¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya!
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En una carta abierta, organizaciones de la sociedad civil del continente americano exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación en Nicaragua y exijan a ese país que cumpla con sus obligaciones. Desde el pasado sábado 25 y hasta el lunes 27, se desconocía el paradero y estado de seis jóvenes, tras ser detenidos por la policía de Nicaragua en el municipio de Nueva Guinea. Luego de 48 horas de detención, el grupo fue liberado y dirigido a las fronteras de Honduras y Costa Rica. El hecho que originó la detención tuvo lugar en la comunidad La Fonseca del municipio nicaragüense de Nueva Guinea, cuando el pasado sábado 25, Byron Reyes Ortiz (Costa Rica), Daniel Espinoza Jiménez (España-México), Ana Laura Rodríguez (Argentina), Salvador Tenorio Perez (México), Emmanuel de la Luz Ruiz (México) y Eugenio Pancelli Chávez (México) se encontraban impartiendo un taller de nuevas tecnologías para fabricar hornos como parte del programa “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”. En medio de una demostración, un barril que contenía restos de gasolina prendió fuego, de acuerdo a la declaración pública de Francisca Ramírez, lideresa campesina e integrante del Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía. Además del grupo de jóvenes extranjeros, Francisca también fue detenida junto a varios nicaragüenses, que quedaron en libertad el mismo día. La dirigente ha sido reconocida por su oposición a la construcción del canal interoceánico en el país. Según los activistas, los policías habían estado vigilando la casa en que se encontraban reunidos, desde antes del accidente. Inicialmente, la policía justificó los arrestos señalando que hubo una manipulación de “sustancias explosivas”. Sin embargo, el lunes 27, el Ministerio Público de Nicaragua informó en una conferencia de prensa que no presentaría cargos contra ninguno de los jóvenes y que los extranjeros serían puestos a la orden de las autoridades migratorias. Esto, después de dos días en los que ni sus familiares ni las autoridades de sus países correspondientes, tuvieron información sobre el lugar donde estaban detenidos no pudiendo, por lo tanto, darles apoyo legal alguno. Las organizaciones firmantes que integran la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, además de otras organizaciones de la sociedad civil, consideran que lo ocurrido en Nicaragua es una detención arbitraria que violenta los derechos humanos de los jóvenes detenidos. Es preocupante que pasaran más de 48 horas incomunicados, sin asistencia consular, ni acceso a un/a abogado/a defensor/a, mientras las solicitudes de información de sus representantes y allegados fueron ignoradas. No es la primera vez que el Estado nicaragüense actúa de manera arbitraria. Desde 2010, al menos 14 personas han sido detenidas y expulsadas del país, entre las que se encuentran destacados defensores y defensoras de derechos humanos del continente. Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros órganos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación nicaragüense y exijan a este país que cumpla con sus obligaciones. Organizaciones firmantes Argentina Fundación M'Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental. Paraná. Entre Ríos Colombia Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento (CODHES) Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) El Salvador Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) Guatemala Fundación Myrna Mack Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) Honduras Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús México Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) Consultoría Técnica Comunitaria AC Anahi Martinez Encinas Daniel Alejandro Chávez Macedo Marina Ortiz Ondine Rosenthal Sievers Sylvir Guillemin Tamara Ortiz-Avila Nicaragua Movimiento Autónomo de Mujeres Centro de la Mujer "Acción Ya" Colectivo de mujeres ITZA Mujeres por la Democracia Unión Ciudadana por Democracia Carlos Tünnermann Bernheim Marlen Auxiliadora Chow Cruz Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) CooperAcción Paz y Esperanza Venezuela Juventud Alianza Bravo Pueblo Programa Venezolano de Educación (Provea) Organizaciones regionales Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) IPAS Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
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El año pasado, según Global Witness, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en América Latina.
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La visita de expertos de la Convención Ramsar permitirá mejorar el manejo del humedal de importancia internacional, actualmente en deterioro por actividades ilegales.
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En AIDA celebramos a todos los papás que inculcan en sus hijos un profundo amor por la naturaleza. Compartimos su deseo de heredar a todos los niños y niñas un planeta sano.
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Se abordó la relación entre el Fondo y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la revisión del Programa de Ayuda a la Preparación, entre otros temas.
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Organizaciones brindaron información detallada sobre esta problemática en una audiencia ante la CIDH.
