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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

House in a rural area

Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina

Entre los diversos compromisos mundiales para enfrentar la crisis climática actual, organismos de gobernanza internacional, como las Naciones Unidas, han posicionado la necesidad de duplicar la producción de energías renovables y electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global, llamando a este proceso "transición energética". Sin embargo, esto implica intensificar la extracción de minerales que posibiliten el desarrollo de estas tecnologías. Cada región del mundo cumple un rol diferenciado dentro de las cadenas de suministros de minerales que serán utilizados en procesos de descarbonización. América Latina ha sido identificada como una de las regiones con vastas reservas de minerales que alimentarían esta propuesta de transición. Sin embargo, en este contexto de interés minero, existe la tendencia a invisibilizar a las poblaciones que habitan en estos territorios y a los sistemas hidrogeológicos de importancia local, regional y mundial que allí existen.Uno de los minerales que ha aumentado sensiblemente su interés comercial para el avance de la descarbonización energética es el litio. En la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— se encuentran las mayores reservas a nivel mundial. No obstante, para que el litio esté disponible, se requiere atravesar una compleja cadena de suministros transnacional, particularmente compleja que incluye la extracción de minerales, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la producción de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos. Esta situación, de incremento de la demanda de minerales en cadenas complejas de suministros mundiales, genera alertas para la región sobre el riesgo de reproducir un nuevo ciclo de extractivismo si no se diseñan e implementan políticas públicas que integren, de manera efectiva, estándares ambientales, sociales y de desarrollo territorial.La economía circular, estrechamente vinculada al proceso de transición energética, se presenta como una estrategia clave para superar la lógica lineal del sistema económico tradicional (extraer – producir – utilizar – desechar). Su objetivo es reducir la presión sobre los territorios y bienes comunes, incorporando criterios de sustentabilidad a las cadenas de suministros y promoviendo una gestión más racional de los recursos minerales que se extraen.Sin embargo, esta forma de entender la economía circular, vinculada a minerales para la transición energética, también se sustenta en la ampliación del extractivismo, sobre todo en el sur global. Esto se debe a que las opciones de descarbonización requieren grandes cantidades de minerales para el almacenaje de energía, los cuales son extraídos con altos impactos ambientales y sociales, amenazando la resiliencia de los ecosistemas de donde se extraen y poniendo en riesgo a las poblaciones que los habitan.Considerando estas limitaciones, una propuesta de economía circular, desde la perspectiva de las zonas de extracción latinoamericanas y aplicada a los minerales para la transición, debe garantizar que los cambios de matriz energética hacia tecnologías con menos emisiones de gases de efecto invernadero (conocida ampliamente como transición energética), sean verdaderamente justos en todas las etapas. Esto implica evitar la creación, expansión y/o profundización de zonas de sacrificio; asegurar la restauración ambiental y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, así como la reparación de aquellos derechos que han sido vulnerados. Requiere además cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas.   Lee y descarga 

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Ejemplar de tiburón ballena recorre aguas de alta mar
Océanos

El tratado que protege la vida en alta mar: ¿Por qué los gobiernos deben ratificarlo?

