El día finalmente llegó.

El 17 de enero pasado, el Tratado de Alta Mar —llamado oficialmente Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— entró en vigor y con ello se convirtió en ley internacional.

Siendo un hito histórico que tomó más de dos décadas en concretarse, el tratado establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en alta mar —cuyas aguas cubren casi la mitad del planeta y pertenecen a todos los países— y para garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial.

La puesta en marcha del tratado fue activada el 19 de septiembre de 2025 cuando alcanzó su ratificación número sesenta. Al 15 de enero de este año, 83 países ya son Estados Parte del acuerdo.

La ratificación o adhesión significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.

Pero ¿qué viene ahora con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar?

Obligaciones legales para los Estados

Con su entrada en vigor, los Estados Parte del acuerdo deben empezar a cumplir con una serie de obligaciones legales contenidas en este. Aunque algunas dependen del funcionamiento de los órganos y los mecanismos del tratado, otras son aplicables desde ya, incluyendo las siguientes:

• Notificar públicamente cualquier actividad prevista bajo su control que pueda afectar la biodiversidad de alta mar o del lecho marino. Estas actividades deben seguir los procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por el tratado.
• Promover los objetivos del tratado al participar en espacios de toma de decisiones ante otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería submarina.
• Notificar y reportar aspectos relacionados con el cumplimiento de requerimientos sobre recursos genéticos marinos, reparto de beneficios no monetarios y cooperación para la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades.

Respecto del último punto, el tratado establece un Mecanismo de Intercambio de Información, una fuente de conocimiento que muchos países —sobre todo en desarrollo— no podrían disfrutar en otras circunstancias.

En términos generales, la implementación del acuerdo tendrá, entre sus obligaciones más visibles, temas de cooperación y coordinación entre los países a partir de mecanismos establecidos por este y mediante puentes con instrumentos jurídicos internacionales que ya existen y que históricamente se han aplicado de manera aislada.

Propuestas de áreas marinas protegidas en alta mar

Uno de los objetivos principales del tratado es la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.

Con la entrada en vigor del tratado, esta tarea no puede comenzar desde ya porque su cumplimiento requiere el funcionamiento de los órganos y mecanismos específicos, entre ellos la Secretaría del tratado, que recibirá las propuestas de AMP, así como el Órgano Científico y Técnico, que las evaluará y emitirá recomendaciones sobre su adopción ante la Conferencia de las Partes.

Sin embargo, los países pueden comenzar desde ahora con el proceso de consultas amplias estipulado en el tratado para la elaboración de propuestas de AMP o de otros mecanismos de gestión basados en áreas (ABMTs, por sus siglas en inglés), las cuales deben estar basadas en los mejores conocimientos científicos y tradicionales disponibles.

Aunque son los países quienes deben proponer y luego decidir el establecimiento de las zonas que serán declaradas reservas para su protección en alta mar, existen esfuerzos desde la sociedad civil para avanzar en esto.

Por ejemplo, la Alianza por Alta Mar —una coalición de organizaciones en la que AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina— tiene preliminarmente identificadas ocho propuestas de AMP de gran valor ambiental: tres están en el Atlántico (Ciudad Perdida, Mar de los Sargazos y Dorsal de Walvis), cuatro en el Pacífico (Domo Térmico, Dorsal de Salas y Gómez y Nasca, Montes Submarinos Emperador y Mar de Tasmania) y una en el Índico (Saya de Malha).

Para la elaboración de propuestas de AMP ubicadas en aguas internacionales adyacentes a América Latina —el Domo Térmico y la Dorsal de Salas y Gómez y Nasca—, la alianza está apoyando a los gobiernos de Costa Rica y Chile, respectivamente.

La primera reunión de toma de decisiones del acuerdo

A más tardar un año después de la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar —es decir, a finales de 2026 o a inicios de 2027—, tendrá lugar su primera Conferencia de las Partes (COP1), donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios.

Solo los países que hayan ratificado el acuerdo podrán participar en la toma de decisiones, el resto lo podrá hacer como observadores. Aquellos países que únicamente firmaron el tratado tienen la obligación de buena fe de evitar realizar actos que frustren su propósito.

Con miras a la COP1, se realizan reuniones de la Comisión Preparatoria para elaborar propuestas sobre la arquitectura institucional del tratado (sus órganos y procesos de toma de decisiones) que serán presentadas para su adopción en la conferencia.

Con el hito histórico comienza ahora otra fase clave, la de implementación, que permita traducirlo en medidas concretas y duraderas para la salud del océano.

Su impacto dependerá de cómo se aplique y respete colectivamente. Y su efectividad será mayor cuando todos los países se adhieran al acuerdo.