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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Otro montaje mediático del Gobierno de México, ahora sobre Wirikuta
Por Alejandro Cárdenas, asesor en comunicaciones de AIDA, @cardenaslopeza Dos días antes de que se realizara en la ciudad de México uno de los conciertos más importantes a favor de la conservación del patrimonio de la zona sagrada en San Luis Potosí, llamado Wirikuta Fest que se realizó el 26 de mayo, súbitamente funcionarios federales de primer nivel anunciaron que cedían una parte de las concesiones mineras de la zona y se declaraba “como Reserva Minera Nacional”, a lo cual los defensores de la zona llamaron teatro “lleno de falsedades”. Si el montaje televisivo de la ciudadana francesa Florence Cassez acusada de secuestro en México generó un debate nacional sobre el uso indiscriminado de los medios de comunicación para intereses del gobierno federal y políticos, hace un par de semanas, lo hicieron con el pueblo sagrado de Wirikuta. Con la presencia de tres secretarios de estado, se realizó el jueves 24 de mayo un magno evento en el Museo Nacional de Antropología e Historia: el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; el Secretario de Economía, Bruno Ferrari y el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira. Publicaron además desplegados en medios nacionales y la agencia del gobierno, Notimex, manejó un comunicado tan confuso que persos medios lo difundieron como si el gobierno hubiera resuelto el problema de los grupos indígenas, cuando ha sido la sociedad civil la que ha presionado. comunicado-wirikuta1.pdf Con este tipo de comunicados, la información que se difundía era muy diferente a la realidad, como se puede ver la siguiente noticia: ¿No es cauteloso el gobierno federal a realizar montajes en plena elección y en la efervescencia de las redes sociales y la crítica estudiantil a la manipulación mediática del movimiento #YoSoy132? El gobierno federal ha sido acusado por organizaciones civiles, nacionales e internacionales en los últimos 12 años de permitir que empresas extranjeras y nacionales exploten sin cumplir con normatividad internacional los recursos naturales en México, y han sido duramente criticados las formas en que viola decretos internacionales y no toma en cuenta a los grupos locales vía ejercicios legales de participación ciudadana como la “consulta previa”. La mayoría son proyectos turísticos como los arrecifes de coral Cabo Pulmo, los manglares en Marismas Nacionales y las minas en Wirikuta, entre muchas otras zonas del país, como lo han denunciado Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los puntos en los cuales el Gobierno Federal engañó y armó una estrategia mediática, según la oranización civil Conservación Humana, para desestimar un concierto de apoyo donde participaron artistas internacionales, que en plena elección, pone en evidencia que organicen un evento para recaudar fondos porque la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no está cumpliendo cabalmente con su tarea. Ante la mala imagen del gobierno panista en el tena, inflan sus convenios con medios de comunicación para seguir con sus “montaje” y confundir a la ciudadanía por su deplorable actuación en el caso de San Luis Potosí. Impugnación No le bastó al gobierno de Felipe Calderón con el ruido armado hace dos semanas con su montaje con la mina First Magestic Group, sino que ahora hacen el ridículo porque el Pueblo Wixárika (huichol) impugnó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la candidatura presentada por el Estado mexicano para que la peregrinación que esa cultura indígena realiza desde tiempos inmemoriales sea inscrita en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en contraste de lo que se ha pedido en la Lista de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de acuerdo a lo publicado por La Jornada. La diferencia es que con eso se defienden todas las zonas específicas, todo el hábitat, cosa que con la inscripción como Patrimonio Inmaterial no ocurre, porque ésta sólo protege ciertas actividades, explica el especialista en materia indígena, publicó el Frente para la Defensa de Wirikuta. La estrategia permisiva del gobierno federal fue materializada a través de un evento difundido en un comunicado, la agencia estatal Notimex y entrevistas con persos medios de comunicación donde poco fue cuestionado, con un evento y comunicado del 24 de mayo a las 12:44 horas llamado “Declaran zona Wirikuta como Reserva Minera Nacional”: El gobierno federal declaró Reserva Minera Nacional una región de 45 mil hectáreas en la zona sagrada de Wirikuta y estudia convertirla en un Área Natural Protegida (ANP), informó el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. El Frente, respondió al tema: Las autoridades wixárika consideran incompleta la información y llena de datos falsos que distorsionan la realidad del lugar sagrado. Toda la zona tiene 140 mil 212 hectáreas de la reserva de Wirkuta y el 70% aún tiene concesiones mineras. Los 45 mil kilómetros de lo que se menciona el 30% no concesionado. El engaño: hacer creer y manipular que las 45 mil hectáreas era lo que se estaba peleando por los habitantes y las organizaciones civiles. Además, no se mencionó una mina a cielo abierto que abarcará un 30% de la "zona protegida". El gobierno federal debería proteger las tierras y a los grupos étnicos de México en realidad en lugar de usar engaños o manipulación de medios.
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