Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
Perú: Frente al coronavirus, ATENCIÓN NACIONAL para los afectados por metales tóxicos
Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país: Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable. Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas. Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad. Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus. Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas. Firman: Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte - ORPIAN-P Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT Comunidad Nativa Nazareth Amazonas Comunidad Nativa Umukai Amazonas Comunidad Nativa Wachapea Amazonas Comunidad Nativa Pakun Amazonas Centro Poblado de Paragsha Pasco Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE) Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar Frente Callao Dignidad Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri Comuneros de San Antonio Huarochiri Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo Consejo Regional de la Mujer Huancayo Comunidad de Óndores Junin Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO CONAMOVIDE Tarma Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya FEMUCARINAP Chanchamayo. Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín Junta de Usuarios de Riego Mantaro La Pastoral Social del Vicariato de Jaén La Red Huamachuco Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana Red por una Globalización con Equidad – RedGe Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos Red Muqui Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH CooperAcción Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP Earthrights International - ERI Oxfam en Perú APRODEH AIDA Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno - DHUMA Red Uniendo Manos Perú Grupo Red de Economía Solidaria del Perú - GRESP Proyecto Amigo La Libertad Forum Solidaridad Perú FEDEPAZ CADEP Ayacucho REDAD Piura Instituto Natura Ancash Asociación Marianista de Acción Social - AMAS GRUFIDES Cajamarca Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud
Leer más
Tiburones en Colombia: Los riesgos de una regulación débil
Siendo parte de una de las clases de animales más diversos y antiguos, los tiburones habitan el planeta desde hace más de 400 millones de años. Son considerados los máximos depredadores del océano por estar en la cima de la cadena alimenticia. En esta posición, juegan un rol fundamental en el ecosistema marino: controlar las poblaciones de peces, mamíferos marinos y de algunos invertebrados. Pero su contribución ha sido opacada por una mala publicidad. Los tiburones han sido estigmatizados como animales temibles y monstruosos que están listos para atacar y despedazar a los humanos con sus filosos dientes. Este estigma se hizo viral tras el estreno en 1975 de icónica película Jaws (“Tiburón”) de Steven Spielberg. Científicos expertos aseguran que este tipo de cintas inspiró decenas de torneos donde se pescaba tiburones sin remordimiento. La pesca indiscriminada ha diezmado la mayoría de las especies de tiburón. Según un informe de la revista Marine Policy, más de 100 millones de tiburones mueren cada año. Y, de acuerdo con la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN), el 17 de las 39 especies de tiburón pelágico están en riesgo de extinción. De las 400 especies que existen actualmente a nivel mundial, Colombia alberga a 76, distribuidas en 18 familias que habitan el mar Caribe (57) y el océano Pacífico (36). Estas cifras posicionan a Colombia como el tercer país con mayor diversidad en tiburones en Latinoamérica, después de México y Brasil. Pero muchas de estas especies están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción en la Lista Roja de Peces Marinos. Aunque la pesca industrial de tiburones está prohibida y la pesca artesanal —realizada por comunidades locales en ambas costas del país— es controlada por el gobierno, la regulación actual presenta deficiencias por lo que no contribuye adecuadamente a la preservación de estos animales en Colombia. Una herramienta inadecuada Desde 1990, la pesca artesanal de tiburones ha sido regulada cada año mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La norma establecida para este año, la Resolución 350 publicada el 25 de octubre de 2019, fue rechazada por grupos ambientalistas y civiles del país. Una de las principales razones del rechazo es que la resolución mantiene las altas cuotas de pesca (cantidad de toneladas permitidas), que datan del 2011 y que incluyen a especies en peligro o vulnerables. Establecer cuotas de pesca sin respaldo de evidencia científica sobre el estado actual de las poblaciones de tiburón incita a la sobrepesca y no contribuye a la conservación de estos animales. Los tiburones tienen períodos de gestación largos y pocas crías, lo que hace difícil que sus poblaciones se recuperen ante la sobreexplotación. Además, la Resolución 350 establece una cuota específica para las aletas de tiburón pese a que la Resolución 1743 de 2017 prohíbe la práctica del aleteo en Colombia. De este modo, la norma puede ser interpretada de manera