Por María Fernanda Ordoñez y Andrés Ángel
Según la Enciclopedia Británica, la ciencia es todo sistema de conocimientos que estudia el mundo físico y sus fenómenos, implicando observaciones imparciales y experimentación sistemática.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define ciencia como la herramienta creada por el ser humano para comprender el mundo que le rodea, siendo el acceso a ella fundamental para la toma de decisiones personales, profesionales y políticas.
Si es una herramienta tan importante, ¿por qué no está al alcance de todos y todas?
Queda mucho camino por recorrer en el reconocimiento mundial del derecho humano a la ciencia. Además, los avances alcanzados al momento no son del todo conocidos.
El denominado derecho a la ciencia tiene sus antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 27 establece “toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. También está contemplado en la Carta de la OEA (artículo 38) y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —que entró en vigor en 1976— reconoce en su artículo 15 el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”.
Justamente para generar mayor conciencia en la opinión pública sobre el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades es que cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Si bien el derecho a la ciencia es promovido por diversas organizaciones científicas de talla mundial como la American Association for the Advancement of Science (AAAS), su aplicación aún es relativamente discreta. Esto puede deberse en parte al desconocimiento y a las dificultades económicas en algunos países.
En América Latina y el Caribe, las brechas socioeconómicas, raciales y de género son los grandes obstáculos para la universalización del derecho a la ciencia, íntimamente ligado a otros derechos, como el derecho a la educación.
Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018 de la Unesco, el 52% y el 36% de niños, niñas y adolescentes en la región no alcanzan niveles mínimos de matemáticas y lectura, respectivamente. Además, la tasa de jóvenes fuera de la escuela en edad escolar de secundaria llegó a 15,3% en 2015.
Un indicador más diciente es el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación pública, el cual se ubica en promedio en 5,0%. En cuanto al porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo, datos del Banco Mundial dan cuenta que los países que destinaron más recursos a este propósito en 2017 fueron Brasil (1,26%) y Argentina (0,54%), seguidos por Cuba (0,43%) y Costa Rica (0,42%). Y las cifras más bajas se registraron en Guatemala (0,03%), Honduras (0,04%) y Perú (0,12%).
Estas cifras demuestran que existen retos profundos que enfrentar para crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la ciencia.
Los avances científicos permiten encontrar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrentamos en nuestro camino hacia un futuro más justo y sostenible.
En temas ambientales, la mayoría de las comunidades de la región no tiene acceso a herramientas básicas ni cuentan con entrenamiento para desarrollar programas de monitoreo independiente de parámetros ambientales, como la calidad del aire o del agua.
Así, ante propuestas de grandes proyectos mineros, petroleros, agroindustriales o de otro tipo, se produce una asimetría muy pronunciada que pone a las comunidades en grave desventaja en el contexto de los conflictos socioecológicos que se puedan generar.
Sin embargo, es alentador saber de comunidades empoderadas que han decidido implementar programas de monitoreo comunitario de calidad de agua, iniciativas de epidemiología popular y muchas otras que vale la pena destacar y promocionar.
Existe esperanza además porque los datos de la Unesco reflejan también un avance significativo de la tasa bruta de matriculación en la educación superior entre 2000 y 2015, que pasó de 22% a 46%. Asimismo, muchas organizaciones de la sociedad civil están apoyando el reconocimiento del derecho a la ciencia en la región.
En AIDA, el conocimiento científico es empleado para fortalecer nuestras estrategias legales para proteger a las personas y entornos de la región. En octubre de 2019, participamos en la Conferencia sobre Ciencia, Tecnología y Derechos Humanos organizada por la AAAS. Allí explicamos el nexo entre ciencia y defensa de los derechos humanos y cómo lo aplicamos en nuestro trabajo.
Dos meses antes, en agosto, la UNESCO organizó un taller en Argentina, el primero desarrollado por ese organismo en América Latina, para discutir el desarrollo e implicaciones del derecho a la ciencia, definiéndolo como uno de los ejes principales de su trabajo en la región.
Aunque lentamente, estamos avanzando en el reconocimiento y promoción de tan importante derecho, lo que nos llena de esperanza. Evidentemente, queda mucho por hacer.
Fortalecer el derecho a la ciencia en América Latina es vital para promover sociedades más justas y sostenibles, donde las brechas socioeconómicas, raciales y de género no sean impedimento para acceder a la información como bien común.
Es indispensable involucrar a personas capacitadas y comprometidas con la investigación y con la sociedad en proyectos, organizaciones y entidades que promueven la justicia social y ambiental.
Además, el apoyo de los y las profesionales científicos es fundamental en los procesos de transferencia de conocimiento entre países y regiones y es indispensable para la elaboración de políticas públicas efectivas y eficientes.
Finalmente, cabe señalar que la ciencia no sólo debe contribuir a superar las asimetrías de información entre actores de la sociedad, sino que debe practicarse y desarrollarse en un marco de respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos humanos.
Desde AIDA continuaremos promoviendo el derecho a la ciencia, construyendo capacidades nuevas y fortaleciendo las existentes, tanto de nuestros socios como de las comunidades que apoyamos.
María Fernanda Ordoñez Cazares fue pasante del Programa de Agua Dulce de AIDA desde Ciudad de México. Es ingeniera geofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un Diplomado en Derecho del Cambio Climático y Gobernanza de esa universidad. Cuenta con experiencia en el sector privado en temas de electromovilidad y generación distribuida.