El océano cubre dos tercios del planeta. Es tan inmenso e inabarcable que 64% de sus aguas están fuera de cualquier frontera, en un espacio conocido como alta mar.Es una zona que está fuera de las jurisdicciones nacionales y que representa el 40% de la superficie de la Tierra.Por la riqueza de vida marina que resguarda —incluyendo especies nuevas para la ciencia—, alta mar es una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Es además fuente de alimento y oxígeno, regula el clima, amortigua los impactos de la crisis climática y sostiene los modos de vida de comunidades dedicadas a la pesca y al turismo.A pesar de su importancia, apenas 1,2 % de las aguas de alta mar tiene protección internacional.Para llenar este vacío, en junio de 2023, los países miembros de la ONU adoptaron formalmente un acuerdo para proteger la biodiversidad en alta mar, el cual necesita la ratificación de al menos 60 países para entrar en vigor.Consulta cuántos y qué países han ratificado el tratado. Al ser un reservorio de bienes comunes globales, la protección y uso sostenible de alta mar es un derecho y una obligación de todos los gobiernos. ¿Qué establece el Tratado de Alta Mar?El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— es universal y puede beneficiar a todos los países, incluso a los que no son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela.El tratado contiene los siguientes elementos clave:Herramientas de manejo por zonas. El tratado establece un marco jurídico y un proceso claro para crear redes de áreas marinas protegidas, que pueden brindar una protección integral a la biodiversidad en alta mar frente a múltiples actividades, manteniendo la salud y resiliencia de esta parte del océano.Evaluaciones de impacto ambiental. Bajo el tratado, cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental detalladas y modernas que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades afectando un mismo ecosistema. Los países en desarrollo recibirán apoyo para ser parte de esta tarea.Reparto justo y equitativo de los beneficios por recursos genéticos marinos. El acuerdo establece obligaciones para compartir los beneficios monetarios y no monetarios del aprovechamiento de los recursos genéticos encontrados en alta mar (material genético de cualquier animal, planta o microbio) para desarrollar nuevas medicinas, por ejemplo.Creación de capacidades y transferencia tecnológica. El tratado dispone la provisión de financiamiento y la transferencia de tecnología en condiciones justas para que países en desarrollo aumenten su capacidad científica y tecnológica marina, incluyendo intercambio de datos, desarrollo y mejora de infraestructura y respeto de conocimientos tradicionales.¿Por qué los gobiernos deben ratificar el Tratado de Alta Mar?Tener un Tratado de Alta Mar tomó más de dos décadas, incluyendo cinco años de negociaciones en la ONU. Para garantizar este avance histórico, el acuerdo debe entrar en vigor —volverse ley bajo el derecho internacional—, lo cual ocurrirá 120 días después de que lo hayan ratificado 60 países. Al momento, 28 países han ratificado el tratado.La ratificación significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Hay muchas razones por las que la ratificación del acuerdo beneficiará a los países en desarrollo, particularmente a los de América Latina y el Caribe. Algunas de ellas son:El tratado nos acerca a la justicia ambiental. Beneficiará a los países históricamente excluidos del acceso a los recursos de alta mar, brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, científico y económico. Además, permitirá a todos los países ser actores activos de una plataforma global de toma de decisiones, coordinación y cooperación para la protección y uso sostenible de estos recursos.El tratado permite conservar ecosistemas clave. Bajo el tratado, todos los países podrán proponer áreas marinas protegidas en alta mar, incluyendo aquellos sin litoral (como Bolivia y Paraguay). Esto permitirá proteger zonas ricas en biodiversidad y especies endémicas en América Latina, como las cordilleras submarinas de Salas y Gómez & Nazca (Chile-Perú) o el Domo Térmico en el Pacífico centroamericano.El tratado beneficia modos de vida y economías locales. Al promover un alta mar saludable y resiliente, el tratado tendrá efectos positivos en las áreas costeras y en las actividades económicas que dependen de especies migratorias, como la observación de cetáceos y de tortugas, el buceo, el turismo, la pesca comercial y deportiva. Especies altamente migratorias como los calamares son vitales para las economías latinoamericanas.El tratado otorga voz en la toma de decisiones sobre alta mar. Los países que hayan firmado el tratado participarán en las reuniones de la Comisión Preparatoria y quienes lo ratifiquen podrán participar en la Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo, cuya primera versión tendrá lugar un año después de su entrada en vigor, donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios. El llamado es entonces a que todos los países ratifiquen el Tratado de Alta Mar, protegiendo así el 64% de nuestro océano, que hoy carece de una protección efectiva.Es momento de actuar por la vida marina y por las futuras generaciones. 

