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Brasil inauguró Belo Monte: ¡No hay nada que celebrar!
Como organización que representa legalmente a las personas afectadas por la hidroeléctrica, consideramos que no hay motivos para festejar.
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Ensayo fotográfico: La vida a la sombra de Belo Monte
En la selva alguna vez exuberante que rodea a la gran represa Belo Monte, vemos injusticia allí donde miremos. Vemos desplazamiento y devastación ambiental. Lo que no vemos es rendición de cuentas.
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Press releases México
México elige proteger a la tortuga Caguama del proyecto minero Don Diego
AIDA celebra la decisión de la SEMARNAT de negar el permiso ambiental a la mina submarina de fosfato propuesta en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
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Aida Publication
10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego
Información básica sobre el proyecto de minería submarina propuesto en México.
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Press releases América Latina
Pronunciamiento de AIDA sobre la firma del Acuerdo de París
AIDA celebra el inicio de la construcción de un nuevo planeta.
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¿Seguir apostando a hidroeléctricas o buscar energías alternativas?
La actual crisis energética en Colombia ha llevado a los analistas del sector energético a criticar la dependencia de las hidroeléctricas y a solicitar la generación urgente de energías limpias. Los especialistas afirman que la construcción de hidroeléctricas genera tala de bosques, emisión de CO2 y desplazamientos de por lo menos 80 millones de personas en el mundo, así como la reducción de una tercera parte de las especies en agua dulce. Aunque por muchos años las represas han sido incluidas en la categoría de las llamadas ‘energías limpias’, crece el debate frente a si deben considerarse así, teniendo en cuenta que en materia ambiental pueden generar impactos graves, como la muerte masiva de peces y otras especies de agua dulce y la desviación de los ríos. Héctor Herrera, investigador y analista en temas de energías limpias, explicó en RCN Radio que las hidroeléctricas, además de impactar el medio ambiente, también son vulnerables a los efectos del cambio climático, “por su afectación de ecosistemas y su afectación a la fauna y peces. (…) Las represas frente al cambio climático tienen dos factores de preocupación: su impacto y su vulnerabilidad“, sostuvo Herrera. Por su parte, Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), explicó que la construcción de hidroeléctricas como fuente de energía ha desplazado a más de 80 millones de personas en el mundo y ha generado un impacto ambiental que ya se ha observado. “Se calcula que las grandes represas emiten el 4 % del gas invernadero a nivel mundial. Es decir, lo mismo que la industria aeronáutica. Son una fuente muy grande de emisión de gas metano y CO2“, indicó Astrid Puentes a RCN Radio. Por otro lado, Puentes afirmó que “a nivel mundial se calcula que el 37 % de las especies de agua dulce se redujeron por el impacto de las represas. Y específicamente, en zonas tropicales como Colombia, se calcula que es el 70%”. Hoy en día se habla de las energías no convencionales, una categoría dentro de la cual entran fuentes como la energía eólica, la energía solar y la geotérmica, entre otras. Precisamente, este nuevo concepto lo que busca es replantear cuáles formas de energías, antes denominadas ‘limpias’ y generalizadas en su uso, en realidad son amigables con el medio ambiente. Una fuente de energía importante para el país son las plantas hidroeléctricas pequeñas, que no cuentan con sus propios embalses. Estas no generan los mismos impactos que las grandes represas hidroeléctricas. Se calcula que este tipo de represas pequeñas generan cerca del 5 % de la energía en el país y pueden ser consideradas como formas de energía no convencional. “Muchas de estas pequeñas centrales no tienen un embalse asociado, no hay una gran afectación de tierra ni de los cauces. Toman agua del cauce, la usan para generar y la devuelven a los ríos“, dijo Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero Energética. Valencia además precisó que “todo cambio en el paisaje y el ambiente tiene una afectación. Lo que hay que ver es cuál es el balance. (…) A la energía eólica le atribuyen cambios en los patrones de los ciclos de las aves. La energía solar requiere grandes extensiones de tierra“. “Solamente en el país se ha desarrollado una planta eólica en la Alta Guajira. (…) Estos proyectos aspiramos que para 2018 y 2019 sean proyectos más grandes que el que tenemos actualmente en La Guajira“, dijo. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética considera como un escenario “muy deseable en donde en los próximos 15 años el país debería contar en la expansión nueva al menos con el 25% de renovables no convencionales“. Por su parte, Ángela Montoya, directora de Acolgén (Asociación Colombiana de Generadores de Energía) defendió las hidroeléctricas como fuentes de energía, asegurando que el hecho de que finalmente no hubiera un apagón ni racionamientos, se debe a que estas plantas pudieron contener la suficiente agua para suplir la temporada de sequías. Para Montoya, “en condiciones normales de eventualidades de clima, Colombia tiene la suficiente energía para suplir el 100% de su demanda“. “Las hidráulicas lo que tenían que hacer era que el agua perdurara hasta el final del Fenómeno del Niño. (…) En este momento la totalidad de las plantas de generación hidráulica están cumpliendo con sus funciones. Si no hubiera sido así, el país hubiera tenido un apagón“, añadió finalmente la directora de Acolgén.
