos, volatilidad de precios de alimentos, manejo de agua transfronteriza, aumento de nivel del mar, degradación costera y efectos no intencionados de las políticas climáticas. Finalmente, porque pueden ayudar a promover soluciones efectivas como el replanteamiento de nuestra energía. Ese tipo de soluciones no han sido alcanzadas aún debido a la falta de ambición y voluntad política. Como en bienes raíces, la ubicación es todo. Así que para que tenga impacto en la implementación, la inclusión de derechos humanos, equidad de género, pueblos indígenas, equidad intergeneracional, seguridad alimentaria, justa transición laboral e integridad de los ecosistemas, debe incorporarse en el preámbulo y en la parte operativa. Ello permitirá realmente que la implementación de todas las acciones de cambio climático consideren los derechos humanos, como las partes ya acordaron en la COP16 en Cancún en 2010.

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Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México

La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo  En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.

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SOS: ¡Necesitamos gobernar el agua!

Después de Medellín, Bucaramanga y Manizales, los Conversatorios Regionales por el Agua, terminaron su recorrido en Bogotá, donde se concluyó que el problema del agua en Colombia no es su cantidad, sino cómo se gestiona. Fortalecer iniciativas como el Consejo Nacional del Agua, involucrar la participación ciudadana y aprovechar la riqueza acuífera del territorio fueron las principales propuestas para solucionarlo. “La actual situación del agua nos está mostrando una realidad. De las crisis se han sacado las mejores políticas, por eso esta es nuestra oportunidad para decidir una nueva ruta de gestión del recurso hídrico”, aseguró Ricardo Lozano, director de People and Earth y moderador de los cuatro conversatorios. Después de conocer las visiones regionales y hacer un repaso de cómo se gobierna el agua en otros países, Lozano resolvió que lo más importante es garantizar la participación de los usuarios en la toma de decisiones. “Colombia tiene tres veces más agua que México, pero menos población”, señaló el ingeniero Manuel Rafael Rosales Gonzáles, subgerente de Análisis Hidrológico de la Comisión Nacional de Agua Mexicana, al exponer cómo ha sido el recorrido en su país para desarrollar esta política. Dentro de su sistema de gobernanza del agua, además de tener la Ley Nacional de Aguas, México ha definido zonas de veda, de reserva y reglamentadas, con el fin de garantizar que siempre haya disponibilidad del recurso. En las primeras no se puede hacer ningún aprovechamiento legal, debido a que podría darse un deterioro en su calidad o cantidad; las segundas están reservadas para el uso a futuro de alcantarillados, generación de energía del servicio público y garantizar los flujos mínimos para la protección hidrológica, mientras en las terceras se debe llegar a un acuerdo con las comunidades para establecer cómo se van a usar, debido al déficit que existe.     Para Luis Fernando Rico, gerente de Isagén, esto demuestra que el Estado colombiano se ha ausentado en el tema de las hidroeléctricas. “La sociedad no debería renunciar a la fuente de energía más económica que se conoce. Los embalses producen sus impactos y ante crisis como esta hay reducciones, pero el sector eléctrico está preparado para afrontarlo. Claro, hubo una falla financiera importante, porque en un período normal la demanda del país es 80 % de origen hídrico, pero en sequía se reduce a 51 %”, recordó. Frente al fenómeno de la sequía, Nelson Ómar Vargas, subdirector de hidrología del Ideam, recordó el valor de los acuíferos. “Tenemos una oferta invisible que no se está mirando, un oro azul enterrado que no conocemos: el agua subterránea. Su cantidad es tres veces mayor que la superficial disponible y 74 % del territorio nacional guarda este potencial. De hecho, 280 de los 318 municipios categorizados en riesgo de desabastecimiento tendrían la posibilidad de hacer un uso mixto del agua”, afirmó Vargas. Por esto, de acuerdo con Carlos Lozano Acosta, asesor legal del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se debe garantizar el derecho al agua, lo cual implica el acceso a la información y a datos confiables. “En Colombia ha habido un gran avance en la información respecto a que la situación del agua se haga pública, como sucedió con el Estudio Nacional del Agua 2014. Sin embargo, acceder a información de proyectos e infraestructura muchas veces no se nos permite. Hay unos proyectos mineros con una influencia grande sobre el agua y no hemos sabido nada de esta información”. El conversatorio terminó con un segundo panel sobre la necesidad de fortalecer la capacidad interinstitucional, incluyendo la creación del Consejo Nacional del Agua según se estableció en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Ante esto, Ximena Barrera, directora política de WWF, dijo que a partir de lo demostrado por experiencias de gobernanza como la francesa y la mexicana, es muy importante establecer una política multinivel que garantice la participación, además de “entender la importancia de contar con un buen sistema de información y conocimiento”. Pensar en esos retos será una de las funciones del Consejo Nacional del Agua, pues en los conversatorios quedó claro que se necesita un espacio que articule los problemas alrededor del líquido. Según Carlos Arturo Álvarez, asesor de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de Ambiente será su secretaría técnica, pero queda en el aire la pregunta de quién será el doliente. ¿A quién entregarle la dirección para que se comprometa con las comunidades? ¿De dónde podrían venir los recursos para asegurar la disponibilidad del agua? ¿Cómo exigir una educación que forme más especialistas en estos temas? Preguntas que deberán responderse cuando se cree el esperado Consejo.

