Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
Elementos clave para la protección de los páramos y el agua en América Latina
Texto publicado originalmente en Animal Político. En América Latina, la protección del agua es crucial debido a su escasez, el componente cultural que entraña y su papel fundamental en el desarrollo de los territorios. Los páramos —ubicados en países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— son ecosistemas de alta montaña esenciales para la regulación hídrica pues capturan agua de la lluvia y niebla, suministrándola a tierras bajas. Este proceso asegura la provisión de agua a varias comunidades y garantiza, por ejemplo, el 70% del agua en Colombia. Estos ecosistemas —que cubren más de 30.000 km2 del continente— son hogar de más de 3.370 especies de plantas y 250 de animales. Pueden captar diez veces más dióxido de carbono por metro cuadrado que un bosque tropical. La minería a cielo abierto y la explotación subterránea de minerales son una gran amenaza para los páramos porque conlleva impactos negativos significativos como la contaminación del agua, la degradación del suelo, la alteración de los sistemas de drenaje (que puede secar y reducir los cuerpos de agua y sus flujos superficiales) y emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. Estos impactos se agravan en los ecosistemas de alta montaña pues son frágiles y con capacidad limitada de regeneración. A esto se suman los conflictos socioambientales en muchas zonas andinas, donde la minería amenaza los medios de vida de comunidades que dependen de la integridad ambiental de estas áreas para su desarrollo individual y colectivo. En Colombia, la protección de los páramos frente a proyectos mineros ha resultado en los últimos años en tres demandas millonarias contra el Estado interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por empresas canadienses interesadas en desarrollar minería a gran escala en el páramo de Santurbán. Pese a los problemas estructurales del sistema de arbitraje de inversiones —que incluyen desechar argumentos de protección ambiental en favor de los intereses de inversionistas—, una lectura con enfoque de derechos de los laudos arbitrales que resolvieron las tres demandas arroja luces sobre el camino que los Estados deben seguir para proteger los páramos y otros ecosistemas de alta montaña estratégicos para el agua en la región. Tres demandas de arbitraje internacional relacionadas con minería en páramos En los casos a los que hacemos referencia, las políticas ambientales de Colombia para salvaguardar los páramos resultaron en la cancelación de las concesiones mineras que las empresas canadienses Eco Oro Minerals, Red Eagle y Galway Gold Inc. (hoy Montauk Metals Inc.) tenían en el páramo de Santurbán. Esto llevó a las tres compañías a iniciar, por separado, procedimientos de arbitraje ante el CIADI alegando un menoscabo a sus inversiones, al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Canadá, e invocando diversas cláusulas como la presunta expropiación de sus derechos y una afectación al nivel mínimo de trato. A continuación, resumimos los laudos arbitrales emitidos en los tres casos: Eco Oro vs. Colombia. En su decisión, emitida el 9 de septiembre de 2021, el tribunal de arbitraje criticó a Colombia por su falta de claridad en la delimitación del páramo. Aunque reconoció que los páramos son ecosistemas sensibles y juegan un rol fundamental en la acción climática y la provisión de agua, ponderó los intereses de la empresa por encima de la protección ambiental. Declaró que, debido a mensajes inconsistentes acerca de la viabilidad del proyecto minero y durante la delimitación del páramo de Santurbán, el gobierno colombiano violó el TLC al no garantizar un nivel mínimo de trato al inversor. Red Eagle vs. Colombia. El 18 de febrero de 2024, el CIADI notificó a Colombia su decisión en la demanda de Red Eagle, en la que desestimó las pretensiones de la minera, subrayando su obligación de actuar con debida diligencia al momento de realizar actividades en páramos. El tribunal consideró que las medidas adoptadas por el gobierno fueron razonables y proporcionadas, además de basadas en estudios científicos que demostraron que la protección del páramo de Santurbán es un objetivo legítimo que justifica la terminación de la concesión. Galway Gold vs. Colombia. La decisión del CIADI en este caso fue notificada al gobierno colombiano el 7 de junio de 2024. En ella se desestimaron las pretensiones de Galway Gold Inc. El tribunal identificó que Colombia actuó de manera inconsistente al determinar las zonas de páramos protegidas, no obstante, reconoció que los obstáculos para la conservación de estos ecosistemas son multifacéticos e implican la coordinación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que no es simple. En las decisiones de los casos de Red Eagle y Galway Gold Inc., los tribunales resaltaron la debida diligencia requerida de los inversionistas al realizar actividades en páramos, consideraron razonables las medidas de protección ambiental del gobierno y reconocieron los conflictos que involucran la protección del ambiente en Colombia. Por consiguiente, concluyeron que los tribunales deben ser sensibles a los problemas que surgen durante la preservación de los páramos. En el caso de Eco Oro, pese a las salvedades mencionadas, la mayoría del tribunal reconoció la fragilidad del ecosistema y los altos riesgos de impactos por la actividad minera, su rol en la lucha contra la crisis climática y la necesidad de protegerlos, ya que su restauración es incierta y puede llevar mucho tiempo. Esto pone de relieve las dificultades prácticas en la protección de los páramos y los ecosistemas montanos. También