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Photo: Steve Ablitt / Cassiar Watch

Victoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental

Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.

La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.

La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.

La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.

En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).

El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.

Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.


La Organización de Estados Americanos cuestiona el proyecto de la represa Belo Monte

La CIDH, órgano de derechos humanos de la OEA solicita investigaciones oficiales mientras que las comunidades realizan manifestaciones importantes. Altamira, Brazil. La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente al gobierno de Brasil, clarificar la información sobre el proceso de licenciamiento de la represa Belo Monte, que continúa sin haber asegurado una apropiada consulta con los grupos locales indígenas. Esta solicitud se realizó en medio de una intensa controversia local e internacional alrededor de los planes para construir el complejo de la represa en el Río Xingú en la Amazonia brasileña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, solicitó la investigación en respuesta de una queja presentada por varias organizaciones incluyendo: el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Sociedad de Pará en Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) apoyadas por otras 40 instituciones de defensa de los derechos indígenas y comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingú. La queja demanda que el gobierno brasileño suspenda inmediatamente el proceso de licenciamiento para la represa de Belo Monte, que pare la construcción del proyecto y que garantice los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. La CIDH dio al gobierno diez días para aclarar las medidas adoptadas que garanticen las consultas previas, libres e informadas con las comunidades locales y la legalidad de la "licencia parcial", entre otros temas. La solicitud es el primer paso de un largo procedimiento en el cual las comunidades locales están alegando violaciones a los derechos humanos derivadas de la represa propuesta. "Cuando el gobierno de Brasil firma un tratado, está obligado a cumplir con sus resoluciones" dijo Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad de Pará para la Defensa de Derechos Humanos (SDDH). "Como firmante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Brasil debe reconocer su legitimidad para examinar casos como el de Belo Monte". "Con grandes proyectos de desarrollo como el complejo de la represa Belo Monte, todos los gobiernos deben ser responsables de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades locales" dijo Jacob Kopas, abogado de AIDA. "La Comisión Interamericana ha ya reconocido esto en otros casos y ha pedido la suspensión de un proyecto de una gran represa en Panamá y de una gran mina de oro en Guatemala". Mientras tanto, cientos de pescadores realizaron una protesta el viernes en la ciudad de Altamira, para manifestar su oposición a un proyecto que podría destruir sus medios de subsistencia al aniquilar especies de peces migratorias de la región. El evento, bendecido por Dom Erwin Kräutler, obispo de Xingú y oponente histórico a la planta hidroeléctrica, se caracterizó por docenas de barcos de pesca que se establecieron en el río Xingú para simbolizar la importancia de defender el río y la preservación de su modo de vida. "Los pescadores de Xingú están comprometidos con la organización en defensa del río" dijo Kräutler. "Del río es que ellos obtienen el sustento para ellos mismos y sus familias, mientras que su arduo trabajo provee a todas las ciudades a lo largo de Xingú, fue muy reconfortante verlos en grandes números dispuestos a pescar la semana pasada. Su regreso el día de hoy ha mostrado que el río está vivo y que ellos quieren verlo permanecer vivo para siempre". Hoy, docenas de barcos pesqueros alrededor de las comunidades circundantes afectadas por la represa se han unido a los manifestantes en demostración de su solidaridad. Ellos darán lo bienvenida a los pescadores en su regreso y compartirán la pesca con motivo del Día Internacional de la Acción por los Ríos.

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Suspendida audiencia pública del proyecto minero Angostura: AIDA publica su intervención en la que insta al Gobierno colombiano a proteger los páramos

Bogotá, Colombia. La audiencia pública programada para el viernes 4 de marzo en la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander, Colombia) por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de gran minería de oro a cielo abierto "Angostura" fue suspendida debido a situaciones que impidieron el normal desarrollo de la misma. Por esta razón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA hará llegar al gobierno colombiano su escrito de intervención sobre las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger los páramos, que no pudo presentar en la suspendida audiencia. En los próximos días, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano deberá pronunciarse sobre la cancelación total de la audiencia o sobre la posibilidad de reanudarla. Estaremos atentos a dicha notificación y nos aseguraremos de que los argumentos aportados por AIDA sean conocidos abiertamente y considerados dentro del proceso de solicitud de la Licencia Ambiental al proyecto Angostura.

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El Estado colombiano debe rechazar proyecto de gran minería de oro "Angostura" en zona de páramo

Desconocería obligaciones constitucionales internacionales. Bucaramanga, Colombia. Hoy, La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) instará al gobierno colombiano a detener un proyecto de gran minería de oro y otros metales que sería un precedente perjudicial para los ecosistemas frágiles en América Latina. El proyecto de minería a cielo abierto Angostura, planeado en el páramo de Santurbán, se encuentra en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano. Hoy se celebra una audiencia pública en la que el Ministerio recibirá argumentos de diferentes sectores. AIDA argumentará que las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger el ambiente, especialmente áreas de gran importancia ecológica como los páramos, impiden la autorización. "Los páramos son ecosistemas altamente frágiles y la minería a cielo abierto causaría daños graves e irreversibles," dijo Natalia Jiménez, abogada de AIDA. "De acuerdo con la Constitución Política y los Principios de Río, la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático, todos ratificados por Colombia, el Estado está obligado a conservar los páramos y procurar su intangibilidad." De ser aprobado el proyecto Angostura afectaría de forma definitiva por lo menos 575 ha del páramo de Santurbán (más del 50%), pudiendo afectar un área mayor. En Colombia, como en el resto de la región Andina en los páramos se origina la mayor parte del agua dulce que consumen los habitantes. Tienen una alta capacidad de purificar el ambiente, de estabilizar los suelos y el clima, de prevenir los deslaves y los derrumbes y de contener un alto nivel de animales y plantas. En efecto, son el hábitat de especies únicas en el mundo como el oso de anteojos y el cóndor de los Andes. La Procuraduría General de Colombia, miembros del Parlamento Andino y ex ministros de ambiente, así como organizaciones y expertos ambientales se oponen a la licencia. El proyecto carece de un adecuado Estudio de Impacto Ambiental integral, pues los impactos de la mina y los de la infraestructura complementaria, se analizan en dos procesos de forma fragmentada. Por ello, AIDA también solicita que el Ministerio los unifique y analice el impacto global del proyecto. Así lo ordenan los estándares internacionales y la Corte Suprema de Canadá, país de origen de la empresa Greystar Resources Ltds. que promueve el proyecto.

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