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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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La mina escondida que amenaza el agua en Colombia
Para mí, algo vivo como el agua no puede ser compensado con algo muerto como el oro u otros metales. Cuando se discute sobre proyectos mineros que ponen en riesgo ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos, se suele argumentar que toda actividad humana genera impactos, algo obvio que no resuelve el problema de fondo. ¿Cuándo empezaremos a reciclar en lugar de extraer recursos? ¿Cuándo vamos dejar de otorgarle valor a algo escaso, pero tan corriente como el oro? ¿Cuándo trataremos con un respeto duradero a entornos de los que depende nuestra vida y la de otros seres que también tienen derecho a existir? Tener en cuenta lo anterior es crucial no solo para Colombia, de donde soy, sino también para el resto de países de América Latina. En septiembre supe que había sido publicado el Estudio de Impacto Ambiental de un nuevo proyecto minero ubicado en los municipios de Suratá y California, cerca del páramo de Santurbán, fuente de agua para más de un millón de personas en Colombia. Esta vez es una corporación internacional la que pretende llevar a cabo la propuesta. Busca extraer oro, plata y otros metales del subsuelo. En el pasado, y desde hace casi 10 años, otras empresas han intentado desarrollar en la zona actividades mineras a gran escala, pero han fracasado debido a los daños potenciales que sus proyectos implican para el páramo, ecosistema que además es un sumidero natural de carbono y hogar de especies únicas de plantas y animales. Los riesgos del proyecto, bajo la lupa Según la empresa, no habrá grandes acumulaciones permanentes de escombros, una gigantesca cicatriz imborrable en las montañas, una inmensa presa de lodos tóxicos, ni un uso de sustancias peligrosas para obtener el oro. Ni siquiera veremos intrincadas redes de vías serpenteando entre las cuencas de Suratá y California. Lo anterior suena bien, pero ¿es garantía de que la mina será sostenible o es una propuesta diferente sólo en apariencia? Veamos. El nuevo proyecto implica la perforación de un inmenso sistema de túneles de por lo menos 2,000 metros de largo, 900 metros de ancho y 780 metros de profundidad (poco menos de la altura del edificio más alto del mundo, que está en Dubai). Además, la mina se construirá en dos sectores —en dos cuencas y dos municipios diferentes—, unidos por dos inmensos túneles de 5,800 metros de longitud, lo cual equivale casi al tamaño de la ciudad colombiana de Bucaramanga de norte a sur. De acuerdo con la empresa, el único botadero estará ubicado cerca de la mina y los desechos serán secos, lo cual depende ampliamente de un mantenimiento adecuado de la red de drenaje y de otros factores que, tras el cierre de la mina, probablemente ni la corporación ni el Estado podrán controlar. Por otro lado, los impactos de las perforaciones, durante la operación de la mina, en la dirección y el volumen del agua subterránea son impredecibles. Si bien la empresa sostiene que llevará a cabo labores de retrollenado de los túneles, no sería posible garantizar que la calidad y cantidad del agua en el subsuelo se conserven. Aunque la mina propuesta estaría fuera de la zona del páramo de Santurbán, se encontraría muy cerca de éste. Y al ser una mina subterránea, la perforación hecha atravesará las múltiples fracturas a través de las cuales el agua, que el páramo captura de la humedad generada en alta montaña, es transportada a ríos, quebradas y suelos. Finalmente, la empresa dice que no utilizará mercurio ni cianuro para obtener el oro y los otros metales, que los venderá o exportará a otras empresas en forma de concentrados listos para ser procesados. De ese modo se evita parte del costo socioecológico de la actividad en Colombia, pero se podría trasladar éste a otros países. Tenemos que empezar a incluir este tipo de impactos externos en la economía nacional para dejar de ignorar nuestra huella ecológica como país. La responsabilidad por los daños causados fuera de nuestras fronteras por la minería que se hace en Colombia no sólo es del comprador, sino también del Estado colombiano. Daños a gran escala Por todo lo anterior, quiero hacer la siguiente reflexión: ¿Qué impacto tendrá la mina en la calidad y en la cantidad de agua subterránea de la zona? ¿Qué riesgo implica no tener un área de amortiguamiento (de los daños) para el páramo? Una mina escondida no es necesariamente una mejor mina. Lo que se haga bajo Suratá y California, en especial a gran escala, también puede hacer mucho daño a una zona más amplia, en uno de los países más biodiversos del mundo. Esconder la basura bajo la alfombra no equivale a limpiar, ni en minería ni en economía. La protección de Santurbán, y de otras fuentes de agua en América Latina, es uno de los pilares del trabajo de AIDA, el cual llevamos adelante junto con organizaciones aliadas nacionales.
