Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
‘Baja nivel’ de compromisos de Ramsar en la cumbre sobre humedales
Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Muy similar a las críticas a los resultados de la Cumbre de Río+20, los avances de la 11ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar realizada del 6 al 13 de julio de 2012 en Rumania son escasos y hay poco compromiso de las Partes Contratantes. Lo que más puedo destacar del evento es que quedó reconocido en el plan estratégico del trienio de la Convención, la importancia de la elaboración de un estudio sobre el caudal hidrológico de los humedales, especialmente el tema de volúmenes de agua. Es decir, ahora será de suma importancia revisar los volúmenes de agua de este ecosistema, el cual muchas veces puede aumentar o disminuir y por ello generar efectos colaterales en el medio ambiente. Además se inicia un proceso para que algunos humedales podrían quedar registrados como reservas de agua o “reservorios” y esa designación ayudaría a que no se pudieran instalar proyectos turísticos o represas. Durante la 11ª reunión de las Partes Contratantes de la Convención en Bucarest, la Conferencia tuvo como lema “Los Humedales: hogares y destinos turísticos”. La Convención de Humedales de Importancia Internacional Prioritaria, mejor conocida como la Convención Ramsar, se firmó en Irán en 1971 con el fin de que los Estados Partes implementen el uso racional de los humedales en su territorio. Este evento estuvo poco cubierto por los medios de México. Como asistentes mexicanos participaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del gobierno federal y el Programa de Agua del Fondo Mundial para la Conservación (WWF). Mucho ruido... AIDA asistió como organización no gubernamental observadora por lo que en este texto comparto a los lectores de Ambiente y Vos/z algunas reflexiones a título personal de estas negociaciones internacionales: Esta Conferencia de las Partes 11 (COP 11) confirmó el gran apoyo financiero que recibe del sector privado como cooperantes de la Convención, lo cual resulta preocupante por la posible mercantilización de los bienes comunes como lo son los humedales. También este financiamiento económico podría generar una tendencia de la Secretaría Ramsar a favorecer intereses empresariales más que a considerar la protección total de los humedales. Destacan también que ya se empieza a vincular el cambio climático con los humedales, pero aún con esos avances es necesario reformar la estructura de gobierno y financiamiento de la Convención para que pueda obtener los resultados esperados en pro del uso racional de los humedales. En la resolución sobre cambio climático y humedales, las Partes Contratantes evadieron la discusión del tema y delegaron la responsabilidad de enfrentar este tema al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco sobre Cambio Climático. Sobre energía y humedales, las Partes Contratantes solicitaron el reconocimiento de la importancia y fragilidad de los humedales pero no hubo un compromiso específico y serio. Uno de los momentos cruciales de la COP 11 fue la discusión respecto a la acogida institucional de la Convención Ramsar. Existía la posibilidad de alojarla en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o continuar con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El resultado fue que la Convención Ramsar continúa alojada en UICN pero se evidenciaron reglamentos y procedimientos establecidos poco transparentes, incluso se impidió la participación y opinión de Partes Contratantes y se impuso la toma de decisiones sin consenso. A pesar de que la Convención Ramsar cada vez es más conocida, el punto de su alojamiento cuestionó la credibilidad de la Convención y dejó ver su debilitamiento.