errónea y ocasionar el aumento del mercado ilegal de aletas de tiburón. Además de ilegal, el aleteo es una práctica cruel que consiste en cortar las aletas del animal y luego descartarlo al océano aún con vida. Por tanto, para cumplir con la cuota de aletas sin recurrir al aleteo, sería necesario pescar aproximadamente 110 mil tiburones. Aunque en el país no se consumen, las aletas son altamente cotizadas en el mercado internacional, especialmente en países asiáticos. Según datos de la Fundación Mar Viva, solamente entre 2012 y 2016, más de 800 toneladas de aletas de tiburón fueron exportadas ilegalmente desde Colombia hacia Taiwán, China y Hong Kong. Expertos de la Fundación Malpelo enfatizan que, bajo el argumento de la pesca incidental, los pescadores pueden comercializar tiburones en el mercado asiático sin tener que infringir ninguna ley. Hacia una protección efectiva Colombia tiene muchas obligaciones internacionales para conservar su biodiversidad, de la que los tiburones son parte. Entre ellas están las adquiridas bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. El país cuenta además con un Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, que resalta la responsabilidad de llevar a cabo un manejo sostenible de sus recursos marinos, priorizando el manejo adecuado y la conservación de las diferentes especies. El gobierno debe actuar en consecuencia. Gracias a una acción popular reciente, la Resolución 350 será modificada para eliminar el término “aleta” y evitar así su aprovechamiento. Sin embargo, esa norma tiene otras lagunas y debilidades que deben ser subsanadas. Es fundamental que la elaboración de este tipo de normas tome en cuenta estudios y datos científicos que permitan transitar del modelo de pesca actual hacia uno sostenible. Y, ante la falta de información científica, es importante priorizar acciones basadas en el Principio de Precaución o Prevención para evitar daños irreversibles a ecosistemas y especies. La protección efectiva de los tiburones en Colombia requiere más que medidas legales. También es necesario educar a la población sobre la importancia de mantener protegidas las poblaciones de tiburones para la salud del ecosistema marino, así como educar a las comunidades locales sobre artes de pesca y medidas efectivas de ordenamiento pesquero.
Leer más
3 formas de mantener la esperanza ante la crisis climática
Quienes trabajamos en temas ambientales nos exponemos a un bombardeo interminable de noticias que repiten una y otra vez: “el tiempo se acabó y nuestros días están contados”. Y, a decir verdad, pocas veces parece exageración: ahí están los informes del IPCC, los incendios en Australia, la desilusión de la COP25, burlas al movimiento juvenil, asesinatos y amenazas a defensores ambientales En reuniones casuales, porque saben que me dedico a temas ambientales, me preguntan qué pueden hacer por nuestro planeta. Comenzamos por hablar de frenar la generación de basura. Aunque suena muy básico, implica tener conversaciones muy largas y acaloradas. ¿Por qué? Significa cuestionar nuestra forma de consumir, transportarnos, alimentarnos y vestir. Debemos mirar críticamente nuestro estilo de vida y preguntarnos qué significa para cada uno tener calidad de vida. La basura puede verse y es el residuo último de una cadena de emisiones, explotación de tierras, especies y personas. Todo está conectado y es imposible desprenderse de nuestro impacto como individuos en la degradación del planeta. Y en esa cadena de pensamientos, muchos caemos en episodios –más o menos severos—de “ecoansiedad”. Es un padecimiento real que cada vez se detecta más y que, de no tratarse, puede, como toda enfermedad mental, ser peligrosa para nuestra salud e integridad. En 2017, la Asociación Americana de Psicología (APA en inglés) describió la ecoansiedad como un “miedo crónico a la catástrofe ambiental… Observar los lentos y aparentemente irrevocables impactos del cambio climático y estar preocupado por el futuro de uno mismo, de los niños y de las futuras generaciones”. Lo peculiar de este sentimiento es que puede detenernos. Podemos creer que absolutamente nada es útil y —por tanto— dejar de vigilar y de exigir, ser más laxos con nuestros hábitos de consumo y, en suma, contribuir mucho más al problema. Hay muchas sugerencias de lo que podemos hacer, pero con lo que pude recolectar es posible dividir nuestras acciones en tres planos: individual, comunitario y político-ciudadano-consumidor. Primero lo primero: estar bien uno mismo Una regla general para ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. La crisis climática afecta nuestra salud física (enfermedades respiratorias y cardiovasculares), nuestra seguridad alimentaria y de vivienda, nuestros derechos humanos y nuestra salud mental. De acuerdo a la APA, las respuestas emocionales son normales y las emociones negativas son necesarias para tomar decisiones y tener una vida plena. Pero el exceso de ellas y la falta de un plan futuro para resolver el problema puede interferir en nuestras habilidades de planeación, pensamiento racional y comportamiento. Esto sin contar que quienes sufren pérdidas por una catástrofe