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Photo: Andrés Ángel / AIDAApoyando la lucha de Cajamarca para defender su territorio de la minería
Debido a su gran producción agrícola, la ciudad de Cajamarca es conocida también como “la despensa de Colombia”. Además de fértiles tierras, alimentadas por ríos y 161 nacimientos de agua, el municipio cuenta con paisajes bellos de quebradas y bosques de niebla. De la salud de esos entornos naturales depende las principales actividades económicas de su población: la siembra de alimentos y el turismo ecológico.
Cajamarca también posee minerales y por ello la empresa AngloGold Ashanti busca desarrollar en la zona un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, un tipo de minería muy agresivo con el ambiente, pues implica arrasar con áreas verdes y generar enormes cantidades de residuos potencialmente tóxicos para obtener el metal.
El proyecto, denominado apropiadamente La Colosa, sería el segundo más grande de su clase en América Latina y el primero en Colombia. Los elementos tóxicos que una operación de esa magnitud dejaría, podrían contaminar suelos, aire, y aguas superficiales y subterráneas.
Además, los diques en los que se almacenan los residuos pueden romperse por tormentas, terremotos o errores de diseño. Eso ya ocurrió en países como Perú y Brasil con trágicas consecuencias.
El 26 de marzo de 2017, en una consulta popular, el 98% de los votantes de Cajamarca le dijo no a la minería en su territorio, rechazando así el proyecto La Colosa. AIDA contribuyó a esa victoria. Fue parte del equipo legal que asesoró a la comunidad y que desarrolló una estrategia, que incluía la consulta, para detener el proyecto. No obstante, aún queda trabajo por hacer.
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ONG: Las iniciativas climáticas no deben incluir grandes proyectos hidroeléctricos
En un manifiesto publicado hoy, una coalición de más de 300 organizaciones de la sociedad civil[i] de 53 países, pide a los gobiernos y financiadores reunidos en las negociaciones climáticas de París, mantener a los grandes proyectos hidroeléctricos fuera de iniciativas climáticas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial y los bonos verdes. Los grandes proyectos hidroeléctricos emiten enormes cantidades de metano, hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables al cambio climático, y causan daños graves a ecosistemas clave y a comunidades locales. Incluirlos en iniciativas climáticas le quita apoyo a verdaderas soluciones climáticas como las basadas en energía eólica y solar, ya disponibles y cuya construcción toma menos tiempo que las de una gran represa y tienen una huella social y ambiental menor. "Los embalses hidroeléctricos, sobre todo en regiones tropicales, emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero, comparables con el impacto climático del sector de la aviación", dijo Peter Bosshard, Director Ejecutivo Interino de International Rivers. "Por razones ambientales, sociales y económicas, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático." "Los grandes proyectos hidroeléctricos causan impactos serios en las comunidades locales y a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, a la integridad cultural y al consentimiento libre, previo e informado", señaló por su parte Joan Carling, Secretaria General del Pacto de Pueblos Indígenas del Asia (AIPP por sus siglas en inglés). "La resistencia de las comunidades afectadas por represas se ha encontrado a menudo con graves violaciones a los derechos humanos." “Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables ante el cambio climático”, comentó Himanshu Thakkar, fundador de la South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP). "La construcción de la represas ha exacerbado los desastres de inundaciones en zonas frágiles de montaña. Al mismo tiempo, el incremento de sequías más extremas aumenta los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica, afectando en gran medida a los países que dependen de represas hidroeléctricas para obtener la mayor parte de su electricidad". "La energía eólica y la energía solar ya están fácilmente disponibles, son competitivas económicamente, y han superado a las grandes hidroeléctricas en la adición de nueva capacidad", complementó Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los países del Sur global deben dejar atrás los obsoletos proyectos de represas y promover soluciones energéticas que sean amables con nuestro clima, el medio ambiente y las personas que dependen de él." Contexto Los grandes proyectos hidroeléctricos son promovidos a menudo como fuente "limpia y verde" de electricidad por instituciones financieras internacionales, gobiernos nacionales y otros actores. Éstos se benefician enormemente de instrumentos destinados a enfrentar el cambio climático, incluidos los créditos de carbono bajo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los créditos de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial, y de condiciones financieras especiales por parte de las agencias de crédito a la exportación y los bonos verdes. La industria de las represas busca que los grandes proyectos hidroeléctricos sean financiados por el Fondo Verde del Clima, y muchos gobiernos los impulsan como respuesta al cambio climático a través de iniciativas nacionales. Por ejemplo, al menos doce gobiernos con sectores importantes de hidroelectricidad han incluido una expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes sobre Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés). El apoyo a iniciativas climáticas es una de las razones principales por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas están actualmente planificadas y en construcción en todo el mundo. Información adicional El manifiesto de la sociedad civil, Diez Razones por las que las Represas No Deberían Ser Parte De Iniciativas Climáticas, está disponible aquí. El video Clima Incorrecto para Represar Ríos está disponible en: https://youtu.be/UnG_b6egjFk (en inglés). Los siguientes eventos de lanzamiento del manifiesto y el vídeo se llevarán a cabo en París esta semana: 5 de diciembre, 12 pm: Conferencia de prensa con líderes indígenas y defensores de derechos humanos en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75.011). 5 de diciembre, 6 pm: La declaración y el video se presentarán en un evento organizado por la Fundación por los Derechos Humanos Bianca Jagger (Galerie Tadeo Ropac Paris Pantin, Salzburgo, 69, Avenue du Général Lecler, 93500, Pantin). Los periodistas interesados en asistir deben enviar una solicitud por correo hasta el 3 diciembre a: [email protected]. [i] Patrocinadores: Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Amazon Watch, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Carbon Market Watch, France Liberte, International Rivers, Jeunes Volontaires pour l'Environnement International, Oxfam International, REDLAR, Ríos Vivos, Rivers Without Boundaries; South Asia Network on Dams, Rivers and People y Urgewald.
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Financiamiento climático en Latinoamérica y el Caribe: Del acuerdo global a la acción nacional
El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer hoy varias de las acciones que se realizan en países de la región con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas —conocidas como INDCs por sus siglas en inglés—, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático. París, Francia. En una rueda de prensa organizada en el marco de la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde del Clima como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. “México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018”, dijo Jaramillo. Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. “Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural”. Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, “la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos”, agregó. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo. El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, “es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima”. Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. “Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”. Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento. La combinación de los tres pilares a los que las organizaciones hicieron referencia es fundamental para avanzar en la agenda climática a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe. Un acuerdo ambicioso en París promovería resultados más efectivos en cada una de estas áreas y generaría mayor ambición en la transformación de los modelos de desarrollo.
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El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer hoy varias de las acciones que se realizan en países de la región con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas —conocidas como INDCs por sus siglas en inglés—, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático. París, Francia. En una rueda de prensa organizada en el marco de la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde del Clima como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. “México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018”, dijo Jaramillo. Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. “Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural”. Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, “la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos”, agregó. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo. El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, “es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima”. Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. “Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”. Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento. La combinación de los tres pilares a los que las organizaciones hicieron referencia es fundamental para avanzar en la agenda climática a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe. Un acuerdo ambicioso en París promovería resultados más efectivos en cada una de estas áreas y generaría mayor ambición en la transformación de los modelos de desarrollo.
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