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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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Carta abierta a los Estados y a las Instituciones Financieras de Desarrollo
En los aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (4 de diciembre), la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (9 de diciembre) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), grupos de la sociedad civil de todo el mundo llaman la atención sobre las amenazas únicas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de los megaproyectos y otras intervenciones de desarrollo. Las personas defensoras de los derechos humanos son una fuerza crítica para la protección de los derechos humanos y son parte integral para lograr el desarrollo sostenible. Son vitales para proteger la tierra y el medio ambiente, asegurar condiciones de trabajo justas y seguras, combatir la corrupción, respetar las culturas tradicionales y hacer responsables a los gobiernos. Sin embargo, aquellas personas que expresan sus opiniones o buscan incidir en el desarrollo y las inversiones son estigmatizados de manera rutinaria como “anti-desarrollo”, y están sujetos a hostigamiento judicial, amenazas y ataques violentos. Desde la adopción de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos hace 20 años, se estima que unas 3.500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas por su labor pacífica en la defensa de los derechos de los demás. Sólo en 2017, al menos 312 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados, 67 por ciento de los cuales trabajaban en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de grandes inversiones, industrias extractivas y grandes empresas. Hoy en día, los mismos gobiernos que adoptaron estos importantes instrumentos de derechos humanos pueden en realidad socavar esos esfuerzos a través de las acciones de sus bancos nacionales de desarrollo o la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo. Cuando las intervenciones de desarrollo ignoran los derechos humanos, o se imponen a las comunidades sin su consentimiento o participación, a menudo no logran generar desarrollo o reducir la pobreza, y en su lugar terminan contribuyendo a abusos de los derechos y poniendo a las personas defensoras en riesgo. Es por eso que la Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo hace un llamado a los bancos de desarrollo, los Estados y otros actores del desarrollo para que cumplan con estos aniversarios de derechos humanos, destacando el importante papel que desempeñan las personas defensoras en el desarrollo sostenible y comprometiéndose públicamente a: Asegurar que las intervenciones de desarrollo apoyen la realización de los derechos humanos y eviten abusos, Promover un entorno propicio para la participación pública en los procesos de desarrollo, y Tomar las medidas necesarias para salvaguardar a las personas defensoras en el contexto de las actividades de desarrollo. Lea la Carta Abierta firmada por más de 200 grupos Encuentre aquí más información
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Pronunciamiento sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México
Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador A las y los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo Federal A la opinión pública Considerando – Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La planeación (del desarrollo nacional) será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. – Que el gobierno federal que tomó posesión el primero de diciembre pasado ha hecho declaraciones a favor de la participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentales que afectan la vida pública del país. – Que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento rector, a partir del cual se derivan todos los programas de política pública del gobierno federal. El conjunto de organizaciones que suscriben este comunicado solicitan al C. Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete que se abran espacios de participación ciudadana para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. El proceso debe ser completamente distinto al realizado por la administración pasada, el cual se caracterizó por la generación de espacios que no tuvieron realmente en cuenta las preocupaciones planteadas desde sociedad civil. Por lo anterior, solicitamos que para los temas principales de la agenda pública se establezcan mesas de diálogo entre actores de la sociedad civil y gobierno, cuyas conclusiones tengan incidencia efectiva sobre el Plan Nacional de Desarrollo para tener reales mecanismos de participación democrática y deliberativos, tal como lo establece nuestra Carta Magna. Atentamente Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA CartoCrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental Centro para la Diversidad Biológica Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Reforestamos México
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El primer día que se habló de fracking ante la CIDH