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La Ciénaga ya no es tan grande
La Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes no solo de la ciudad sino del litoral Caribe, tiene gravemente comprometido su futuro, debido a las transformaciones ambientales generadas por acción antrópica. La problemática no es nueva: entre 1956 y 1960 se construyó la carretera que va de Barranquilla a Ciénaga lo cual causó que se interrumpieran los flujos de agua entre la Ciénaga, el río Magdalena y el mar Caribe, con el consecuente incremento de la salinidad en los suelos de manglar y cuerpos de agua internos. Como resultado de ello se perdieron miles de hectáreas de bosques de manglar, se afectó la biodiversidad y disminuyeron los recursos pesqueros. Los reportes oficiales informan que entre 1956 y 1995 se perdieron unos 285.7 km2 de bosques de manglar, equivalentes al 55.8% de la cobertura original en 1956. Según Juan Pablo Sarmiento, profesor y abogado, miembro del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, en 2012 se presentaron las mayores variaciones o transformaciones en el paisaje, con el crecimiento significativo del área de pastos, así como del monocultivo de palma de aceite, en alrededor de dos mil 300 hectáreas. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales Naturales advierte sobre la sustancial reducción del espejo de agua, que para 2002 era de más de tres mil hectáreas, en 2009 llegó a cerca de dos mil hectáreas y en 2012 bajó a alrededor de 740 hectáreas. De otro lado, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar, señala que en 2014 se registraron incrementos importantes en los niveles de salinidad en suelos del manglar, tendencia que se ha mantenido desde 2012, debido a la baja precipitación registrada en los últimos años y al escaso mantenimiento de algunos sectores de los caños. “Esto lo podemos observar en la red de caños que bordean o ingresan al Parque Isla de Salamanca y al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta. Por ejemplo, el caño Condazo está totalmente colmatado y eutrofizado (con acumulación de residuos orgánicos) por la falta de mantenimiento”, afirma el abogado Sarmiento. En 2014 hubo más de tres mortandades masivas de peces. El 19 de septiembre de 2014 y el 16 de junio de 2015 se presentaron dos fenómenos severos de este tipo; el último reseñado dejó más de cinco toneladas de peces y animales muertos. Importancia del sistema El ‘Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta’, fue declarado, en mayo de 1998, como zona incluida en la Convención de Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Además, la Ciénaga cuenta con otras declaratorias que reafirman su trascendencia e importancia ecológica: Santuario de Fauna y Flora, 1977; Zona de Reserva Exclusiva, 1978; Reserva de la Biosfera – UNESCO, 2000. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Ciénaga es el humedal estuarino más importante del país, debido a su área, que contiene a la laguna costera más grande de Colombia. Su valor socioeconómico está representado por los recursos pesqueros y las actividades agropecuarias de las cuales dependen las poblaciones asentadas de la región. Este sistema de humedales está conformado por más de 20 lagunas, con diferentes niveles de sedimentación y salinidad, de las cuales la Ciénaga Grande de Santa Marta es la de mayor tamaño, con cuatro mil 280 kilómetros cuadrados. La Ciénaga abarca territorios de 12 municipios (Ciénaga, Pueblo Vejo, Sitionuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Pivijay, El Retén, Aracataca, Zona Bananera, Cerro de San Antonio y