Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia
El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos. Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".
Leer más
Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito
Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito. Bogotá, Colombia. El glifosato, herbicida usado para erradicar cultivos considerados ilícitos en Colombia, ha sido clasificado como sustancia probablemente cancerígena para las personas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con base en ello, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó al Ministerio de Justicia de ese país "suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG)". La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) respalda esa recomendación a fin de que se protejan los derechos a la salud y a un ambiente sano en Colombia, ambos ligados estrechamente al derecho a la vida. Instamos al gobierno a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales atendiendo las conclusiones a las que llegaron las máximas autoridades de salud para evitar mayores daños al ambiente y a las personas. Desde hace quince años, AIDA, junto con otras organizaciones, viene alertando sobre los graves impactos en la salud y el ambiente del glifosato y sobre la necesidad de aplicar el principio de precaución para suspender el programa de fumigaciones en Colombia. Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA: "Colombia, como ningún otro país, ha usado millones de litros de glifosato que no han logrado destruir los cultivos de coca y amapola, pero que sí han dañado irremediablemente la salud y el ambiente. Así que sin excusas o demoras, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe actuar responsablemente y suspender de inmediato el uso del glifosato en la erradicación de cultivos considerados de uso ilícito". Anna Cederstav, codirectora de AIDA y PhD en Química: "La evidencia científica sobre los impactos del glifosato en el ambiente y la salud es suficiente para respaldar una decisión de suspensión de la aspersión aérea del glifosato en Colombia".
Leer más
El Fondo Verde del Clima inicia el proceso de acreditación
2015 es el año de todo o nada: hundirse o nadar. El mes pasado, al inaugurar la novena reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, Hela Cheikhrouhou, directora ejecutiva del Fondo, habló de la urgencia que caracteriza al periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre en París. Describió este año como una de las últimas oportunidades de la humanidad para cambiar de rumbo y seguir un camino sostenible. A medida que nos acercamos a la firma de un nuevo acuerdo climático global, la eficacia del Fondo Verde del Clima adquiere una importancia particular. Contando al momento con 10.2 mil millones de dólares, el Fondo será el vehículo principal para financiar proyectos diseñados para ayudar a todas las sociedades —desarrolladas o en desarrollo— a enfrentar las causas y efectos de los cambios en el clima. En la reunión de marzo pasado, la Junta Directiva del Fondo acreditó a sus primeras instituciones intermediarias e implementadoras —a cargo de canalizar el dinero hacia los países en desarrollo—, y anunció sus planes de iniciar la asignación de esos recursos antes de fin de año. Estas acreditaciones, las que a su vez anuncian la inminente llegada de las primeras propuestas de proyectos, representan un hito importante en un proceso riguroso que comenzó hace casi cinco años con la creación del Fondo. "Esta pondrá a prueba la efectividad de la institución", dijo Andrea Rodríguez Osuna, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA, quien ha monitoreado el desarrollo del Fondo Verde Climático. "Cuando todo se reduce a esto, ése es el paso que importa". Las primeras siete instituciones acreditadas por la Junta representan un rango geográfico y temático amplio, y es probable que sean las primeras en presentar propuestas a financiar. Entre ellas están organizaciones de países que van de Senegal a Perú, especializadas en temas como protección costera, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible y mejoramiento de la vida de comunidades de bajos ingresos. Aunque las acreditaciones representan un avance hacia el cumplimiento de la misión del Fondo, existen decisiones organizacionales significativas que aún están en debate o que todavía no han sido abordadas. Uno de los temas que la Junta abordó el mes pasado fue el de las expectativas sobre el rol e impacto del Fondo a largo plazo, el cual les permitirá identificar prioridades de financiamiento, y el Marco Inicial de Inversión, en el que se delineará qué tipo de proyectos serán financiados y cómo se seleccionará y evaluará a los mismos. "Además de la acreditación, estos elementos son esenciales. Sin ellos el Fondo no puede avanzar hacia el futuro y tener discusiones más centradas y productivas", explicó Rodríguez. Los criterios y metodología para el Marco Inicial de Inversión del Fondo provocaron un debate acalorado entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros presionaron por puntos de referencia mínimos requeridos que permitan una medición de éxito más simple; mientras que los segundos presionaron por puntos de referencia cualitativos y sin requerimientos estrictos que aseguren de mejor forma un acceso más equitativo a los fondos. Finalmente se llegó a un acuerdo y se decidió usar puntos de referencia mínimos indicativos y no obligatorios que alienten la ambición y tomen en cuenta las necesidades de los países en desarrollo más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. El Secretariado presentará los parámetros propuestos para mayor desarrollo en aproximadamente un año, en la décimo tercera reunión de la Junta. En cuanto al rol e impacto esperados del Fondo, la Junta tomó una decisión inusualmente unánime: mantener en revisión el Marco Inicial de Inversión y adoptar las medidas necesarias sobre el criterio de las necesidades de los países receptores. Habiendo acordado que el documento presentado por el Secretariado carecía de información suficiente, la Junta le solicitó mayores datos científicos y técnicos antes de comenzar a delinear sus prioridades. Un elemento particularmente importante para el trabajo de AIDA estuvo notablemente ausente de la conversación debido a la falta de tiempo: el "Mejoramiento al Acceso Directo", el cual obligaría a la participación pública en ciertos proyectos. Se ser aprobado, este acceso directo aseguraría un involucramiento más equitativo de todos los actores que trabajan para combatir los efectos del clima cambiante. La siguiente reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático se realizará del 6 al 9 de julio en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. AIDA estará presente de nuevo para monitorear estos temas e informar sobre los avances importantes en momentos en los que el mundo se prepara para un nuevo acuerdo climático global, y la implementación del Fondo Verde del Clima está cada vez más cerca.
Leer más