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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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En respuesta a una consulta hecha por Colombia, la Corte reconoció el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como el impacto del cambio climático en los derechos humanos. Desde AIDA celebramos esta decisión que fortalece las obligaciones de los Estados para proteger el ambiente y a las personas. Ante la consulta hecha por Colombia sobre los alcances de la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos por daños al ambiente marino en la Región del Gran Caribe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su respuesta (Opinión Consultiva) un precedente histórico para la protección de las personas en el continente. “Celebramos esta decisión que sin duda es un ejemplo mundial y una herramienta básica para quienes trabajamos por la justicia ambiental y climática”, expresó Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA. “También es útil para que los Estados de la región protejan ecosistemas clave como el acuífero Guaraní, los Andes, la Amazonía, el Pacífico y el Gran Caribe”. La Corte concluyó que el medio ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”, y se pronunció por primera vez respecto del contenido del mismo. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños y niñas, y las personas viviendo en pobreza extrema. Con ello acogió y se sumó a similar reconocimiento por parte de organismos de Naciones Unidas y de Cortes regionales. En su decisión, tomada en noviembre y dada a conocer ayer, la Corte estableció también que la obligación de los Estados de respetar los derechos a la vida e integridad personal, en relación con la protección del ambiente, implica: Evitar causar daños ambientales “significativos” en su territorio y fuera de éste, para lo cual deben reglamentar, supervisar y fiscalizar las actividades que puedan provocarlos. Asegurar, entre otros, la realización de estudios de impacto ambiental efectivos e independientes, así como de planes de contingencia y mitigación ante posibles daños. Cooperar con otros Estados y brindarles información ante el riesgo de daños a sus entornos naturales. Aplicar el principio de precaución para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal por degradación ambiental grave e irreversible, incluso ante incertidumbre científica. Garantizar los derechos a la participación pública, al acceso de información relacionada con daños ambientales potenciales, y al acceso a la justicia en la toma de decisiones que puedan afectar al ambiente. En enero del año pasado y en el marco de la consulta hecha por Colombia, AIDA presentó sus observaciones y, en marzo, participó en la audiencia ante la Corte Interamericana. Argumentamos que la implementación de grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe u otros sitios podría afectar el entorno a tal punto que pondría en riesgo la vida e integridad personal, entre otros derechos humanos, de las personas que allí viven. “La Corte dio ahora un paso vital hacia la protección de los océanos y otros ecosistemas, al incorporar los compromisos internacionales de protección ambiental como parte de la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. Consulte y descargue la decisión de la Corte Interamericana. Contacto de prensa: Victor Quintanilla,+521 5570522107, [email protected]
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Mandan alerta internacional por riesgos graves al arrecife de Puerto Morelos
Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental, una visita al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Internacional bajo Ramsar, amenazado seriamente por actividades turísticas masivas y no sostenibles. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —con apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Voces Unidas, la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, Flora y Fauna de México y el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable— presentó una alerta urgente ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. En ella solicita una visita de expertos al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM) para que evalúen los riesgos que el sitio enfrenta a causa del turismo masivo no sostenible. “Existen en el lugar proyectos inmobiliarios turísticos que, al no haber sido sometidos a una evaluación de impacto ambiental seria y rigurosa, han transformado el territorio costero, degradando y contaminando ecosistemas, en especial arrecifes de coral y manglares”, explicó Sandra Moguel, Directora Regional de la oficina Sureste del CEMDA. El PNAPM fue creado como área natural protegida en 1998 y fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional, bajo la Convención Ramsar, en 2004. Es un sitio único debido a su alta biodiversidad. Sus arrecifes de coral son hábitat de peces, tiburones, caracoles rosados y tortugas marinas; mientras que sus manglares albergan a cocodrilos y garzas. Y, como otros humedales, evita la erosión costera y es fuente de crianza y alimentación para peces para la zona. “La belleza ecológica y escénica del lugar atrae la construcción de proyectos turísticos que, al no ser evaluados de manera adecuada, promueven un modelo depredador de uso irracional de los recursos naturales”, dijo Camilo Thompson, abogado del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “Urge una misión de Ramsar que evalué los daños, proponga compensaciones, exprese sus recomendaciones y emita un informe sobre la política de crecimiento inmobiliario-turístico y las alternativas para asegurar el uso racional de los ecosistemas que hacen la Parque”. El Arrecife de Puerto Morelos forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. “Cualquier actividad desarrollada en el lugar requiere una evaluación ambiental estratégica que considere los impactos acumulativos y sinérgicos en los humedales costeros, los pastos marinos y los arrecifes de Puerto Morelos”, agregó Thompson. “El Estado mexicano debe aplicar el enfoque precautorio y ecosistémico ante las amenazas y riesgos a la biodiversidad de este sitio único”. Consulte y descargue la alerta presentada ante la Convención Ramsar.
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AIDA evidencia faltas de México al autorizar la ampliación del puerto de Veracruz
Presentamos un escrito que documenta el incumplimiento por parte del gobierno de compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. Lo hicimos para apoyar la demanda de amparo interpuesta por habitantes de la zona Metropolitana a fin de salvaguardar el interés público a un ambiente sano dado que el proyecto pone en riesgo grave al Sistema Arrecifal Veracruzano. Veracruz, México. Como apoyo a la demanda de amparo presentada por pobladores del lugar contra el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó ante el Juzgado Quinto un escrito (Amicus Curiae) con información detallada sobre los tratados y estándares internacionales en materia de ambiente y derechos humanos que el gobierno mexicano pasó por alto al autorizar el proyecto. “Al poner en riesgo al Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), el más grande del Golfo de México y cuya protección trasciende al interés público, el gobierno arriesga también el derecho a un ambiente sano de las personas que dependen de ese ecosistema de importancia internacional”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “El proyecto fue autorizado sin una evaluación adecuada sobre sus impactos”. El gobierno otorgó el permiso ambiental al proyecto el 21 de noviembre de 2013. Un año antes, en noviembre de 2012, redujo el área del SAV para viabilizar el proyecto. Al momento de autorizarlo, no se basó en la información científica necesaria para evitar daños a los arrecifes; y a los servicios que prestan a la población de Veracruz: ser fuente de pesca y servicios turísticos, así como barrera natural contra tormentas y huracanes, entre otros. El sitio es Área Natural Protegida y Humedal de Importancia Internacional. También es refugio para muchos animales, entre ellos especies amenazadas de tortugas marinas. Por ello, pobladores de la zona, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentaron una demanda de amparo contra la autorización del proyecto, recurso que fue admitido en marzo de 2017. En el escrito, AIDA argumenta las razones por las que el gobierno, al permitir el proyecto, incumplió obligaciones internacionales para proteger sus entornos naturales y a las personas que dependen de ellos. Entre ellas están las establecidas en tratados firmados por México como la Convención de la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros. “Existe en torno a los arrecifes de Veracruz, una riqueza natural que proteger y muchos beneficios derivados para la gente”, subrayó Thompson. “Con el proyecto, se pierde parte del hábitat de una gran diversidad biológica y aumentan los riesgos de embarcaciones varadas, derrame de contaminantes y pérdida de recursos pesqueros que sostienen la economía de muchas personas”. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]
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