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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
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Los 5 Principales Logros de AIDA en los Últimos 6 Meses
1. Colombia Suspende las Fumigaciones Aéreas con Glifosato En mayo de 2015, Colombia anunció sus intenciones de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos, una mezcla que ha sido utilizada por más de 20 años para erradicar cultivos de coca y amapola. La decisión se concretó finalmente el 30 de septiembre, fecha en la que el Plan de Manejo Ambiental del programa que permitía dichas fumigaciones fue suspendido. La presión hacia el gobierno aumentó con un par de decisiones judiciales y luego de que AIDA y sus aliados en Colombia y Estados Unidos lanzáramos una petición en internet. Juntos recolectamos casi 25,000 firmas de personas que exigían al Presidente Juan Manuel Santos y al Ministro de Justicia acabar con las fumigaciones. En Colombia, este tipo de fumigaciones han caído sobre hogares, granjas, bosques y agua en vastas áreas rurales, causando estragos en ecosistemas sensibles y dañando fuentes de agua y cultivos de alimentos en una de las naciones más biodiversas del planeta. Incluso han forzado a que familias, incluyendo algunas en comunidades indígenas, abandonen sus tierras. AIDA ha trabajado para ponerle fin a estas fumigaciones por cerca de 17 años. Cuando el Ministerio de Salud recomendó recientemente la suspensión del programa por temor a que el químico utilizado cause cáncer, AIDA convocó a medios de comunicación y organizaciones aliadas para generar y participar en un debate nacional. 2. El Congreso Panameño Protege el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá Tras años de disputas legales, el 2 de febrero de 2015 (Día Mundial de los Humedales), Panamá promulgó una ley que brinda protección permanente a la Bahía de Panamá, sitio de gran importancia ecológica. La ley impide desarrollos turísticos que dañarían bosques de manglar esenciales para la vida silvestre, la protección costera, la industria pesquera local y la mitigación del cambio climático. La colaboración entre AIDA y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, su socio local, garantizó que esta ley sea lo suficientemente fuerte para garantizar el uso racional de los humedales de todo el país. La Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación más importantes del mundo para aves migratorias y es hogar de jaguares y tortugas caguama (especie en peligro de extinción). Los manglares de la bahía amortiguan las cada vez más fuertes marejadas, y capturan 50 veces más carbono que los bosques tropicales. La bahía está enlistada como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la conservación de los humedales. El trabajo de AIDA consiste en proteger todos los servicios ecosistémicos que este sitio fundamental brinda. 3. El Gobierno de Colombia Protege el 76% del Páramo de Santurbán AIDA se unió a organizaciones locales para conseguir apoyo público para la protección de los páramos de Colombia. Los páramos son humedales de alta montaña únicos en América Latina. Nuestro trabajo logró reunir más de 20,000 firmas para una petición ciudadana y generó mucha atención mediática. El Gobierno colombiano decidió ampliar el área protegida del Páramo de Santurbán, una importante victoria para el pueblo colombiano. Santurbán abastece de agua a cerca de dos millones de personas y es hábitat de especies amenazadas. También captura grandes cantidades de carbono, mitigando así el cambio climático. Hace varios años, Colombia promulgó una ley que protege a los páramos, un importante paso debido a que la tierra en y alrededor de Santurbán contiene oro y otros minerales que empresas internacionales están ansiosas por explotar. Para implementar la ley y proteger realmente a ese páramo, Colombia tenía que establecer los límites del área protegida. Los límites propuestos inicialmente incluían sólo una pequeña fracción del páramo. Ahora, la mayor parte está protegida. 4. Se Publican Tres Importantes Informes de Referencia Uno de los servicios clave que AIDA brinda es la producción de informes basados en investigación y análisis legal. Estos informes sirven como referencia a funcionarios de gobierno, periodistas, grupos de la sociedad civil y tomadores de decisiones de industrias que se esfuerzan por proteger nuestro ambiente. Compilamos información exhaustiva acerca de las amenzas a recursos naturales y de las mejores prácticas para la protección ambiental. Nuestros informes llenan vacíos de conocimiento entre responsables de políticas públicas y defensores ambientales en América Latina. Las publicaciones recientes de AIDA pueden ayudar a guiar los esfuerzos hacia la protección ambiental. Éstas incluyen: Guía de Buenas Prácticas de Regulación para la Protección de Arrecifes de Coral (en inglés). La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. Guía sobre Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros. 5. Se Crea un Grupo Regional sobre Fracking: 30 Organizaciones en Siete Países Muchos países en América Latina le están abriendo sus puertas al fracking, una práctica que consiste en la inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión para fracturar rocas y liberar gas natural del subsuelo. Muchos gobiernos lo están haciéndo con poca o ninguna comprensión de los impactos de esta tecnología en el ambiente y la salud, y en ausencia de procesos adecuados para informar, consultar e involucrar a las comunidades afectadas. AIDA apoyó la creación del Grupo Regional sobre Fracking para generar conciencia, debate público y prevenir los riesgos asociados al fracking. El grupo busca garantizar que los derechos a la vida, a la salud pública y a un ambiente sano sean respetados en América Latina. El grupo está formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas principalmente de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y México, las cuales colaboran para: Identificar operaciones de fracking y comunidades afectadas en la región, y documentar los impactos; Avanzar en estrategias para detener proyectos dañinos y frenar la propagación del fracking; y Organizar seminarios y brindar material educativo acerca de los riesgos e impactos del fracking para asegurar la adopción de un enfoque de precaución.
