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Bram EbusBuscando justicia para las comunidades afectadas por la represa Hidroituango
El río Cauca es el segundo más importante de Colombia. Las comunidades asentadas en su extensa cuenca dependen del caudal para desarrollar sus actividades económicas, entre ellas la pesca y la agricultura.
Abriéndose paso entre montañas, el río pasa por siete departamentos del país, entre ellos Antioquia, donde se construye la represa Hidroituango, proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes.
En mayo de 2018, una falla en la construcción de la hidroeléctrica provocó inundaciones, deslizamientos de tierra, avalanchas y la evacuación de más de 25 mil personas. Ello desnudó la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado.
La violación sistemática de derechos humanos derivada del proyecto ha incluido el uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos de Colombia.
Con la construcción de la represa, cuyas obras no han concluido y que todavía no genera energía, se inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la cobertura vegetal de la zona, lo que está generando emisiones importantes de metano, gas de efecto invernadero que agrava la crisis climática mundial.
A pesar de su inadecuada implementación, el BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, invirtió millones de dólares en la hidroeléctrica y facilitó la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales.
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Bogotá, Colombia. La audiencia pública programada para el viernes 4 de marzo en la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander, Colombia) por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de gran minería de oro a cielo abierto "Angostura" fue suspendida debido a situaciones que impidieron el normal desarrollo de la misma. Por esta razón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA hará llegar al gobierno colombiano su escrito de intervención sobre las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger los páramos, que no pudo presentar en la suspendida audiencia. En los próximos días, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano deberá pronunciarse sobre la cancelación total de la audiencia o sobre la posibilidad de reanudarla. Estaremos atentos a dicha notificación y nos aseguraremos de que los argumentos aportados por AIDA sean conocidos abiertamente y considerados dentro del proceso de solicitud de la Licencia Ambiental al proyecto Angostura.
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