Concordia) y, al menos, nueve pueblos palafíticos, entre los que se destacan Nueva Venecia, Trojas de Cataca y Buena Vista. En la zona de influencia del ecosistema residen aproximadamente 400 mil habitantes, de los cuales cinco mil son pescadores. Causas e implicaciones de la problemática Es necesario resaltar que uno de los principales factores que degradan el ecosistema son los depósitos de residuos agroquímicos y el taponamiento de las fuentes de agua dulce, lo cual se suma a la actividad agrícola en los alrededores de la Ciénaga, que utilizan las demás fuentes de agua para el riego y el desecho de residuos químicos. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA, destaca que no existe un ordenamiento apropiado de la zona, por lo cual ha habido construcción, deforestación y extracción descontroladas. Adicionalmente, no hay un mecanismo apropiado de monitoreo, que ayude a prevenir actividades que afecten el ecosistema. A lo anterior se agregan causas naturales, como los fenómenos de La Niña y El Niño, que han agravado la situación de la Ciénaga. Dentro de la propia Ciénaga existen comunidades palafíticas asentadas. Las condiciones favorables, tales como la presencia de agua dulce y la pesca abundante de especies marinas y fluviales, dieron origen a una ocupación lenta, pero muy antigua de una población permanente, que construyó sus viviendas sobre estacas clavadas en el fondo. Estas poblaciones carecen de servicios de agua y de alcantarillado. Por tanto, las comunidades no cuentan con un servicio apropiado de eliminación y tratamiento de residuos sólidos, líquidos y excretas: la mayoría de desechos son arrojados directamente a las ciénagas, lo que aumenta la contaminación. Sólo Buenavista dispone de recolección de basura. Actualmente en los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista se está tramitando un proyecto para la construcción de un sistema de alcantarillado y de acueducto, proyecto que apenas se encuentra en aprobación. Sin embargo, las poblaciones palafíticas no contradicen la declaratoria de la Ciénaga como zona Ramsar y Reserva de la Biosfera. Por el contrario, el Plan de Manejo Ramsar reconoce y procura contribuir al mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales de las poblaciones costeras y pueblos palafíticos. Incluso se le ha solicitado a la UNESCO que declare como Patrimonio de la Humanidad el ‘Paisaje Cultural de la Vivienda Vernácula Palafítica de la Ciénaga’. Igualmente, el INVEMAR afirma que, dado su carácter tradicional, las comunidades que practican la pesca artesanal son las que mejor conocen y entienden la dinámica natural de la Ciénaga, especialmente la de los pueblos palafíticos. Solución La señora Gladys Martínez recomienda un proceso colectivo de todos los sectores – gobierno, ONG, academia sector privado. Destaca que hay un Comité Interinstitucional que está trabajando y que cuenta con la científica experta en el tema, Sandra Vilardy. Sin embargo, se requiere ampliar el marco de acción y contar con ayuda de instancias internacionales como una misión de asesoramiento de la Convención de Ramsar. Los entes responsables de evitar que la Ciénaga se asfixie del todo son la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), institución que depende del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Sistema Nacional Ambiental, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. En todo caso, la abogada de AIDA les recomienda a las autoridades “realizar una gestión interinstitucional coordinada y activa y revalorar el conocimiento local a la hora de crear las estrategias e implementarlas”.
