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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Sobre la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC)
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. En febrero de 2012, los gobiernos de Bangladesh, Canadá, Ghana, México, Suecia y Estados Unidos, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se unieron para lanzar la Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir Contaminantes de Corta Vida (CCAC por sus siglas en inglés). Parte de los debates desarrollados en el marco de la COP19 abordaron el trabajo de esa iniciativa y la oportunidad que representa la reducción de ese tipo de agentes contaminantes para la lucha contra el cambio climático. La reducción de los Contaminantes Climáticos de Corta Vida (CCCV) mantiene abierta la puerta de los 2°C y, al ayudar a resolver el problema climático, tiene además efectos positivos en la producción de comida y en la salud de las personas. Con esas ideas, la representante del Ministerio de Ambiente de Alemania abrió el evento promovido por la CCAC en Varsovia. Helena Molin Valdés, directora de la Secretaría de la Coalición, mencionó que el campo de acción de la misma abarca temas como vehículos y maquinaria que funciona con diésel, manejo municipal de desperdicios, desarrollo de tecnologías limpias para la producción de ladrillos, promoción de tecnologías alternativas al uso de HFCs (hidrofluorocarbonos), programas para mejorar el uso de estufas domésticas, planes de acción nacional, y administración y manejo sustentable de cultivos agrícolas y de ganado, entre otros. A decir de Rachel Kyte, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, a esa entidad le preocupa mucho el impacto del carbono negro en actividades productivas relacionadas con la agricultura: un aspecto primordial para el desarrollo mundial. La reducción de CCCV, afirmó, es una oportunidad para muchos países de ganar tiempo y el reto del Banco Mundial es decidir en qué proyectos es prioritario invertir para mejorar el desarrollo de las comunidades locales y, a largo plazo, conseguir beneficios internacionales para el clima, el desarrollo social y la disponibilidad de alimentos. Por otro lado, Kyte instó a ver más allá de los mercados para el metano ya que, dijo, pueden desarrollarse plataformas y mecanismos con carbono negro y agricultura que mejorarían considerablemente la salud humana. Al respecto, Molin Valdés habló de la importancia de involucrar a los sectores a cargo de la salud pública para que comiencen a monitorear las repercusiones de la contaminación atmosférica, una de las principales causas de muerte en muchos casos, en la población de cada país. Respecto de las estrategias futuras de la CCAC, adelantó que en 2014 se discutirá acerca de sociedades de metano, gas natural y petróleo; se harán estudios sobre las posibilidades financieras del carbono negro; y, junto al Banco Mundial, se establecerá un mecanismo para facilitar un mercado para los CCCV. Nathaniel Keohane, del Fondo para la Defensa Ambiental, señaló que a la organización le preocupa la producción de metano proveniente de la producción de gas natural y petróleo, pues es la segunda fuente de emisiones de metano a nivel global después del sector agrícola. En el cierre del evento, la delegada de Nigeria, afirmó que para su país y las naciones en desarrollo, unirse a la CCAC es algo natural si lo que se ambiciona es el desarrollo sustentable. Para Nigeria, la contaminación atmosférica se traduce en miles de mujeres que mueren al año por usar leña para cocinar, y comunidades que pierden sus medios de supervivencia por la deforestación, añadió. Por ello, subrayó, la reducción de los CCCV no implica sólo eliminar un problema ambiental, sino también generar empleo y crecimiento económico. Beneficios para la agricultura, la salud y el clima En un evento organizado por Earthjustice, Molin Valdéz remarcó que la CCAC representa la necesidad de actuar en este momento para combatir el cambio climático y que fue gracias a los avances científicos que la Coalición surgió. Lo hizo para dar una rápida respuesta a la urgencia de reducir los CCCV, un objetivo que es mejor conseguirlo de forma colectiva, acotó. Diramid Campbell-Lendrum, de la OMS, informó que cerca de 3.3 millones de personas mueren al año en el mundo por contaminación atmosférica externa, y 3.5 millones por contaminación dentro del hogar, sobre todo la que proviene de estufas que funcionan con leña y producen carbono negro. La reducción de CCCV es también un problema de salud pública, remarcó. Es oportuno entonces atacarlo con programas para el uso eficiente del transporte público, generando áreas seguras para caminar y ciclovías, complementó. Los asistentes expresaron ideas persas sobre el tema: Canadá. Según el delegado de ese país, numerosas acciones nacionales y locales están en proceso de implementación en el marco de la CCAC. Entre ellas destacó regulaciones para el sector industrial y automotriz que usa combustibles fósiles, y la implementación de nuevos estándares de calidad para las emisiones industriales. Colombia. Rodrigo Suárez Castaño, director del Ministerio de Ambiente de Colombia, contó que la experiencia colombiana en la reducción de CCCV inició incluso antes de que el país se uniera a la Coalición, con temas de transporte público, algo prioritario en la agenda de salud nacional. Entre las acciones gubernamentales mencionó los estándares de emisión para la producción de ladrillos y la reconversión de infraestructura para los productores a gran escala. En