alerta de la necesidad de marcos normativos y políticas ambientales coherentes y bien definidos que salvaguarden la integridad de estos ecosistemas. Como señaló el tribunal en su decisión del caso de Red Eagle, las decisiones aparentemente contradictorias reflejan las complejidades del “mundo real” en la protección ambiental. Esto resalta la importancia de que Estados e inversionistas actúen con responsabilidad y transparencia para garantizar la conservación de los ecosistemas de alta montaña y los derechos de las comunidades locales. El camino para proteger los ecosistemas de alta montaña y el agua Desde un enfoque de justicia ambiental y de derechos humanos, los tres laudos dejan elementos clave para construir una hoja de ruta hacia la protección de los páramos y otros ecosistemas de alta montaña, los servicios ecosistémicos que brindan y los derechos de las comunidades locales que viven en o dependen de ellos. 1. Cumplimiento de obligaciones internacionales para proteger ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua Las decisiones ratifican las obligaciones internacionales de los Estados para proteger fuentes hídricas importantes como páramos, bosques, humedales, glaciares andinos y otros ecosistemas de alta montaña. Resaltan el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y el Acuerdo de París, tratados que reconocen la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad, la regulación hídrica y la mitigación de la crisis climática. Estos compromisos se complementan con otros instrumentos internacionales que reafirman la relevancia de la protección del derecho al agua y la necesidad de una gestión sostenible de los recursos hídricos. Entre ellos están las declaraciones sobre el Medio Humano y sobre el Agua y Desarrollo Sostenible; la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda Regional de Acción por el Agua 2023. 2. Deber de las empresas de respetar las decisiones estatales referentes a la protección de los páramos y otros ecosistemas de alta montaña Los tres fallos, leídos en conjunto, indican por qué las empresas deberían desistir de iniciar procedimientos ante instancias internacionales cuando los Estados actúan en cumplimiento de su obligación de proteger el ambiente. También resaltan la importancia de la debida diligencia en el actuar de las empresas, que incluye la obligación de identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos ambientales y sociales de sus actividades, así como de abstenerse de actuar si estos impactos son desproporcionados o inciertos. El caso más reciente de una empresa que insiste en desconocer el derecho legítimo de los Estados a proteger el ambiente es el de First Quantum Minerals. La empresa canadiense anunció una demanda de arbitraje contra Panamá luego de que su contrato de concesión minera en la región montañosa de la provincia de Colón fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de ese país. 3. Necesidad de cooperación regional para la protección de los ecosistemas de alta montaña La protección de los páramos y otros ecosistemas de montaña no puede ser efectiva si se limita a un país. En América Latina, la minería a gran escala en los Andes sigue avanzando sin una adecuada evaluación de su impacto en el ambiente y en los derechos de las comunidades. Así ocurre con los páramos de Quimsacocha y Fierro Urku en Ecuador, así como con páramos y bosques de niebla en Perú, amenazados con proyectos de minería metálica. Dado que el arbitraje internacional no está diseñado para proteger el ambiente ni los derechos de las comunidades, la cooperación sur-sur puede ofrecer una alternativa viable. No es suficiente con que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales y que las empresas respeten las decisiones estatales para proteger ecosistemas estratégicos. Es crucial que los países de la región trabajen juntos para coordinar esfuerzos y establecer medidas de protección regionales. Un diálogo entre Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador podría facilitar la implementación de políticas sostenibles y eficientes. Esto garantizaría el respeto de los derechos de las comunidades, el equilibrio ecológico de los ecosistemas de alta montaña, y la provisión de agua a largo plazo. Además, permitiría desarrollar alternativas sostenibles para enfrentar un sistema que ha ignorado continuamente la voz de las comunidades y la protección del ambiente. 4. Importancia de mayor investigación científica sobre los ecosistemas de alta montaña los páramos y de reconocer su valor ecológico Es esencial que los Estados inviertan en investigación científica para comprender mejor la importancia ecológica de los ecosistemas de alta montaña. La definición clara de sus servicios ecosistémicos permitirá establecer políticas de protección efectivas y focalizadas. En los tres laudos se destaca el acervo probatorio científico pues los datos demuestran que la protección de los páramos es crucial para la sostenibilidad ambiental y la seguridad hídrica en América Latina. Solo comprendiendo los componentes y las interrelaciones de estos ecosistemas se puede evidenciar eficazmente los desafíos para su protección. Esta información es fundamental para incidir, ante instancias regionales e internacionales, y que los Estados cumplan con sus obligaciones de conservación y las empresas interioricen que los páramos y otros ecosistemas abastecedores de agua son "zonas prohibidas" para la minería. A través de la cooperación regional, el fortalecimiento de los marcos legales internacionales y la inversión en investigación científica, los países latinoamericanos pueden asegurar un futuro sostenible para sus páramos, otros ecosistemas de alta montaña y para las comunidades locales.
