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Fortaleciendo la Protección Mediante el Sistema de Derechos Humanos de la ONU
Lo vemos una y otra vez. Industrias arrojan contaminantes tóxicos al aire. Operaciones de fracking contaminan el agua con químicos venenosos. Grandes represas inundan poblaciones y desplazan personas. Minas dañan tierras de cultivo. Personas pierden su salud, su trabajo, su acceso al agua, e incluso su hogar. Todos estos hechos violan derechos humanos básicos protegidos por normas internacionales.
Hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos brinda otra estrategia efectiva para poner en la mira problemas causados por degradación ambiental. El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece varios mecanismos que AIDA usa para proteger derechos humanos —incluido el derecho a un ambiente sano— en América Latina.
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Organización trinacional pide investigar a México por la autorización de megaresorts que amenazan ecosistemas, especies y comunidades en el Golfo de California
El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) recomendó una investigación a fondo sobre el incumplimiento de la legislación ambiental mexicana en la entrega de permisos a tres proyectos turísticos planeados en una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales. Distrito Federal, México. El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organización intergubernamental que promueve la colaboración entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos)— determinó que los argumentos que sostienen que México no aplicó efectivamente su legislación ambiental al otorgar permisos a tres mega resorts en el Golfo de California, tienen base suficiente para que se realice una investigación a fondo. Lo hizo como respuesta a la petición ciudadana presentada al respecto por la Asociaciación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice en representación de 11 organizaciones locales e internacionales[1]. El Golfo de California es una zona vasta —abarca los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Baja California Sur—, frágil e importante para entornos sensibles (corales y bosques de manglar), especies en peligro (ballenas, mantarrayas, tiburones y tortugas, entre otras), aves migratorias, y comunidades que dependen económicamente de la pesca de atún, sardina, camarón y calamar. Esa actividad es fuente de empleo para cerca de 50 mil personas. Sin embargo, el Gobierno mexicano autorizó en esa área cuatro mega resorts —Cabo Cortés, Paraíso del Mar, Entre Mares y Playa Espíritu— pese a que éstos violaban la normativa ambiental vigente en el país sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. De ese modo, se puso en riesgo el entorno natural del Golfo de California, y a las especies y comunidades que dependen del mismo. El Secretariado de la CCA basó su recomendación para la elaboración de un expediente de hechos (investigación a detalle) en la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana en la evaluación y autorización de tres de los cuatro proyectos. La decisión no incluye a Cabo Cortés, cuyo permiso ambiental fue rechazado recientemente. "Proyectos de la magnitud de Playa Espíritu, localizado en Marismas Nacionales [uno de los humedales más grandes de México], impactan en las pequeñas empresas locales y también en el sector pesquero, el cual se ve perjudicado cuando el ecosistema de manglar es dañado pues el mismo es un sitio de anidación de larvas y peces", dijo Carlos Simental, de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), una de las organizaciones peticionarias. El Golfo de California y su rica biodiversidad ya presentan problemas graves. Entre muchos ejemplos y según estudios recientes, los pelicanos marrones de la zona ya no se reproducen como antes, posiblemente debido a causas climáticas y a la falta de comida por la sobrepesca. El desarrollo turístico mal planificado y fuera de las normas en este lugar agrava la situación. "Buscamos que el Gobierno mexicano reciba una retroalimentación sobre las decisiones que toma en materia de evaluación de impacto ambiental en el sector turístico", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "Con la elaboración de este expediente de hechos, se busca mejorar la evaluación de impacto ambiental, al menos en la consideración de impactos acumulativos y residuales, la presentación de la totalidad de las obras de los proyectos, el uso de la mejor información disponible, y la incorporación eficiente de medidas de protección de especies en categoría de riesgo y de manglares, tal y como lo requiere la legislación ambiental mexicana y tratados internacionales ratificados por México." La investigación de lo ocurrido en el Golfo de California puede derivar en resultados positivos como reformas legales, la creación de grupos de discusión de evaluación de impacto ambiental, la mejora de esa herramienta y la presentación de proyectos de turismo sostenible que involucren a las comunidades desde su planeación. El Consejo de la CCA —integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de Canadá, Estados Unidos y México— decidirá en dos meses si acepta o no la recomendación de desarrollar el expediente de hechos. "La recomendación del Secretariado subraya la preocupación grave de que México no aplica efectivamente su legislación ambiental en el Golfo de California," dijo Martin Wagner, Director del Programa Internacional de Earthjustice. "Ese tesoro ambiental alberga una biodiversidad marina increíble, es fuente crítica de proteína para los mexicanos y debe ser protegido en el largo plazo. Ningún megaproyecto turístico, la mayoría de los cuales provienen de inversión extranjera, debe estar exento de cumplir con la protección ambiental mexicana." [1] Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, Natural Resources Defense Council (NRDC), COSTASALVAjE, SUMAR, Sociedad Historia Natural Niparajá, Los Cabos CoastKeeper, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), Greenpeace México y AIDA.