materia de desechos sólidos, destacó que se redujo el número de tiraderos de basura y se aumentó el de vertederos para desechos finales, los cuales funcionan de forma sustentable. Adelantó que se aprovechará al apoyo en capacitación y consultoría de la CCAC para ejecutar proyectos de reciclaje con el sector privado, para el desarrollo y establecimiento de un inventario actualizado de HFCs, y para publicar el primer borrador del Plan Nacional de Acción para los CCCV. México. Su delegado se refirió a un plan a futuro para la reducción de emisiones en fuentes móviles y fijas que funcionan con diésel para generar beneficios en áreas urbanas con índices de contaminación atmosférica altos. La propuesta consiste en fijar estándares de calidad más altos y sustituir combustibles. A finales del 2013 habrá un Plan de Acción Nacional sobre los CCCV, adelantó. Suecia. El delegado cerró el evento invitando a los países a comprometerse y actuar ahora por un “crecimiento verde”, posible con acciones conjuntas de más ciudades y naciones que compartan errores, aciertos, técnicas, infraestructura y desarrollo.
Leer másGobierno de México debe rendir cuentas ante organismo internacional por la autorización de infraestructura turística en el Golfo de California
La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) pide que, hasta el 8 de enero de 2014, autoridades mexicanas respondan a la denuncia sobre incumplimiento de la legislación ambiental en los permisos otorgados a cuatro mega resorts. Distrito Federal, México. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) pide una explicación del Gobierno mexicano por la autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California. El organismo internacional, establecido bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tomó esa determinación tras la petición ciudadana presentada por organizaciones de México y Estados Unidos[i], quienes denunciaron la violación sistemática de la legislación ambiental mexicana en los permisos otorgados a cuatro mega resorts que ponen en riesgo ecosistemas frágiles: humedales, manglares y arrecifes de coral. La petición[ii] fue presentada a la CCA en abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales. En ella se presentan cuatro proyectos como ejemplo de la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México al avalar infraestructura turística masiva en el Golfo de California pese a que viola las normas sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. El Secretariado de la CCA dispuso que el Gobierno de México debe dar, hasta el 8 de enero de 2014, una respuesta sobre los permisos otorgados, abordando específicamente los siguientes aspectos: el uso de la mejor información disponible, la evaluación de impactos acumulativos y fragmentación de ecosistemas, la falta de inclusión de medidas precautorias y preventivas, y la omisión en el ejercicio de facultades para suspender obras. La CCA requirió también información acerca de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Convención Ramsar: un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como los que alberga el Golfo de California. “Es un gran avance en el derecho nacional e internacional pues se reconoce a esas disposiciones como parte de la implementación de las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México”, dijo Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. El Secretariado reconoció en particular las resoluciones adoptadas por las partes contratantes de la Convención Ramsar que establecen estándares de evaluación de impacto ambiental y protección de humedales. Reconoció además las recomendaciones de las Misiones de Ramsar que visitaron Marismas Nacionales y Cabo Pulmo, concluyendo que desarrollos turísticos de la magnitud planteada no eran apropiados por la vulnerabilidad de dichos ecosistemas[iii]. Por ello solicitó que México explique la omisión de realizar la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esas disposiciones. “La CCA solicitó la rendición de cuentas del Gobierno mexicano respecto al abuso de la discrecionalidad al considerar opiniones técnicas, tal es el caso de Playa Espíritu, proyecto que carecía de viabilidad ambiental según la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas)”, detalló Eduardo Nájera, director de COSTASALVAjE, una de las organizaciones peticionarias. “Es urgente que la nueva administración de la Semarnat no cometa los mismos errores que sus antecesores y realice una evaluación de impacto ambiental transparente y sin arbitrariedades, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan poner en peligro humedales de importancia prioritaria internacional como Marismas Nacionales, Cabo Pulmo y la Bahía de la Paz”, manifestó Carlos Eduardo Simental, director de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), también peticionaria. Finalmente, Carolina Herrera, especialista para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), señaló que espera que, una vez recibida la respuesta de México, “la CCA desarrolle una investigación detallada de los hechos para que presione a México a no relajar sus propias medidas de protección ambiental en favor de desarrollos costernos no sostenibles”. Consulte la determinación de la CCA. [ii] Para mayor información sobre el mecanismo de petición ciudadana consulte este enlace. [iii] Estas misiones son un mecanismo de asistencia técnica contenido en Ramsar cuyo principal objetivo es prestar asistencia a las Partes que tienen humedales que ameritan atención prioritaria debido al cambio de sus características ecológicas.