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ONG costarricenses denuncian actitud irresponsable del gobierno frente a la conservación marina
Organizaciones ambientales anuncian retroceso en la conservación marina. Señalan posición irresponsable en los acuerdos tomados por el gobierno, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de la actividad pesquera. El gobierno cede ante las presiones del sector pesquero y olvida el pacto ambiental, la ley y los compromisos internacionales del país. San José, Costa Rica. Como resultado de los bloqueos de vías por parte del sector pesquero, el pasado miércoles 2 de setiembre el Gobierno asumió compromisos temerarios, ilegales e inconstitucionales con algunos representantes de este sector. Los acuerdos y compromisos fueron comunicados al sector ambiental luego de una consulta y mediante oficio del señor Sergio Alfaro, Ministro de Presidencia, de fecha 07 de setiembre anterior. Como organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación los acuerdos que las autoridades han tomado con el sector pesquero, los cuales a nuestro entender implican: La flexibilización de regulaciones sobre comercio de tiburón. Según un borrador de Decreto ya confeccionado por el Ejecutivo para reformar el capítulo XIV del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se trasladará la potestad de autorizar la importación, la exportación y reexportación de productos de tiburón a Comisiones Especiales No Permanentes, cuyos miembros serían asignados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Actualmente, dicha responsabilidad recae sobre un consejo integrado por científicos nacionales nombrados independientemente por sus instituciones. Otorga además condición de "Autoridad Científica" al sector pesquero, con derecho a proponer sus representantes en las Comisiones No Permanentes. Esta acción resulta ilógica pues la participación del sector en la toma de decisiones técnicas se dará desde una perspectiva empresarial, privada y motivada por el lucro, contrario a las autoridades científicas formales como las Universidades e Instituciones públicas Estatales y no Estatales que en su naturaleza constitutiva se rigen por el interés público. Asumir a futuro una actitud pasiva ante la conservación y protección de especies de tiburón en peligro de extinción o riesgo inminente que deban ser incluidas en tratados internacionales firmados por Costa Rica. En esta negociación con el sector pesquero, el gobierno se compromete a no promover, ni respaldar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en convenciones internacionales como CITES y CMS, aunque se encuentren en condición de vulnerabilidad o riesgo de extinción. Es decir, el gobierno permite que el interés comercial particular prevalezca por encima del interés público ambiental. Promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón. El gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial. Confundir el interés privado empresarial con el "conocimiento tradicional" de las comunidades y equipararlo al conocimiento científico. El gobierno acordó con el sector pesquero entrar en un proceso "participativo" de revisión de las tallas mínimas de captura de peces, ante la negativa del sector a acatar las tallas establecidas por el Departamento de Investigación Pesquera del Incopesca. Las tallas mínimas de captura, que ya deberían haber empezado a regir, serán ahora revisadas bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de la gestión pesquera. Serán entonces los mismos pescadores quienes decidan que tallas van a pescar. Creemos firmemente en el papel que las comunidades costeras deben ser aliadas de la conservación, pero no debe confundirse su participación con la delegación de potestades públicas indelegables, alejándose incluso del criterio técnico-científico. Aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico que lo respalde. El quinto acuerdo expone un problema recurrente que el sector ambiental ha venido denunciando en los últimos años: la falta de fundamento técnico en decisiones sobre recursos pesqueros. En esta negociación, el gobierno se compromete a aumentar las cuotas de acarreo de atún y a convocar el proyecto de Ley "Para el desarrollo, promoción y aprovechamiento del camarón en Costa Rica", sin contar con el criterio técnico científico que lo respalde. "Somos enfáticos en recordar que el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que todo acto administrativo debe estar claramente fundamentado, sobre todo tratándose de autorizaciones para acceder a bienes de dominio público, que pertenecen a todos los costarricenses. El gobierno debe indicar cuál es el fundamento técnico que utilizó para asumir este nivel de compromisos con el sector pesquero”, agregó Jorge Jiménez, de Fundación Marviva. Representantes del sector coinciden en que el contenido de los acuerdos, representa un retroceso en la protección ambiental de los recursos marinos y de las propias comunidades que dependen de la salud de los mares. "Las actuaciones de las actuales autoridades y sus asesores son irresponsables, sin fundamento técnico y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Un retroceso de tal magnitud