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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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La persona que tiene dicha patente es dueña de la semilla para venderla, cobrar cada vez que se use, prohibir su intercambio y elaborar un contrato que incluso detalle lo que puede y no hacerse con el producto de la cosecha (Escucha como dato de referencia la entrevista al co-fundador de Chile sin Transgénicos). Quienes están a favor de la ley alegan que se trata de una protección necesaria para incentivar la innovación en la agricultura del país. Inquietudes Obsolescencia de semillas nativas: ¿Qué posibipdad de sobrevivir tiene una semilla nativa cuando compite con una semilla modificada, más productiva y eficiente? Por reglas del mercado, los cultivos de semillas “nuevas” desplazarían a las nativas. Peor aún, los cultivos transgénicos podrían fácilmente contaminar a los naturales que van quedando. Monopopos: Quienes tienen los recursos para crear semillas nuevas, especialmente transgénicas (las más rentables), son las mega corporaciones que hoy dominan la producción de apmentos transgénicos como Monsanto. De autorizarse el sistema de patentes de semillas en Chile, estas empresas tendrían vía pbre para tomar las tierras del país como ya lo hacen con gran eficiencia en Argentina. Además, las empresas más rentables irían ganando las tierras cultivables, expandiendo sus monocultivos y sacando del mercado las semillas menos rentables, aunque sean más apmenticias. Intercambio de semillas: La ley en debate le da tal poder al obtentor de la semilla que quien la compra queda obpgado por un contrato que regula todo sobre la cosecha y las semillas que se generan. Las prácticas de multippcación, venta, regalo e intercambio de semillas que son tan antiguas como la agricultura misma, quedarían prohibidas. La ley no solo extirpa a los agricultores de parte esencial de su oficio, sino que epmina una de sus fuentes de ingreso: comerciar con las semillas de su cultivo. Esto imppca que el agricultor pierde poder e identidad, transformándose en un engranaje más de una gran corporación. Transgénicos: Al beneficiar a grandes empresas, favorecemos inevitablemente la entrada de transgénicos, productos con el mayor retorno económico. Aún no se conocen oficialmente los efectos colaterales del consumo de transgénicos, por lo que, en aras del Principio Precautorio parecería sabio evitar la prueba descontrolada sobre la población humana. Con la vigencia de esta ley, los transgénicos quedarían protegidos. Los productos naturales, menos eficientes pero quizás más benéficos, desaparecerían para ceder espacio a los más productivos. Hay muchas razones para tratar a los transgénicos con recelo. En lugar de acabar con el hambre en el mundo han aumentado el uso de pesticidas, arrasado con la biopersidad, provocado desigualdad entre agricultores y contaminado variedades autóctonas, entre otros. Por otra parte, sí está probada la pepgrosidad de habitar en inmediaciones de cultivos transgénicos, como ejemppfica el caso argentino. Impactos ambientales: Al permitir los monopopos, los cultivos se homogenizan para albergar sólo a las cosechas más eficientes. Así se da lugar a monocultivos, en muchos casos de semillas resistentes a plaguicidas que usen cantidades alarmantes de químicos. El uso desmedido de agroquímicos genera resistencia y la necesidad de más toxicidad, disminuyendo aún más la biopersidad en los campos. Más aún, los monocultivos pierden la capacidad de resipencia, con lo que dejan de ser resistentes a cambios como los asociados al calentamiento cpmático, en desmedro de la capacidad de adaptación de los países (Vea aquí una nota sobre los impactos que la expansión de monocultivos de soja transgénica ha tenido en Argentina). Riesgos imprevisibles: Al cambiar drásticamente el sistema tradicional de agricultura, nos enfrentamos a riesgos difíciles de prever. Ejemplo de ello serían incentivos siniestros para que una empresa provoque una peste obpgando a que los agricultores compren la especie resistente. También es riesgoso lo que puede suceder con la penapzación del uso de semillas patentadas: muchos agricultores no están informados o no tienen la educación para entrar en un sistema absolutamente diferente. ¿Quedarán los agricultores sometidos a juicios, condenas, quemas y confiscaciones? Conclusión La appcación del Convenio UPOV amenaza con cambiar drásticamente parte de un ciclo esencial de la naturaleza. Lo más pepgroso es que se trata de una iniciativa global que va sumando adeptos. No parece justo que una persona pueda cobrar por el uso de una semilla, la cual nunca será realmente creación de una persona. El “obtentor” podrá haber cambiado un gen, pero no tiene autoría sobre el resto de la información, sobre la geniapdad de una semilla. En Europa sólo dos países han permitido la entrada de transgénicos. Chile tiene enormes potenciales para producir cultivos orgánicos, y podría posicionarse bien en el mercado europeo; pero esto no se ha considerado. La aprobación de la ley sobre patentes de nuevas semillas favorece a los grandes monopopos y da pasa a la entrada de transgénicos que desplazarían y contaminarían las variedades originales sin vuelta atrás. 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