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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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En 2018, nos unimos a organizaciones y personas de todo el mundo para celebrar el Año Internacional de los Arrecifes. AIDA fue parte de un movimiento mundial para generar mayor conciencia sobre el valor de los arrecifes y las amenazas que enfrentan. Para avanzar en la conservación de los arrecifes en América Latina, participamos en varias acciones legales para proteger arrecifes en México y el Caribe. Estamos orgullosos de celebrar las pequeñas victorias que hemos logrado rumbo a ese objetivo. Junto con sus aliados, AIDA: Apoyó la defensa legal del Arrecife Veracruzano En febrero, presentamos un escrito para apoyar la demanda de amparo interpuesta por pobladores del lugar contra la ampliación del puerto de Veracruz. Evidenciamos cómo el gobierno mexicano incumplió compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos al autorizar el proyecto en 2013. Justo un año antes, el gobierno había reducido el área del Sistema Arrecifal Veracruzano para viabilizar el proyecto. La autorización no se basó en la información científica adecuada y disponible para entender cómo evitar daños a los arrecifes y cómo preservar los servicios que brindan a la población de Veracruz. Para generar conciencia sobre el tema, coproducimos el documental La Batalla por los Arrecifes Veracruzanos. Alertó a la Convención Ramsar de amenazas al Arrecife de Puerto Morelos Enviamos una alerta urgente ante el Secretariado de la Convención Ramsar sobre las amenazas al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional. Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, solicitamos una visita de expertos internacionales para evaluar los riesgos que el sitio enfrenta, particularmente cambios en el uso de tierra en ecosistemas costeros debido a desarrollos turísticos masivos y no sostenibles. Creó un Grupo de Trabajo sobre Amenazas a humedales de México En mayo se creó, dentro del Comité Nacional de Humedales, el Grupo de Trabajo sobre Amenazas, el cual fue propuesto por AIDA a fin de motivar a que México cumpla con sus obligaciones para proteger humedales de importancia internacional, sitios Ramsar, que están en riesgo. En el marco del Grupo, se están realizando esfuerzos para fortalecer acciones nacionales orientadas a proteger esos ecosistemas, que incluyen arrecifes y a los peces herbívoros que viven en ellos. Apoyó la protección de 10 especies de pez loro en el Caribe mexicano En octubre enviamos una carta con argumentos de derecho internacional, ambientales y de derechos humanos, para la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas. La solicitud ha sido reconocida y aceptada, pero se espera una confirmación oficial a comienzos de este año. Nuestros esfuerzos apoyaron una propuesta de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable que busca proteger legalmente a especies de pez loro, fundamentales para mantener saludables a los ecosistemas de arrecifes de coral. Los peces loro y otros peces herbívoros se alimentan de las algas que compiten con los corales por luz y oxígeno, permitiendo por tanto la conservación de los arrecifes. Ayudó a establecer un Grupo de Trabajo sobre corales en Costa Rica En coordinación con el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, ayudamos a crear un grupo de trabajo de expertos académicos, miembros de la sociedad civil y autoridades gubernamentales competentes que plantearán soluciones integrales a los problemas que enfrentan los arrecifes de coral en el país. Trabaremos junto a ellos para asegurar la protección de esos ecosistemas. Apoyó al Grupo de Trabajo sobre peces herbívoros en Guatemala En coordinación con la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, académicos de la Universidad de San Carlos y miembros del gobierno, apoyamos la creación de un grupo de trabajo que elaborará un documento científico-técnico con la información necesaria para la emisión de un decreto ministerial que prohíba la pesca de peces herbívoros en el Caribe guatemalteco, protegiendo con ello los arrecifes del país.
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Pronunciamiento ante situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala
Las organizaciones, colectivos y personas firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala. Las personas defensoras del territorio y del medio ambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.), que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW. Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente, tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio, las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto, las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco. En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis, los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017, asesinato que sigue sin esclarecerse. Además de este doble asesinato, se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018: Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas. 12 de octubre: En el transcurso del día, dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días. 20 de octubre y 7 de noviembre: Hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada. 9 de diciembre: Agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo, su hija María Jorge Gómez y su nuera Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas. La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más de un año nuevamente ha aumentado de intensidad, impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular en uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez. A principios de noviembre de 2018, fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo han registrado un aumento de ataques en su contra. Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos: Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan. Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos. Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia y que tome medidas de protección específicas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis. Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis. A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido. A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Descarga el pronunciamiento completo para ver las organizaciones firmantes
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