Project
Foto: Manuel VictoriaEl arrecife veracruzano: El más grande del Golfo de México
En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cadena montañosa submarina que se extiende por kilómetros entre seis islas. Cientos de especies de peces de colores, pastos marinos, erizos y estrellas de mar, comparten los arrecifes con otras formas de vida. La pesca, el buceo deportivo y el turismo de playa prosperan a lo largo de la costa. Se trata del magnífico arrecife veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo.
En 1992, el gobierno de México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano. En 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado para la protección de humedales, incluidos los arrecifes.
Pese a la relevancia reconocida del arrecife, en 2013, el gobierno redujo el tamaño del Área Natural Protegida y aprobó un proyecto de ampliación portuaria. Comunidades locales y organizaciones impugnaron los permisos ambientales del proyecto demandando la protección del derecho a un ambiente sano.
El 9 de febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió de manera unánime que las autoridades violaron el derecho a un ambiente sano de residentes de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria con base en una evaluación de impacto ambiental fragmentada. Esto implica que los permisos para el proyecto quedan inexistentes y que se de estudiar nuevamente los impactos del proyecto a la salud de los arrecifes, esta vez de manera integral, e incluso la viabilidad de la obra.
El fallo es un precedente es histórico no sólo en México, sino para toda la región, al permitir el acceso a la justicia ambiental de las personas vecinas de un ecosistema afectado por un proyecto.
Partners:
Proyectos relacionados
Últimas Noticias
Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz
Informe de la misión civil realizada del 2 al 4 de mayo de 2026 Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y expertos académicos, actúan en defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano y de las comunidades afectadas por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. El presente informe documenta los principales hallazgos de la misión civil realizada en Veracruz entre el 1 y el 4 de mayo de 2026, enfocada en analizar las afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales asociadas a la ampliación del puerto de Veracruz. El análisis se desarrolló desde un enfoque de derechos humanos, gobernanza ambiental y participación ciudadana, articulando evidencia técnica, conocimiento comunitario y observación territorial directa.A la luz de los estándares del derecho humano a un ambiente sano, persiste el incumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con la prevención de impactos significativos, la precaución de daños graves e irreversibles, omisiones en la evaluación integral de impactos acumulativos y sinérgicos, falta de un enfoque de cuenca y desconocimiento de estándares internacionales en materia de derechos de acceso a la información, participación pública y transparencia. Estas condiciones implican resistencia y repetición de las causas que dieron lugar a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 54/2021.La misión identificó un patrón de transformación acelerada del litoral veracruzano caracterizado por la alteración de ecosistemas costeros, el deterioro de medios de vida tradicionales y el incremento de condiciones de vulnerabilidad social y ambiental para las comunidades costeras. Entre las principales afectaciones destacan la erosión costera, la pérdida de playas, la degradación de arrecifes y humedales, la alteración de dinámicas hidrológicas y sedimentarias, así como impactos derivados de la extracción de materiales pétreos utilizados para las obras de infraestructura portuaria.El informe concluye que estas transformaciones no constituyen impactos aislados, sino parte de un proceso territorial más amplio que ha modificado profundamente la relación histórica entre las comunidades y el entorno costero. Las afectaciones documentadas comprometen no solo el equilibrio ecológico de la región, sino también la permanencia de formas de vida, prácticas culturales y actividades económicas tradicionales vinculadas al mar. El informe advierte que las evaluaciones oficiales omitieron analizar de manera integral los impactos acumulativos del proyecto, especialmente aquellos relacionados con la extracción de materiales pétreos, la alteración de cuencas hidrológicas y los riesgos sobre el Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz, sitio reconocido de importancia internacional bajo la Convención sobre los Humedales. Uno de los hallazgos centrales se relaciona con la crisis de los medios de vida comunitarios. La pesca artesanal, históricamente fundamental para la economía y la identidad cultural de las comunidades costeras, enfrenta un deterioro progresivo derivado del aumento en tráfico marino, la disminución de especies, la pérdida de zonas de pesca y la alteración de ecosistemas marinos. Las comunidades describen una creciente precarización económica acompañada de procesos de desposesión territorial y dependencia de empleos temporales vinculados al mismo modelo industrial que deteriora el entorno ambiental.Se verificaron