Leer más
Encuentro Latinoamericano sobre Litigio Climático y Transición Energética Justa: Resumen de memorias
Ante la gran amenaza que representa el cambio climático para el planeta y los derechos humanos, el litigio climático estratégico se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para exigir ante órganos jurisdiccionales que los Estados, las empresas y otros actores asuman su responsabilidad en torno a la crisis climática.Se trata de un instrumento complementario al trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y la protección de los derechos humanos de pueblos y comunidades que en los últimos años ha demostrado ser clave para buscar justicia climática.En este contexto, los días 7 y 8 de septiembre de 2023 tuvo lugar en Bogotá (Colombia) el Encuentro Latinoamericano sobre Litigio Climático y Transición Energética Justa, un espacio para potenciar el litigio estratégico climático en la región y reflexionar sobre sus retos y aprendizajes. En este evento se reunieron 80 participantes representando a una diversidad de actores del mundo del litigio climático, incluidos abogados/as, activistas, defensores/as científicos/as y comunicadores/as.El encuentro tuvo tres ejes temáticos: 1) La transición energética justa y sus dilemas; 2) Pérdidas y daños; 3) Aire, derechos humanos y clima, los cuales se desarrollaron a través de talleres y mesas de discusión sobre:La Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe (PLC), y las posibilidades para potenciar su utilidad en el ámbito regional.Los avances de la energía comunitaria y la incidencia en la política pública en este tema.El caso del carbón en Colombia y el cumplimiento de obligaciones climáticas.Pérdidas y daños, y las estrategias de monitoreo comunitario al respecto.Aire y clima integrados desde el litigio y la comunicación.El fortalecimiento de la comunidad de práctica de litigio climático en la región.Presentación e intercambio alrededor de casos emblemáticos de litigio climático en la región (mediante la exposición de 20 pósteres de casos). Lee y descarga la publicación
Leer más
Organizações pedem proteção ao Pantanal diante da crise por queimadas e degradação ambiental
A maior zona úmida do planeta, vital para a biodiversidade e a subsistência das comunidades locais, enfrenta uma devastação sem precedentes devido a uma nova temporada de incêndios, à seca e às atividades humanas. Apelamos à comunidade internacional para unir forças na proteção e restauração desse ecossistema transfronteiriço crucial. O Pantanal é a maior zona úmida do mundo —abrange Brasil, Bolívia e Paraguai— e é crucial para a biodiversidade e a economia regional. Esse ecossistema está em crise devido a incêndios, secas, expansão agrícola e a construção de barragens e hidrelétricas.Até julho de 2024, foram detectados 4.072 focos de incêndio na região, valor cinco vezes maior que a média histórica da época. Esse número aponta a urgência de uma ação imediata e coordenada para a sua proteção.Como organizações signatárias, reafirmamos nosso compromisso com a conservação da região e apoiamos os esforços locais para gerar respostas eficazes a essa crise. Da mesma forma, apelamos urgentemente à comunidade internacional, às organizações não governamentais e aos governos do Brasil, Bolívia e Paraguai para que se unam na proteção e restauração de um ecossistema crucial para a biodiversidade e o bem-estar hídrico da América do Sul. Causas e impactos da crise no PantanalAs crises no Pantanal são consequências de deficiências estruturais e cíclicas. As primeiras incluem a falta de aplicação e articulação de políticas eficazes para a conservação e recuperação da região, que levaram ao uso inadequado do fogo para a agricultura, à mudança no uso da terra para atividades agrícolas, à monocultura e ao agravamento da crise climática. As atuais regulamentações legislativas nos três países são insuficientes, como demonstra a recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que denuncia a falta de políticas coordenadas e de gestão integrada da zona úmida.O fenômeno do El Niño, o aumento das temperaturas e a diminuição dos níveis de água —cuja causa é a crise climática— tornaram a temporada de incêndios no Pantanal sem paralelo. Em 2024, os incêndios aumentaram significativamente em comparação com o mesmo período do ano anterior, ameaçando uma perda irreversível de biodiversidade, destruição de habitats críticos e alteração de ciclos hidrológicos essenciais. Além disso, desde 2018, os períodos de fortes chuvas e cheias de rios, que normalmente duravam de cinco a seis meses, foram reduzidos para dois meses.Embora em algumas áreas do Pantanal os incêndios tenham sido apagados graças à chegada de um frente fria e