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Crisis energética: es momento de estimular la energía limpia
El futuro Según la Agencia Internacional de Energía, entidad que hace parte del marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la demanda energética global habrá aumentado en un 37 por ciento para el año 2040. Por su parte, la población colombiana pasará de 48 millones en 2015 a 63 millones en 2050, y este crecimiento conllevará un aumento en la demanda de energía, que será aún mayor si la pobreza se reduce. ¿Cómo garantizará Colombia la demanda energética en el futuro? ¿Serán nuestras fuentes energéticas respetuosas con el ambiente y se adaptarán al cambio climático? El pasado Hay que recordar que desde 1960 Colombia ha padecido más de trece apagones de alcance inter-regional. Por ejemplo: En 1966 Bogotá y 300 municipios se quedaron sin servicio eléctrico. En 1980 el 90 por ciento del país se quedó a oscuras por culpa de un apagón, es decir, por una interrupción en el fluido eléctrico en un momento específico, no por un racionamiento o una serie programada de interrupciones. El último gran racionamiento que tuvimos comenzó en marzo de 1992 bajo el gobierno Gaviria y ese mismo año el ministro de Comercio Juan Manuel Santos adelantó en una hora el huso horario para aprovechar más la iluminación solar. Este racionamiento se debió sobre todo a la dependencia de las hidroeléctricas, que se vieron afectadas por la reducción de lluvias y por el aumento de temperaturas como consecuencia del fenómeno de El Niño. La “hora Gaviria” se mantuvo hasta febrero de 1993, cuando aumentaron las precipitaciones. Pero, ¿qué lecciones nos dejó esta experiencia? Las hidroeléctricas y el cambio climático Es comprensible que hace dos décadas los gobernantes de Colombia promovieran la hidroelectricidad, dada la abundancia hidrográfica y pluviosa de varias zonas del país. Además en ese momento no eran tan claros los impactos ambientales y sociales de las represas, ni tampoco los del cambio climático sobre las propias represas. Pero la situación ha cambiado mucho. El Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados analizó diferentes escenarios de cambio climático para centrales hidroeléctricas y térmicas en todo el mundo y concluyó que el aumento de temperaturas reducirá la capacidad de estas centrales hasta en un 30 por ciento en 2080. Con todo y eso en 2015 el 67 por ciento de la electricidad de Colombia fue producida por hidroeléctricas, el 32 por ciento por plantas termoeléctricas (gas, carbón y diésel), y solo el 1 por ciento, por cogeneración y energía eólica. En la siguiente Figura la línea negra representa la variación de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial. Durante el período estudiado se presentan dos picos, correspondientes al fenómeno de El Niño de 2009 y al que vivimos en la actualidad. ¿Qué pasó con la generación eléctrica de Colombia durante estos períodos? La hidroelectricidad redujo bastante su participación y la demanda tuvo que satisfacerse principalmente con fuentes termoeléctricas. Esto demuestra la vulnerabilidad del sistema de generación ante variaciones climáticas, cada vez más frecuentes y más intensas. Por eso como dice la sabiduría popular, no es aconsejable poner todos los huevos en la misma canasta. Depender de una sola fuente energética es arriesgado y por eso el fenómeno de El Niño nos pone otra vez en riesgo de racionamiento. Cuando deja de llover, deja de llover para todas las hidroeléctricas, sin importar cuántas hayamos construido, una o cien. Este panorama plantea dudas muy serias los proyectos de generación eléctrica de Colombia, y en todo caso nos obliga a preguntarnos por qué es tan incipiente el avance de fuentes energéticas limpias, a pesar de su gran potencial en el país. Tendencia global En 2015 el Observatorio Global de Energía contabilizó en todo el planeta: 3.165 hidroeléctricas, 2.759 termoeléctricas a gas, 1.440 termoeléctricas a carbón, 1.069 plantas a gasolina/diésel, 652 parques eólicos, 269 plantas de energía nuclear, y 90 plantas de energía solar. Como se puede ver en la Figura 2, el mundo también tiene una gran dependencia de la hidroelectricidad y de los combustibles fósiles: No obstante, algunos países de Europa ya han avanzado en la transición a energías limpias. Dinamarca es un caso emblemático porque