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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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Brasil debe responder por violaciones de derechos humanos
¡Lo hicimos! Nos llena de orgullo decir que recientemente presentamos los argumentos finales en nuestro caso contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos, demostramos los daños que Belo Monte ha causado a comunidades indígenas y tradicionales, y a residentes de Altamira, la ciudad más próxima a la represa. Estamos trabajando por ellos: para llevar al gobierno de Brasil ante la justicia. “Las violaciones de derechos humanos son algo cotidiano para quienes somos afectados por la represa”, explicó Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, colectivo ciudadano creado para enfrentar la implementación de la hidroeléctrica. “Es urgente que nuestra petición ante la Comisión avance para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”. Nosotros argumentamos que los daños a comunidades locales resultaron de una falta grave de previsión y de una evaluación adecuada de impactos ambientales, así como del incumplimiento de las condiciones de operación establecidas por el gobierno. Los riesgos denunciados antes de la construcción de la represa se han convertido en daños de largo plazo. Muchos de ellos han afectado de forma distinta a hombres y mujeres, personas jóvenes y ancianas. Nuestro informe documenta el desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales, forzadas a dejar sus territorios sin alternativas adecuadas, poniendo en riesgo su sobrevivencia cultural. Entre las poblaciones afectadas están comunidades dedicadas a la pesca, quienes no han sido compensadas por la pérdida de sus medios de sustento. La represa ha causado la muerte masiva de peces y, aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el informe demuestra que el problema de fondo no ha sido resuelto. Las comunidades locales ahora tienen un uso limitado del río Xingú como fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. También identificamos, entre otros daños serios, la pérdida de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, han dejado de dar a luz en sus casas y ahora deben ir a un hospital, una realidad que ha empeorado drásticamente debido a la saturación de los servicios de educación y salud en Altamira a causa del reciente aumento poblacional. Nuestro caso está ahora en manos de la Comisión. La Comisión elaborará su propio informe, concluyendo si hubo o no violaciones de derechos humanos a causa de la represa Belo Monte. De establecer que sí hubo, la Comisión puede emitir recomendaciones para su remediación. Si Brasil no responde a ellas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo condenando a Brasil. La presentación de este informe nos acerca —y sobre todo a las comunidades que representamos— a lograr justicia por los muchos errores cometidos en nombre de la represa Belo Monte y del desarrollo energético en la Amazonía.
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AIDA respalda demanda de comunidades de Guatemala contra represa Pojom II
Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de ese país un escrito que evidencia el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de ambiente y derechos humanos en la autorización y construcción del proyecto hidroeléctrico. Ciudad de Guatemala, Guatemala. En respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, Huehuetenango, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pojom II, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Corte Suprema de Justicia. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas en el proceso de autorización y construcción de la represa. “La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígena, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. “La consulta, el consentimiento y la participación son derechos humanos individuales y colectivos que están garantizados por tratados internacionales ratificados por Guatemala”. El proyecto Pojom II está financiado por el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales. No fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado, no respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona. “Esos proyectos no representan beneficios para las comunidades y, por el contrario, causan daños irreversibles a sus medios de subsistencia y modos de vida tradicionales al afectar fuentes de agua y otros entornos naturales”, señaló Ávila. “Generan además situaciones de grave conflictividad social”. En el escrito presentado por AIDA se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y otras que hacen parte del Derecho internacional ambiental. “Las demandas de amparo presentadas por las comunidades son una oportunidad para que el gobierno suspenda el proyecto por los graves daños causados”, dijo Ávila. “Y en nuestro escrito apoyamos esa acción al demostrar la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de normas internacionales”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107
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Entendiendo los verdaderos costos de la minería en América Latina