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Un proyecto de mina de Odyssey y AHMSA amenaza en BCS a especies que México y EU defienden

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Por medio de una carta dirigida a Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de Baja California Sur (BCS) realizó algunas observaciones técnicas del proyecto de minería submarina “Don Diego” con las que concluye que no es ambientalmente viable. Dicho proyecto, promovido por la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations, a través de su filial Exploraciones Oceánicas y con participación de Minera del Norte S.A., subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), es el primero en su tipo a nivel mundial y pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa en aquel estado. Actualmente, “Don Diego” se encuentra en una segunda evaluación de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat, después de haber desistido en una ocasión y tras la acusación de organizaciones de que el proyecto representa un riesgo para los ecosistemas marinos y la actividad pesquera y turística de la región. Ahora, el Gobierno de BCS a través de Rodrigo Guerrero Rivas, Secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, advierte que el desarrollo minero no es viable ambientalmente y que podría exacerbar un conflicto de índole internacional, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). A través de la carta –hecha pública por el Cemda– la instancia local emite opiniones técnicas que hacen referencia a que en la MIA de “Don Diego” se puede detectar conflictos ambientales con el sector minero y conflicto internacional por mortalidad de tortuga marina amarilla, así como metodologías, estudios y estadísticas insuficientes para establecer el grado de afectación a especies locales, dispersión de sedimentos, resiliencia y ecotoxicidad y manejo de combustibles. La zona en que Exploraciones Oceánicas pretende echar a andar su proyecto, está considerada como Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y también como zona de abundancia de tortugas marinas y tránsito de ballenas azules, grises y jorobadas, además de ser hábitat de lobos marinos y de una variedad de especies de algas, poliquetos, moluscos e invertebrados. En un primer análisis del desarrollo minero, la institución estatal utiliza como referencia el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte, mediante el que detectaron dos conflictos ambientales con el sector minero: El primero es de conservación pues, señalan, el desarrollo provocaría afectaciones a ecosistemas bentónicos, succión o daño físico de organismos por la draga (aparato utilizado para succión de productos marinos), daño o muerte de organismos, bioacumulación de metales pesados y elementos radiactivos, así como incremento de mortalidad de mamíferos y tortugas marinas. Adicionalmente, la misiva señala que el proyecto minero se ubica dentro de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) en las que, entre otras cosas, se establece que no se “permitirán actividades mineras cuando éstas puedan afectar poblaciones y hábitat de especies en riesgo y prioritarias de conservación o causen efectos de acumulación de metales pesados que pongan en riesgo la salud pública por consumo de productos pesqueros”. En contraste con la afirmación que se lee en la página oficial de “Don Diego” y afirma que utiliza la experiencia de los mejores consultores y científicos del medio ambiente en el mundo y que se realizaron numerosos y extensos estudios, el Gobierno de BCS indica que ciertas metodologías, estudios y estadísticas son insuficientes para establecer el grado de afectación por las actividades que el proyecto pretende realizar durante 50 años. Tal es el caso de la evaluación de resiliencia y ecotoxicidad, mediante la que Don Diego sostiene que “no existen evidencias de contaminación que afecten a la fauna marina”, pero que realizó sin hacer mención a investigaciones oceanográficas locales-regionales, sino con datos marinos que incluyen a especies costeras del Reino Unido. Además de no haber evaluado el impacto de su actividad con especies locales, los promoventes del proyecto, señala la carta, realizaron un estudio que “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales producidos por el ruido en otras especies marinas (incluyéndose a las tortugas marinas)”. Además de concluir con que el proyecto “Don Diego” no es ambientalmente viable, el Gobierno de BCS hizo mención de que su desarrollo podría “exacerbar de una manera muy significativa” la intención del Gobierno de Estados Unidos de implementar un embargo pesquero “que tendría graves impactos socioeconómicos no sólo en el estado de BCS, sino también en el resto del país”. El embargo al que se hace referencia es una posibilidad que surgió luego de que, en agosto pasado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendiera a México una certificación negativa por no adoptar un programa regulatorio comparable al de aquel país para afrontar la pesca incidental de la tortuga amarilla –una especie en extinción– en el Golfo de Ulloa, donde se pretende echar a andar el proyecto. La tortuga amarilla o caguama (caretta caretta) es una especie catalogada En Peligro de Extinción y considerada como Especie Prioritaria para la Conservación en México, por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), pero diversas asociaciones civiles han denunciado que “Don Diego” es una amenaza latente. Recientemente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) pidió al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) hacer un análisis de dicho proyecto y a instar al Gobierno Mexicano a proteger a la especie. Ante el riesgo, indica un comunicado del Cemda, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que “ahora, con un embargo en puerta por parte del gobierno estadounidense, lo menos que Semarnat debería hacer es aprobar el proyecto”. Finalmente, la misiva dirigida al funcionario de la Semarnat, insta a considerar la aplicación del Principio Precautorio para evaluar el proyecto minero y con ello apegarse a la legislación en materia internacional y nacional pues, de lo contrario podría incurrirse en “la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Entre los acuerdos internacionales que, mencionan, hay que cumplir, se encuentran la Declaración de Río de Janeiro y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

