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Coordinando la Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Bajo el objetivo de contribuir a la defensa del derecho a un ambiente sano, la Red de Justicia Ambiental en Bolivia es un espacio para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias y argumentos conjuntos usando herramientas legales y académicas.
Teniendo como antecedente el éxito de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, AIDA lanzó la Red en Bolivia, proyecto similar pero adecuado a las particularidades y necesidades de ese país, en 2016. La iniciativa agrupa actualmente a varias organizaciones de la sociedad civil boliviana y a profesionales independientes expertos en justicia ambiental.
Su objetivo es promover —entre actores de la sociedad civil y del ámbito académico— el debate público, la generación de información y la articulación y fortalecimiento de acciones orientadas a la protección del derecho humano a un ambiente sano y de los derechos de la Madre Tierra, así como al uso sostenible de nuestros bienes comunes.
¿Qué hace exactamente la Red?
- Organizar conversatorios, foros y otros eventos para construir capacidades y agendas comunes para hacerle frente a problemáticas ambientales claves.
- Construir argumentos y propuestas sólidas y concretas en temas de justicia ambiental.
- Mejorar la articulación, el aprendizaje y la retroalimentación de acciones colectivas entre personas y organizaciones.
- Difundir información útil a través de formatos sencillos y claros, priorizando el uso de las redes sociales y otras tecnologías de comunicación.
- Promover el desarrollo de políticas ambientales más efectivas en los ámbitos local, departamental y nacional.
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La contaminación del aire en América Latina y su impacto en los pulmones y el clima
Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red de Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia El informe más reciente del Clean Air Institute da cuenta que Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal (México), Cochabamba (Bolivia), Santiago (Chile), Lima (Perú), Bogotá y Medellín (Colombia), Montevideo (Uruguay) y San Salvador (El Salvador) son las 10 ciudades con el aire más contaminado en América Latina. En todas ellas, los niveles de contaminación están por encima del estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la mayoría de las grandes ciudades de la región la escena que se repite es la de un cielo gris con buses o camiones que escupen humo negro a los transeúntes. El ruido de las cosas al caer, novela de Juan Gabriel Vásquez ganadora del Premio Alfaguara 2011, transcurre en escenarios como el siguiente: “En la esquina de la carrera Cuarta, el denso tráfico de la tarde progresaba lentamente, en fila india, hacia la salida de la avenida Jiménez. Encontré un espacio para cruzar la calle por delante de una buseta verde cuyas luces, recién encendidas, habían traído a la vida el polvo de la calle, el humo de un tubo de escape, una llovizna incipiente.” La descripción corresponde a Bogotá, pero bien podría referirse a Monterrey o a San Salvador. Las personas que viven en las grandes urbes latinoamericanas lo hacen arrinconadas a diario por el humo, respirando las micro-partículas de carbono negro, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre que contiene el aire contaminado por actividades como el transporte urbano, la industria o la generación de electricidad. A veces nos quejamos cuando un camión pasa y nos escupe un chorro de humo directamente a la cara. Pero el descontento desaparece casi al instante cuando pensamos que no depende de nosotros y nosotras cambiar esos automóviles por unos menos contaminantes, y sí de las decisiones de políticos y burócratas que van más allá de nuestro alcance. En todo caso, al ser parte de esta realidad no sólo regional sino global, es importante entender que respirar aire con altas concentraciones de contaminantes disminuye la calidad de vida y produce enfermedades y muertes prematuras. El informe del Clean Air Institute también aborda estos impactos a la salud pública y ofrece recomendaciones para afrontar la problemática. Sin embargo, las consecuencias de la contaminación del aire no se limitan al ámbito de la salud pública. Se traducen además de manera preocupante en el cambio climático dado que el carbono negro y el ozono son parte de los llamados contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). A diferencia del dióxido de carbono, que permanece más de un siglo en la atmósfera, el tiempo de vida de los CCVC es de días o décadas. Estos contaminantes contribuyen con más fuerza que el dióxido de carbono al cambio climático y si redujéramos drásticamente su emisión, podríamos obtener pronto resultados positivos en la mitigación de los efectos del cambio climático. La página de AIDA sobre CCVC describe en detalle los principales contaminantes de este tipo, y explica los escenarios donde se puede promover su reducción. Lo mencionado anteriormente cobra relevancia en un escenario donde la población y la cantidad de automóviles crece sostenidamente en América Latina, a diferencia delas medidas de control y reducción de contaminantes del aire. Entonces, sea por salud pública o por cambio climático, sea por nuestros pulmones o el bienestar de las futuras generaciones, sea para poder disfrutar del atardecer sin una muralla de gases contaminantes que nos impidan ver el sol, el mar o las montañas; es vital procurar un aire más limpio y natural en las ciudades del continente.