chuva, ocorreram elevados danos ecológicos que afetam pelo menos 4,53% do ecossistema. Isso corresponde a 680.000 hectares, equivalente à região metropolitana de São Paulo. E é provável que os incêndios voltem devido às condições climáticas adversas e à seca generalizada na região.A perda de biodiversidade, juntamente com a destruição da flora e da fauna locais, altera os processos naturais que estão na base de serviços ecossistêmicos vitais para comunidades locais e indígenas. Esses serviços incluem proteção do solo, regulação climática, qualidade do ar, polinização, filtragem de água e controle de pragas e patógenos. As consequências para as comunidades locais são devastadoras. Os problemas de saúde e o deslocamento forçado se tornaram cada vez mais comuns entre a população local. Ações para enfrentar a crise múltipla no PantanalPara enfrentar as múltiplas crises que atravessa a maior zona úmida do mundo, as organizações signatárias consideram imperativo: 1. Avançar para o reconhecimento do conhecimento e da sabedoria das comunidades locaisA proteção do Pantanal pelas comunidades locais é uma realidade. Pantaneiros e pantaneiras – sejam ribeirinhos, comunidades tradicionais ou povos indígenas – dedicam-se incansavelmente à defesa de seus territórios. Um exemplo desse trabalho são os esforços realizados no Pantanal do Alto Paraguai, em Mato Grosso, onde os Comitês Populares da Água e do Clima têm se articulado como corredores bioculturais para enfrentar os desafios impostos pelas queimadas, pelas secas, pela expansão do agronegócio e pela construção civil de barragens e usinas hidrelétricas.O conhecimento e a sabedoria acumulados pelos povos do Pantanal, que repetidamente resistiram a essas ameaças, devem servir de base para enfrentar os desafios da proteção dos ecossistemas. É essencial promover iniciativas de pressão que ampliem e transformem essas ações comunitárias em políticas públicas eficazes.2. Promover a proteção transnacional do PantanalO Pantanal enfrenta o risco de um colapso total. A perda desse ecossistema teria implicações catastróficas para a região, afetando a conexão com outros ecossistemas. O equilíbrio ambiental da planície pantaneira é vinculado ao equilíbrio do planalto do Cerrado e, por sua vez, à capacidade da floresta amazônica de gerar precipitação na região.Para enfrentar a crise a cooperação internacional é crucial, bem como a implementação de políticas transnacionais fortes que abordam as alterações climáticas e promovem a conservação dos ecossistemas. As organizações signatárias instam os governos do Brasil, Bolívia e Paraguai a renovar e fortalecer os mecanismos de governança, coordenação e participação pública para a conservação e o desenvolvimento sustentável do Pantanal.3. Dinamizar os atuais mecanismos de proteção internacionalÉ vital ampliar o conteúdo e os mecanismos de proteção de instrumentos como a Declaração para a Conservação e o Desenvolvimento Sustentável do Pantanal, a Convenção de Bonn (CMS), o Tratado da Bacia do Prata, a Comissão Binacional para o Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica Pilcomayo e o Protocolo de Cooperação Ambiental do Mercosul. Estes instrumentos podem facilitar a harmonização das políticas ambientais, o monitoramento conjunto dos recursos naturais e o estabelecimento de um fundo regional para projetos de desenvolvimento sustentável que incluam comunidades locais e povos indígenas.Apelamos às secretarias de tratados como a Convenção sobre Zonas Úmidas, a Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o CMS para acionarem os mecanismos de notificação e proteção. Além disso, pedimos o reconhecimento de práticas e costumes tradicionais das comunidades pantaneiras e a proteção dos corredores bioculturais como medidas eficazes de conservação.É imperativo ter recursos técnicos para apoiar os esforços de combate e prevenção de incêndios. Isso inclui fornecer apoio científico para compreender a biodiversidade, as funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos do Pantanal, realizar estudos ambientais, treinar comunidades em metodologias de coleta e análise de dados, bem como fortalecer a colaboração comunitária e espaços de defesa por meio de governança participativa transfronteiriça. Assinam:Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA)Coletivo PesquisAçãoEscola de AtivismoInstituto GAIAREESOLBIOSociedade Fé e VidaContatos de imprensa:Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 5570522107Ellen Nacanishi, Instituto GAIA, presidê[email protected] Vailant, REESOLBIO, [email protected] Salomão, Sociedade Fé e Vida, [email protected]ão Andrade, Coletivo PesquisAção, [email protected] Munari, Escola de Ativismo, [email protected]
Leer más