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Financiamiento verde: fuentes, preparación y el destino de la ayuda
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. El financiamiento destinado a combatir el cambio climático ha estado muy presente en los eventos paralelos a la COP19. Los aspectos discutidos en torno a ese tópico incluyen el origen de los recursos, la preparación previa a la movilización de los mismos, y el destino del apoyo financiero traducido en acciones que aporten de forma real a solucionar el problema. persificando las fuentes de financiamiento del Fondo Verde Climático (FVC) El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y la Climate Markets and Investment Association (CMIA) organizaron un evento para discutir sobre ese tema, así como acerca de los instrumentos necesarios para movilizar los fondos del FVC. Giles Dickson, vicepresidente de Política Ambiental y Promoción Mundial del conglomerado multinacional de energía y transporte Alstom, dijo que para que el sector privado participe con recursos económicos, deben crearse en el Fondo mecanismos de incentivos y marcos de inversión en forma de préstamos. Es importante romper con el mito de que el sector privado utilizará recursos públicos para su beneficio, pues su intención real es contribuir a los instrumentos financieros en los que el sector público tiene participación, destacó. Por su parte, Jeanne Ng, directora de Asuntos Ambientales de la compañía de electricidad CLP Group, con sede en Hong Kong, afirmó que el sector privado ya realiza proyectos de financiamiento para energías renovables sin el uso de recursos públicos. Por ello, añadió, es necesario que el Fondo tome en cuenta esos esfuerzos para integrarlos en sus objetivos y que los recursos públicos no vayan a proyectos que ya están siendo atendidos. Sobre las atribuciones que tendrían que incluir al sector privado en las inversiones del Fondo, Ng señaló que no es posible que el FVC comercialice productos bajos en el uso de carbón sin la ayuda de instituciones privadas. Para Vikram Widge, jefe de Finanzas y Política sobre Clima de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Fondo debe tener un rol participativo para capitalizar los recursos financieros y generar ganancias. Los instrumentos financieros deben garantizar la estabilidad de los recursos privados y el desarrollo de los países, puntualizó. Según Dickson, la participación del sector privado puede hacerse por tres vías: en proyectos a nivel local y municipal, mediante la promoción tecnológica, y a través de la elaboración de proyectos provenientes de empresas privadas. Ello sólo sucederá si los gobiernos llevan a cabo políticas económicas que garanticen resultados positivos, aclaró. Preparación de la ayuda Esta cuestión fue el centro de la discusión en otro evento paralelo, denominado Rolling up the sleeves for the Green Climate Fund: Expectations and experience from building GCF readiness, en el que representantes de diferentes países expresaron su parecer: Sudáfrica. Zaheer Fakir, principal asesor de políticas en el Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, señaló que hace falta un país líder para conducir los proyectos del Fondo, algunos de los cuales están diseñados para problemas ambientales específicos. Hay cosas que no pueden ser replicadas pues dependen de la capacidad institucional de cada país, remarcó. No se trata sólo de dar dinero a entidades nacionales, ya que existen problemas de lavado de dinero y acceso directo a los recursos financieros. Los recursos deben utilizarse para proyectos con un potencial de transformación y cuyo destino no debe de ser únicamente actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, complementó. Al respecto, Richard Calland, profesor asociado de derecho público en la Universidad de Cape Town, elaboró un estudio sobre la preparación de cada país. En él menciona tres requisitos indispensables: debe ser relativo, responsivo y razonable. Al identificar dificultades nacionales en temas de planeación, propuso que el Estado forme alianzas financieras con instituciones de investigación. No se trata de la capacidad de implementar los recursos financieros, sino de usar la máxima capacidad posible, explicó. Por último, en el tema de acceso a los recursos financieros, hizo un llamado a