
El río Xingú está siendo silenciado, pero no sus pueblos
Amazon Watch / Maíra Irigaray
Un río siempre es camino, alimento y memoria.
En la Volta Grande (o Gran Recodo) del río Xingú, en plena Amazonía brasileña, el agua no solo fluía: enseñaba cuándo sembrar, cuándo pescar, cuándo celebrar.
Allí, la vida seguía el ritmo del río.
Pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando se planificaba la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte y un cuestionamiento silencioso iba creciendo: ¿Quién decide el destino del agua?
Seis años después, el 5 de mayo de 2016, cuando la represa fue inaugurada, cerca del 80 % del caudal del río Xingú fue desviado.
Ya en 2018 organizaciones y comunidades alertaban que el plan de manejo del caudal, impuesto al Xingú para la operación de la hidroeléctrica, era el anuncio de un futuro de escasez.
Tal advertencia se convirtió en realidad.
Hoy, tramos enteros del río están secos. Más de 100 kilómetros de la Volta Grande han perdido su flujo natural. El agua, que antes sostenía la biodiversidad y los modos de vida locales, ya no llega como antes.
Sin agua suficiente, los peces dejaron de reproducirse. Hace tres años que no hay desove.
El silencio del río se convirtió en hambre, incertidumbre y ruptura.
La muerte de los peces no es solo un impacto ambiental: es el quiebre de un modo de vida.
Comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras han perdido no solo su principal fuente de alimento, sino también su autonomía y su relación con el territorio.
Hoy, la huella de Belo Monte es una acumulación progresiva de degradación ecológica, social y cultural.
Sin embargo, esta historia aún no ha llegado a su fin.
Tiempo de justicia para el río Xingú y la vida que sostiene
Diez años después del inicio de operaciones de la represa Belo Monte, los impactos denunciados se han confirmado, pero también se ha fortalecido algo que no se había previsto: la resistencia.
Las comunidades afectadas siguen organizadas, activas y decididas. Siguen denunciando, exigiendo reparación y defendiendo el derecho a vivir junto al río.
Esa fuerza es visible hoy en las protestas contra nuevos proyectos en la zona.
Porque para estos pueblos, la lucha no es solo contra un proyecto, es por la continuidad de la vida.
Hoy es tiempo de justicia para ellos.
La denuncia contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011, a la espera de una decisión que puede marcar un antes y un después para las comunidades de la cuenca del Xingú.
La denuncia tiene los elementos jurídicos y probatorios necesarios para que la Comisión la admita, determine que hubo varias violaciones de derechos humanos y remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo puede sentar un precedente para la regulación estatal de megaproyectos en contextos de crisis climática; la participación pública; y la protección de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ecosistemas clave como la Amazonía.
Pero, mientras el proceso avanza lentamente, los impactos siguen agravándose cada día. La urgencia no es jurídica, es humana. Cada ciclo sin respuesta es un ciclo más de sequía, de pérdida de biodiversidad y de vulneraciones que se acumulan.
En este caso, decidir no es solo una cuestión institucional, es una cuestión de esperanza de vida para quienes dependen del río.
Lo ocurrido con Belo Monte se ha convertido en un símbolo.
Es un claro ejemplo de cómo los proyectos vendidos como "energía limpia" pueden acarrear impactos profundos y duraderos cuando ignoran los derechos humanos.
En momentos en que el mundo busca soluciones energéticas para enfrentar la crisis climática, no podemos repetir viejos patrones de injusticia.
Marcella Ribeiro d'Ávila Lins Torres

Marcella Ribeiro d'Ávila Lins Torres es brasileña y abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, además de coordinadora de la Línea de Comunidades y Defensores/as, trabajando desde Brasil. Es licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Paraíba, tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y un diploma en Abogacía para ONG por el Advocacy Hub. Se especializó en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; sistemas internacionales de derechos humanos y justicia climática. Es muy versada en la práctica del derecho de los derechos humanos a través del litigio, la incidencia y las campañas. Además, es responsable en AIDA de la coordinación de varios casos y proyectos con comunidades tradicionales, pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos. Coordina el equipo brasileño, siendo responsable de identificar oportunidades para expandir el trabajo de AIDA en el país. Marcella es el punto focal de AIDA en el trabajo con personas defensoras y el vínculo entre los programas de Derechos Humanos y de Clima.