Expertas y expertos abordaron la implicaciones del megaproyecto de fracking Vaca Muerta en términos de impactos y conflictos sociales y económicos.
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En una carta enviada a legisladores del Congreso de Argentina, organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por un proyecto de construcción de grandes represas hidroeléctricas en la Patagonia de ese país. La carta contiene insumos sólidos sobre los impactos de las grandes represas en el ambiente, las comunidades y la economía de los países, así como sobre las alternativas limpias disponibles para la generación de energía. Nos dirigimos a Ustedes, profundamente preocupados por la encruijada en la que se encuentra el pueblo argentino: proteger su incomensurable patrimonio ecológico en la Patagonia o poner en riesgo el financiamiento chino para un número importante de proyectos de obras de infraestructura y energía. Entendemos que la disyuntiva no es menor, y hacemos votos porque el Congreso argentino aproveche la Audiencia Pública del 20 de Julio, no sólo para evaluar a profundidad el Complejo Hidroeléctrico Kirchner-Cepernic (CHKC), sino también para abrir una conversación fundamental para Argentina y América Latina: sobre el desarrollo de un modelo de energía verdaderamente limpio, soberano y eficiente. Aprovechamos esta oportunidad para compartir información acerca de los impactos de las grandes represas sobre el ambiente, las comunidades y la economía de las naciones, así como de las alternativas existentes para brindar energía más eficiente y económica. Argentina no debe considerarse obligada a alterar una de las últimas zonas prístinas en el planeta, hogar del último río glacial que corre libre desde la cordillera al océano. Actualmente existen mejores opciones de energía que la hidroeléctrica, y Argentina tiene la oportunidad de ser pionera en su desarrollo e implementación. La tendencia mundial así lo muestra: el año 2015 el mundo agregó 63 GW de energía eólica y 47 GW de energía solar, en comparación con apenas 22 GW de energía proveniente de grandes hidroeléctricas. En algunas partes del mundo se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, en reconocimiento de que sus costos han sobrepasado beneficios; y en otros países ya hay registros de empresas privadas que están descartando proyectos de grandes represas, por ya no ser viables ni rentables. Estados Unidos ya adoptó, como política de Estado, el oponerse a cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de cualquier gran represa hidroeléctrica. La energía eólica y solar son económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables a un clima cambiante. Las innovaciones en redes inteligentes y la caída de los precios del almacenamiento en baterías ofrecen formas de resolver el problema de la intermitencia de estas tecnologías, sin la necesidad de construir nuevas grandes represas. Por el contrario, las grandes hidroeléctricas son una tecnología obsoleta; son altamente vulnerables al cambio climático (se paralizan con las sequías y se tornan peligrosas con los eventos climáticos extremos); agravan el cambio climático por la destrucción de sumideros de carbono y las emisiones de sus embalses; afectan la biodiversidad y a las comunidades locales; son extremadamente costosas y tardan demasiado tiempo en iniciar operaciones. Además, la continua promoción de grandes represas por parte de las empresas constructoras, en este caso principalmente atadas al financiamiento chino, retarda la implementación de soluciones disponibles y necesarias para lograr la transición energética que el planeta necesita.
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Si el gobierno deja de exportar productos de ese animal por un año, la población de esa especie podría recuperarse.
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Expertas y expertos en el tema explicaron la importancia de un nuevo tratado sobre alta mar, el proceso de su negociación en el marco de Naciones Unidas y sus principales beneficios.
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El objetivo del evento fue presentar el análisis legal y técnico de AIDA y de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
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Las empresas tienen un rol central en la violación de derechos humanos en México, y deben tomar medidas sobre los grandes proyectos extractivos y de infraestructura.
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El salmón sobre tu plato probablemente viene de Chile. Las granjas de salmón causan graves daños ambientales.
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El informe del Grupo de Trabajo acerca de su visita oficial a México en 2016, subraya cuatro temas que consideramos fundamentales desde sociedad civil: 1. El Grupo de Trabajo observó que hay que esforzarse mucho en concienciar a las empresas de su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida. En los informes que revisaron, las empresas no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos, y mucho menos cómo han abordado casos concretos de estas consecuencias negativas. Señala que el Gobierno todavía no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para las empresas en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto en México como en el extranjero. Con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno no dispone de pautas y políticas claras para modificar la conducta de las empresas mediante las prácticas de contratación pública y el Grupo de Trabajo concluye que, hasta la fecha, el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. 2. El informe exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Además, reitera que: “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. Sociedad Civil denunció que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y el territorio y en 28 casos, el acceso a la información. 3. El Grupo de Trabajo de la ONU denunció que: “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. Además “pudo comprobar la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción”. Desde sociedad civil, en el 62.5% de los casos de abusos relacionados con empresas documentamos amenazas y ataques. Resulta fundamental y urgente que tanto el Estado, como las empresas, lleven a cabo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y que: “los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.” 4. El Grupo de Trabajo recomendó reforzar la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales para evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos. Y describe la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial. Consulte también el informe Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH: Puntos desde Sociedad Civil.
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Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales, identificaron “cambios fuertes” en las características ecológicas del sitio debido a la intervención humana.
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Sin la participación de Estados Unidos, es urgente que otros países limiten sus emisiones de gases de efecto invernadero.
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