El 2 de diciembre pasado, inició en Madrid la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una reunión vital para el planeta en la que debería aumentarse la ambición y compromisos entre tres y cinco veces más que los actuales si queremos preservar la vida como la conocemos hoy. Al momento hay más anuncios que acciones, por lo cual quiero compartir seis medidas que podrían ayudar a que avancemos hacia los resultados que el planeta necesita.
El panorama no es alentador, por ello la urgencia del cambio. Cada día se evidencian mayores daños por la crisis climática, en especial para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Según el informe de la Brecha de Emisiones de Naciones Unidas, éstas siguen subiendo y las acciones en curso no son suficientes para alcanzar las reducciones necesarias. Y en un evidente debilitamiento político y financiero, países que antes lideraron acciones climáticas hoy se retiran o se niegan cumplir los acuerdos.
A esto se suman las protestas sociales, especialmente en América Latina. Gobiernos de Ecuador, Chile y Colombia declararon toques de queda en las últimas semanas para atender la grave situación en sus países, al punto que la COP25 fue movida de Santiago de Chile a Madrid. En algunas situaciones hubo abuso de la fuerza, causando varias personas muertas y cientos de otras heridas. Esto evidencia la urgencia de atender el llamado social, ver y hacernos cargo de la desigualdad, de construir soluciones y países donde quepamos todas las personas.
Por ello una cosa es clara: vamos mal y hay que componer el rumbo. Necesitamos cambios profundos tanto en los sistemas de energía, transporte y alimentación como en los procesos de negociación, toma de decisión e implementación de las acciones climáticas. Esto es esencial para alcanzar lo antes posible al pico máximo de emisiones globales, reducirlas a la mitad para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050.
Indudablemente se están haciendo esfuerzos importantes con inversiones billonarias por parte de gobiernos, empresas, organizaciones y personas. Pero no es suficiente. Es esencial hacer un alto y evaluar qué está sirviendo y qué no, qué debemos seguir haciendo y qué deberíamos hacer diferente.
Estas seis medidas podrían ayudar para que las acciones climáticas sean efectivas y contribuyan a lograr justicia climática:
Aunque ha sido una petición de movimientos sociales, indígenas, campesinos y de organizaciones por décadas, hasta el momento no se cristaliza. Responder a este llamado es vital para aumentar la ambición y la responsabilidad que tanto se requieren. Si bien los Acuerdos de Cancún y de París se refieren a la importancia de respetar los derechos humanos, su implementación no ha incluido realmente esta perspectiva. Ello a pesar de que los organismos de derechos humanos han recordado a los Estados que es su obligación hacerlo, y a que científicas y científicos del IPCC resaltaran la importancia de abordar la desigualdad social y de incluir el conocimiento de las comunidades indígenas como elemento fundamental para resolver la crisis climática.
Los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, las y los jóvenes, son de los grupos más afectados por la crisis climática. Además, las comunidades locales han protegido millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales, esenciales para la resiliencia climática. A pesar de ello, aún son muy reducidos los espacios de participación para estos actores y casi nulos los de decisión, en las COP y en otras instancias. Asegurar que las discusiones y decisiones sean realmente diversas es un paso esencial para incrementar la ambición y la efectividad climática. Las comunidades deben considerarse sujetos de derechos, no simplemente objetos de proyectos y acciones de protección.
Vivimos en medio de una inmensa desigualdad, donde la riqueza, la propiedad y los privilegios son de unos pocos, mientras las mayorías asumen los impactos negativos. La crisis climática es en parte resultado de ello. Aunque América Latina es la región más desigual del planeta, la desigualdad está subestimada, de acuerdo con la CEPAL. Por ello la distribución de recursos económicos y humanos debe atender esta realidad, asegurando que el Sur Global acceda verdaderamente a las oportunidades para participar en igualdad de condiciones hacia una verdadera justicia climática. Ello aumentaría la posibilidad de encontrar soluciones alternativas y replicar las ya en curso.
Quienes están causando la crisis climática deberían responder por ésta en lugar de continuar gastando millones de dólares en su negación y en atacar a quienes buscan la rendición de cuentas y la justicia climática. Este es uno de los grandes obstáculos para avanzar y, por lo mismo, es tiempo de nombrar a los responsables y exigirles hacerse cargo, reparar el daño, en lugar de aceptar más paños de agua tibia y acciones voluntarias ineficaces.
Con esto me refiero a la necesidad de rescatar una perspectiva de colaboración, de dialogar en serio para llegar a consensos, asumiendo responsabilidades por encima de las diferencias y de la competencia. Incluyamos una perspectiva que priorice el cuidado de la Tierra, de la naturaleza y de las personas. Dejemos de poner por encima los intereses económicos y la visión de corto plazo. Enfoquemos nuestros esfuerzos en acordar cómo sí podemos alcanzar la justicia climática, saliendo de la negación y de las excusas sobre por qué no se puede.
Hasta el momento la mayoría de las evaluaciones económicas se ha centrado en calcular el costo de la transición a una economía de cero emisiones. Si bien hay cálculos de lo que implica no implementar la transición, éstos no son integrales, ignorando impactos sociales, ambientales y culturales. Esto es particularmente importante para regiones como América Latina, que además de sufrir pérdidas humanas y culturales, están perdiendo su riqueza natural sin siquiera conocer lo que implica. En todo caso, las y los científicos concluyen que los cambios serán más costosos entre más tiempo demoren.
Esta COP25 podría ser una gran oportunidad para incorporar las anteriores y otras medidas frente a la emergencia climática. A estas alturas, insistir en lo mismo, solo cambiando de ciudad europea como sede, es un sinsentido que traerá más frustraciones y fracasos. No hacerlo será condenar a millones de personas más en el mundo a que sufran las consecuencias de la crisis climática y de soluciones inadecuadas que afectan sus derechos.
La realidad es indiscutible, lo que hace impostergable poner el rostro humano a las soluciones, incluyendo los derechos humanos como eje transversal de las acciones climáticas.
Si no lo hacemos, las acciones resultantes de la Conferencia de las Partes y de otras se parecerá al emperador del cuento de los Hermanos Grimm. Saldrán al desfile desnudas, luciendo con orgullo un costoso traje hecho con la ambición climática, insuficiente para lo que el planeta necesita.
En lugar de ello, podemos cubrir la acción climática con el traje de la justicia climática, uno visible, uno que debemos tejer en conjunto.
Si no se hace, seguirá habiendo niñas y muchas personas más gritando que el emperador está desnudo. El problema es que ya no tendremos mucho tiempo más para remediarlo.
Astrid Puentes Riaño fue una de las dos Codirectoras Ejecutivas de AIDA (2003-2021) y responsable de los esfuerzos legales y del manejo de la organización. Astrid es colombiana y cuenta con amplia experiencia vinculando la protección ambiental, los derechos humanos y el cambio climático, impulsando justicia climática como eje central. Por más de veinte años ha trabajado en litigio en interés público, especialmente con respecto a la relación entre derechos humanos, ambiente y cambio climático. Ella tiene un LL.M. (Maestría en Derecho) en Derecho Comparado de la Universidad de Florida, una Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, y obtuvo su grado como abogada de la Universidad de los Andes, Colombia. Astrid también ha impartido clases y seminarios en derechos humanos, ambiente y cambio climático en varias instituciones incluyendo American University en Washington, Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
