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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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¡Qué el nuevo acuerdo climático ayude a cumplir los compromisos existentes!
Los gobiernos del mundo trabajan en el texto de negociación de un nuevo acuerdo global para combatir el cambio climático, el cual será suscrito en diciembre, durante la Conferencia de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de, y entrará en vigencia el 2020. En AIDA abogamos para que el nuevo acuerdo climático sea un instrumento que permita afrontar de forma adecuada los cambios extremos en el clima y sus efectos, especialmente en los países más vulnerables. “Queremos que el nuevo acuerdo climático ayude a implementar los acuerdos existentes de forma efectiva y que fortalezca los compromisos asumidos por los países en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; no podemos comenzar de cero y el nuevo acuerdo no debe reemplazar a la Convención, sino mejorar su implementación”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Con miras a la Conferencia de París, los delegados de diferentes países se reúnen para trabajar en los elementos que servirán como base del “paquete de París”. El paquete incluye un nuevo acuerdo climático (compromisos generales) y una decisión (disposiciones que podrían cambiar con el tiempo), instrumentos que servirán para implementar las obligaciones adoptadas bajo la Convención. La siguiente reunión se realizará en Bonn, Alemania, del 31 de agosto al 4 de septiembre. A fin de aportar positivamente a la construcción del texto de negociación del nuevo acuerdo climático y del texto de la decisión, AIDA elaboró comentarios dirigidos a los negociadores y orientados a fortalecer dos temas clave: el financiamiento de las actividades para combatir el cambio climático, y la protección de los derechos humanos al llevar a cabo dichas actividades. En cuanto al financiamiento climático, los comentarios enfatizan la necesidad de que el nuevo acuerdo climático ayude a movilizar esos recursos económicos de forma efectiva, adecuada, suficiente y predecible, estableciendo compromisos en términos concretos como de responsabilidades y plazos. Sobre el segundo punto, en los comentarios pedimos que en el acuerdo de París los países se comprometan a proteger los derechos humanos en todas las acciones relacionadas con el cambio climático, un compromiso que ya asumieron en los Acuerdos de Cancún de 2010 y que debe ser reafirmado en el nuevo y jurídicamente vinculante acuerdo climático para asegurar su cumplimiento. Los países ya se han comprometido a dar 100 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático a partir del 2020. “La decisión sobre financiamiento climático a tomarse en París debe entonces dar certeza de que los países harán los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de ese compromiso a partir del 2020; de ese modo será posible confiar en que el nuevo acuerdo climático funcionará realmente”, explica Rodríguez. ¡Conoce más de nuestros comentarios (en inglés) sobre financiamiento climático y derechos humanos para el nuevo acuerdo climático!
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