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Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados
El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada. Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.
Leer másCientíficos y fotógrafos presentan el video "Ríos Libres"
Buscan conservar uno de los últimos ríos libres de México. El San Pedro, amenazado por la construcción de presas. Distrito Federal, México. Como parte de la iniciativa Números Naturales, un grupo de científicos y fotógrafos documentó el estado actual del Río San Pedro Mezquital, ubicado en Nayarit, el último río libre de presas en la Sierra Occidental Mexicana y lanzarán públicamente el video "Ríos Libres" este jueves 18 de septiembre a través de los medios sociales de Números Naturales y sus aliados. El video fue apoyado por National Geographic/Waitt Foundation, Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF-México, AIDA y SuMar, y busca crear conciencia sobre la importancia de preservar el afluente, que sería impactado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. La iniciativa espera que este tipo de documentales sirvan para informar a la sociedad sobre el impacto que genera el represado de ríos. El San Pedro Mezquital es el último río que cruza la Sierra Madre Occidental libre de presas y constituye la aportación más importante de agua dulce y sedimentos para los humedales de Marismas Nacionales–un complejo de lagunas costeras y esteros ubicado entre Nayarit y Sinaloa– que con una superficie total cercana a 250 mil hectáreas contiene el bosque de mangle más extenso del Pacífico mexicano. Marismas Nacionales es un Humedal de Importancia Internacional de la Convención Ramsar de las Naciones Unidas desde 1995 y una Reserva de la Biosfera desde mayo de 2010. "Los ríos son las arterias del continente que transportan agua, un recurso esencial para la vida, y contribuyen a la salud de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades humanas", mencionó el fotógrafo y director del video Jaime Rojo. “Actualmente sólo un tercio de los grandes ríos del planeta permanecen libres, lo cual es una lástima” concluyó. En contra de lo que se pudiera pensar, el río San Pedro Mezquital –auténtico tesoro de la Sierra Madre– es casi un desconocido en México, a pesar de ser uno de los mejor conservados del país. "Desde 2005, la Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte ha trabajado por desarrollar un nuevo modelo de manejo para el río San Pedro Mezquital. Un modelo que reconozca el gran valor natural de esta cuenca, única en México y también su gran valor por los servicios ambientales que sostienen a Marismas Nacional y a la pesquerías del Golfo de California y que beneficia a muchos mexicanos", expresó Eugenio Barrios, Director del Programa Agua de WWF. "La gran variedad y riqueza de los servicios ambientales que provee el San Pedro sostiene una economía de más de mil 250 millones de pesos anualmente para las comunidades que dependen de la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura", señaló Ernesto Bolado, director de la asociación civil SuMar. "Además, a lo largo de su cauce se encuentran varios centros ceremoniales y sitios sagrados para los pueblos náyeri (cora) y wixárika (huichol)", agregó. "Instancias internacionales como la Convención Ramsar han reconocido la importancia cultural del San Pedro Mezquital ya que la continuidad de los modos de vida de las comunidades ribereñas locales y los pueblos indígenas de la región dependen de su interacción con las características ecológicas del río", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. El equipo creativo de Números Naturales está formado por profesionales de diferentes países y varias disciplinas que colaboran de manera remota para hacer posible la serie de cortometrajes. En esta producción la voz es de Bárbara Córcega, reconocida actriz mexicana. "Necesitamos mantener este río libre de presas pues es el único ecosistema que nos puede dar una referencia clara de la productividad que hemos perdido por haber represado el resto de los ríos en México", señaló Octavio Aburto, profesor del Instituto de Oceanografía Scripps, y quien lideró la expedición al San Pedro. "Los datos que hemos recaudado y que se muestran en este video constituyen un argumento robusto sobre el impacto a la biodiversidad y a la economía de las comunidades que resultaría al represar el San Pedro".
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