¿Aceptarías un negocio que te ofrece ganancias limitadas, pero costos infinitos? En América Latina, la minería es fuertemente promocionada por los gobiernos como una fuente de empleo y de dinero para financiar la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y otras obras. Hasta ahí, parece un excelente negocio. Pero, lamentablemente, es sólo la mitad de la historia. Los Estudios de Impacto Ambiental que las empresas mineras presentan para obtener la autorización del gobierno omiten incluir temas poco favorables como los denominados impactos a perpetuidad, un término técnico referido a los daños ambientales que persisten por siglos o incluso milenios. Entre esos daños, que tampoco son mencionados cuando los proyectos son presentados a las comunidades que resultarán afectadas, destacan dos: Modificaciones severas del paisaje: por ejemplo, la excavación de una mina a cielo abierto en una montaña o el relleno de un valle con desechos mineros. Contaminación de fuentes de agua: por ejemplo, la formación de ácidos y de metales tóxicos que llegan a ríos, arroyos y a otros nacimientos de agua o el aumento de nitratos y amoniaco derivados del material explosivo. En países como Estados Unidos, estos daños son discutidos en el proceso de evaluación ambiental y existe legislación al respecto y mecanismos de mitigación. En América Latina, quienes promueven grandes proyectos mineros, muchas veces ni siquiera han oído hablar de ellos y no entienden que los costos a largo plazo superan por mucho sus beneficios. El mantenimiento constante de minas a cielo abierto tras su cierre y abandono para minimizar el riesgo de colapso (que nunca desaparece), así como el monitoreo y tratamiento de fuentes de agua para evitar su contaminación con desechos tóxicos, son algunas de las acciones que se deben adoptar, pero cuestan mucho dinero. ¿Quién pagará los daños? No es fácil saber quién asume los costos porque depende de varios factores: marco legal, fortaleza institucional y hasta factores sociales. En muchos países, los gobiernos exigen que las empresas construyan e instalen sistemas de monitoreo y remediación (pozos, plantas de tratamiento de aguas y drenajes, por ejemplo). En otros casos, les piden que además paguen por un tiempo los costos de operación de esos sistemas. Los países más exigentes piden seguros de remediación (Reclamation Bonds) de daños y el aporte a fondos financieros cuyos rendimientos se destinarán a esas labores. Es el caso del Superfondo (Superfund) en Estados Unidos, con el cual se administra la remediación de daños en aproximadamente 1.341 sitios industriales. Pero estos seguros suelen considerar que los costos a largo plazo son menores de lo que realmente son y, al final, son los ciudadanos quienes los cubren con el pago de impuestos. Según el Center for Science in Public Participation, para remediar los daños causados sólo por minas de metales en el oeste de Estados Unidos, el país tendría que pagar entre 3.800 y 20.000 millones de dólares. En otros países, los desechos ambientales provenientes de la minería no reciben atención alguna. En Canadá —tantas veces usado como ejemplo ambiental por gobiernos de la región— la mina Tulsequah Chief, en Columbia Británica, ha vertido aguas ácidas desde 1957 sin tratamiento alguno. La situación regional Si bien en muchos países de América Latina existen normas relacionadas, la mayoría no tiene leyes específicas que establezcan procedimientos estandarizados para el monitoreo y la reparación de daños ocasionados por actividades mineras. Algunos países como Bolivia o Colombia ni siquiera cuentan con una definición legal de Pasivo Ambiental Minero o deuda por daños al ambiente. Ante una regulación débil, el cierre de minas viene acompañado por acciones aisladas e ineficaces como la simple siembra de plantas en el lugar. Al no existir claridad sobre quién debe hacerse responsable, las pocas acciones de monitoreo y remediación terminan siendo abandonadas. Otro factor importante en la región es que los daños ambientales provienen de actividades mineras legales e ilegales. En Chile, el deterioro ambiental suele ser producto de minas de metales legales que han sido abandonadas, mientras que en Bolivia es mayoritariamente resultado de la minería artesanal y de cooperativas. En Colombia, la minería ilegal y gran parte de la de pequeña escala vierte mercurio en los ríos y, en Perú, la minería de oro causa daños graves a la salud humana y a entornos naturales. En América Latina son también comunes los daños causados por la minería histórica, en yacimientos que datan de la colonia y que aún son explotados. El secreto está en la prevención Los daños permanentes de la minería requieren acción constante y un financiamiento que no es posible garantizar en el tiempo. Además, dada su gravedad, solo es posible mitigarlos de manera parcial, pero no remediarlos totalmente. Por ello en AIDA promovemos la prevención de esos daños, más que su corrección. De la mano con organizaciones locales y comunidades, buscamos que, antes de ser autorizados, los proyectos sean sometidos a procesos de evaluación adecuados sobre los riesgos que implican para el ambiente y para las personas. Abogamos para que la evaluación se base en la mejor información científica disponible, que contemple alternativas y que sea realizada de forma independiente para garantizar resultados objetivos. Si el análisis establece que un proyecto generará daños perpetuos que no podrán ser abordados adecuadamente, el mismo debe ser rechazado. La minería, especialmente la de metales, no es un buen negocio y siempre generará un daño ambiental. Seguiremos trabajando para que los tomadores de decisiones así lo entiendan.
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