En 2015, el Gobierno de Colombia apostó por el ambiente y la salud humana cuando suspendió en el país la fumigación aérea de cultivos considerados ilícitos con glifosato y otros químicos.
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Especialistas de organizaciones y países de América Latina, presentaron el informe regional sobre el avance del fracking en América Latina, haciendo énfasis en los casos de Colombia y Chile.
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Un tribunal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte porque la empresa a cargo del proyecto no ha completado el saneamiento básico en la ciudad de Altamira.
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Sienta un precedente relevante para que los proyectos sean presentados de forma completa, no fragmentada, y se puedan evaluar de forma integral sus impactos al ambiente.
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Fuimos invitados por la Corte para comentar la opinión consultiva hecha por el Gobierno colombiano acerca del vínculo entre la degradación ambiental y los derechos humanos.
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El país centroamericano lanzó hace poco su Política Nacional de Humedales, fortaleciendo así el manejo y la protección de esos entornos naturales.
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Miembros de entidades acreditadas ante el Fondo y de su Secretariado, así como de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la reunión.
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Comunidades y organizaciones presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios y comunidades.
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El Gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones de las OSC que integran el Grupo Focal. Falta de inclusión de comunidades afectadas, poca transparencia y ausencia de actores vitales para el Programa, entre las principales omisiones.
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En los últimos años, hemos visto que los daños de las represas al equilibrio de los ecosistemas y a las comunidades cercanas, son proporcionalmente mayores a los beneficios que prometen.
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