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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Conclusión: Necesitamos un baño y un analgésico para controlar la fiebre minera en América Latina
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cuando mi hijito tiene fiebre, le doy un baño y un analgésico para que se le baje. De lo contrario, llora y nada lo calma, es otro niño. Esto parece estarles pasando a los gobiernos de nuestra región en cuanto a la minería: la fiebre del oro los tiene fuera de sí. Ante ello y para dialogar sobre cómo alcanzar la minería responsable y cuál sería el rol de las organizaciones de la sociedad civil, el Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (ConSoc) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia organizó junto con los ConSoc de Chile, Perú y México un panel el 25 de octubre en El Salvador, durante la reunión del BID con sociedad civil. Un dato interesante es que varios países, incluyendo Colombia y Surinam, han sopcitado apoyo al BID para mejorar el monitoreo y control de esta actividad, reconociendo que no tienen la capacidad para hacerlo. El Vicepresidente de Países, Roberto Vellutini, mencionó al concluir el evento que el BID apoya a los Estados para fortalecer sus capacidades y que no financia ni financiará ningún proyecto minero. Si así lo hiciera, afirmó, se appcarían los más altos estándares. Estaremos pendientes. Llama la atención que países como Colombia, aún sabiendo que no están muy preparados, impulsen la minería como “locomotora del desarrollo”. ¿No habría que ajustarla antes de echarla a andar? Las perspectivas Volviendo al panel, aproximadamente 300 personas de ONG escucharon a Francesca Castellani del BID compartir información importante como: el precio del oro subió 633% en la última década (de US$300/oz. a US$1900/oz.); Perú y Colombia destinan casi todo el mercurio importado a la minería informal y son dos de los países más contaminados por este metal en el mundo. También oyeron a Bernardo Toro de AVINA, Colombia, referirse a la Mesa de Diálogo entre empresas mineras y organizaciones ambientapstas y de derechos humanos, en la cual AIDA participa recientemente; y a Juan Carlos Guajardo de CESCO resaltar cómo en Chile la minería ha sido esencial para el desarrollo. Ana María Vidal de Perú presentó al Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, un espacio participativo en el que se comparte información hace 12 años. Hablé de nuestra experiencia en AIDA trabajando casos de minería regionalmente, resaltando elementos que considero vitales para comenzar cualquier diálogo hacia una minería responsable: Evitar re-inventar el agua tibia: Debemos aprender de las lecciones en América y el mundo para implementar mejores estándares y evitar repetir errores. Existen herramientas útiles como el “Marco Básico de Minería Sostenible”, pubpcado en 2005 por iniciativa de ONG para identificar mejores prácticas. En él empresas mineras, gobiernos y organizaciones, incluyendo AIDA, identificaron medidas para prevenir al máximo los impactos ambientales y sociales. Calmar la fiebre del oro: Los altos precios han ocasionado que muchos proyectos antes impensables, como en los páramos y glaciares, ahora sean viables. Esto ha generado una nueva fiebre del oro en empresas y gobiernos. Por ello muchos proyectos son aprobados e implementados con rapidez para asegurar ganancias, a veces sin haber cumppdo los requisitos mínimos de evaluación de impacto ambiental, social y de derechos humanos, como Petaquilla en Panamá y Marpn en Guatemala. Menos “Banana Repubpc”, más Estado de derecho: Es esencial appcar el marco legal que en cada país, y a nivel regional, establece obpgaciones claras para el sector minero, incluyendo garantías a los derechos humanos y al ambiente. Suena absurdo recordarlo, pero es necesario ante los múltiples casos que hemos visto en los que las normas se debiptan, modifican o se ignoran. Ejemplos hay varios. En Colombia se epminó en 2002 la exigencia de pcencias ambientales para la exploración; en Panamá se reemplazaron los estudios de impacto ambiental por la appcación de “mejores estándares” (medida anulada posteriormente); en Brasil el proyecto de Belo Sun, a desarrollarse a orillas del río Xingu, impactará directamente tierras indígenas, algo que el estudio de impacto ambiental no menciona. Ver más allá de nuestras narices: No todo es, ni puede ser minería. Primero, los ecosistemas amenazados por la minería, como los páramos y el Amazonas, son vitales para las comunidades que los habitan: garantizan su vivienda, apmentación y cultura, así como la biopersidad. Éstas regiones y los glaciares son esenciales para controlar el cambio cpmático. Segundo, hay que anapzar qué otras actividades se reapzan en estas áreas y qué alternativas de desarrollo existen; balancear los costos y beneficios sociales, ambientales y económicos, y tomar mejores decisiones. Tercero, las minas no son eternas, duran 12, 20 o 50 años…. Se debe prever que después del cierre existan garantías financieras suficientes para implementar medidas que, entre otras cosas, mitiguen los daños que los residuos podrían ocasionar. Es mi opinión y algo en lo que hemos insistido sistemáticamente en AIDA y en lo que continuaremos trabajando. Esperamos que el BID, otros bancos, los gobiernos y las organizaciones sigamos atentos, aprendamos y trabajemos juntos para evitar mayores daños que podrían y deberían evitarse. Mientras tanto, insisto en que a los más afiebrados les caería bien un baño y un analgésico, que podría ser una moratoria temporal antes de mayores perjuicios, Costa Rica prohibió la minería por considerar que eran más los costos que los beneficios. ¿Qué opinan?
