Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
AIDA busca que instituciones financieras se unan a la lucha contra el cambio climático
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) tienen una influencia significativa en los proyectos de gran infraestructura y desarrollo energético en el hemisferio. Muchas de ellas financian proyectos que aceleran el cambio climático: grandes represas que emiten gas metano, minas que perturban sumideros de carbono, y plantas energéticas que usan de forma ineficiente y altamente contaminante tecnologías basadas en carbón y aceite. Ese financiamiento está, por ejemplo, detrás del enorme proyecto de la mina de oro “La Colosa” en Colombia, el cual podría afectar a páramos de gran altitud, liberando tremendas cantidades de dióxido de carbono retenidas gracias a esos ecosistemas El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo del Banco Mundial (GBM) y su institución miembro, la Corporación Financiera Internacional, llevaron a cabo un proceso de investigación para rediseñar sus estrategias de inversión energética. AIDA participó del mismo y presionó a estas IFIs para que priorizaran el desarrollo limpio y sostenible de las fuentes de energía. Les exhortó a: Considerar el cambio climático y los derechos humanos en cada etapa del proceso; Incorporar las normas más estrictas sobre derechos humanos, equidad social, eficiencia energética y planeación de recursos naturales en la toma de decisiones; Establecer objetivos agresivos pero alcanzables de reducción de las emisiones de dióxido de carbono permitidas para los proyectos con los que trabajan; y Priorizar la eficiencia energética y de las fuentes de energía renovables mientras se desalienta la continua fiabilidad en el uso de combustibles fósiles. Asimismo, AIDA participó en la consulta pública a la que llamó el BID para hacer comentarios a la actual política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Pese a que el MICI no es perfecto, es el único sistema de quejas disponible para las personas perjudicadas por las actividades financiadas por la institución. AIDA, junto con otras organizaciones de la región, enviaron una carta con dichos comentarios, lo que significó una gran oportunidad para aumentar la transparencia, rendición de cuentas y eficacia del mecanismo. A la par del BID y las instituciones que son parte del GBM, está el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) que, aunque no es oficialmente una IFI, se comporta como tal y ejerce una enorme influencia en la región. La entidad se ha consolidado con una fuerza financiera que le ha permitido salir de su país y participar en grandes proyectos de inversión en más de 11 países de América Latina. Lo preocupante es que el BNDES no cuenta con salvaguardas socioambientales y políticas de transparencia y participación acordes a su tamaño e influencia, sino que se rige por estándares mucho más bajos que las IFIs que actúan en la zona. No tiene mecanismos que aseguren la protección del ambiente y de las comunidades afectadas por los proyectos que financia, ni un sistema efectivo para atender quejas o reclamos. De hecho, los proyectos apoyados por el BNDES han estado llamando la atención de ambientalistas y defensores de derechos humanos en la región desde hace años. Por ello hemos enfocado parte de nuestro trabajo en influir en esta entidad y lograr en ella la pronta implementación de políticas socioambientales adecuadas. Lo interesante y esperanzador es que no estamos solos en esta tarea. En noviembre de 2012, creamos una coalición llamada “BNDES na Mira”, que reúne a más de 90 personas de más de 25 organizaciones de la región. El grupo es el reflejo de la necesidad que existe de trabajar unidos para lograr resultados ambiciosos, pero necesarios. Al mismo tiempo y como parte de una capacitación constante a nuestro equipo y al grupo en general, estamos elaborando un documento que explicará los mecanismos internos del BNDES y permitirá entender su proceso de toma de decisiones y los puntos de presión, así como generar los posibles contactos que nos ayuden a incidir dentro y fuera del Banco. Finalmente, y para combatir la falta de reconocimiento de que el BNDES es una IFI y que por tanto debe cumplir con las responsabilidades que ello implica, AIDA está trabajando en un tercer documento que desarrollará ese argumento y ofrecerá una comparación entre las políticas de salvaguardas y transparencia del BNDES y las de otras IFIs que operan en la región, como el Banco Mundial y el BID. Además, como parte del grupo, participamos de diversos talleres y seminarios para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto, el intercambio de información, la elaboración de estrategias comunes para el futuro y un posible canal de comunicación a largo plazo con representantes del Banco. Al mover enormes cantidades de dinero para proyectos y programas en el continente, la influencia que podemos ejercer a través de las IFIs y el BNDES puede derivar en importantes reducciones de las emisiones que causan el cambio climático. Estas instituciones tienen la posibilidad de optar por nuevas herramientas para reorientar su camino hacia un desarrollo verdaderamente sostenible, y así ayudar a proteger nuestra salud y el ambiente del cambio climático. AIDA continuará examinando e incidiendo en las IFIs y en el BNDES, como una IFI más, de manera constante y en especial durante sus procesos de reformulación de políticas internas.
