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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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Evidenciando el impacto del desarrollo en los derechos humanos y el ambiente
"There we were men and women, children, elders and leaders-who dared to refuse burning or destruction of the huts on the banks of the river, theft and loss of goods, abuse, insults and humiliation by the police, military and public companies Medellin forcibly vacated the beaches to make way for development. " With those words, Isabel Cristina Zuleta, leader of the Movement Living Rivers and victims of forced displacement because of the hydroelectric project Hidroituango in Colombia, testified to the situation that she, community members and thousands of Colombians affected by such projects go through a long time. He did so in a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) last month. Astrid Puentes, AIDA Executive Co-Director, attended the hearing along with Living Rivers, Tierra Digna, Asoquimbo, the Inter-Church Justice and Peace Commission, the Judicial Freedom and several colleagues from Colombia organizations. She argued before the Commission that in Colombia forced because of projects 'development' as dams and mines displacement is not recognized as a violation of human rights by the state, which makes the people affected are unprotected. At the hearing Bridges outlined the three main causes of forced displacement by projects: the close relationship between armed conflict and the implementation of megaprojects, flexibility and violation of rules in its approval and implementation, and direct impacts their performance. It also asked the Commission to urge the Colombian government to guarantee the rights of victims, repair damage and take appropriate measures to prevent such displacement measures. Bridges described human rights violations arising from the implementation of specific projects like the dam El Quimbo in the department of Huila and situations like those experienced in the mining district of La Jagua de Ibirico, department of Cesar, where entire communities have been displaced due to air pollution caused by coal projects. Inadequate implementation of projects of "development" in Colombia and the region also violates Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), especially the right to a healthy environment. In this regard, AIDA and organizations in the region participated in a hearing convened ex officio by the Commission to analyze the situation of ESC rights in the continent. In it, Maria Jose Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, said the main cause of the violation of the right to a healthy environment is the failure of States to their environmental obligations and human rights by implementing mining and energy projects and infrastructure, among others. The problem has worsened in recent years. "The Commission has found different manifestations of the problem through at least 40 thematic hearings that have taken place in the past decade, and have illustrated the serious territorial, cultural and environmental conflicts generated by the violation of ESCR "Veramendi Villa recalled during the hearing. We need a Commission with a firm and resolute against the implementation of policies and projects that violate human rights, and thus bring justice to those who do not find in their countries position.
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México ante la oportunidad de proteger mejor su ambiente
Sandra Moguel, abogada de AIDA, @sandra_moguel La pirinola es una pieza de material duro que tiene seis caras planas en las que lleva distintas leyendas. En varios países de América Latina es utilizada para jugar y hacer apuestas. Tras hacerla girar, la pirinola se detiene en uno de sus contornos y le muestra al jugador lo que debe hacer con cierta cantidad de fichas: PON 1, PON 2, TOMA 1, TOMA 2, TOMA TODO y TODOS PONEN. México atraviesa momentos de desaliento colectivo en los que todo tiene color de fatalidad. Pero no todo está perdido. En términos de la protección de su ambiente, el país aún tiene la oportunidad de decidir acertadamente la suerte de su patrimonio natural y de apostar por un desarrollo sostenible. TODOS PONEN: La historia incómoda de Paraíso del Mar Paraíso del Mar es un proyecto turístico ubicado en la barra arenosa conocida como El Mogote, en la Bahía de La Paz, Baja California Sur. El proyecto propone la construcción de un mega resort con 2,050 cuartos de hotel y 4,000 viviendas, campos de golf y una marina. A principios de 2013, un tribunal mexicano declaró ilegal y de forma definitiva el permiso ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado al proyecto. El argumento de la decisión fue que la SEMARNAT no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de Paraíso del Mar. Sin embargo, algunas obras del proyecto ya habían sido construidas. Como consecuencia, el manglar de la zona ha desaparecido casi en su totalidad, y el paisaje y la línea costera ya han sido modificados. Con una