Era de por sí ya un momento excepcional. La Alianza Latinoamericana Frente al Fracking había organizado un encuentro regional, estábamos en Colombia personas de 7 países de Latinoamérica reunidas cara a cara. Entonces, nos llegó una gran noticia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había aceptado nuestra petición para una audiencia. Estallamos en una alegría colectiva. Representantes de organizaciones, abogados, activistas, científicos y habitantes de comunidades afectadas realizábamos el encuentro Territorios Libres de Fracking, ofreciendo talleres, conferencias de prensa y conversatorios sobre la fractura hidráulica —método de extracción no convencional de hidrocarburos— y sus impactos en la vida, la salud y el ambiente. Ahora, no sólo tendríamos un público diferente, sino que sería la primera vez que se hablaría de fracking ante la CIDH. La alegría se convirtió en la encomienda inmediata de preparar en sólo veinte días una exposición que en veinte minutos resumiera de la mejor manera todos y cada unos de los efectos que ha tenido el fracking en el continente americano. Trabajamos día y noche para que todo estuviera listo ese 3 de octubre en Boulder, Colorado. Fue tan poco el tiempo que a Gabriel Cherqui, vocero de las comunidades mapuches afectadas en Neuquén, Argentina, por el megaproyecto Vaca Muerta, le fue imposible conseguir el visado y hacer el trámite necesario para viajar a Estados Unidos. Convertir años en minutos Quizás lo más difícil fue resumir miles de documentos e historias en tan poco tiempo. Nos había tomado años sistematizar la información especializada sobre el tema y conseguir la aceptación de la audiencia informativa, solicitada con más de 120 firmas de respaldo. Otro desafío fue tejer de forma sólida la relación entre el fracking y la violación de derechos humanos, un tema que ya habíamos identificado que a la Comisión le interesaría abordar, dada la inmensidad y complejidad del problema. Desarrollamos una estrategia: Roberto Ochandio, extrabajador, petrolero y geógrafo, expuso los pormenores técnicos necesarios para entender el fracking; Liliana Ávila, abogada de AIDA, enlistó cómo el uso de la técnica ha vulnerado el derecho al ambiente sano, la vida, la salud, la consulta y a la información de las comunidades afectadas; Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dio a conocer los casos en México, donde el acceso al agua ha sido comprometido; Santiago Cané, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, abordó la contaminación, daños directos, falta de consulta y persecución de las comunidades de Neuquén; y Doris Estela Gutiérrez, presidenta de Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), habló sobre la promoción de las consultas públicas en Colombia, así como de la criminalización y amenazas a la vida de los defensores del territorio. Destacamos que apostar por los hidrocarburos, y por esta técnica, significa también alejarnos del combate al cambio climático pues el fracking emite metano y otros gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. Fue todo un reto. No queríamos dejar la voz de nadie a un lado. Escuchar y aprender: una esperanza La mirada de los comisionados y cómo apuntaban datos y testimonios en los veinte minutos que duró nuestra intervención nos dejaba claro que estábamos abriendo una ventana a la esperanza. El carácter multifacético del fracking —con aspectos como el desarrollo, la contaminación, el cambio climático y los derechos humanos— llamaba su interés. No sólo presenciábamos la primera vez que se hablaba de fracking ante la Comisión, sino una audiencia donde cinco expositores resumían la preocupación de más de 120 solicitantes, con una sola causa en común. Lo que vino después fue un diálogo en el que los comisionados nos preguntaron por media hora más detalles sobre la técnica, dudas sobre el desarrollo en los países, la calidad del agua, los daños a la salud pública y una preocupación ante lo mucho que nos aleja esta técnica de las metas climáticas. Solicitamos a la Comisión que inste a los Estados a que adopten medidas para evitar violaciones a los derechos humanos relacionadas con el fracking; a que generen información pública, veraz e imparcial, basada en evidencia científica; y a que protejan los derechos humanos allí donde el uso de la técnica avanza a ciegas. Le pedimos dar seguimiento al tema, particularmente a los impactos negativos del fracking en los derechos económicos, sociales y culturales; en la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes; y en la vida y territorios de pueblos indígenas. Le requerimos dar seguimiento a las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y buscar medidas de protección para quienes están en riesgo. Quedaron muchas preguntas, muchas otras preocupaciones que como Alianza hemos detectado en América Latina, pero ciertamente este momento nos fortaleció. En lo que respecta al derecho internacional, esta audiencia sienta precedentes regionales y hace uso de los argumentos de la Opinión Consultiva 23 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sobre derechos humanos y ambiente. Es claro que este momento fue un pequeño paso, pero también fue claro que hay oídos dispuestos a escuchar. Por nuestra parte, seguiremos haciendo uso de las herramientas legales del derecho internacional para proteger a las comunidades que puedan verse afectadas por el fracking.
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