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El cambio climático es real e impacta seriamente en los derechos humanos
Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red de Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia El cambio climático global, causado por la humanidad, es una realidad que impacta e impactará seriamente en las poblaciones humanas del continente americano y del mundo. Muchos ya creen en el fenómeno y en sus probables efectos. Muchos otros simplemente no le prestan atención o lo niegan. De hecho, la iniciativa “Climate Name Change” hizo una lista de los senadores “negacionistas (en inglés)” de Estados Unidos, país con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el hemisferio. Vea el video Climate Name Change (en inglés). Fuente: YouTube Una nueva prueba científica contundente fue publicada este año: la primera parte del quinto reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), comisionado por los gobiernos de 195 países y en el que participaron más de 800 científicos del sur y el norte global. Entre otras realidades, el reporte más reciente del IPCC (en inglés) evidencia: · Que el cambio climático es “inequívoco”, · Que la certeza sobre la responsabilidad humana en el tema es del 95%, · Que la temperatura del planeta aumentó 0,85ºC entre 1880 y 2012, · Que el nivel del mar subió 0,19 metros entre 1901 y 2010, · Que la temperatura del planeta podría subir entre 1,5ºC y 4,5ºC para el 2100, y · Que el nivel del mar podría subir entre 26 y 82 centímetros para 2100. Existe entonces unanimidad científica acerca del cambio climático, el cual incide negativamente en los derechos humanos como expongo enseguida. Vale la pena recordar que, en 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. En ese marco, AIDA publicó en 2011 el informe Cambio Climático y Derechos Humanos en América Latina: Una Crisis Humana. En él se explica cómo los impactos del cambio climático afectan el ejercicio de los derechos humanos en América Latina. La conclusión principal de ese informe es que la CIDH debe reconocer las implicaciones negativas del cambio climático sobre los derechos humanos y realizar recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para que cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos frente a dicho fenómeno. Entre los efectos nocivos del cambio climático, el informe de AIDA menciona, entre otros, la pérdida de recursos de agua dulce y sequías, las tormentas e inundaciones extremas, la elevación del nivel del mar, y el incremento de incendios forestales y de enfermedades transmitidas por el calor y por vectores. Estos impactos, evidencia el documento, afectarán negativamente el disfrute de derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda adecuada, y al agua de millones de personas en todo el continente americano. Ante tal escenario, AIDA señala la importancia de reconocer que hay comunidades más vulnerables que otras por estar en situación de pobreza o por haber sido discriminadas históricamente. Apunta además a que la responsabilidad de los Estados es compartida pero diferenciada. Ello quiere decir que tienen más responsabilidad los Estados que históricamente han contaminado más. En su parte final, el informe de AIDA recomienda que los Estados y otros actores relevantes, como organizaciones intergubernamentales e instituciones financieras internacionales, adopten y promuevan medidas para evitar que los impactos del cambio climático violen los derechos humanos. Lo cual, claro, alude a un nivel institucional, pero en un plano personal también se puede actuar: informarse, participar, emprender acciones para reducir las propias emisiones de gases de efecto invernadero: por ejemplo caminar más y andar en bicicleta, reducir el consumo de electricidad o de carne, etc. En suma, la comunidad científica tiene certeza sobre la realidad del cambio climático de origen humano. Además, como demuestra AIDA en su informe, los impactos del cambio climático afectarán los derechos humanos en América Latina. ¡Es hora de actuar! Para conocer más información relevante sobre el tema, puede consultar la sección correspondiente en el sitio web de AIDA.
