Project
ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
Partners:
Proyectos relacionados
Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte
Presentan argumentos en apoyo del gobierno en el caso de conservación del refugio de vida silvestre. Ciudad de Panamá, Panamá. Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al gobierno Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña. Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible. La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente. Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático. El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas. “De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, Ph.D., personal científico y co-directora de AIDA. En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.” “La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.
Leer más
La Constitución mexicana protege los derechos humanos
El 9 de junio de 2011, tuvo lugar en México un cambio histórico: el Congreso aprobó varias modificaciones que por primera vez reconocen expresamente los derechos humanos en la Constitución nacional. El nuevo texto exige a todas las autoridades que respeten los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es firmante en los puntos en que dichos tratados sean más amplios que las “garantías inpiduales” que actualmente contiene la legislación nacional. En la versión enmendada, el Artículo 1 de la Constitución reconoce los derechos humanos en general e incorpora legislación internacional. Esto significa que grupos como AIDA y comunidades de México disponen de mejores instrumentos legales para defender el derecho a un medio ambiente sano o al agua potable. También, por ejemplo, como el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado está reconocido en las leyes internacionales, México tendrá que reconocerlo y garantizarlo. Es más: aunque la Constitución mexicana ya reconocía algunos derechos, ha resultado difícil ponerlos en práctica. Esta enmienda habilita más instrumentos legales, lo que da nuevas esperanzas de que ahora se puedan proteger mejor. Estos cambios constitucionales se han producido tras un proceso de cuatro años que emprendió la Oficina de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México y en su preparación han intervenido miembros de la comunidad académica, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes. AIDA ha participado con la evaluación de los instrumentos legales existentes para la protección de los derechos humanos, así como de las responsabilidades legales a nivel internacional. En 2008, el Congreso mexicano comenzó a plantearse esta revisión constitucional vinculada a los derechos humanos que finalmente se aprobó en junio de 2011. Si bien es de aplaudir al Gobierno y Congreso mexicanos esta perspectiva, la efectividad de este cambio constitucional aún está por verse. El reconocimiento de los derechos humanos representa sólo el primer paso, ya que este nuevo compromiso servirá de poco si no se cumple. AIDA, en coordinación con nuestros aliados en este país, vigilará los casos nacionales con miras a garantizar que este avance profundo se aplique y que el derecho a un medio ambiente sano se garantice de mejor manera.
Leer más
Centro vacacional amenaza a manglares y humedales mexicanos
Un centro vacacional tres veces más grande que Cancún amenaza los frágiles ecosistemas de humedales costeros de México. Se trata del Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico (CIP) que el Gobierno mexicano está planeando construir cerca de Mazatlán, con el cual se espera atraer a 3 millones de visitantes el año 2025. Si el proyecto se ejecuta como está previsto, pondría en peligro a los humedales cercanos que salvaguardan el 10 por ciento de los manglares más importantes que le quedan a México y 60 especies en peligro de extinción. AIDA está comprometida con la protección de esos valiosísimos ecosistemas. Todavía hay esperanza para los manglares. En mayo de 2011, las autoridades mexicanas especificaron que la construcción y operación del CIP será por etapas, lo cual exige la culminación de los estudios y permisos ambientales. En junio de 2009, presentamos una petición a la Secretaría de la Convención de Ramsar (SRC), un tratado internacional para la conservación de los humedales. En ella, AIDA y cinco organizaciones ambientalistas hicieron un llamado a la SRC para que instara y respaldara al Gobierno mexicano en la realización de un estudio ambiental exhaustivo del CIP con apego a las leyes nacionales e internacionales. El CIP se ubicaría en los linderos de Marismas Nacionales y muy cerca de la Laguna Huizache-Caimanero, sitios clasificados como “humedales de importancia internacional”. Estos puntos vitales de biopersidad son hábitat de una gran variedad de flora y fauna que residen en los humedales como aves, peces, mamíferos, reptiles y plantas. Muchos de estos animales ya están amenazados o en peligro de extinción como es el caso del puma, el jaguar, la nutria de río, el jabalí o pecarí, el venado cola blanca, el cocodrilo americano, la boa constrictor y el lagarto enchaquirado. Para abastecer de agua y electricidad a los huéspedes del centro vacacional, el Gobierno mexicano propone la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Pedro. Esta presa reduciría significativamente el flujo de agua a los humedales, perjudicando a las poblaciones animales y vegetales, e interrumpiendo el movimiento y trayecto de la migración, tan críticos para la supervivencia de muchas especies. El gobierno también plantea desviar cantidades sustanciales de agua del río Presidio para el riego, algo que probablemente sería perjudicial para los humedales de la Laguna Huizache-Caimanero. Como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, los cuatro campos de golf y los extensos jardines que tendría el CIP albergarían una gran cantidad de plaguicidas y fertilizantes químicos. El escurrimiento tóxico de estas áreas contaminaría los humedales, sería un veneno en potencia para muchas especies de animales, y podría ocasionar el florecimiento de algas que crearían zonas muertas por la ausencia de oxígeno. La suma de todos estos impactos se traduciría en daños extensos a los manglares, ecosistemas que actúan como barreras de protección para costas ante los efectos de los temporales. Los ecosistemas de manglares también son fértiles viveros para la cría de peces y aves migratorias. Marismas Nacionales, por ejemplo, alberga a más de 100 especies de aves migratorias. Los manglares actúan además como sumideros de carbono de gran alcance que ayudan a amortiguar los efectos del cambio climático. Retienen constantemente el exceso de carbono en la atmósfera (son hasta 50 veces más eficientes que los bosques tropicales) y el sedimento que los nutre actúa como reserva de grandes cantidades de carbono. Por tanto, permitir que se destruyan manglares tiene un doble costo: perderíamos su capacidad para absorber el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera y reintroduciríamos el carbono que ya había sido retenido. La Misión Ramsar de Asesoramiento realizada en junio de 2010, derivada de la petición de AIDA, rindió su informe el 9 de agosto de ese año. En el documento, la comisión solicita al Gobierno mexicano la creación de comités de coordinación del sitio Ramsar Huizache Caimanero. Exhorta también a realizar una evaluación ambiental estratégica que determine el efecto acumulativo de la multiplicidad de megaproyectos; a tomar en cuenta los múltiples bienes y servicios ambientales de las áreas en cuestión; y a considerar la integralidad del sistema Huizache Caimanero-Marismas Nacionales. De igual manera, el informe recomienda la incorporación de las autoridades competentes para asuntos de agua, protección ambiental y pesca en el Comité Nacional de Humedales para fines de coordinación. La Misión señaló que los desarrollos turísticos masivos en los sitios Ramsar no deben llevarse a cabo, dada la importancia ambiental del área para el Estado mexicano y la comunidad internacional. Por ello recomendó la inscripción de Marismas Nacionales y Huizache Caimanero en el Registro de Montreux, el cual contiene los nombres de sitios Ramsar que están amenazados y que enfrentan posibles riesgos a su integridad ecosistémica. Este es un ejemplo importante de cómo la participación de la sociedad civil hace la diferencia para la conservación de los sitios Ramsar. AIDA tuvo un rol fundamental en la protección de los humedales mexicanos al presentar la petición para lla visita de Ramsar y fungió como vínculo entre gobierno y otros sectores. En seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, enviaremos una actualización de la autorización de impacto ambiental a la SCR e iniciaremos acciones legales para hacerlas valer. Estaremos pendientes de que las recomendaciones sean acatadas.
Leer más