Project
Coordinando la Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Bajo el objetivo de contribuir a la defensa del derecho a un ambiente sano, la Red de Justicia Ambiental en Bolivia es un espacio para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias y argumentos conjuntos usando herramientas legales y académicas.
Teniendo como antecedente el éxito de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, AIDA lanzó la Red en Bolivia, proyecto similar pero adecuado a las particularidades y necesidades de ese país, en 2016. La iniciativa agrupa actualmente a varias organizaciones de la sociedad civil boliviana y a profesionales independientes expertos en justicia ambiental.
Su objetivo es promover —entre actores de la sociedad civil y del ámbito académico— el debate público, la generación de información y la articulación y fortalecimiento de acciones orientadas a la protección del derecho humano a un ambiente sano y de los derechos de la Madre Tierra, así como al uso sostenible de nuestros bienes comunes.
¿Qué hace exactamente la Red?
- Organizar conversatorios, foros y otros eventos para construir capacidades y agendas comunes para hacerle frente a problemáticas ambientales claves.
- Construir argumentos y propuestas sólidas y concretas en temas de justicia ambiental.
- Mejorar la articulación, el aprendizaje y la retroalimentación de acciones colectivas entre personas y organizaciones.
- Difundir información útil a través de formatos sencillos y claros, priorizando el uso de las redes sociales y otras tecnologías de comunicación.
- Promover el desarrollo de políticas ambientales más efectivas en los ámbitos local, departamental y nacional.
Partners:
Latest News
¿Qué nos motiva a preservar nuestras fuentes de agua?
Las y los profesionales que integran el Programa de Agua Dulce de AIDA defienden uno de nuestros recursos más preciados: el agua. La naturaleza nos la brinda de diversas formas, pero son también diferentes los riesgos que esas fuentes de agua enfrentan, entre ellos los daños irreversibles de actividades como la minería y el fracking. En AIDA lo sabemos y no estamos dispuestos a bajar la guardia. ¡Conoce qué nos mueve a cuidar nuestra fuente de vida! “SIN AGUA, NO HAY FUTURO” Carlos Lozano Acosta, Abogado Sénior “El agua es una fuerza viva en la naturaleza y en las sociedades. Es un rasgo distintivo de nuestra experiencia en el planeta. Las culturas, economías y ecosistemas dependen del agua y por eso, sin ella, no hay futuro”. Siendo niño, Carlos solía caminar junto a su familia en los alrededores de un páramo, un humedal de alta montaña que captura el agua de la neblina y la baja al suelo en forma de caudales. Cerca de allí su papá tenía una finca. Desde entonces tenía claro que los páramos son cruciales para la provisión de agua en su natal Colombia. “CRECÍ CON LA IDEA DE QUE EL AGUA ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO” Claudia Velarde, Asesora Legal “Lo que me motiva a cuidar las fuentes de agua es la vida misma. La reproducción de los sistemas de vida no es posible sin agua limpia, entendiéndola como recurso indispensable, como bien común y como derecho. Yo crecí con la idea de que el agua es un derecho y no un privilegio”. Claudia nació en Cochabamba, Bolivia, una ciudad cuyo nombre proviene del quechua y significa “llanura de lagos”. Pese a ello, su población sufre hace décadas sequías y escasez de agua. Cochabamba es conocida también por la Guerra del Agua del año 2000, cuando sus habitantes salieron a las calles a defender ese recurso de la privatización. Claudia creció en ese contexto y, como las demás cochabambinas, tiene una conexión muy fuerte con el agua y con lo que ésta vale. “MI MAYOR MOTIVACIÓN ES SER CONSCIENTE DE QUE LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES DEPENDE DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS FLUJOS DE AGUA” Andrés Ángel, Asesor Científico “Mi mayor motivación es ser consciente de que la salud de los ecosistemas terrestres de nuestros países depende en gran parte del funcionamiento correcto de los flujos de agua superficial y subterránea. Saber que los daños que ocasionamos con nuestras actividades económicas tienen el potencial de trastornarlos irreversiblemente es darse cuenta de la necesidad de proteger las fuentes y la calidad de agua en el continente”. A Andrés no le fue fácil estudiar Geología, una carrera orientada al extractivismo, pero su principal motivación para hacerlo fue constatar los conflictos y daños socioecológicos del avance de la minería y la exploración petrolera en su país, Colombia. Al comprender que esos