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Aguas turbias del río Motagua en Guatemala

Río Motagua: Una historia de contaminación y un grito por justicia

El río Motagua, el más extenso de Guatemala, está gravemente contaminado con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.Su caudal desemboca en el mar Caribe, por lo que la contaminación alcanza esas aguas, así como el Sistema Arrecifal Mesoamericano —el arrecife transfronterizo más grande el mundo— y las costas hondureñas, causando daños sociales y ambientales incuantificables.Las actividades contaminantes ocurren en toda la cuenca del río, incluyendo subcuencas y microcuencas.En términos generales, la contaminación ha deteriorado la salud, además de vulnerado el derecho al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.La contaminación del Motagua es un problema que lleva décadas y que requiere medidas urgentes de largo plazo que contribuyan al saneamiento y manejo integral de la cuenca del río. ¿Dónde está el río Motagua?El río Motagua es uno de los principales de Guatemala. Con una longitud de 486 km, atraviesa 96 municipios y 14 departamentos del país. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.Es en su desembocadura donde su caudal confluye con el Arrecife Mesoamericano, que se extiende por aproximadamente 1 000 km y abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México. Así, la contaminación que arrastra el río deteriora la salud del sistema arrecifal, donde está el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial.El Arrecife Mesoamericano protege miles de kilómetros de costas contra corrientes, olas y tormentas. Además de ser lugar de crianza y alimentación para una gran diversidad de especies, es un sumidero de dióxido de carbono y un desintoxicante del agua y el aire. De su conservación depende la salud ecológica y económica de toda la zona del Atlántico Sur.Además, la contaminación del río Motagua llega a las costas de Honduras y se esparce a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala y Belice. Se trata, sin duda, de una problemática transfronteriza. ¿De dónde viene la contaminación del río Motagua?El mayor volumen de contaminación del río Motagua proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, principalmente mediante las aguas del río Las Vacas, que recibe una gran cantidad de desechos sólidos del río Chinautla, además de aguas negras que son descargadas en su afluente diariamente.Los desechos sólidos del río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, provienen a su vez de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina. Cualquier pequeño derrumbe en ese vertedero genera desechos que automáticamente son vertidos al río en cualquier época del año.La contaminación que el río Chinautla transporta consiste también en una gran cantidad de aguas negras, generadas por al menos 500 mil personas que viven en la parte norte de la ciudad de Guatemala y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.En el municipio de Chinautla hay numerosos vertederos ilegales. Además, muchos vehículos particulares y camiones recolectores descargan desechos a orillas de los ríos Chinautla y Las Vacas.Según datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se estima que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.La mayoría de los desperdicios son vertidos en quebradas y/o superficies susceptibles al arrastre, terminando en su mayoría de una u otra forma en fuentes de agua, como la cuenca del Motagua.En otras palabras, la fuente principal de la contaminación del río Motagua es el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en el país; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.  ¿A quiénes afecta la contaminación del río Motagua?La contaminación del río Motagua afecta a toda la población de Guatemala. En la cuenca baja, afecta directamente a las personas dedicadas a la pesca, quienes han visto reducidas sus capturas.Y, al perjudicar el turismo en el Caribe, afecta también a las comunidades que tienen en ese rubro su modo de vida.Al ser un problema que abarca toda la cuenca, la contaminación del Motagua afecta a quienes viven en las principales subcuencas y microcuencas del río, incluidas las comunidades indígenas del pueblo maya poqomam de las ciudades de Chuarrancho y Chinautla.En Chinautla, la contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de más de 18 mil personas.La restauración del río Motagua es determinante para mejorar la calidad de vida de al menos el 30% de la población guatemalteca, así como de las personas afectadas en los países vecinos. Acciones para rescatar al río Motagua de la contaminaciónFrente a la grave degradación de la cuenca hidrográfica más grande de Guatemala, los daños a ecosistemas clave como el Arrecife Mesoamericano y las violaciones de derechos humanos que la contaminación genera, se requieren medidas urgentes, entre ellas: Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y municipal, así como prevenir y frenar los daños ambientales desde las fuentes mediante regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua.Fortalecer la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales y manejo de desechos sólidos para que se implementen de manera oportuna mediante sistemas de tratamiento completos en los municipios de la cuenca.Iniciar acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca, incluyendo medidas políticas, legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico y destinen los suficientes recursos financieros para garantizar la protección de las aguas y de los territorios. 

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