En Poopó, municipio ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Oruro, en Bolivia, los daños que la minería dejó a su paso están al alcance de cualquiera. Incluso los niños y niñas pueden tener contacto directo con los relaves (desechos mineros) o jugar en medio de agua contaminada.

Cuando visité Poopó en diciembre del año pasado, la experiencia de conocer de cerca esa situación me impactó mucho. Sus minas abandonadas son, junto con sus aguas termales, sus principales atractivos turísticos.

Por lo que pude observar en la región de Oruro, los pueblos mineros comparten otro rasgo: la ausencia o precariedad de infraestructura y de servicios básicos como luz, agua y alcantarillado. Al parecer, la minería allí no fue un antídoto contra la pobreza.

Rastreando los daños

Mi visita a Poopó y a otros municipios surgió del foro Minería y justicia ambiental en Bolivia, evento en el que participé junto con investigadores, profesores, estudiantes y miembros de comunidades rurales dedicados al monitoreo y cuidado del agua.

El foro fue organizado por AIDA, la Red de Justicia Ambiental en Bolivia y otras organizaciones e instituciones de ese país. Fue un valioso espacio para el intercambio de ideas y para tener un panorama general de los impactos de la minería en el país, así como una agenda común de acciones para enfrentarlos.

En el viaje me acompañaron miembros del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, cuyo trabajo con comunidades para el monitoreo de la calidad del agua en Bolivia es un ejemplo para otras organizaciones del país y de la región que buscan generar cambios positivos. AIDA colaborará con ellos este año para construir capacidades y visibilizar la situación de lugares afectados severamente por actividades mineras.

En nuestro recorrido evidenciamos la necesidad urgente de acciones concretas que mitiguen los daños existentes y eviten nuevos. Vimos daños causados por los diferentes actores del sector minero: empresas, cooperativas y la llamada minería mediana o unipersonal. Estos impactos ocurren hace décadas, siguen generándose y son la causa de afectaciones graves a la salud de personas y ecosistemas.

En estos pueblos de tierras áridas, la lluvia es escasa. Y, en general, el agua no abunda. Pese a ello, el recurso parece no ser valorado. Algunos valles han sido rellenados con desechos mineros y aguas servidas no tratadas llegan a los ríos, cuyos lechos, aguas abajo de los pueblos mineros, contienen gran cantidad de residuos sólidos, entre los cuales destacan los plásticos.

En estos lugares —con poca humedad, escasa vegetación y ubicados a gran altitud— la implementación de acciones gubernamentales para la conservación y uso racional de fuentes de agua es vital y urgente.

Algunas conclusiones

De mi visita me quedo con tres ideas principales:

1. El trabajo ambiental frente a la minería es muy complejo en Bolivia. Existen diferencias grandes —algunas irreconciliables— sobre el uso del territorio entre grupos sociales diversos, pero vinculados entre sí. Están quienes se dedican a monitorear la calidad del agua, pero también profesionales del rubro minero, ganaderos y agricultores. Lo que favorece económica y políticamente a unos, afecta a los otros. Esa dinámica, que es necesario romper, genera conflictos aparentemente insuperables.

2. Aunque muchas normas y políticas establecen la protección prioritaria del ambiente y de los derechos de la naturaleza en el país, la ausencia de controles efectivos a la actividad minera impide alcanzar ese objetivo.

3. Proteger el territorio de manera eficaz requiere ajustarse a la realidad y contar con información transparente, basada en la ciencia, sobre proyectos y entornos mineros. Una vez analizada y sistematizada, la información servirá de base para mitigar los daños de proyectos mineros actuales y prevenir los de proyectos futuros.

Un arduo trabajo por delante

Un panorama tan desalentador implica que hay mucho trabajo por hacer. Eso me anima a continuar aportando a la protección ambiental desde mi labor como geólogo.

Bolivia ha permitido desde hace siglos que su economía dependa casi exclusivamente del sector extractivo, una opción que no es sostenible ni a mediano ni a largo plazo. La minería, por definición, no es una actividad sostenible: los recursos minerales no son renovables, pero los daños asociados a su extracción pueden durar milenios y su remediación, resultar muy costosa.

AIDA y sus organizaciones aliadas trabajan de cerca con las comunidades. Buscamos entenderlas, recibimos y brindamos información útil sobre los impactos de estas actividades.

Conseguir cambios significativos hacia un futuro más respetuoso con la naturaleza no es fácil, pero sí es posible.

El reto más grande es demostrar que ese camino puede ser exitoso y, en definitiva, que es una mejor opción para Bolivia. Ciudades en otros países de América Latina, como Cajamarca en Colombia, han priorizado su territorio y agua por encima de la minería. Estoy convencido que es un logro posible en toda la región.

¡Seguiremos conversando con las comunidades, compartiéndoles las lecciones aprendidas y proponiendo caminos que nos beneficien a todos!