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Paso histórico en el aire

Columna de opinión de Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sobre lo que ha sucedido pasados tres meses del anuncio del Gobierno Colombiano de suspender las fumigaciones con Glifosato.    El 14 de mayo pasado, el gobierno colombiano anunció con bombos y platillos un gran cambio en la política antidrogas: la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito de coca y de amapola.  La decisión tuvo repercusión internacional y fue ampliamente celebrada dado que Colombia es el único país que todavía aplica dichas fumigaciones, pese a que, tras décadas de implementación, éstas han demostrado ser inefectivas y causado graves impactos ambientales y sociales.   Pero, a tres meses del anuncio, las fumigaciones continúan. Cabe entonces preguntarse en qué va la implementación de la decisión histórica tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).   La medida fue precedida por semanas de intenso debate generado a partir del informe de la OMS que concluyó que el glifosato podría causar cáncer. Con base en ello y en decisiones de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud recomendó aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones con glifosato para evitar posibles daños graves e irreversibles a la salud y al ambiente en Colombia.   Por siete votos a favor y uno en contra (el de la Procuraduría General de la Nación), el CNE hizo historia al anunciar la suspensión de las fumigaciones, se impusieron dos condiciones: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permite la aspersión con glifosato en el país; y que, en el plazo de un mes, un comité técnico creado por el CNE formule recomendaciones para ajustar la política antidrogas.   La información disponible sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) da cuenta que ambas condiciones aún no se cumplen. Mientras tanto, las fumigaciones en Putumayo y otras zonas del país, continúan.  El 11 de agosto, la Asociación Campesina del Catatumbo publicó un comunicado del Ministerio del Interior según el cual esa entidad “no ha tomado una decisión sobre la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo”.   Lo anterior es incoherente con la decisión del CNE de suspender del todo las fumigaciones. ¿Por qué hacer una diferencia con el Catatumbo? ¿Existe realmente intención alguna de implementar la suspensión?   ANLA puede y debe revocar el Plan de Manejo Ambiental para las fumigaciones   Hay al menos tres razones para ello: La ANLA tiene la facultad de suspender o revocar licencias ambientales o autorizaciones para los planes de manejo ambiental cuando éstas o las condiciones y exigencias establecidas no se cumplen.  Para hacerlo, no requiere autorización del beneficiario del permiso. La evidencia de que el glifosato podría causar cáncer a las personas y la correspondiente decisión del CNE deberían ser razón suficiente para que la ANLA revoque de inmediato el Plan de Manejo del PECIG.  La ANLA puede tomar esa decisión de oficio, sin ninguna solicitud de por medio, en especial ante situaciones de riesgo grave para la salud y el ambiente.  Para ello fue precisamente para lo que fue creada. La ANLA cuenta con información suficiente y adicional para revocar o suspender la autorización el Plan de Manejo Ambiental del PECIG.  Incluso en junio y julio, el Ministerio de Salud le envió la documentación científica en la que basó su recomendación.  En mayo pasado la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia concluyó que las fumigaciones son poco efectivas y que generan muy graves daños ambientales y en la salud.    Desde marzo pasado, el famoso PMA del PECIG está en proceso de actualización debido  a nuevas condiciones presupuestales y de reglamentación, y al acuerdo con Ecuador en la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, organismo ante el cual Colombia se comprometió a no fumigar alrededor de la frontera.    Dado el riesgo de cáncer que el uso del glifosato implica, la ANLA debería revocar el Plan de Manejo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, en lugar de actualizarlo.  Además, si el CNE decidió suspender del todo las fumigaciones con glifosato, el programa que ampara esa práctica carece de sentido.  Hasta el nombre habría que cambiar.   ¿Qué espera la ANLA para viabilizar la decisión del CNE y suspender las fumigaciones?   Nuevas sustancias requieren nuevos permisos   Respecto de la segunda condición para implementar la suspensión de las fumigaciones, el Ministerio de Salud dijo en respuesta a un derecho de petición enviado por varias organizaciones a mediados de junio, no tener conocimiento de las sustancias usadas como alternativa al glifosato.  Un mes antes, en mayo, medios de comunicación informaron que la Policía está probando otras sustancias químicas. ¿Está la Policía haciendo pruebas sin las autorizaciones sanitarias requeridas?   Después de todo, si el gobierno colombiano está buscando sustancias químicas o incluso biológicas para reemplazar al glifosato en la erradicación de cultivos de coca y de amapola, debería tener los permisos ambientales y sanitarios del caso.  Las normas colombianas son claras: El uso de sustancias químicas requiere de una licencia ambiental, la cual requiere a su vez de un estudio de impacto ambiental previo en el cual se analicen los posibles daños al ambiente y la salud, así como las maneras de prevenirlos o mitigarlos.    Cuando el programa de fumigaciones aéreas con glifosato parte del Plan Colombia comenzó a implementarse, se insistió en la necesidad de tener una licencia ambiental nueva. Las autoridades argumentaron en ese entonces que la erradicación era parte de un programa anterior y que una nueva licencia no era necesaria.  Negarse a una nueva licencia ambiental y continuar usando el mismo plan de manejo ambiental para el PECIG, incluso ante el cambio de la sustancia, sería ignorar abiertamente las exigencias normativas y por ende, la obligación del Estado de proteger la salud y el ambiente, y el estado de derecho.   Por ahora es claro que las condiciones establecidas para suspender las fumigaciones están dadas.  Hay evidencia suficiente que la política no es efectiva y que causa graves daños en la salud y en el ambiente.  Colombia y el mundo están pendientes.  ¿Cuánto más tendremos que esperar?

