Un ambiente sano implica —entre otras cosas— respirar aire limpio, acceder a fuentes de agua potable, disponer de alimentos de calidad y tener un lugar digno donde vivir.
Hasta hace poco, el derecho humano a un ambiente sano era reconocido solo en el ámbito nacional, en la mayoría de los países del continente.
El pasado 28 de julio —en una resolución histórica—, la ONU reconoció al ambiente sano como derecho humano universal.
La decisión es un paso significativo en el largo y complejo proceso para garantizar este derecho en la práctica, el cual ha formado parte de la historia de AIDA desde sus inicios.
"Desde hace casi 25 años, hemos invocado el derecho a un ambiente para defender a personas en América Latina de los impactos al ambiente que atentan contra su vida y su dignidad", dice Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva.
AIDA ha trabajado siempre por evidenciar el vínculo entre el ambiente sano y derechos humanos fundamentales como la integridad, la vida y la salud.
"En el derecho internacional, asumir esa relación, que para la organización ha sido siempre innegable, ha tomado tiempo", explica Liliana Ávila, abogada sénior. "Nuestra aproximación al derecho internacional ha sido desde la gente y, a partir de esa cercanía, nos hemos enfocado en las personas afectadas en sus derechos por la degradación ambiental".
Como parte esencial de nuestros esfuerzos y con el paso de los años, hemos aprendido que:
Al mismo tiempo, el vínculo entre ambiente sano y derechos humanos ha servido al logro de objetivos muy variados, entre ellos los siguientes:
Si bien la defensa de un ambiente sano está en todo lo que hacemos, existen casos emblemáticos en los que AIDA contribuyó a establecer precedentes claves para garantizar este derecho.
Nuestra labor como organización ambiental internacional inició en 1998 con este caso. Desde entonces, hemos trabajado para evidenciar cómo la afectación del derecho a un ambiente sano —por la contaminación del aire con metales pesados provenientes de una fundición— ha vulnerado los derechos a la vida y la salud, entre otros, de residentes de la ciudad de La Oroya.
Hemos mostrado cómo los impactos han sido diferenciados para mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. Y hemos exigido al Estado peruano tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de la población afectada. En 2005, llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en septiembre de 2021 lo presentó ante la Corte Interamericana tras establecer la responsabilidad internacional del Estado. Será de los primeros casos en abordar de forma central la relación indivisible entre el ambiente sano y otros derechos humanos.
En noviembre de 2017, en respuesta a una consulta hecha por Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños, las niñas y las personas viviendo en pobreza extrema.
En el marco de la consulta, AIDA presentó sus observaciones y participó en la audiencia ante la Corte. Evidenciamos que la implementación de grandes proyectos de infraestructura podría afectar el ambiente a tal punto que pondría en riesgo la vida e integridad personal, entre otros derechos humanos. Nuestro aporte dejó claro el vínculo entre derechos humanos y ambiente.
Cuando residentes de Veracruz defendieron en los tribunales al Arrecife Veracruzano de los daños de una ampliación portuaria, AIDA presentó evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos al ambiente sano y al acceso a la justicia, los cuales obligan al gobierno a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota.
Aportamos así al fallo emitido por la Suprema Corte de México en febrero de 2022, en el cual determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar el proyecto portuario.
“El reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal en la ONU es sin duda un impulso para la construcción de nuevos precedentes clave para su protección”, afirma Daniela García, abogada de AIDA.
Es también un impulso para que los Estados fortalezcan sus políticas y legislaciones enfocadas en la protección del ambiente, así como para que consagren este derecho en sus marcos jurídicos.
Y es una herramienta para que personas y organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos fortalezcan su labor.
En AIDA lo tenemos claro y reafirmamos a diario el compromiso con nuestra misión de fortalecer la capacidad de las personas para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano.
Víctor Quintanilla Sangüeza es el coordinador de contenido de AIDA, trabajando desde la Ciudad de México. Es comunicador y periodista independiente boliviano. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Víctor es Maestro y Doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha trabajado en medios escritos y televisivos, así como en las áreas de comunicación institucional de entidades públicas y privadas. Victor es estudioso del periodismo, en particular de su vínculo con la tecnología. Actualmente, es Coinvestigador para Bolivia del estudio Worlds of Journalism, una encuesta internacional a periodistas aplicada simultáneamente en 110 países.