pensar en cuáles serán las modalidades, los estándares fiduciarios y las salvaguardas. Alemania. Norbert Gorben mencionó que se está considerando la posibilidad de participar y contribuir el próximo año al FVC con 14 mil millones de euros a través de esquemas bilaterales y de organizaciones multilaterales. Recordó que la Junta Directiva del Fondo debe pedir a la Secretaría que se tomen acciones de preparación para empezar a implementar programas y movilizar los recursos lo antes posible. Alemania quiere dar apoyo en las áreas que cada país requiera de forma específica, añadió Ina Von Frantzius, asesora sobre política y financiamiento climático del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo. Perú. Gabriel Quijandria, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, señaló que junto con el Ministerio de Finanzas se trabaja en un programa de modernización del Estado en el que se discute la creación y establecimiento de una entidad nacional encargada de implementar y administrar los fondos una vez que el FCV comience a operar. La preparación, agregó, no es un concepto fácil, sino un tema que involucra actitud. Para definirlo es necesario poner más atención a la perspectiva de las comunidades pobres, indicó. Como ejemplo citó a los agricultores que usan seguros internacionales contra los efectos de fenómenos climáticos como El Niño. El destino de los recursos El financiamiento de países del sur para también países del sur parece una tendencia creciente en el mundo en desarrollo. En su mayoría, los recursos provienen de los sectores privados de esos países y son destinados a proyectos relacionados con políticas públicas. El tema fue abordado en otro evento paralelo a la COP19 en Varsovia: Developing Countries in the Driving Seat for Accelerating Green Finance. Al respecto, Monique Barbut, jefe de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD por sus siglas en inglés), dijo que lo prioritario es saber a dónde va el dinero exactamente, ya que los recursos financieros para el clima provienen en un 60% de inversiones del sector privado, y gran parte de ese dinero va a proyectos de energía renovable, lo cual no es suficiente para combatir el cambio climático. Aproximadamente un 48% del flujo gubernamental se destina a proyectos de adaptación relacionados con el uso sustentable de la tierra, añadió. Sobre la importancia del destino de los recursos, aclaró que la misma depende de los beneficios sociales que se generen. Aquellos fondos relacionados con proyectos sustentables pueden significar menos migración, pobreza e inseguridad para las comunidades vulnerables, explicó. Zaheer Fakir, representante del Gobierno sudafricano, habló sobre liderazgo. En su criterio, a los países del sur les interesa mucho más actuar para combatir el cambio climático que a los países del norte, y es por ello que se muestran más abiertos a poner su dinero en el mercado. “No nos podemos sentar a esperar que un proceso multilateral se ponga de acuerdo”, ya que es ahora cuando los países sufren de pobreza extrema, desempleo, jóvenes sin educación y otros problemas que los hacen volver a casa y actuar en lugar de esperar. “¿Cómo se puede mejorar la vida de las personas en casa?”, preguntó Fakir. Se trata de “ser verde”, de involucrar a las comunidades, a los grupos indígenas y a todos los niveles de la sociedad en proyectos verdes, respondió. Más que la procedencia de los fondos, lo importante es si se invierte o no en tecnologías relevantes para la resolución de problemas climáticos en un país, aseveró Nick Beglinger, presidente de Swisscleantech, asociación empresarial de tecnología limpia con sede en Zurich. Los negocios pueden hacer dinero al mismo tiempo que ayudan al ambiente, subrayó. También dijo que es necesario empezar a innovar en las finanzas verdes. Propuso revisar el uso del dinero público de los fondos de pensiones para alcanzar metas comunes entre la sociedad y el gobierno, ya que los pensionistas son los inversores ideales para planes a largo plazo. En ese tema, agregó, no existes muchas diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados, por lo que las pisiones entre sur y norte deberían ser eliminadas con miras a que los fondos funcionen de forma eficiente sin importar su procedencia.
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