que en 2015 el 42 por ciento de su energía fue eólica y el gobierno prevé que la mitad de su energía provenga del viento en 2050. Colombia y el mundo La Figura 3 muestra cómo se distribuyó la generación de electricidad en algunos países entre 2005 y 2013 (en relación con el fueloil debe tenerse en cuenta que debido a las disminución de los precios del petróleo es probable que su uso haya aumentado en 2014 y 2015). Las cifras anteriores confirman el aumento de la energía eólica y la disminución del uso de gas y carbón en países como Dinamarca y Francia. Pero, ¿qué pasa en Colombia? El país aumentó su uso de hidroeléctricas, gas y carbón, mientras que la energía eólica tuvo un retroceso entre 2005 y 2010. Por otra parte en países como Brasil o China se registró un aumento de la energía nuclear. Pero aunque son bien conocidos los impactos ambientales, climáticos y de salud pública de los combustibles fósiles, la energía nuclear tampoco es una opción razonable por sus altos costos y sus riesgos de seguridad, como mostraron las catástrofes de Chernóbil en Ucrania, Fukushima en Japón, Three Mile Island en Estados Unidos o Goiania en el Brasil. La mala idea de las hidroeléctricas Es cierto que las hidroeléctricas producen energía renovable ya que los ríos renuevan sus caudales en forma permanente. Pero esto no quiere decir que su energía sea limpia y respetuosa con el medio ambiente: Las represas producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, porque al inundar ecosistemas aledaños se descompone la materia orgánica de estos y se liberan dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Las hidroeléctricas perjudican a los ríos que represan al afectar la oxigenación del agua e interrumpir los flujos migratorios y reproductivos de peces. Y los ríos, como ecosistemas, son sumamente valiosos para cualquier país. Las represas ocasionan graves conflictos sociales y de derechos humanos, pues inundan territorios de comunidades y afectan o eliminan sus formas de subsistencia, como se puede ver en los casos de El Quimbo (Colombia) o Belo Monte (Brasil). En este enlace se puede encontrar un listado más completo de los impactos de las represas, con sus respectivos sustentos científicos. La siguiente infografía de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) e International Rivers presenta algunos de ellos: Energías limpias En la Convención de París el Estado colombiano asumió compromisos muy serios en relación con el cambio climático. Pero esto se contradice con sus política energética y minera, dependiente la primera de hidroeléctricas y termoeléctricas, la segunda concentrada en la extracción de carbón. Y sin embargo hay motivos para la esperanza, porque Colombia tiene un gran potencial de energías limpias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) publicó en 2015 el Atlas de Clima, Radiación y de Viento de Colombia que identifica las mejores zonas para llevar a cabo proyectos de energía solar o eólica. También se debería explorar el potencial geotérmico del país y estimular los cambios culturales y de consumo que fomenten una demanda energética eficiente. Por supuesto, esta transición será gradual y no se deben ignorar los impactos ambientales que podrían tener estos proyectos. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) le explicó a El Espectador que: “El 80 % de la energía de Colombia viene de fuentes hídricas. Sin embargo, hay un reto mayor en conseguir potencializar (sic) lo eólico y la radiación solar para poder incrementar nuestra matriz energética”. En este sentido, Colombia ya dio un primer paso normativo con la expedición de la Ley 1715 de 2014. Pero debemos hacer más. Así como hay una Agencia Nacional de Hidrocarburos o una Agencia Nacional de Minería, Colombia debería tener una agencia dedicada a promover la eficiencia energética y el aumento de las energías limpias: una entidad que nos prepare para las realidades ambientales y climáticas, presentes y futuras. La Universidad de los Andes ya dio un paso importante con la creación del Centro de Investigaciones en Energía y con su primer foro sobre sistemas de energía del futuro. La Agencia Internacional de Energía propuso la siguiente estrategia “puente”, donde las emisiones de cambio climático relacionadas con energía llegan a su punto máximo en 2020. Sin duda, podríamos seguir este camino.