ambiental (huracanes, sequías e inundaciones) pueden desarrollar estrés postraumático. Para enfrentar estas emociones, la APA sugiere: Confiar en nuestra propia capacidad de resiliencia y saber que podemos superar los obstáculos. Ser optimistas y aprender de nuestras experiencias. Cultivar la autoregulación y ser conscientes de nuestras emociones para tener estrategias a largo plazo, saberlas detectar evita que los episodios se agraven. Encontrar un sentido personal. A unos sirve la fe y la religión; a otros, la pertenencia a una comunidad o meditar. El punto es tener espacios que den una sensación de paz. Las acciones individuales sí ayudan y muchos individuos unidos a la misma causa sí generan un cambio. Evitemos autoflagelarnos por todo lo que no hacemos, empecemos contando lo que sí hacemos. ¿Cuántas emisiones evitamos al andar en bici? ¿Cuántas bolsas plásticas no van a llegar al mar? ¿Cómo nuestro consumo local ayuda a la economía de nuestros vecinos y a nuestro entorno? Y siempre, siempre, tengamos una dosis de naturaleza que nos inspire. Segundo: nuestros círculos más inmediatos Recién se prohibieron las bolsas plásticas de un solo uso en la Ciudad de México. Más de una persona dijo que se estaba violando su derecho a comprar como le parezca, otros dijeron no tener idea de cómo hacer sus compras ahora. Llevo años usando bolsas de tela. Podría solo haber presumido eso, regocijarme por mi buena actitud ambientalista y alardear en redes sociales. Pero, ¿por qué no compartir recomendaciones? Algunas ideas que ya aplico en mi casa fueron bien recibidas por algunos vecinos y amigos. Incluso les parecieron prácticas. Generar lazos, quizás breves, son un paso para fortalecer nuestra unidad comunitaria. También me sirve mucho mantener el buen humor cuando se puede. Acercarnos a asociaciones vecinales, ser voluntarios en organizaciones con cuyas causas coincidimos; donar dinero, habilidades o equipo es dar ese paso más allá de nuestras acciones individuales. ¿Tienes un amigo que quiere disminuir su consumo de carne? ¡Ofrécele tus mejores recetas vegetarianas! ¿Sabes programar o diseñar? ¿Eres fuerte o tienes un automóvil de carga? Seguro hay grupos a los cuales tus habilidades les serían de gran ayuda. Por cierto, en AIDA siempre buscamos voluntarios. La APA revisa muy bien los impactos de la crisis climática en la salud mental de las comunidades. No son los mismos en una ciudad, una zona de alto riesgo por desastres o en comunidades indígenas. Las comunidades afectadas enfrentan la pérdida de cohesión social y de lugares de importancia espiritual o de recreación; así como el incremento de violencia de todo tipo, incluyendo la racial pues crecen las acusaciones a ciertos grupos. Además, la pérdida de identidad rompe la unión de estas comunidades, como está ocurriendo con las sociedades inuit de Groenlandia o, como hemos visto en AIDA, con los grupos indígenas y ribereños desplazados en el Amazonas. Tercero (y lo siento): tenemos que hablar de política y participación ciudadana Es probable que este tema no te guste, pero aquí también haces falta. No es lo mismo la contaminación por aguas negras de tu hogar que las descargas industriales sin tratar en un río. Podrías andar siempre en bicicleta, pero vivir en un país que es permisivo con industrias emitiendo gases volátiles cancerígenos y de efecto invernadero sin culpa alguna. Lo cierto es que nuestra muy buena voluntad individual –nada despreciable— no tiene tanto impacto como la voluntad (y obligación) de los gobiernos e industrias de hacer bien las cosas y procurar la salud de todas las personas y especies. Ciertamente, en América Latina la elección de nuestros representantes locales no funciona como en Estados Unidos. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad de elegir y exigir representantes con una visión de un futuro limpio y resiliente, de mostrar que nos interesa. Una columna de Emma Marris en el New York Times lo explica muy bien: “La crisis climática no se resolverá con sacrificio personal. Se resolverá eligiendo a las personas correctas, aprobando las leyes correctas, elaborando las regulaciones correctas, firmando los tratados correctos y respetando aquellos ya firmados, particularmente con las naciones indígenas. Se resolverá haciendo que rindan cuentas las compañías y personas que han ganado miles de millones a costa de la atmósfera que compartimos”. El balance que en AIDA buscamos Estamos orgullosos de contar en nuestro equipo con personas apasionadas por el ambiente. Como individuos, compartimos nuestros avances e ideas en el plano personal para procurar un mejor planeta. A nivel comunitario, todos y todas aportamos a esta organización, y hay quienes organizan eventos y se unen a grupos ciudadanos y vecinales. Y a nivel de política pública y participación ciudadana, en AIDA trabajamos por la justicia ambiental, empoderamos comunidades con el conocimiento y herramientas que necesitan para exigir sus derechos y vigilarlos, llevamos casos emblemáticos ante la justicia y otras instancias relevantes para que empresas y gobiernos asuman sus obligaciones. Creemos que un futuro limpio y justo es posible.
Leer más