El 22 de septiembre de 2021 será una fecha icónica para los hombres y mujeres de la microrregión de Yich K’isis (Ixquisis), Guatemala, cuyas vidas cambiaron abruptamente por la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, financiadas por el BID Invest.
Ese día, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo del BID dio la razón a la mayoría de sus reclamos, contenidos en la queja que presentaron tres años atrás.
El informe final de la oficina de rendición de cuentas reconoce que el banco falló en verificar la información de la empresa responsable de los proyectos sobre la población afectada, ignorando la presencia de pueblos indígenas en la zona.
Señala también que las mujeres y los impactos diferenciados que experimentarían no fueron considerados en ninguna de las fases de implementación de los proyectos, pasando por alto el rol que los ríos del lugar tienen en su cotidianidad y en sus formas de habitar el territorio.
En el tema ambiental, esencial para las formas de vida de los pueblos indígenas, el MICI establece también incumplimientos, reconociendo que el “BID Invest no se aseguró de que los proyectos identificaran y delimitaran apropiadamente los hábitats críticos y las zonas reconocidas internacionalmente ni de que se establecieran los riesgos e impactos”.
En cuanto al acceso a información de las comunidades, el banco “incumplió sus propias políticas operativas ya que en el desarrollo de los proyectos no se hicieron consultas significativas con las comunidades”, se lee en el documento.
Los hombres y mujeres indígenas de Ixquisis recibieron el informe como un reconocimiento a lo que por años han venido denunciando.
Junto con sus conclusiones, el MICI realiza también una serie de recomendaciones dirigidas a enmendar los errores cometidos por el banco en los proyectos San Mateo y San Andrés, así como a evitar que los repita en otros casos.
En su última recomendación, el mecanismo de rendición de cuentas establece, por primera vez en la historia del BID, la posibilidad de que el banco se retire responsablemente de proyectos que financia.
Para las comunidades de Ixquisis, esta recomendación representa la esperanza más certera de impulsar la restauración de sus vidas, transformadas bruscamente por la llegada de los proyectos.
En efecto, desde que comenzó el trámite de queja ante el MICI, las comunidades han reclamado el cese del financiamiento a los proyectos. Siempre han visto como insostenible que proyectos que desconocen su existencia y generan tantos daños, algunos irreparables, sean financiados por una institución internacional cuyo mandato principal es promover el desarrollo.
En los escenarios en los que pudieron expresar su sentir ante funcionarios del banco y del MICI, su petición fue certera: el banco no puede seguir financiando proyectos que han impactado sus vidas de formas tan severas e injustas y su salida debe ser responsable.
Ello quiere decir que debe basarse en un plan construido con la participación efectiva de las comunidades y debe contemplar todos los daños causados en relación con las dinámicas y el tejido social, el aumento de la conflictividad, el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos, las afectaciones al patrimonio cultural ancestral, los impactos diferenciados en las mujeres y la falta de prevención y consecuente degradación ambiental.
El banco debe proponer ahora un plan de acción para dar cumplimiento al informe del MICI, una misión sin duda trascendental.
Tiene la oportunidad histórica de enmendar sus errores y legitimar su actuar, honrar su mandato institucional de promover el desarrollo, respetar y reconocer a los pueblos indígenas y contribuir a que la microrregión de Ixquisis sea nuevamente el lugar donde hombres y mujeres indígenas desarrollen sus proyectos de vida en armonía con su comunidad y con la naturaleza.
Liliana A. Ávila es colombiana y directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Trabaja desde la oficina de Bogotá. Liliana es abogada por la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho constitucional y tiene una Maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante en España. Cuenta con experiencia en derecho internacional de derechos humanos y sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Es profesora de derecho internacional en la Universidad Externado y ha trabajado como asesora legal en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y salud pública.