Leer másCEMDA y AIDA presentan escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra México
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 14 de septiembre de 2010 Contactos: Juan Carlos Arjona Estévez, CEMDA (México) +52-55-5286-332, [email protected], Skype: juancarlosarjonaestevez Jacob Kopas, AIDA (Bogotá) +57-1-338-1277, [email protected], Skype: jacobkopas CEMDA y AIDA presentan escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra México Ciudad de México, México – El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron un escrito en calidad de "amigo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra los Estados Unidos Mexicanos el 10 de septiembre de 2010. Las dos organizaciones contribuyeron con información sobre la importancia de la labor de defensores ambientales, como son los señores Cabrera y Montiel, para la protección de los derechos humanos y el patrón de ataques contra defensores en México. "En México, todavía es sumamente difícil proteger el derecho a un medio ambiente sano en virtud de la inexistencia, o en su caso, ineficacia de los mecanismos judiciales creados para tal efecto", enfatizó Juan Carlos Arjona Estévez, Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Ambiente del CEMDA. "Por lo que es aún más preocupante las agresiones que sufren quienes defienden este derecho, pues afecta los derechos de todas las personas que habitan en México." En 1998, los señores Teodoro y Rodolfo fundaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) con el fin de proteger los bosques en el Estado de Guerrero de la tala ilegal e inmoderada. Un año más tarde fueron víctimas de una detención arbitraria y de tortura a causa de su labor como defensores ambientales. A pesar de ser liberados en 2001, siguieron en situación de riesgo, por lo que tuvieron que salir de su comunidad. A nueve años de su liberación, acudieron a la Corte IDH para que se escucharan sus reclamos contra las autoridades mexicanas que no han hecho nada por repararles el daño que les causaron y garantizarles su seguridad. La ineficacia de recursos judiciales para proteger al medio ambiente y hacer frente al deterioro ambiental en México, llevó a estos dos campesinos a fundar su organización. Sin embargo, las agresiones y amenazas sufridas por ellos, y posteriormente por otras personas defensoras ambientales en todo el país, sin que existiesen acciones de la autoridad para protegerlas, han causado un temor generalizado que inhibe la defensa de este derecho humano. Por esta razón, los dos limitaron su trabajo como defensores ambientales y redujeron las acciones de la OCESP. Jacob Kopas, abogado con AIDA expresó: "Este caso es emblemático para la región, y resalta la necesidad que los Estados reconozcan el valor y la importancia de la labor de las personas defensores ambientales, asegurando una protección adecuada para sus derechos". "Con este escrito, CEMDA y AIDA buscamos contribuir a la protección del derecho a un medio ambiente sano en México y proteger las personas que defienden a este derecho humano", dijo Samantha Namnum, directora de la oficina de CEMDA en el Distrito Federal. "Es por ello, que solicitamos a la Corte IDH que reconozca la importante labor de las personas defensoras ambientales y declare que el Estado Mexicano violó también el derecho de asociación de Rodolfo y Teodoro, derivado de la detención arbitraria y torturas que fueron víctimas, así como de la impunidad por estos hechos".
Leer másMisión Internacional Visita México por Amenazas a Manglares de Nayarit y Sinaloa
PARA PUBLICACION INMEDIATA CEMDA y AIDA Contacto Sofía Cortina, (52-612) 165-509, [email protected] México - La Secretaría de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) anunció la visita de una misión técnica internacional a México, del 21 al 25 de junio. El objetivo de dicha misión es estudiar los potenciales impactos ambientales que dos proyectos promovidos por el gobierno mexicano podrían causar en los humedales de Marismas Nacionales (sitio Ramsar 732) y Laguna Huizache Caimanero (sitio Ramsar 1689), ubicados en los estados de Nayarit y Sinaloa, respectivamente. El 16 de junio de 2009 la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), con apoyo de Greenpeace México, COSTA SALVAjE, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (CONSELVA) y la Red Manglar Internacional; solicitaron la intervención de la Secretaría de la Convención de Ramsar ante los riesgos que sufren dichos humedales. El gobierno mexicano planea la construcción de un desarrollo turístico conocido como Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) y el proyecto de la hidroeléctrica de las Cruces en el Río Baluarte cuyos potenciales graves impactos afectarían seriamente a los humedales de importancia internacional. Los humedales son fundamentales por los servicios ambientales que prestan, como son ser guarderías de las pesquerías, protectores de biodiversidad y la línea costera contra la erosión del oleaje y los huracanes, captores de dióxido de carbono, entre otros. “Esta visita sin precedentes, ya que es la primera vez que se realiza por la solicitud de organizaciones no gubernamentales, es una esperanza para la sociedad civil, para que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y escuche nuestras demandas de observancia legal, respeto a las comunidades locales así como a la protección de la biodiversidad de la zona. Si se toman en cuenta los criterios emitidos por la Convención en materia de evaluación de impacto ambiental, que hasta ahora han sido ignorados por los promoventes de los proyectos, se podrá garantizar en cierta medida su sostenibilidad”, manifestó Pablo Uribe, Director de CEMDA Noroeste. La agenda de la Misión comprende reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal, organizaciones no gubernamentales, académicos y pescadores de las zonas con el fin de recabar toda la información pertinente para hacer las recomendaciones al gobierno federal para promover el uso racional de los humedales en comento, entendiendo como uso racional “el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible”(1). “El gobierno mexicano está obligado a hacer una planificación del uso del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de gestión, educación al público y estrategias de políticas públicas, herramientas que deben desarrollarse antes de autorizar este tipo de megaproyectos”, afirmó Sofía Cortina asesora legal de AIDA. “Las recomendaciones de la Misión al gobierno mexicano deben encaminarse a que los sitios no pierdan sus características ecosistémicas y puedan continuar enlistados como sitios de dicha Convención”, aseveró Sandra Guido, Directora Ejecutiva de CONSELVA. “Las consecuencias de no tomar las consideraciones de la Misión no sólo tendrán efectos ambientales negativos irreversibles, sino que en la esfera internacional serán reclasificados como humedales costeros en condiciones graves de deterioro”, sentenció Alejandro Olivera de Greenpeace. Además no hay que olvidar que en el Programa Especial de Cambio Climático, presentado por el gobierno mexicano, se plantean entre otras metas el registrar el 50% de la superficie de manglares como sitio Ramsar y restaurar y/o reforestar 10,000 ha de manglar (2), objetivos que se verán claramente impactados por la desarticulación de políticas.
Leer más