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5 acciones para que los países hagan frente al cambio climático
Como individuos, sabemos sobre las pequeñas acciones que podemos llevar a cabo para reducir las emisiones que provocan el cambio climático. Pero, ¿qué pueden y deben hacer las naciones, siendo sus acciones de gran escala y fundamentales para el bienestar de los individuos? Tierra, tenemos un problema: nos estamos derritiendo. El cambio climático, que afecta al planeta entero, es consecuencia de las actividades humanas, 97% de los científicos lo confirma. Los elevados índices de emisiones de gases efecto invernadero, así como la degradación y sobreexplotación de los entornos naturales que los absorben, nos tienen en una carrera contra el tiempo. Si no logramos detener pronto el calentamiento del planeta, los cambios serán catastróficos, y pondrán en riesgo a cada vez a más ecosistemas y personas. Cada año, en las Conferencias de las Partes (COP), realizadas en el marco de las Naciones Unidas, los países se reúnen para discutir acciones a tomar para mitigar y adaptarse al cambio climático. De la COP21 nació el Acuerdo de París, primer acuerdo mundial vinculante sobre el clima. Este año, durante la COP23, los delegados de los gobiernos buscan establecer reglas que permitan la implementación adecuada de ese marco de acción global. Como individuos, sabemos cómo aportar a la reducción de las emisiones que provocan el cambio climático: ahorrar energía, reducir el uso del automóvil, desechar menos y reciclar, hacer mejores elecciones de consumo y realizar una adecuada planificación familiar. Pero, ¿qué les toca hacer a las naciones? Hablar de ello es referirnos a medidas de gran escala. Las decisiones y ambición de nuestros gobiernos son trascendentales para que los individuos tengamos una mejor opción de futuro. 1. Proteger y restaurar ecosistemas claves El respeto a la naturaleza es fundamental. Las naciones tienen en sus manos la capacidad de proteger ecosistemas claves para combatir el cambio climático: ríos, humedales, océanos, bosques y manglares absorben grandes cantidades de carbono, revirtiendo el problema. Los manglares también sirven como barrera ante las tormentas y los humedales absorben el exceso de agua de las inundaciones, ambos eventos climáticos exacerbados por el cambio climático. "Sanar el sistema natural es la opción más factible, realista y justa, pues beneficiaría a toda la humanidad y especies, dice Florencia Ortúzar, abogada del programa de Cambio Climático de AIDA. "Estamos contra el tiempo en lo que a conservación y restauración respecta, pues comienzan a observarse fenómenos alarmantes, como que los bosques están tan degradados, que están perdiendo su capacidad de absorber emisiones de CO2”. Crédito: Ciprian Boiciuc. 2. Apoyar a pequeños productores agrícolas Según la FAO, la industria cárnica es respnsable del 15 al 18% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, superando incluso al transporte. Además, es la fuente más importante de uso y contaminación de agua en el mundo. Hoy, 80% de la producción agrícola se destina a alimentar a los animales de la industria, y no a las personas. La expansión de terrenos para ganado y de cultivos para alimentarlo, es la causa más importante de deforestación de la Amazonía. Las naciones pueden hacer la diferencia apoyando a los pequeños productores locales, que, a diferencia de los grandes productores de carne, emplean prácticas sostenibles, se preocupan por la restauración de la tierra, benefician a comunidades cercanas, y hacen que los animales y los cultivos sean más resilientes al cambio climático. No se trata de que todos nos volvamos vegetarianos, pero sí de apoyar a quienes producen respetando la naturaleza. Crédito: Elaine Casap. 3. Promover las energías verdes Desconectar los aparatos electrónicos que no utilizamos ayuda a reducir la demanda de energía y, por tanto, la necesidad de generar más. Sin embargo, mientras los países apuestan por más desarrollo, también apuestan por más energía. Y 35% de las emisiones globales proviene de la producción de energía. Las energías termoeléctrica e hidroeléctrica han sido consideradas por años las opciones más baratas, pero el desarrollo tecnológico ha permitido encontrar mejores alternativas y abaratar sus costos. Con planes a largo plazo, las naciones pueden dejar de apostar por fuentes de energía del pasado y que agravan el cambio climático (la energía hidroeléctrica no es verde) y optar por proyectos pequeños de energía eólica, solar, geotérmica, oceánica y otros, que se adaptan a las características de cada lugar. “Al pensar en energía, conviene apostar por matrices energéticas diversificadas, priorizando proyectos cerca de los lugares donde se necesita la energía, ahorrando pérdidas e infraestructura para transmitirla. Es urgente dar prioridad absoluta a la protección de la naturaleza. Toda acción, política pública o estrategia tiene que mirarse bajo ese foco, y la producción de energía es un buen punto de inicio”, dice Ortúzar. Crédito: Efe Kurnaz. 