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Hacia el fin de los subsidios a la sobrepesca

La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.

Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.

Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.

Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. 

Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.

Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.

Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.

El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.

Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.

 

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AIDA presenta informe en Durban sobre el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos en América Latina

Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas.  “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del acceso al agua dulce en América Latina.  El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el acceso al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos.  El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.

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