Read moreSuelos andisoles: Importancia y amenazas
¿Ha oído hablar de los suelos andisoles? Dada su relevancia para ecosistemas como los bosques andinos y los páramos, y para el cultivo de alimentos, en este texto hablaré de ellos y de la necesidad de preservarlos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a los andisoles como suelos negros de origen volcánico que típicamente se encuentran en zonas montañosas. Los andisoles ocupan más o menos el 1% del suelo libre de hielo en el mundo, principalmente en el Cinturón de Fuego del Pacífico (larga cadena de volcanes y otras estructuras tectónicas activas que rodean el Océano Pacífico), el cual incluye a Chile, Ecuador, México, Japón, Java y Nueva Zelanda, entre otros países. Colombia es uno de los países con más suelos andisoles. Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos: caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, trigo y arroz, entre otros. Estos suelos son una fuente esencial de alimentos, además de ser sustento de valiosos ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, a los cuales proveen de nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico. En suma, los andisoles son suelos vitales para Colombia. En un contexto de incremento sostenido de la población mundial, la protección de los suelos es tarea clave. En el 2050 habrá 9000 millones de personas y se deberán “producir al año otros 1000 millones de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas adicionales de productos pecuarios”, según la FAO. La conservación de suelos, la protección de ecosistemas y la producción sostenible de alimentos son temas trascendentales para la humanidad en este momento. Un uso racional y respetuoso de los suelos es estratégico. En el 2050, una persona no podrá comer billetes, artefactos electrónicos, carros, lingotes de oro, joyas, ni gasolina. De no existir suelos fértiles donde cultivar los alimentos, estaremos en graves aprietos. Al mencionar dicho panorama no podemos desconocer que actualmente ya hay millones de personas que padecen hambre, fruto de una distribución injusta de los alimentos. Datos de la FAO, correspondientes a 2011, dan cuenta que “casi 1,000 millones de personas están subnutridas, en particular en el África subsahariana (239 millones) y Asia (578 millones)”. Es contradictorio que caracterizándose los andisoles por su fertilidad e importancia ecosistémica, por ser sustento de procesos ecológicos y agrícolas, y por servir al cultivo de alimentos; en Colombia se esté desarrollando al mismo tiempo un modelo extractivo, minero-energético, con altos impactos sobre estos suelos. Es necesario entonces una política pública que regule y garantice su uso respetuoso y ambientalmente adecuado. De ello dependerá la seguridad y soberanía alimentaria del país, así como la conservación de ecosistemas en las cordilleras colombianas. Los andisoles requieren de una figura legal especial que les brinde protección efectiva y permita por un lado su uso racional y la producción ambientalmente adecuada de alimentos y, por el otro, garantice el no desarrollo de actividades extractivas perjudiciales. La Carta Mundial de los Suelos de la FAO de 1982 da la siguiente directriz a los países, incluido Colombia: “Elaborar una política para una apropiada utilización de las tierras según la adecuación de las mismas a los diferentes tipos de utilización y las necesidades del país”. Independientemente de lo señalado por las Naciones Unidas o cualquier otro organismo internacional, en nuestras manos está, como sociedad colombiana, pensar o no en cómo garantizar nuestra viabilidad, supervivencia y, por supuesto, nuestra comida. Podemos además deliberar sobre cómo cumplir con la responsabilidad que nos ha sido otorgada al ser bendecidos con uno de los países más biopersos del mundo, con tal cantidad de ecosistemas, especies, sistemas hídricos y suelos andisoles.
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