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La pelea nacional por la minería que desató Ibagué
En los primeros días de este mes, al escritorio de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué y ex secretario de Salud de Bogotá, llegó un oficio de la Procuraduría General de la Nación. En siete páginas se le advertía que el proceso de consulta popular que él había iniciado y que busca preguntarles a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio, iba a tener, de ahora en adelante, un acompañamiento preventivo. La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le recordaba a Jaramillo que el Estado es el dueño del subsuelo y le hacía varias precisiones sobre esos procesos relacionados con proyectos mineros. El que él inició ahora iba a examinarse con mucho más detalle. El documento fue emitido el 8 de febrero, el mismo día que se supo del fallo de la Corte Constitucional que frenaba la minería en páramos y reiteraba que a la hora de planear un proyecto para la extracción de recursos, debía haber concertación entre los municipios y el Gobierno. En últimas, explicaba que no puede ser una decisión unilateral. Desde ese día, sin embargo, Jaramillo y el Concejo de Ibagué están en medio de una puja en la que en estos días entraron a participar funcionarios del Gobierno. ¿La razón? El próximo lunes 29 de febrero, desde las 8 a.m., los 19 concejales de la capital del Tolima decidirán si aceptan o no que se lleve a cabo la consulta popular. Para que prospere, se necesitarán mínimo diez votos a favor. Sin embargo, para algunos concejales, alcanzar ese número parece una tarea titánica después de lo que sucedió esta semana. La visita que hicieron, entre otros, María Isabel Ulloa, viceministra de Minas; Ernesto Cardoso, procurador ambiental del Tolima; Antonio Barrera Carbonell, expresidente de la Corte Constitucional, y altos funcionarios de la Andi, puede haber modificado las intenciones de voto. “Nos sentimos intimidados y decir que no es algo mentiroso”, cuenta Camilo Delgado, presidente del Concejo de Ibagué. A sus ojos, además, los pronunciamientos de la Procuraduría han alertado a varios, que ahora temen una destitución o la apertura de una investigación. A lo que se refiere Delgado es a las palabras que pronunció en el Concejo el procurador ambiental del departamento, replicadas por La Silla Vacía: “por hechos similares al que aquí nos ocupa, el órgano de control ha iniciado investigación de carácter disciplinario”. La intención de Ibagué ha alertado al Gobierno porque, como explica Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), es la primera vez que una capital tomaría una decisión de ese calibre, lo que sentaría un precedente para todo el país. “Pero resulta muy positivo que la gente use estos mecanismos de participación, que son legales y legítimos”, dice. En términos concretos, lo que busca el alcalde Jaramillo es que el Concejo le dé el visto bueno a una consulta que posiblemente se realizaría en junio de este año. Entonces, los ibaguereños tendrían que responder sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Aunque no lo puntualiza, el interrogante hace referencia al proyecto La Colosa, que se llevará a cabo en el municipio de Cajamarca, a un poco más de 34 kilómetros de Ibagué. Según Jaramillo y varios grupos ambientales, ese proyecto, del que la empresa Anglo Gold Ashanti espera extraer unos 29 millones de onzas de oro a partir de 2020, afectaría la cuenca del río Coello, que alimentará un acueducto complementario de la ciudad. “Además, estaría en juego nuestra vocación agropecuaria y turística. No tenemos vocación minera y queremos cuidar nuestras fuentes hídricas. No queremos que suceda lo que ha pasado con el carbón en La Guajira”, advierte Jaramillo. Y aunque Anglo Gold Ashanti le dijo a este diario que no se pronunciaría sobre la consulta popular, en varias ocasiones ha reiterado que su proyecto no tendrá ninguna influencia técnica en la capital tolimense ni en ningún otro municipio distinto a Cajamarca. De hecho, aseguran que han ido devolviendo los títulos mineros que tenían en Ibagué y hoy tienen cuatro que, dicen, no están relacionados con La Colosa ni sobre terrenos de acueducto. Pero, en palabras de Jaramillo, hay un plan sobre la mesa para hacer llegar al sector recreativo de Totumo unas bandas transportadoras desde Cajamarca y para crear unos espacios para lavar el oro extraído. Incluso, para Humberto Quintero, concejal de Cambio Radical y quien votará negativamente el lunes porque considera que la pegunta de la consulta es ambigua y abstracta y porque cree que extralimitaría sus funciones, aún no hay claridad sobre si la compañía tendrá área de influencia en la ciudad. A los ojos de Acosta, todas estas presiones son el reflejo del gran efecto que podría tener la minería en Tolima en un futuro. “¿Es posible que estemos frente a un posible escenario de distrito minero?”, se pregunta. Para él, el hecho de que Anglo Gold hubiese decidido demandar en 2013 el acuerdo al que llegó Piedras, municipio que también le dijo que no a La Colosa por medio de una consulta popular, sugiere que sí hay intereses de por medio. “Al realizar la consulta popular, el Concejo de Piedras aprobó un acuerdo que consideramos ilegal e inconstitucional, como es la prohibición de minería por parte de una autoridad local. Por esta razón, presentamos una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Esa corporación consideró que quien debía resolverlo era el juez administrativo de Ibagué y le ordenó darle trámite a la demanda. Eso fue en 2013. Pero hoy el proyecto La Colosa no tiene ninguna incidencia ni interés técnico en Piedras ni en