4. Combatir los contaminantes climáticos de vida corta El gas de efecto invernadero más famoso es el CO2 (dióxido de carbono). Dado que permanece en la atmósfera por siglos e incluso milenios, aún si detuviéramos hoy todas sus fuentes de emisión, los efectos del cambio climático continuarían por la cantidad del CO2 que ya está en la atmósfera. La buena noticia, es que existen otros contaminantes que contribuyen al cambio climático y que sólo duran unos días o pocos años en la atmósfera. Se les conoce como contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), y son responsables de un 30 y hasta un 45% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Estos contaminantes son el carbono negro (hollín), el metano, el ozono y los hidrofluorocarbonos (HFC) que encontramos en los refrigerantes. Su control efectivo, a través de políticas y regulaciones por parte de los países, podría acelerar el combate al cambio climático en el corto plazo. Además, por contaminar gravemente el aire, las medidas para mitigarlos beneficiarían también a la salud humana. Crédito: Doron Derek Laor. 5. Apostar por la adaptación y no sólo por la mitigación En la lucha contra el cambio climático, el trabajo orientado a reducir emisiones, detener sus efectos y consecuencias a futuro es conocido como mitigación. Sin embargo, hay comunidades que ya viven consecuencias trágicas debido a un clima que ha cambiado mucho en poco tiempo. Actuar para prevenir catástrofes, aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de estas personas, es apoyar la adaptación. Los proyectos para mitigar emisiones son más atractivos financieramente que los pensados para adaptación, generalmente enfocados en las comunidades más vulnerables, que viven en la pobreza. Pero es importante darle a la adaptación la importancia que merece, en reconocimiento que el cambio climático es una realidad. En la COP de este año, las naciones discuten un mecanismo de “pérdidas y daños”, referido a la compensación que deben realizar los países desarrollados —principales causantes del cambio climático— a los países en desarrollo, que sufren pérdidas importantes por efectos climáticos adversos, explica Ortúzar. Las naciones deben apoyar las discusiones y comprometerse en el uso efectivo de los recursos, para mitigación y adaptación por igual. Crédito: Peter Hershey.
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Pueblos indígenas de América Latina exigen respeto a su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado
Advierten que los procesos de consulta se están usando como trámites administrativos y no garantizan sus derechos. Exigen que se tomen en cuenta los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Ciudad de México. Pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina, junto con organizaciones de la sociedad civil, demandaron a los gobiernos de la región garantizar con firmeza la seguridad jurídica de sus territorios, frente a la constante vulneración de sus derechos durante los procesos de consulta indígena. América Latina es la región que ha registrado los mayores avances normativos y jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado (CPLI). De los 22 Estados que forman parte del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 14 se encuentran en América Latina. “Cabe reiterar que, para generar la institucionalidad estatal en materia de consulta y CPLI, no se requiere una ley o reglamento de consulta; además, no es posible imponer los mismos tiempos, condiciones y procedimientos a todas las comunidades indígenas, en tanto no comparten las mismas formas de toma de decisión, cosmovisión e instituciones jurídico-políticas”, dijo Daniel Cerqueira, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). En México y en otros países de la región existen marcos normativos que privilegian a las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial a costa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, generando una asimetría de poder. Si bien existen cuerpos normativos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como protocolos y marcos nacionales normativos de consulta y el consentimiento libre, previo e informado, estos no se toman en cuenta para garantizar este derecho ni para evitar el estallido de conflictos sociales. Honduras es un caso emblemático en la región, donde la consulta previa se ha omitido en diferentes situaciones. Olivia Zúñiga, representante de la etnia Lenca, e hija de Berta Cáceres, defensora ambiental asesinada en marzo de 2016, sostuvo que en su país las élites políticas y empresariales se siguen imponiendo a cualquier derecho de los pueblos originarios. “No es una casualidad que después del golpe de 2009 se hayan otorgado más de 300 concesiones para proyectos extractivos, sin realizar los procesos de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT”. Su madre, Berta Cáceres, se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que planeaba la construcción de una represa hidroeléctrica que iba derivar agua del Río Gualcarque, un lugar sagrado para este grupo originario. Esa oposición le costó la vida. “El Estado de Derecho suele estar comprometido por la élites políticas y económicas, quienes mediante la concentración de riqueza, ejercen una influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas que les permite mantener sus privilegios a costa de otros, entre ellos, los procesos de acaparamiento y exclusión en el acceso a los bienes comunes naturales”, sostuvo Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. “La falta de consulta a los pueblos indígenas, o el uso de este proceso como mero trámite administrativo, profundiza las brechas de desigualdad en la región”, concluyó. Más allá de la dimensión normativa, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos por encima de cualquier interés económico. Por ello, es necesario que las decisiones estatales, incluyendo el diseño de políticas económicas y la gobernanza sobre los bienes comunes naturales, sean respetuosas de la autodeterminación, formas de vida y prioridades de desarrollo expresadas por los pueblos y comunidades indígenas. Este pronuncianiento se realizó en el marco del Foro Internacional “Consulta, consentimiento previo libre e informado y autodeterminación: Perspectivas críticas sobre leyes y mecanismos de implementación”, co-convocado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR Perú), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (PRODESC), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ). Encuentra material del foro en: www.foroconsulta.net
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