Leer másRepresa Belo Monte suspendida por tribunal de apelaciones de Brasil
El proyecto fue autorizado ilegalmente por el Congreso, sin consulta previa con las comunidades indígenas, comentó el juez. Altamira, Brasil. Una corte de alto nivel suspendió el lunes la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte en el río Xingú del Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no habían sido debidamente consultados antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno. Un grupo de jueces del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005, fue ilegal. La corte concluyó que el Congreso sólo puede autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas a los pueblos indígenas afectados, tal como lo establece la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil. El fallo indica que el Congreso brasileño deberá corregir el error mediante la realización de consultas con los indígenas del río Xingú en especial los de las comunidades Juruna, Arara y Xikrin, sobre los posibles impactos del proyecto. Sus opiniones deberán ser tomadas en cuenta en la decisión del Congreso sobre la autorización de Belo Monte. Paralelamente, al mismo tiempo, el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción de la represa. El consorcio Norte Energía SA, liderado por la empresa paraestatal de energía Eletrobras, enfrenta una multa diaria de R$500.000 (aproximadamente 250,000 dólares) ,si no cumple con la suspensión. Se espera que el consorcio del proyecto apele la decisión ante la Corte Suprema de Brasil. "La decisión del tribunal, pone de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno brasileño y el Congreso respeten la Constitución federal y los acuerdos internacionales, sobre la realización de consultas previas con los pueblos indígenas, cuando hay proyectos que pongan en riesgo sus territorios y medios de vida. Los derechos humanos y la protección del ambiente no pueden estar subordinados a los intereses empresariales” declaró el juez federal Souza Prudente, autor de la sentencia. "La reciente decisión del tribunal reivindica lo que los pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y el Ministerio Público de la Federación han demandado desde que se aprobó el proyecto. Esperamos que el Procurador General de la Presidenta Dilma y el juez principal del tribunal federal (TRF1) no traten de revertir esta decisión tan importante, como lo han hecho anteriormente en casos similares", expresó Brent Millikan de International Rivers, desde Brasilia. "Esta decisión refuerza la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2011, de suspender el proyecto debido a la falta de consulta con las comunidades indígenas. Esperamos que Norte Energía y el gobierno cumplan con la decisión de la corte y respeten los derechos de las comunidades indígenas", comentó Joelson Cavalcante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que da apoyo legal a las comunidades afectadas. El Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte, hace siete años, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA). Un estudio posterior – formulado y presentado por la empresa estatal de energía Eletrobras y tres de las compañías de construcción más grandes de Brasil (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Odebrecht) - fue ampliamente criticado por subestimar los posibles impactos socio-ambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa que además desviará el 80% del caudal natural del río Xingu. El EIA del proyecto fue aprobado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) en febrero de 2010, bajo una intensa presión política, a pesar de que el personal técnico de la agencia estaba en contra. Con la construcción de la represa desde junio de 2011, se ha comprobado que muchos de los impactos sociales y ambientales previstos, eran reales. Por tal razón, los pueblos indígenas afectados han aumentado sus formas de protestas. Durante la conferencia de las Naciones Unidas, Rio+20 en junio pasado, los líderes indígenas tomaron la zona de construcción de la represa durante 21 días para protestar por los crecientes impactos del proyecto y las promesas incumplidas por parte del consorcio del proyecto. Dos semanas más tarde, las comunidades indígenas detuvieron a tres ingenieros de Norte Energía en las tierras de la comunidad. Ambas protestas exigían la suspensión del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos de mitigación. El mes pasado, la Oficina del Fiscal Público Federal presentó una demanda solicitando la suspensión de la licencia de instalación de Belo Monte, dado el incumplimiento generalizado de las condiciones de las licencias ambientales del proyecto. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el largo proceso de consulta (conflictivo y complicado) con sus comunidades no tendrá resultados positivos en el veredicto sobre Belo Monte. Conflictos similares en torno a violaciones de los derechos indígenas por parte de los proyectos de represas están surgiendo en otras partes del Amazonas en Brasil. La semana pasada, en otra decisión histórica dirigida por el juez Souza Prudente, un grupo de jueces de la TRF1 ordenó la suspensión inmediata de una de las cinco grandes represas planeadas para el río Teles Pires (un tributario importante del río Tapajós), considerando para tal decisión, la falta de consulta previa e informada con los pueblos indígenas: Kayabi, Apiakás y Munduruku, que serían afectadas por el proyecto. De acuerdo con Souza Prudente, "la agresión contra los pueblos indígenas en el caso de la represa Teles Pires ha sido aún más violenta que la de Belo Monte. La decisión política de proceder a la construcción de cinco grandes represas en el río Teles Pires fue hecha por el Ministerio de Minas y Energía, sin un análisis efectivo de los impactos sobre los medios de vida y territorios de los pueblos indígenas. Los rápidos Sete Quedas en el río Teles Pires son considerados sagrados por los pueblos indígenas y son vitales para la reproducción de los peces, elemento básico de su dieta. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el inventario de cuencas, ni los estudios de impactos ambientales. Por otra parte, el gobierno y el Congreso simplemente ignoraron sus obligaciones para garantizar la consulta previa e informada con los pueblos indígenas, según lo determinado por la Constitución Federal y el Convenio 169”. Ayer por la tarde, el Presidente de la TRF1 anunció su intención de revocar la decisión de Souza Prudente y los demás jueces federales con respecto a la represa de Teles Pires. Esto marca así una creciente crisis en el sistema judicial de Brasil relacionado con los planes de construcción de represas en el Amazonas promovidos por la Presidenta Dilma Rousseff.