Ibagué”, responde la compañía. Pero el tema de fondo de este álgido debate es el mismo que la Corte aclaró hace dos semanas pero que sigue generando pujas y presiones: ¿pueden los municipios decidir si quieren o no minería en sus territorios? Para César Rodríguez Garavito, experto en temas ambientales y director de Dejusticia, el asunto es más que claro. “Debe haber una concertación de estos territorios con el Gobierno. Cómo se debe hacer, es un tema que la Corte deja abierto, pero lo que sí aclara es que se pueden usar mecanismos de participación ciudadana. Debe haber un acuerdo para definir cuál es el lugar que le corresponder a la consulta popular, que es una especie de instrucción de la ciudadanía al mandatario local para que con esa manifestación vaya a esa concertación”. Para Rodríguez, que ha seguido de cerca este proceso, las advertencias de la Procuraduría no tienen fundamento en los fallos de la Corte ni en la Constitución misma. “Están haciendo un uso inapropiado de una herramienta de control preventivo”, argumenta. “Es –reitera Jaramillo– un matoneo de varias entidades que yo jamás había visto y que va desde destitución hasta pérdida de investidura. Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”.
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Belo Monte y cómo no producir energía en el siglo XXI
El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenzó a ser llenada. El proyecto más importante del programa energético de la presidenta Dilma Rousseff es también un monumento a cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. Además de su alto costo, la represa está asociada con corrupción y grandes impactos socioambientales. Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el río Xingú, afluente clave del Amazonas. Produciría en promedio solo la tercera parte de su capacidad máxima. Inundará 516 km2 (el tamaño de la ciudad de Chicago) de bosque amazónico, áreas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Pará. “…el gobierno y la sociedad brasileños no toleran y no tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se fortalece cuando la autoridad asume el límite de la ley como su propio límite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura…”, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habló de incluir las “cuestiones de las comunidades indígenas” en los compromisos climáticos del país. También en septiembre, la casa de doña Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energía, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xingú Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xingú. La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectará a 40,000 personas en total, muchas de ellas indígenas. El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autorizó la operación de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dictámenes técnicos ambientales y de la autoridad de protección de los indígenas. Desde 2011, cuando la construcción comenzó, varias comunidades indígenas han sufrido daños serios a su salud, integridad, territorio y cultura. Éstos han empeorado ante la proximidad de la operación de la represa. Los servicios públicos, incluyendo los de centros de salud y de atención a la niñez —de por sí precarios—, colapsaron. La violencia creció exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tránsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostitución estallaron, afectando a niñas y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas. Aunque se entregaron más de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, éstas denuncian defectos estructurales, falta de transporte público y servicios esenciales. Las casas no tienen conexión al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia. El discurso de Rousseff resulta paradójico frente a la realidad. Ella fue víctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese régimen para implementar Belo Monte. El Ministerio Público Federal presentó más de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensión de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petición del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensión de seguridad, intrumento legal irónicamente creado por la dictadura. La última vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendió el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protección de las comunidades indígenas. El fallo fue anulado día después. La corrupción también salpicó al proyecto. Según confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementación. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción de la historia de Brasil. Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgió a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas. La reacción de Brasil fue contundente: retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inició un proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano que terminó reformando el reglamento de la Comisión. La CIDH dejó de pedir la suspensión de obras, pero sí acciones urgentes para proteger a las comunidades indígenas afectadas. En 2011, éstas demandaron a Brasil y cuatro años después, en diciembre de 2015, la Comisión inició el trámite del caso. Ese organismo podría priorizar el caso, tomar una decisión pronto y evitar mayores daños. Como dice doña Antonia, la lucha continúa. Rousseff aún puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupción y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad histórica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los países alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llenándose
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