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En una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil hacemos recomendaciones sobre la evaluación de los finalistas al cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión. Anexamos un documento con sugerencias sobre cómo debe ser el perfil de la nueva autoridad. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos PRESENTE Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes deseamos manifestar nuestro mayor interés por el proceso de selección de la persona que ocupará el cargo y que estará al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período de agosto de 2016 a agosto de 2020, por tratarse de una designación que entraña una enorme importancia para la protección y promoción de los derechos humanos en la región americana. De acuerdo con el artículo 11.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la/el Secretaria/o Ejecutiva/o debe ser una persona independiente y de alta autoridad moral, que además, exhiba experiencia y una reconocida trayectoria en derechos humanos. Asimismo, el Reglamento establece que la CIDH debe hacer públicos los criterios y calificaciones para el cargo, así como las tareas a ser desempeñadas, lo que ha sido comprendido en el llamado a concurso que se encuentra disponible en su página institucional. Sobre la base del perfil, la Ilustre Comisión ha realizado una preselección de las y los aspirantes, y presentado por medio de un comunicado el pasado 21 de abril, una relación de cinco finalistas, que de manera general, cumplirían con cada uno de los elementos que lo componen, lo que resulta fundamental para que entre ellos, sea elegida la persona más idónea para el cargo. En atención a ello, anexamos a la presente un documento en el que respetuosamente aportamos sugerencias sobre cómo debe ser el perfil de quien ocupe la Secretaría Ejecutiva da la CIDH. Consideramos que es importante prestar especial atención, a la evaluación de las habilidades de los candidatos para el manejo y administración de recursos humanos y financieros, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis que afecta al personal de la Secretaria Ejecutiva, cuya estabilidad se ve actualmente amenazada por la falta de recursos económicos, lo que redundará finalmente en la protección y promoción de los derechos humanos en la región. Asimismo, reiteramos nuestro interés de que el proceso sea conducido con base en los más altos estándares de publicidad, transparencia, y participación de las organizaciones de sociedad civil, que estamos interesadas en contribuir al fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en las Américas. En ese orden, en aras de optimizar el proceso previsto en el Reglamento de la CIDH y construir confianza y legitimidad en la decisión final, solicitamos a la Honorable Comisión que, en las etapas subsiguientes de este proceso de selección se sirva hacer pública toda la información relevante y pertinente sobre los perfiles de las candidatas y los candidatos, y que además, tome en cuenta la importancia de: Transmitir en vivo las entrevistas a las y los candidatos que las y los Comisionados llevarán a cabo entre el 18 y 29 de julio, a efectos de que las organizaciones de la sociedad civil interamericana podamos escuchar las posiciones y opiniones de los finalistas. Introducir mecanismos adicionales de publicidad, consulta y participación efectiva de la sociedad civil mediante la organización, por ejemplo, de un webinar con las y los finalistas, en el que puedan entablar un diálogo directo, lo cual brindaría mayores elementos a la Comisión Interamericana para emitir su decisión final. Promover que, en el marco de las entrevistas a los candidatos, y de preferencia antes de que se lleven a cabo por la CIDH, los finalistas se reúnan con el personal de la Secretaria Ejecutiva, para abordar los principales problemas de personal y financieros que la vienen afectando gravemente. Dar a conocer las razones que fundan y motivan la decisión en favor de quien resulte designado/a al final del proceso. Así, de la manera más respetuosa, le solicitamos a la Ilustre Comisión tomar en consideración las propuestas expuestas anteriormente. Su finalidad consiste en fortalecer el mecanismo existente de selección de la Secretaría Ejecutiva y propiciar una deliberación pública e informada sobre la designación, que abone a la legitimidad de la designación que se realice.
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En una carta abierta, AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil urgen al Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, a proteger la vida e integridad personal de las comunidades Ngäbes, y a suspender inmediatamente la inundación de prueba de la represa Barro Blanco, que está violando sus derechos y poniéndolos en riesgo de daño irreparable. Estimado Presidente Varela, Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la integridad personal y seguridad de las comunidades Ngäbes, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. El 22 de mayo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP), anunció mediante un comunicado de prensa[1] que el 24 de mayo se iniciaría el llenado de prueba del embalse de Barro Blanco. El comunicado de la ASEP también indicó que el proceso de inundación llegaría a la cota de 103 sobre el nivel del mar el 21 de junio del 2016. Según el informe de la Misión de Verificación dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2012[2], las comunidades Ngäbe de Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada Caña se verán directamente afectadas por las inundaciones. El informe indica que 6 hectáreas + 9816.86 m² de sus tierras, incluyendo 6 casas y un petroglifo ubicado en la comunidad de Quebrada Caña, quedarán bajo el agua. Asimismo, hemos recibido información por parte de integrantes de las comunidades afectadas que las aguas del embalse de Barro Blanco ya han alcanzado los límites de la zona del Corregimiento de Bakama, en la Comarca Ngäbe-Buglé, al oeste de Panamá. A estas alturas, las comunidades Ngäbes de Quebrada Plata, Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, así como los sitios ceremoniales de la Iglesia Mama Tatda, podrían verse seriamente afectados por el llamado “periodo de prueba” esta semana, mucho antes del 21 de junio, fecha inicialmente prevista por la ASEP. Al contrario de lo indicado por el comunicado de prensa de la ASEP, y confirmado por Milton Henríquez, Ministro de Gobierno[3], este proceso de llenado temporal no fue notificado ni consultado con las comunidades afectadas. Lo anterior es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que estipulan que los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, como se desprende del derecho a la propiedad garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros acuerdos, los pueblos indígenas tienen también el derecho a una vivienda adecuada, a poseer, utilizar, y "disfrutar libremente" de sus tierras y territorios tradicionales, y a no ser “desplazados por la fuerza” de ellas[4]. Las comunidades Ngäbes están decididas a quedarse y a defender sus tierras, que consideran sagradas. Lo urgimos a proteger sus vidas e integridad personal y a suspender inmediatamente la inundación de prueba que está violando sus derechos y poniéndolos en riesgo de daño irreparable. [1] http://www.panamaamerica.com.pa/economia/asep-anuncia-el-inicio-del-periodo-de-prueba-de-central-hidroelectrica-barro-blanco-1027251 [2] http://canal-empresarias.ciudaddelsaber.org/wp-content/uploads/2015/09/0-informe-mision-verficacion-final-20121219.pdf [3] http://www.mingob.gob.pa/mingob/inside.php?artID=3246 [4] Para más información: http://www.ciel.org/Publications/BarroBlanco_Appeal_18Feb2014.pdf
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En Bolivia, desde fines de 2011, es riesgoso expresar “ideas ideológicas” verdes: ideas que reclamen la conservación de los ríos y bosques.
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