impactos eran perpetuos, decidió orientar su profesión a cuestionar el modelo de desarrollo y aportar alternativas. “PROTEGER EL AGUA ES DEFENDER EL NACIMIENTO Y EL SIGNIFICADO DE LA VIDA” Juana Hofman, Coordinadora Legal de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia “Lo que me motiva es la vida. Proteger los ecosistemas de agua dulce y a la gente que depende de ellos es defender el nacimiento y el significado de la vida. Me motiva también el profundo respeto que siento por los ecosistemas, porque me siento parte de ellos, y necesitan protección. Me motivan los frailejones, plantas milenarias que son fábricas de agua, y me motivas las montañas, paisajes que me cobijan desde mi nacimiento y que con su fuerza y belleza nos permiten vivir”. Juana nació en un pueblo pequeño ubicado a la mitad de una región montañosa, en Colombia. Cuando era niña, su padre le enseñó la grandeza de los robles, árboles que para ella significan fortaleza y sabiduría. Su vida ha estado profundamente ligada, desde la infancia y hasta ahora, a las montañas, los ríos y los páramos colombianos.
Leer más
Ocho temas claves para la agenda ambiental de Colombia en 2018
Para Colombia, el 2017 fue un año marcado por el debate en torno al derecho de las comunidades de ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y ecosistemas. Lo vimos con la organización de consultas populares y movilizaciones que cuestionaron proyectos mineros y de fracking y, en suma, la continuidad del modelo extractivista. Fue evidente además con la decisión de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país, del máximo tribunal del país, de invalidar la delimitación del páramo de Santurbán, fuente de agua para millones, porque la decisión gubernamental no tomo en cuenta a la población. Por otro lado, el país se unió al debate global acerca del cambio climático y la necesidad de promover un desarrollo económico libre de combustibles fósiles. Ahora bien, en 2018, frente a las elecciones presidenciales y ante la implementación de los acuerdos de paz, la participación ambiental, la autonomía territorial y el fracking se muestran como temas especialmente importantes para el año que inicia. A continuación, ocho temas que considero claves para la agenda ambiental del 2018: Participación ambiental: Las consultas populares, como expresión de comunidades empoderadas y en búsqueda de decidir respecto de proyectos que les afecten, seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Autonomía territorial: Aunque reconocida constitucionalmente, la facultad de los departamentos y municipios de gobernarse de forma autónoma en diversos ámbitos, incluido el ambiental, no está del todo definida. Quedan por responder preguntas como ¿quién debe decidir? y ¿sobre qué se puede decidir? Autoridades indígenas: Siguiendo la línea del punto anterior, la autonomía y el nivel de decisión de las autoridades indígenas con relación a temas ambientales dará mucho que hablar este año. Fracking: La pregunta clave es: Frente a la expansión de esa técnica en la región ¿adoptará Colombia la postura de organizaciones sociales sobre la aplicación del principio de precaución para evitar los daños al ambiente y a la salud humana asociados al fracking? Descarbonización: Como país productor, ¿se sumará Colombia a la tendencia iniciada por Francia, Reino Unido e Italia, naciones que firmaron recientemente una alianza para cerrar las centrales de carbón antes de 2030 y cumplir así con el acuerdo climático de París? La Niña: Las lluvias y vientos fuertes del fenómeno climático de La Niña retornarán al país este año. Las acciones adecuadas para mitigar el riesgo serán fundamentales, al igual que la aplicación de las lecciones aprendidas el 2010, cuando el fenómeno dejó cientos de muertes y pérdidas millonarias. Páramos: A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán, este año promete estar lleno de controversias sobre la nueva delimitación de ese entorno y acerca de la participación de las comunidades en la demarcación del resto de los páramos colombianos, medida orientada a su protección frente a proyectos nocivos como los mineros. Principio 10: La negociación de un acuerdo regional sobre el acceso de toda persona a la información, a la justicia y a la participación pública en temas ambientales, aún está en marcha. El acuerdo busca la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Desde AIDA, y a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, seguiremos promoviendo este año soluciones a los conflictos ambientales en el país con base en la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales.