Leer másDespués de Río+20, a llenar el vaso medio vacío que dejaron
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes Casi dos meses después de Río+20 hay un gran número de anápsis de lo que tiene y lo que no tiene la Declaración. Después de todo, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? En este blog aportaré mi granito de arena en este anápsis. Una conclusión evidente es que la Declaración reconoce mucho y obpga poco a los Estados. De hecho, en los 283 párrafos del documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la palabra “reconocemos” aparece 181 veces, y “reafirmamos” y “destacamos” están 56 y 33 veces, respectivamente; para un total de 270 veces (95% de los párrafos) que contienen algunas de estas expresiones. En contraste, las palabras obpgación u obpgaciones están cinco veces y responsabipdad nueve (para el 5% faltante de la Declaración); siempre relacionadas con el contenido de tratados ambientales internacionales anteriores, más no con nuevos compromisos. Evidentemente no hace falta mucho anápsis para concluir que la Declaración en efecto reconoció muchos de los principios del derecho ambiental internacional contenidos en tratados anteriores, lo cual es bueno, pero no avanzó aspectos nuevos. Ante esta situación podemos criticar y quejarnos por la falta de voluntad política de los Estados. Por otra parte podemos también “reconocer”, que esta no fue ni la instancia ni la oportunidad para tener los avances necesarios, poner el ejemplo e implementar las acciones que el planeta y nosotros necesitamos. La decisión está en nuestras manos, ¿qué acciones en nuestra vida personal, famipar, empresarial, nacional y regional podemos implementar, que sumadas, podrían significar un gran avance? Aquí van algunas ideas de lo que podríamos hacer: Participar, participar y participar ante los persos espacios gubernamentales para exigir, y contribuir a, que los gobiernos logren los resultados que tanto necesitamos. Aunque no parezca, los ciudadanos tenemos una gran posibipdad de influir para que los gobiernos (e incluso las empresas) realmente tomen las decisiones que favorezcan a sus gobernados. Es evidente que en muchas situaciones esto no ocurre y la Declaración de Río+20 fue un ejemplo de ello, por lo cual se requiere continuar para pedir rendición de cuentas y asegurar que quienes nos representan realmente defiendan el interés púbpco. Es tanto nuestro derecho, como nuestra responsabipdad. Incorporar un compromiso voluntario a Río+20 respecto a acciones positivas para mejorar la protección ambiental mundial. En AIDA ya comenzamos, concretamente comprometiéndonos a trabajar juntos con nuestros colegas en la Red Latinoamericana de Contaminantes de Corta Duración, para promover un mayor control y disminución de contaminantes de cambio cpmático de corta duración como el carbono negro, que pueden ayudar contra el cambio cpmático y a mejorar la salud humana. Incorporar a tu vida momentos de concientización del planeta y de lo que puedes hacer para mejorarlo. Leer el artículo de Tania Paz pubpcado en este blog llamado acerca del derecho al agua y su experiencia de niña con el racionamiento de agua, me recordó de razonamientos de electricidad que viví en Bogotá. El título es: Agua para todos ¿En igual cantidad y capdad? En 1979 hubo algunos racionamientos de energía eléctrica luz y aunque evidentemente tuvo muchos impactos negativos, también fueron noches increíbles, cuando mi hermana bailaba cumbia a la luz de las velas, contábamos historias y jugábamos a las escondidas con nuestros papás. Esas noches sin luz nos obpgaban a ser creativos para no aburrirnos. ¿Qué tal si de vez en cuando asumiéramos que no hay electricidad, tenemos auto racionamientos y jugamos en la oscuridad? Sin duda esto no arreglará los problemas ambientales mundiales pero sí nos ayudarán a aumentar nuestra consciencia respecto a lo que tenemos que hacer, no dar por sentado todas las comodidades actuales y poder pensar creativamente acerca de soluciones de vida menos impactantes para el ambiente. Identificar tres aspectos en nuestro negocio, famipa y vida personal que más impacten al ambiente y hacer un plan de mejora. Después de hacer el plan, cumpprlo y contagiar a otros a que se unan. Hay mucho por hacer todavía. ¿Nos seguimos quejando del vaso medio vacío que nos dejaron los gobiernos, o actuamos decididamente para poner un buen ejemplo, mientras las obpgaciones y resultados que requerimos se materiapzan? Los invito a actuar, quizás no cambiemos el mundo, pero seguro cada paso ayudará y sumados, podemos hacer la diferencia. Ver Declaratoria en español El futuro que dueremos: Declaración de Rio+20
Leer más