autorización de impacto ambiental ilegal e irresponsable todos pierden: ¿Quién indemniza a los empresarios que invierten en la construcción del proyecto?, ¿quién repara el daño? o ¿quién restaura la vista del paisaje? La sociedad en su conjunto se ve afectada. Basta recordar los destrozos que ocasionó el huracán Odile en Los Cabos. Los aspectos de cambio climático y fenómenos meteorológicos debieron tomarse en cuenta al evaluar los proyectos turísticos construidos en esa zona, algo que no ocurrió. La evaluación de impacto ambiental es la revisión de los efectos causados por las actividades humanas en el medio ambiente. El objetivo de este instrumento es identificar si las afectaciones a los ecosistemas pueden ser mitigadas o compensadas. Desafortunadamente, las leyes que regulan la manera en que la autoridad ambiental realiza esa tarea, parecen simuladas y la evaluación se convierte en un mero trámite que perjudica a la biodiversidad y a la sociedad. TOMA 1: Contribuyendo a una solución La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentaron una petición ciudadana a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organismo internacional creado en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá— solicitando una investigación sobre la autorización de Paraíso del Mar y otros proyectos similares en el Golfo de California. En la petición se afirma que el Gobierno mexicano no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de los proyectos en humedales costeros del Golfo. El Secretariado de la CCA tuvo el mismo criterio y recomendó elaborar un Expediente de Hechos (investigación pormenorizada). PONEN DOS: La decisión depende de al menos dos gobiernos En los próximos días, al menos dos de los tres Ministros del Medio Ambiente de Estados Unidos, Canadá y México deberán votar a favor de llevar adelante la mencionada investigación. Esta votación es una oportunidad para promover la transparencia y la participación de la sociedad en asuntos ambientales. Es la ocasión perfecta para que el Gobierno de México genere la credibilidad, la confianza y los espacios de diálogo que el país está pidiendo a gritos. Un Expediente de Hechos no contiene una calificación sobre los argumentos de los peticionarios. Tampoco contiene recomendaciones de la CCA para resolver el problema. Se trata más bien de un examen detallado que es fuente de retroalimentación para la misma SEMARNAT sobre las preocupaciones de la sociedad civil. Llama la atención que de las 41 peticiones ciudadanas que se han presentado en contra de México ante la CCA, 19 tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. Esto quiere decir que sus ciudadanos cuestionan la discrecionalidad con la que se emplea esa herramienta y con la que se determina un impacto ambiental. TOMAN TODOS: ¿Qué concluimos? Haciendo eco de la reflexión de Paola Zavala, las movilizaciones sociales deben ir acompañadas de una agenda de exigencias puntuales y compartidas entre los miembros sociedad civil. No se trata solo de gritar y desahogarse en las calles. De ahí la importancia de la participación constructiva. En el caso del Golfo de California, los peticionarios, apoyados por organizaciones de la sociedad civil y académicos, exigimos que la SEMARNAT aplique su legislación ambiental aprobando proyectos con base en la descripción de obras completas que contengan la mejor información disponible, que describan la totalidad de los impactos acumulativos y residuales, que no contravengan tratados internacionales ni las normas sobre especies en peligro o en riesgo, y sobre protección de manglares. El Expediente de Hechos no es una panacea, pero si generará una agenda de diálogo y concientización para funcionarios públicos, empresarios y sociedad civil sobre la importancia de la evaluación del impacto ambiental. Será un gran paso en el camino de tomar decisiones que garanticen el desarrollo sostenible en México.
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COHERENCIA: La medida más urgente frente al cambio climático
Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes En 14 días comenzará en pma, Perú, la 20ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cpmático (COP20). Esta COP será fundamental para sentar las bases del nuevo acuerdo global que reemplazará al Protocolo de Kioto (1997). Esta vez, como afirmó Manuel Pulgar-Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y quien presidirá la Conferencia, "el mundo no aceptará otro fracaso". No es para menos. Cada año somos testigos e incluso víctimas de los impactos cada vez mayores del cambio cpmático. Y nuestra responsabipdad en el problema es evidente: "La influencia humana en el sistema cpmático es clara y las recientes emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia", concluyó el Panel Intergubernamental de Cambio Cpmático en su quinto informe. Dada la cercanía de la COP20 y el reconocimiento del problema, los discursos, compromisos y decisiones esperanzadoras aumentan. Un ejemplo es el reciente acuerdo sin precedentes entre Estados Unidos y China que establece límites y objetivos para la reducción