Leer más
¿Por qué Colombia no debe reanudar la fumigación aérea con glifosato?
En 2015, el Gobierno de Colombia apostó por el ambiente y la salud humana cuando decidió suspender en el país la fumigación aérea de cultivos considerados ilícitos con glifosato y otros químicos. Sin embargo, existe un proceso judicial en curso ante la Corte Constitucional colombiana al cabo del cual podría haber un fallo que abra camino para una posible reanudación de ese tipo de fumigación. Dicha práctica tiene su origen en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), parte del llamado Plan Colombia, lanzado hace casi dos décadas con el apoyo de Estados Unidos. La Corte deberá decidir ahora si la fumigación respeta o no los derechos humanos. En AIDA creemos firmemente que la respuesta es no. A continuación les contaré porqué Colombia no debe retroceder en sus esfuerzos de evitar los impactos negativos de la fumigación aérea con glifosato en comunidades y ecosistemas. Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para las personas. También se ha reconocido, a partir de información científica, que puede causar problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas.[1] Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mezcla de glifosato y la forma en que se utiliza, amenaza la biodiversidad, especialmente a peces y anfibios. El Principio de Precaución “Principio 15. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” Así está definido el principio de precaución en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Su objetivo es evitar riesgos inciertos, graves e irreversibles para las personas y el ambiente. El principio está incorporado en la legislación colombiana desde 1993 y, en el caso de la fumigación aérea con glifosato, es claramente aplicable. De hecho, con base en el mismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió, en septiembre de 2015, suspender el Plan de Manejo Ambiental del programa de fumigaciones y detenerlas. Aunque no se cuenta con estudios sobre la dimensión de los impactos de la implementación del programa, existe evidencia científica sobre los impactos graves e irreversibles del glifosato en la salud humana y el ambiente. En consecuencia y en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado colombiano debe seguir aplicando el principio de precaución para proteger a la población y al patrimonio natural del país de los daños del glifosato y demás químicos nocivos. Ante la Corte Los argumentos mencionados arriba fueron presentados también ante la Corte Constitucional por AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, como parte del proceso judicial relacionado con el programa de fumigaciones. Le dijimos a la Corte que aún es necesario que el Estado mantenga la suspensión de las fumigaciones para evitar la consumación de los daños de su implementación durante muchos años. Hasta no contar con estudios científicos objetivos, independientes e integrales que demuestren que el programa de fumigaciones es seguro, dicha actividad no puede ser reactivada. Los estudios deberán tener en cuenta las características específicas del programa y las condiciones ambientales y sociales de los lugares afectados. Asimismo, se deberá considerar los impactos ambientales acumulativos. El proceso judicial responde a una acción legal presentada por el municipio de Nóvita, región del Chocó, contra varias entidades del gobierno por vulnerar derechos fundamentales de comunidades indígenas y afrodescendientes a raíz de la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca y amapola en la zona. AIDA apoyó esos esfuerzos locales con argumentos de derecho internacional, abogando por la aplicación del principio de precaución para velar por la salud y el ambiente. Quedamos ahora a la espera de la decisión de la Corte sobre un tema de trascendental importancia para el país y el continente. ¡CONSULTA el documento que AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia presentaron ante la Corte Constitucional! [1] http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/informe-c-comision-asesora.pdf
Leer más