daña la imagen del país ante la comunidad internacional, entrando en abierta contradicción con la imagen que el país promociona de país respetuoso del ambiente", señaló Randall Arauz, de Pretoma. Para el sector ambiental, el gobierno está legitimando intereses privados por encima del interés público ambiental, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de pescadores y la conservación de los recursos marinos y pesqueros en nuestro país. "Nos genera gran asombro enterarnos de los acuerdos que las autoridades ambientales y pesqueras, en nombre del Estado y la Nación, han tomado con respecto a la disposición de bienes de dominio público por parte de particulares. Los compromisos toman una dirección contraria a lo que indican el conocimiento científico, el principio precautorio, así como del consenso internacional que existe sobre el manejo de grupos como los tiburones”, concluyó Marco Quesada, de Conservación Internacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad como parte relevante de la sociedad costarricense informar a la comunidad nacional cuando algún sector, gremio o el gobierno mismo, atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales, marinos o terrestres, de nuestro país y que en esta oportunidad afectan directamente el futuro de la seguridad alimentaria nacional. Apoyan este comunicado: WIDECAST, Fundación Marviva, Pretoma, Conservación Internacional, AIDA, Misión Tiburón, UESPRA, Fundación KETO, The Leatherback Trust, Asociación Costa Rica por Siempre, Biocenosis, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Sea Sheperd, Cedarena, Promar. Contacto de prensa Randall Arauz, 506-8344-3711, [email protected]
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ONG celebran la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección del ambiente y la salud en Colombia
Resaltan la aplicación del principio de precaución en la resolución por la cual la Agencia Nacional de Licencias Ambientales suspendió las fumigaciones. Piden permanecer alertas ante la amenaza del uso manual del glifosato o su reemplazo con otro químico nocivo. Bogotá, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil celebran por fin la suspensión temporal y con carácter preventivo de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección de la salud pública y del derecho a un ambiente sano en el país. Destacan que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicara el principio de precaución en la resolución por la cual ordenó la suspensión de una técnica empleada por más de dos décadas para erradicar cultivos de coca y amapola de uso ilícito. El 29 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió suspender las fumigaciones con glifosato (Resolución 006). Para que la medida se hiciera efectiva, la ANLA debía suspender o revocar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), lo que ocurrió con la Resolución 1214 del pasado 30 de septiembre. La resolución está fundamentada en el principio de precaución y sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y el CNE, instancias que en su momento se basaron en el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cual concluye que el glifosato es “probablemente cancerígeno para humanos”. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que la aplicación del principio de precaución es un progreso en el derecho ambiental colombiano. “Hoy por fin podemos celebrar la suspensión de las fumigaciones, después de décadas de evidenciar daños en la salud, el ambiente, así como la ineficacia del programa”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. Para Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), “es necesario llamar la atención sobre la facultad que otorga la ANLA al CNE de reanudar las fumigaciones con glifosato y emplear otros herbicidas, bajo ciertas condiciones y previo concepto de las autoridades competentes, sin detallar cuáles son esas autoridades”. Por su lado, Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, señaló: “Ante la decisión del Presidente de la República y del CNE, era insostenible seguir asperjando glifosato. Sin embargo, es inexplicable que el Director de la Policía colombiana quiera seguir usándolo por medios manuales y que el Ministerio de Defensa amenace con reemplazarlo por otra molécula para seguir con la fumigación aérea; por eso debemos permanecer alertas.” En mayo, AIDA e INDEPAZ entregaron al Ministerio de Justicia de Colombia casi 25,000 firmas a una petición lanzada en la plataforma de internet Change.org para solicitar el fin de las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia. Ese mes, 10 organizaciones sociales (WOLA, LAWG, AIDA, CINEP, CCJ, Grupo Semillas, Planeta Paz, Mamacoca, Red de Justicia Ambiental y PCN) solicitaron al Consejo Nacional de Plaguicidas y al CNE la revocatoria del PECIG y desaconsejaron el uso de otros herbicidas. Esa solicitud recogía las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) y el Consejo de Estado (Rad. 2004-00227-01 de 2013), y las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en el informe “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia” de mayo de 2015.
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