Project
Coordinando la Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Bajo el objetivo de contribuir a la defensa del derecho a un ambiente sano, la Red de Justicia Ambiental en Bolivia es un espacio para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias y argumentos conjuntos usando herramientas legales y académicas.
Teniendo como antecedente el éxito de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, AIDA lanzó la Red en Bolivia, proyecto similar pero adecuado a las particularidades y necesidades de ese país, en 2016. La iniciativa agrupa actualmente a varias organizaciones de la sociedad civil boliviana y a profesionales independientes expertos en justicia ambiental.
Su objetivo es promover —entre actores de la sociedad civil y del ámbito académico— el debate público, la generación de información y la articulación y fortalecimiento de acciones orientadas a la protección del derecho humano a un ambiente sano y de los derechos de la Madre Tierra, así como al uso sostenible de nuestros bienes comunes.
¿Qué hace exactamente la Red?
- Organizar conversatorios, foros y otros eventos para construir capacidades y agendas comunes para hacerle frente a problemáticas ambientales claves.
- Construir argumentos y propuestas sólidas y concretas en temas de justicia ambiental.
- Mejorar la articulación, el aprendizaje y la retroalimentación de acciones colectivas entre personas y organizaciones.
- Difundir información útil a través de formatos sencillos y claros, priorizando el uso de las redes sociales y otras tecnologías de comunicación.
- Promover el desarrollo de políticas ambientales más efectivas en los ámbitos local, departamental y nacional.
Partners:
Doe Run solicita suspensión del juicio iniciado por los niños de La Oroya
Demandantes responden que arbitraje internacional entre Doe Run y el Gobierno del Perú no debe retrasar la justicia para los niños que sufren por la contaminación de plomo. San Luis, Missouri, EE.UU. La empresa Doe Run Resources y sus afiliados solicitaron el pasado agosto a la corte de Missouri, que suspenda la determinación de responsabilidad por los daños a la salud de 35 menores peruanos causados por las emisiones tóxicas de su metalúrgica ubicada en la ciudad de La Oroya, mientras no se resuelva una demanda internacional arbitral presentada por la mencionada empresa contra el Estado Peruano, bajo el Tratado de Libre Comercio entre PERÚ-EE.UU. Esta semana, los abogados de los niños respondieron ante la corte que lleva el caso, argumentando que los daños severos y acumulativos en la salud de los niños de La Oroya, causados por la contaminación de metales pesados ocasionada por esta empresa, no permite una mayor postergación. Renco Holding Company, el dueño de Doe Run Resources y Doe Run Peru (DRP), presentaron una demanda de arbitraje contra el Gobierno del Perú ante un tribunal internacional en abril de 2011. Con este proceso, Doe Run busca asignar la responsabilidad económica por daños a la salud de la comunidad de La Oroya al Gobierno Peruano. Renco, a través de Doe Run Perú compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya al Gobierno Peruano en 1997. Desde el 2009, DRP mantiene paralizado el mencionado complejo y mantiene negociaciones con el Estado Peruano para poder reiniciar sus operaciones. En julio pasado, la corte en Missouri le impuso una multa de $320 millones de dólares a Doe Run Investment Holdings Company y otros, los antiguos dueños de la metalúrgica de esta ciudad, por ser responsables de los problemas de salud (similares a los de La Oroya), presentados en 16 menores de edad que residían dentro de la zona donde operaba la mencionada metalúrgica, entre los años 1986 y 1994. “Cada día que no procede esta demanda en esta corte, los daños a estos niños siguen aumentando,” dijeron los abogados de los demandantes en la contestación a la apelación de Doe Run para la suspensión del juicio. “Con esta solicitud, Doe Run intenta impedir otra vez la justicia y el remedio para la comunidad de La Oroya, buscando tan solo proteger sus intereses económicos,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente.
Leer másLa ruta del plomo: ¿Qué pasa cuando una compañía estadounidense exporta contaminación?
Un artículo de Mother Jones, una revista EEUU, que detalla los terribles efectos de la fundidora Doe Run Perú en la comunidad de La Oroya.
Leer másJurado en EEUU condena por $358.5 millones a exdueños de fundición de plomo
Las compañías Doe Run Investment Holdings Company, Fluor Corporation de Texas y A.T. Massey Coal de Virginia sabían que contaminación de plomo dañaba la salud de niños. San Luis, Missouri, EUA. El viernes pasado, los antiguos propietarios de una planta fundidora de plomo en Herculaneum, Missouri, recibieron una condena de $320 millones de dólares debido a la contaminación de plomo que generó problemas de salud a 16 menores y otros habitantes que vivían cerca de la zona. “Obviamente querían enviar un mensaje: no pongas las ganancias por encima de la gente”, dijo Mark Bronson, abogado de los demandantes, al diario St. Louis Post-Dispatch. El jurado impuso la condena de $320 millones, el pasado viernes 29 para desalentar una contaminación futura a las compañías Doe Run Investment Holdings Company, Fluor Corporation de Texas y A.T. Massey Coal, propietarias de la fundidora hasta el año 1994. Asimismo, un día antes el juzgado civil ya había exigido que dichas empresas pagaran $38.5 millones de dólares a las familias como compensación por los daños a la salud y ganancias perdidas por la contaminación entre los años 1986 y 1994. Cabe resaltar que, hace unos meses, el dueño actual de la fundición, Doe Run Resources Corporation, llegó a un acuerdo con los demandantes por la contaminación ocurrida después de 1994 por una cantidad no revelada, según documentos del corte. DOE RUN PERÚ Y EL CASO LA OROYA Doe Run Resources Corporation es subsidiaria de Renco Holding Company, del empresario Ira Rennert. Después de comprar Doe Run Resources, Renco compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya en 1997 y estableció otra subsidiaria, Doe Run Perú (DRP), para operarlo. DRP mantiene paralizado el Complejo desde 2009, y está negociando con el gobierno para reabrirlo. AIDA y la SPDA han trabajado desde 1997 con el fin de llamar la atención al gobierno Peruano para que DRP controle los níveles de contaminación en La Oroya, similares a los de Herculaneum. El gobierno exigió mejores controles ambientales en el complejo metalúrgico que están pendientes de cumplir, pero Renco Holdings empezó un proceso de arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EEUU, argumentando que las acciones que Perú ha tomado para requerir mejoras en el Complejo son inesperadas e injustas. Actualmente, AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, llevan un caso y una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación. “La cifra de la condena en los Estados Unidos evidencia la gravedad de la contaminación por plomo, en particular en niños y niñas, demostrando una vez más la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Missouri y en La Oroya” dijoAstrid Puentes Riaño, Co-Directora Ejecutiva de AIDA. “Por ello insistimos en las medidas que están pendientes en La Oroya para atender esta situación”puntualizó. Por su parte, Ramón Rivero, del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), calificó como ejemplar esta sanción por lo que ante situaciones similares debería tomarse como referencia en otra latitudes como la peruana. “Medidas como la dispuesta contra Doe Run en EE.UU. suponen una acción correctiva desde un Estado que, en este caso, busca resarcir a los afectados de manera equivalente al daño ocasionado. Habría que preguntarnos si las medidas dispuestas por el Estado peruano a la fecha, con relación a los daños de DRP en La Oroya, contiene esta lógica reparatoria”, agregó el especialista. “Es necesario establecer medidas relacionadas a la salud pública más eficaces que solo mediciones y controles, sino que influyan en el bienestar de los habitantes de La Oroya. Además, debería evaluarse la posibilidad de incrementar los montos a invertir en las reparaciones en la zona”, manifesto Rivero.
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