de emisiones. También en América Latina se han tomado medidas efectivas para enfrentar la amenaza más grande de la raza humana. Sin embargo y pese a los avances, permanecen y aumentan las políticas que generaron el problema y que lo agravan, particularmente la gran dependencia de nuestras economías de combustibles fósiles, los cuales generan el 57% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2). Y, al buscar alternativas, se ha impulsado la energía hidroeléctrica y con ella las grandes represas. Pero las represas no son energía pmpia pues generan emisiones importantes de gases de efecto invernadero, como CO2 y metano, especialmente en zonas tropicales. Éstos y otros impactos son ignorados en la ecuación de las medidas contra el cambio cpmático por lo que la solución resulta rudimentaria. La coherencia se vuelve entonces urgente. Veamos ejemplos de la falta de ella en nuestros países para tenerlos en cuenta e identificar oportunidades para apnear objetivos, hacer ajustes y no borrar con el codo lo que hacemos con la mano. Brasil es clave para la región y ha demostrado voluntad y resultados positivos respecto al cambio cpmático. Prueba de ello es la disminución histórica de la deforestación en 79% durante la última década, como lo anunció la Presidenta de ese país en la Cumbre del Cpma. No obstante, Brasil continúa centrando su desarrollo en combustibles fósiles, minería y en grandes represas a nivel nacional y en la cuenca amazónica. En esa cuenca, bajo la influencia de Brasil, se construyen o planean construir 254 nuevas represas, incluyendo Belo Monte en el río Xingú. Chile dio señales positivas al decidir, por ejemplo, no permitir las represas de Aysen en la Patagonia. En contraste, recientemente presentó las Opciones de Mitigación para Enfrentar el Cambio Cpmático (MAPS Chile por sus siglas en inglés) con un énfasis en la eficiencia energética a través de sectores que generan altas emisiones como el minero. También estableció como prioridad la implementación de grandes represas justamente en Aysen, así como la importación o explotación de gas shale de la cuenca de Magallanes. La extracción del gas shale se reapza mediante la fractura hidráupca, fuente importante de emisiones de CO2 y metano. Ecuador incorporó los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008 y creó el Ministerio del Buen Vivir en 2013, promoviendo el “respeto de todos los seres de la Naturaleza” y el desarrollo sostenible. Pero, al mismo tiempo, continúa basando su economía en la explotación de combustibles fósiles sin considerar alternativas bajas en carbono en el corto o largo plazo. La decisión de explotar los hidrocarburos del Parque Yasuní, donde residen comunidades indígenas en aislamiento voluntario, es muestra de incoherencia. México ha sido líder en temas como las negociaciones globales de cambio cpmático. Ha demostrado voluntad para implementar medidas adecuadas, políticas, marcos legales e instrumentos financieros. Este año fue pionero al prometer aportes para el Fondo Verde Cpmático, siendo ejemplo para países con mayores responsabipdades cpmáticas que aún no han anunciado dichos compromisos. Sin embargo, México impulsa una reforma energética que prioriza la extracción de hidrocarburos, arriesgando sus avances en política cpmática. Ello lleva a México al camino del desarrollo alto carbono y dependiente de combustibles fósiles. Perú, país anfitrión de la COP20, muestra también grandes incongruencias que debe resolver. El pderazgo peruano en las negociaciones es destacable, así como sus esfuerzos internos para impulsar la adaptación al cambio cpmático al incorporar por ejemplo el conocimiento tradicional. Pero la falta de coherencia entre discurso y acción se traduce en impulsar amppamente actividades extractivas e hidroeléctricas sin considerar los impactos en el cpma, e ignorando alternativas pmpias. Bopvia, Colombia, Guatemala, Panamá, Argentina y el resto de países de la región no están exentos de grandes incoherencias que comprometen la efectividad de las acciones cpmáticas que anuncian. La promoción de la minería, la hidroenergía y el fracking contribuirán seriamente al cambio cpmático en el continente, algo a tener muy presente. La necesidad de desarrollo de la región o su mínima contribución al porcentaje global de emisiones no son excusas, más si actualmente existen grandes oportunidades de desarrollo económico y de atención a la demanda energética que pueden ser más eficientes que la continua dependencia de la energía fósil. No podemos arreglar un problema global con parches aquí y allá. El cambio cpmático afecta al planeta y América Latina es de las regiones más vulnerables. Nos corresponde y nos conviene entonces actuar con coherencia e integridad. Mientras las políticas y acciones de los Estados no consideren el cambio cpmático de forma central, continuaremos avanzando un paso y retrocediendo tres. Debemos alcanzar la coherencia entre el discurso y las acciones para lograr acciones efectivas frente al cambio cpmático. ¡El momento es AHORA!
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