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América Latina, unida contra el fracking
. ¿Cómo organizarnos para evitar sus impactos?

Mientras en los países del Norte y varios de Europa el fracking se ha prohibido o suspendido, en América Latina, se expande. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es sí. Ante la incertidumbre de sus impactos y con la necesidad de generar información y debate, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas trabajan uniendo esfuerzos para evitar y detener los impactos negativos del fracking en el continente. A favor y en contra El fracking o fracturación hidráulica consiste en taladrar miles de metros verticalmente y luego horizontalmente bajo la tierra. Después se inyecta, a muy alta presión, un fluido compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes para fracturar rocas que contienen hidrocarburos (gas y petróleo) de difícil acceso y liberarlos. Entre los impactos graves e irreversibles asociados a esta técnica están el uso intensivo y la contaminación del agua, daños a la salud humana (cáncer, malformaciones, alergias y otros) y a otros seres vivos causados por los fluidos, emisión de metano que tien un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del CO2, e incluso la generación de sismos.   Ante los riegos y la falta de información sobre los impactos, países como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda, Irlanda y, gobiernos subnacionales como el del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Los países de América Latina, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través del fracking. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. Algunos ejemplos evidencian dicha tendencia: México le  abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. Se conoce que en el país existen al menos 924 pozos de fracking. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente. Existen más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenasde mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo a través de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor Con la facilitación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 32 organizaciones de la sociedad civil —incluida AIDA— e instituciones académicas de siete países de la región, se unieron para conformar un Grupo Regional para prevenir los impactos del fracking a través de la generación de información y debate. El grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. Su estrategia consiste en priorizar las siguientes acciones: Identificar las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 50 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del frackingen municipios de Argentina, Brasil y Uruguay . Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar frackingen cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México (). Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en comunidades y promover un futuro energético humano y renovable.

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