afectaciones graves sobre viviendas e infraestructura comunitaria. En localidades como Las Barrancas, la erosión costera y el avance del mar han provocado pérdida de playas, destrucción de viviendas y reducción del espacio habitable, generando condiciones permanentes de incertidumbre y riesgo para las familias. Asimismo, las actividades extractivas asociadas al crecimiento portuario han ocasionado daños estructurales a viviendas, deterioro de caminos y pérdida de condiciones adecuadas de habitabilidad en distintas comunidades.Otro aspecto relevante es el incremento de riesgos para la vida y la seguridad comunitaria. La degradación de arrecifes, humedales y lagunas ha debilitado las barreras naturales de protección frente a inundaciones, oleaje y fenómenos meteorológicos extremos. Las comunidades enfrentan un escenario de vulnerabilidad acumulativa donde convergen diferentes factores como: deterioro ambiental, fragilidad territorial y percepción de abandono institucional.El informe destaca además impactos significativos sobre la identidad cultural y los derechos culturales de las comunidades costeras. La transformación del litoral y la pérdida de espacios públicos costeros afectan prácticas tradicionales, formas de convivencia, conocimientos comunitarios y relaciones históricas con el mar. La pesca artesanal, las playas y los espacios de encuentro comunitario constituyen elementos centrales de la identidad veracruzana que actualmente se encuentran amenazados por la expansión portuaria e industrial.Finalmente, el documento concluye que las afectaciones observadas reflejan una disputa territorial más amplia sobre el modelo de desarrollo implementado en el litoral veracruzano. Mientras el crecimiento portuario es promovido como estrategia de desarrollo económico nacional, las comunidades costeras enfrentan localmente los costos sociales, ambientales y culturales de dicho proceso.La misión civil advierte la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de participación pública efectiva, garantizar evaluaciones ambientales holísticas e integrales con enfoque territorial y adoptar medidas orientadas a proteger los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado y cuidado el litoral veracruzano. Lee y descarga el informe
Leer más
Misión civil sobre el Arrecife Veracruzano identifica riesgos ambientales y retos en el cumplimiento del fallo de la Suprema Corte
Veracruz, México. En el contexto del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), una misión internacional de la Convención Ramsar visitó tierras veracruzanas para brindar asesoría al gobierno mexicano, así como para emitir observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de ampliación portuaria y sus efectos sobre el sitio Ramsar 1346.Sin embargo, contrario a los estándares y mejores prácticas en materia de participación necesarias para este tipo de mecanismos, y desoyendo la petición de varias organizaciones de abrir el espacio al diálogo, tanto el gobierno mexicano como la Misión Ramsar de Asesoramiento omitieron la garantía de participación amplia, libre e inclusiva de la sociedad veracruzana y de los sectores interesados en el tema.Ante la falta de inclusión de todas las voces relevantes en dicho proceso, organizaciones de la sociedad civil y especialistas llevaron a cabo la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (MIDE-SAV), un ejercicio independiente de observación y documentación científica encaminado a visibilizar ante la sociedad las afectaciones y consecuencias de la ampliación del puerto de Veracruz en el PNSAV, las cuales inciden en el derecho de las y los habitantes de la zona conurbada a un medio ambiente sano. La MIDE-SAV, realizada del 2 al 4 de mayo e integrada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), tuvo como objetivo recabar información en campo y generar un espacio amplio de diálogo con actores que no fueron invitados a participar en la Misión Ramsar de Asesoramiento que tuvo lugar en marzo pasado. A través de conversatorios con usuarios del PNSAV, colectivos, el sector académico y organizaciones de la sociedad civil —y mediante recorridos de observación directa en zonas potencialmente afectadas—, se documentaron las condiciones actuales del ecosistema y los posibles impactos asociados a la ampliación del puerto de Veracruz.Uno de los principales hallazgos es la existencia de riesgos significativos para el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), un humedal de importancia internacional designado como Sitio Ramsar. Este sistema, que constituye el complejo coralino más grande del Golfo de México, alberga una alta biodiversidad (incluyendo corales, manglares y diversas especies marinas) y sostiene actividades económicas y medios de vida de comunidades locales.La información recabada señala que la ampliación portuaria podría comprometer la integridad ecológica del sistema, particularmente debido a la ausencia de una evaluación integral de impactos que considere de manera adecuada los efectos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto.Asimismo, la misión analizó el estado de cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que el derecho a un medio ambiente sano fue vulnerado como consecuencia de una evaluación ambiental