Siendo parte de una de las clases de animales más diversos y antiguos, los tiburones habitan el planeta desde hace más de 400 millones de años. Son considerados los máximos depredadores del océano por estar en la cima de la cadena alimenticia.
En esta posición, juegan un rol fundamental en el ecosistema marino: controlar las poblaciones de peces, mamíferos marinos y de algunos invertebrados.
Pero su contribución ha sido opacada por una mala publicidad. Los tiburones han sido estigmatizados como animales temibles y monstruosos que están listos para atacar y despedazar a los humanos con sus filosos dientes. Este estigma se hizo viral tras el estreno en 1975 de icónica película Jaws (“Tiburón”) de Steven Spielberg.
Científicos expertos aseguran que este tipo de cintas inspiró decenas de torneos donde se pescaba tiburones sin remordimiento. La pesca indiscriminada ha diezmado la mayoría de las especies de tiburón. Según un informe de la revista Marine Policy, más de 100 millones de tiburones mueren cada año. Y, de acuerdo con la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN), el 17 de las 39 especies de tiburón pelágico están en riesgo de extinción.
De las 400 especies que existen actualmente a nivel mundial, Colombia alberga a 76, distribuidas en 18 familias que habitan el mar Caribe (57) y el océano Pacífico (36). Estas cifras posicionan a Colombia como el tercer país con mayor diversidad en tiburones en Latinoamérica, después de México y Brasil.
Pero muchas de estas especies están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción en la Lista Roja de Peces Marinos.
Aunque la pesca industrial de tiburones está prohibida y la pesca artesanal —realizada por comunidades locales en ambas costas del país— es controlada por el gobierno, la regulación actual presenta deficiencias por lo que no contribuye adecuadamente a la preservación de estos animales en Colombia.
Desde 1990, la pesca artesanal de tiburones ha sido regulada cada año mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La norma establecida para este año, la Resolución 350 publicada el 25 de octubre de 2019, fue rechazada por grupos ambientalistas y civiles del país.
Una de las principales razones del rechazo es que la resolución mantiene las altas cuotas de pesca (cantidad de toneladas permitidas), que datan del 2011 y que incluyen a especies en peligro o vulnerables. Establecer cuotas de pesca sin respaldo de evidencia científica sobre el estado actual de las poblaciones de tiburón incita a la sobrepesca y no contribuye a la conservación de estos animales.
Los tiburones tienen períodos de gestación largos y pocas crías, lo que hace difícil que sus poblaciones se recuperen ante la sobreexplotación.
Además, la Resolución 350 establece una cuota específica para las aletas de tiburón pese a que la Resolución 1743 de 2017 prohíbe la práctica del aleteo en Colombia. De este modo, la norma puede ser interpretada de manera errónea y ocasionar el aumento del mercado ilegal de aletas de tiburón. Además de ilegal, el aleteo es una práctica cruel que consiste en cortar las aletas del animal y luego descartarlo al océano aún con vida. Por tanto, para cumplir con la cuota de aletas sin recurrir al aleteo, sería necesario pescar aproximadamente 110 mil tiburones.
Aunque en el país no se consumen, las aletas son altamente cotizadas en el mercado internacional, especialmente en países asiáticos. Según datos de la Fundación Mar Viva, solamente entre 2012 y 2016, más de 800 toneladas de aletas de tiburón fueron exportadas ilegalmente desde Colombia hacia Taiwán, China y Hong Kong. Expertos de la Fundación Malpelo enfatizan que, bajo el argumento de la pesca incidental, los pescadores pueden comercializar tiburones en el mercado asiático sin tener que infringir ninguna ley.
Colombia tiene muchas obligaciones internacionales para conservar su biodiversidad, de la que los tiburones son parte. Entre ellas están las adquiridas bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe.
El país cuenta además con un Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, que resalta la responsabilidad de llevar a cabo un manejo sostenible de sus recursos marinos, priorizando el manejo adecuado y la conservación de las diferentes especies. El gobierno debe actuar en consecuencia.
Gracias a una acción popular reciente, la Resolución 350 será modificada para eliminar el término “aleta” y evitar así su aprovechamiento. Sin embargo, esa norma tiene otras lagunas y debilidades que deben ser subsanadas.
Es fundamental que la elaboración de este tipo de normas tome en cuenta estudios y datos científicos que permitan transitar del modelo de pesca actual hacia uno sostenible. Y, ante la falta de información científica, es importante priorizar acciones basadas en el Principio de Precaución o Prevención para evitar daños irreversibles a ecosistemas y especies.
La protección efectiva de los tiburones en Colombia requiere más que medidas legales. También es necesario educar a la población sobre la importancia de mantener protegidas las poblaciones de tiburones para la salud del ecosistema marino, así como educar a las comunidades locales sobre artes de pesca y medidas efectivas de ordenamiento pesquero.
María Paula Conrado Martínez es colombiana y científica del Programa de Ecosistemas de AIDA. Es bióloga por la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Durante sus estudios, realizó propuestas de proyectos de conservación marina en el Pacífico colombiano, involucrando a comunidades locales. En AIDA, María Paula contribuye a esfuerzos de conservación de la biodiversidad y el manejo adecuado de los recursos naturales.