Leer másLa defensa de la tierra y el agua, causa del doble asesinato en Chihuahua
By Alejandro Cardenas, communications advisor AIDA, @cardenaslopeza A few days before his death, the environmental Ismael Solorio Urrutia had warned the Secretary of Government of Chihuahua, Raymundo Romero, the problems caused by the smear campaign against him and the Barzón, peasant organization to which he belonged, would grow. "If you do not put in the matter and do not give protection measures, could have deaths , " he said then. He had already received anonymous threats in this regard. The complaint lodged with the second most important man in the state did not resonate and, on October 22, Solorio Urrutia and his wife Manuela Solis Contreras were found dead in a nearby farm to a Mennonite camp north of Mexico, in the State Chihuahua. The main criticisms of the barzonistas are for the Federal Government, by the way allows the promotion of the field in a desert area, the irregular water use and permissions granted to mining companies in different parts of the country and in that state. Also they accused the local government of allowing employees to participate in the smear campaign against barzonistas and having orchestrated through a newspaper belonging to the Organización Editorial Mexicana (OEM) . The actions Solorio, one of the leaders barzonistas, and his wife performed were linked to the defense of the ecosystem. The couple questioned the theft of water in the catchment area of the river El Carmen and installation of the mining project "May 5" by the Canadian firm Mag Silver. The Barzón emerged after the crisis of 1995, triggered by the former president of Mexico Carlos Salinas de Gortari, and following which millions of Mexicans lost their land, homes and any type of credit by the devaluation of the currency. In the case of Chihuahua, your mobile is the defense of the land, because the organization has advocated for years. According to a text published on social networks and the Internet by Victor Quintana , another human rights activist and social leader of Chihuahua, Solorio "made three or four times the path of pisión North, covering three quarters of the Republic to sue the rescue field or renegotiation of NAFTA, or state that in agriculture there are also outraged or to report suffering hunger drought rarámuri brothers. " His fight The barzonistas defend the catchment area of the river El Carmen , a closed area decreed in 1957, in which hundreds of irregular uses and few results of federal actions are recorded. This is an area where "there can be superficial and underground exploitations" they say. Joaquín Solorio, brother of activist, told media persos few months before the double murder, the Barzón had placed each of the illegal logging in the watershed. They found for example in the river infrastructure developed mostly by Mennonites , through which retain water and do not allow to reach the dam Las Lajas. In a cross-checking, they found 154 in the public register of rights, which was denounced illegal wells to Conagua and Semarnat. The implementation in the area of the mining project called "May 5", which Solorio and his wife opposed, is the removal of lead, gold, silver, zinc and molybdenum. In fact, the vein in question is listed as a of the most important molybdenum in the country. A week before his murder, Serrano was hit by alleged employees of the Canadian mining company Mag Silver, which constantly identified by its operations , which do not have preventive report or an environmental impact. "They began to create a front against opponents of the project , there was prestige campaigns against him and his wife , " he complained a few days ago the brother of Ismael. He also stated that it was the newspaper the Heraldo de Chihuahua, OEM who participated in the campaign against Solorio, his family and the Barzón. According to the peasants, these actions were orchestrated by the media office. (With information from El Economista , Aristegui News and Process )
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¡Qué rico un salmón silvestre! ¿Será que todavía hay?
Por Gladys Martínes, asesora legal de AIDA Hace un tiempo conocí a don Federico, un pescador panameño con más de 26 años de experiencia y miles de historias que compartir. Don Federico contaba que, cuando empezó a pescar, veía frecuentemente delfines, ballenas, tiburones y tortugas. En todos sus viajes, la captura era súper abundante. Además, nos contó que, por ignorancia, los pescadores mataban hasta 300 delfines que se enredaban en sus redes, durante cada jornada diaria. Hoy solamente 20 años después, vemos tristemente los efectos de la pesca sin control ypescadores como don Federico tienen muchas dificultades para sobrevivir de la actividad que ha mantenido a sus familias durante siglos. Ahora es todo un evento encontrarse delfines, ballenas y tiburones. Diferentes pesquerías han colapsado o han sido cerradas por agotamiento, y enormes cantidades de tiburones mueren desangrados a causa del aleteo. Mientras tanto, las tortugas son cada vez más escasas, amenazadas por la pesca de camarón sin los excluidores de tortugas y con palangre. Sus sitios de anidación están invadidos de construcciones y la civilización; dos factores que las alejan y les impiden cumplir con su ciclo reproductivo. Los nietos de don Federico no van a poder conocer ni una pequeña fracción de los peces que su abuelo pescaba diariamente. Quizás por la falta de pulgación de información, la mayoría de personas no conocen el grave estado de los océanos y las autoridades no priorizan las medidas de conservación. En los últimos años, estudios científicos han demostrado lo que ya saben pescadores como don Federico. Las cifras hablan por sí solas : la pesca comercial es la causa principal de la desaparición del 90% de grandes especies de pelágicos como pez espada, bacalao, marlin y tiburones. Unaevaluación global de las reservas marinas silvestres demuestra que de 441 grupos de especies estudiadas 52% están totalmente explotadas, 25% sobreexplotadas y 20% moderadamente explotadas. La realidad La crisis de los océanos es evidente. La falta de políticas claras e integrales que aborden el problema; la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección adecuada para estos recursos; y el bajo nivel de cumplimiento de las leyes, regulaciones y tratados internacionales vigentes relacionados al tema. Estos factores son un pretexto para no defender la posibilidad de conservar la biopersidad marina y los ecosistemas e incluso, que las generaciones futuras puedan saborear un riquísimo salmón ahumado o un filete de corvina. Los tomadores de decisiones en temas marinos en toda América Latina tienen la oportunidad de crear legislación eficaz que proteja nuestros recursos marinos. Por ejemplo, en México está aun pendiente de expedirse el Reglamento a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable luego de años de espera; mientras que Honduras y Panamá tienen cuentan con leyes de 1959. No permitan que la historia de don Federico sea una profecía sino más bien una advertencia que motivé a proteger lo que pertenece a todos ahora y en el futuro.
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