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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza al humedal más importante del Pacífico mexicano
En el Día Mundial de los Humedales, comunidades indígenas piden a Semarnat no seguir autorizando proyectos que están destruyendo los manglares. El proyecto pretende represar el último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales, por lo que debe ser cancelado definitivamente. Con motivo del día mundial de los humedales, el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital y el Consejo Náyeri, en el estado de Nayarit, alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra Marismas Nacionales, el humedal más importante del pacífico mexicano, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”. Las comunidades denunciaron que la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto fue autorizada de manera condicionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a pesar de contener numerosas observaciones e irregularidades. “Nos preocupa sobremanera que lo que sucedió en Tajamar se repita en Marismas Nacionales,” dijo Roberto Barrera, presidente de la Cooperativa Ostricamichin del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. “Es evidente que la Semarnat ha autorizado sistemáticamente proyectos que tienen un impacto directo e irreversible en los manglares, a pesar de que México tiene leyes específicas y tratados internacionales que protegen estos importantes ecosistemas,” agregó. “Nuestro temor es que no se respeten las condicionantes y se inicie la construcción como ocurrió en Tajamar, y se afecte no sólo el ecosistema del manglar, sino también las estructuras sociales y forma de vida de las comunidades ribereñas,” dijo Antonio de la Rosa, habitante de la comunidad de Palma Grande municipio de Tuxpan, Nayarit. Por tal motivo, los consejos exigimos la cancelación definitiva del proyecto dados los graves impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que conlleva. Con cerca de 200,000 hectáreas, 113 de ellas en Nayarit, Marismas Nacionales posee del 15 al 20% del ecosistema de manglar en el país, con las lagunas costeras más productivas del noroeste mexicano y más de 120,000 aves residentes y migratorias. Es sitio Ramsar desde 1995 y en 2010 se decretó como reserva de la biosfera. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar San Pedro, último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Contacto de prensa Carlos Licón, carloslicong@hotmail.com, 66 22 33 82 36
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Mi primera visita a La Oroya
“¿Qué piensas de La Oroya?”, un residente local me preguntó al conocerme. Siendo sincero, no estaba seguro qué responder. Percibiendo rápidamente mi incomodidad, él bromeó: “Es muy bonito, hay mucha biodiversidad y el cielo es tan azul…”. Aliviado, me reí con él y, desde ese momento, he estado buscando las palabras que describan este sitio. La Oroya es una ciudad de 33.000 habitantes, ubicada al margen del río Mantaro, en la región central de Perú, a casi 5.000 metros de altitud. Fue mi primera vez allí y me quedé solo dos días. Son cinco horas de viaje desde Lima por una carretera con curvas terribles y vistas impresionantes de las montañas alrededor. Una vez en La Oroya, el paisaje cambia drásticamente. La ciudad está cubierta por un manto gris, tiene poco o nada de vida natural, sus calles están llenas de camiones transportando hierro y otros metales pesados…Nada más destaca. Lo que más quería al estar en La Oroya era conocer a las personas que representamos en nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de trabajar en él por seis meses, quería finalmente ponerle rostros a los nombres que tan bien había llegado a conocer en el papel. Nuestra reunión fue programada para el final del día, cuando los residentes estaban libres de sus compromisos laborales y familiares. Allí les presentamos a estudiantes de la Universidad de Yale, quienes están elaborando un informe importante sobre la relación entre la calidad del aire de La Oroya y la salud de sus habitantes. Aunque interesados en el estudio, y felices de oír del mismo, los residentes nos bombardearon pronto con preguntas acerca del caso. Lo que más querían saber —algo que han estado esperando desde que presentamos nuestra petición hace siete años— era cuándo la Comisión tomaría su decisión. Nos hicieron saber los muchos comentarios ofensivos que han tenido que soportar, tanto de los trabajadores del complejo metalúrgico como de sus propios vecinos, durante su larga espera por un fallo. Ellos han sufrido amenazas de otros residentes de La Oroya, quienes erróneamente creen que el propósito del caso es cerrar el complejo, lo cual dejaría sin trabajo a muchas personas. En una ocasión especialmente preocupante, un “doctor” dijo en televisión que la contaminación por plomo no causaba ningún problema de salud. Afirmó que los habitantes de la Oroya eran la prueba de que las personas, aunque contaminadas con plomo y otros metales pesados, aún podían tener una vida normal. Nosotros les recordamos que un proceso ante un organismo internacional involucra años de espera, y que nos solidarizábamos con ellos por todo lo que habían tenido que pasar en los pasados años. Pero la verdad es que yo también sentí tal frustración. Fue la primera vez que vi, así de cerca, ese deseo personal por una decisión internacional. Entendí que una decisión en el papel podría en realidad constituir una forma de reparación. El largamente esperado informe de la Comisión mostrará al mundo que los efectos de la contaminación con metales pesados en una población constituyen de hecho una violación a su integridad personal y a su derecho a la salud. El objetivo de este caso no es cerrar el complejo metalúrgico, sino forzar la adopción de medidas para garantizar cierta calidad de vida para los residentes de La Oroya. En este caso, el informe de la Comisión será el instrumento por el cual las normas internacionales y de derechos humanos se harán reales, efectivas y transformadoras. Regresé de La Oroya hace casi una semana y aún estoy buscando las palabras para describir un lugar como ése. A decir verdad, La Oroya no se veía muy bien al principio. Pero rápidamente me di cuenta que la belleza de un lugar no proviene solo de sus atracciones naturales o aquellas hechas por el hombre; también resulta, y tal vez de una manera más importante, de la belleza de su gente. En ese sentido, nunca he visto una ciudad tan hermosa como La Oroya. Esta entrada está dedicada a todas las víctimas del caso de La Oroya. Espero que logren justicia y que, gracias a ellas, un caso como éste no se repita nunca en ningún lugar del mundo. También está dedicada a Astrid Puentes y María José, las abogadas de AIDA a cargo del caso, quienes me inspiran cada día a trabajar por un mundo más justo.
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Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental
Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana.
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