fragmentada. A cuatro años de dicha resolución, se identifican desafíos relevantes en su implementación.En particular, la autorización de impacto ambiental otorgada en 2022 presenta elementos que requieren revisión, tales como la omisión de generar nuevos estudios, la exclusión de ecosistemas clave, el uso de metodologías que pueden resultar inadecuadas o limitadas, la falta de un análisis integral de los impactos del proyecto y la no consideración del cambio climático. Estos aspectos evidencian la necesidad de fortalecer la alineación con lo establecido por la SCJN.Adicionalmente, se observa la importancia de consolidar procesos de participación pública más amplios, incluyentes y transparentes, que garanticen la incorporación efectiva de diversas perspectivas en la toma de decisiones. En la sentencia de la Corte, la palabra “participación” se usa hasta 18 ocasiones y México es parte del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, en el proceso de cumplimiento de la sentencia, no se ha aperturado un solo espacio para que las personas y comunidades afectadas o beneficiadas puedan dialogar sobre el proyecto de ampliación portuaria.Como resultado de la misión civil de observación, se elaborará un informe sombra que sistematizará los hallazgos, preocupaciones y recomendaciones, el cual será compartido con instancias nacionales e internacionales, incluida la Convención Ramsar.Dentro de los hallazgos más destacados, se encontraron:Impactos no tenidos en cuenta sobre el Archipiélago de Lagunas Interdunarias, humedal de importancia internacional, Sitio Ramsar 1450.Impactos asociados con sitios de extracción de roca para la construcción de escolleras, no considerados en la evaluación ambiental. Desde la perspectiva técnico y social, el desbalance en los sedimentos de los ecosistemas asociados y la pérdida de espacios playa en comunidades al sur del SAV. Desplazamiento de actividades en espacios públicos, como actividades deportivas y de turismo. En este marco, las organizaciones firmantes llamamos a las autoridades a:Cumplir de manera integral la sentencia de la SCJN.Alinear el desarrollo del proyecto portuario con las obligaciones internacionales en materia de protección de humedales.Garantizar mecanismos de participación pública efectivos, incluyentes y transparentes.Proteger de manera integral el SAV.Ampliar la Misión Ramsar de Asesoramiento con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todas las voces relevantes, particularmente de comunidades locales y otros actores clave que deben ser considerados en la toma de decisiones. La protección del Sistema Arrecifal Veracruzano es fundamental para asegurar la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad de los medios de vida locales y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano.Contacto de prensaTerritorios Diversos para la Vida (TerraVida) | 55 8462 5917 | [email protected]
Leer más
Pese a la sentencia de la SCJN, autoridades impulsan nuevas obras en el puerto de Veracruz que amenazan arrecifes y ecosistemas terrestres
El Gobierno de México anunció que en septiembre iniciará la construcción de la escollera sur del puerto de Veracruz sobre el arrecife La Gallega, con más de 3 km de extensión. Con esto se sigue incumpliendo lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El anuncio del avance del proyecto, hecho por la Secretaría de Marina, implica repetir prácticas que violan el derecho a un ambiente sano, al permitir fragmentar la evaluación ambiental y ocultar sus verdaderos impactos.Organizaciones de la sociedad civil exigen una evaluación de impacto ambiental integral, seria e independiente para proteger al Sistema Arrecifal Veracruzano y los ecosistemas costeros.Organizaciones de la sociedad civil advierten que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto, pues el pasado 23 de julio, durante la Mañanera de la presidenta Sheinbaum, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, informó que en septiembre próximo iniciarán los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.Lo anunciado por el Secretario de Marina implica un grave retroceso, al poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano —en particular el arrecife La Gallega, así como ecosistemas terrestres aún no identificados, manglares y la biodiversidad marina. También preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.En marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 54/2022, interpuesto por ciudadanos de Veracruz y organizaciones, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado desde 2004.La Corte determinó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos. En consecuencia, la SCJN ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.La fragmentación de la evaluación ambiental de los proyectos es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano, pues impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva. La falta de información y por tanto la falta de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.Ante estas graves omisiones, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Suprema Corte. Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz.Contactos de [email protected], C. +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 (1) 5570522107
Leer más